D001 P021 | El Servicio Civil y la administración

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D001 P021 | El Servicio Civil y la administración

Los grandes conflictos laborales de los servidores públicos en los últimos años obedecen a la inestabilildad del empleado público de libre nombramiento y remoción. Al país le ha faltado definición sobre los linderos entre el trabajador oficial y el empleado público y sus formas de vinculación. La huelga está prohibida para los empleados públicos y sin embargo, al efectuarse ésta, es imposible despedir por ejemplo a 20.000 maestros.

El Servicio Civil, tan bien intencionado en la reforma constitucional de 1975, ya que creaba la garantía de que el buen empleado público tendría estabilidad en el empleo y recompensa a sus esfuerzos, declinó en un clientelismo practicado por los dos partidos usufructuarios del poder, en el cual el desempeño de funciones públicas está sujeto a un mercado sucio y servilista, en el que las capacidades y la honestidad poco o nada cuentan en el momento de la escogencia, con el agravante de que la corrupción de los altos funcionarios implica nombrar secuaces y cómplices que se prestan al delito y al encubrimiento. La honestidad está a punto de convertirse en impedimento político para ejercer cargos públicos en el gobierno. Cree el NUEVO LIBERALISMO que es imperiosa una reforma a fondo del Servicio Civil, que garantice la estabilidad de aquellos funcionarios que a pesar de estar vinculados a la administración, no cumplen funciones típicamente políticas, es decir, los servidores que no toman decisiones ni tienen facultad autónoma para comprometer al Estado. Estos trabajadores, deberán tener la posibilidad de negociar sus derechos salariales con el gobierno ya sea directamente o a través de sindicatos.

El Servicio Civil, debe ser un freno al clientelismo, permitiendo que se vinculen a la Administración, personas versadas en las materias y funciones inherentes a sus cargos, sin que el poder vinculante

dependa de la voluntad de los grupos políticos. Ningún aspirante a un cargo público, podrá vincularse a la administración sin cumplir con las pruebas y requerimientos del Servicio Civil. La organización de la administración burocrática, estatal y paraestatal, se ha ido degenerando como consecuencia de la politización de las posibilidades de acceso a la misma. Cualquier miembro de la organización administrativa burocrática, estatal y paraestatal, cree definitivamente que su carrera no depende solamente de sus propias cualidades y sus propios méritos, sino de las relaciones que haya logrado crear con la fuerza política determinante y en especial con los parlamentarios, los diputados y los concejales que lo representan. Este fenómeno degenerativo es responsabilidad de los dos partidos, pero el clima que se ha formado en este campo es de tal naturaleza que toda fuerza política está expuesta a caer en los mismos vicios mientras no se inculque en el pueblo una conciencia distinta sobre las relaciones entre el Estado, el gobierno, la burocracia y la ciudadanía. Debe igualmente, estipular que quien pase de un cargo de carrera administrativa a otro de carácter político, pierda el amparo civil de la carrera, a fin de evitar la inamovilildad en cargos que impliquen cambios políticos, porque el relevo de esta clase de funcionarios termina en cuantiosas demandas laborales que generalmente pierde el gobierno, mejor dicho, perdemos los contribuyentes. Se debe pues establecer una distinción entre la función política y la función netamente administrativa burocrática.

El desequilibrio en las ramas del poder público, el sometimiento del parlamento al juego presidencial, la carencia de fiscalización popular, y otros vicios y aberraciones del sistema político actual, han generado un despotismo presidencial de tan grave magnitud, que la democracia como sistema ya casi ha dejado de existir. El ciudadano común, está indefenso ante funcionarios públicos de todo nivel y parece como si se tratara de siervos de la gleba feudal al servicio de unos señorones que no responden de nada ni a nadie.

“Agoniza una época en Colombia y con ella también las fórmulas políticas, sociales y económicas de la sociedad tradicional. A los ojos de toda la Nación es evidente que se agotan las antiguas concepciones institucionales. Está naciendo en Colombia una nueva sociedad, lo que supone una nueva manera de entender y hacer política”.

La administración no está al servicio de los ciudadanos y ello prueba el divorcio que existe entre los gobernantes y su pueblo. En estas condiciones, nada extraña un estatuto de seguridad o un trono de bayonetas. Para poner freno al abuso del poder y al despotismo, es indispensable que la función pública tenga responsabilidades políticas, que permitan iniciar a los ciudadanos, juicios cuya sentencia condenatoria impida al condenado ejercer de por vida cargos públicos. Además de la responsabilidad política de los funcionarios públicos, el ciudadano debe tener garantías, mediante la fijación de procedimientos gubernativos que le permitan tener certeza sobre sus derechos y obligaciones frente a la administración.

Es realmente impresionante el volumen de trabajo de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado por demandas inconstitucionales, de inexequibilidad y de nulidad de los actos administrativos y de las leyes, como consecuencia de la improvisación y la incapacidad de las correspondientes oficinas jurídicas de los organismos del poder. Las providencias emanadas de los despachos públicos carecen muchas veces de estructura y motivación legal, puesto que no se consulta a los departamentos jurídicos, o frente a éstos se encuentran “profesionales” no calificados y no pocas veces complacientes con el clientelismo, los padrinazgos políticos o la vocación monárquica que por la sucesión familiar comienza a instaurarse en la administración pública.

El Servicio Civil, debe establecer pruebas de eficiencia y de conocimientos para los candidatos a ocupar estos cargos. Las resoluciones, decretos y demás actos de la administración deben siempre estar precedidos por concepto de las respectivas oficinas jurídicas, sin perjuicio de la facultad consultiva que posee el gobierno hacia el Consejo de Estado.