D004 P019 | Panorama y perspectivas de la economía nacional

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D004 P019 | Panorama y perspectivas de la economía nacional

Palabras del Senador Luis Carlos Galán Sarmiento en la sesión plenaria del Senado de la República —Miércoles 25 de mayo de 1983-

-Citación a los Ministros de Hacienda, Edgar Gutiérrez Castro y de Desarrollo Económico, Roberto Gerlein Echavarría.

 

Esta citación la hemos hecho con el Senador Rodrigo Lara con dos objetivos: ayudar a que se supere el clima de desconfianza en el proceso económico y demandar una explicación de la política económica en curso. El país vive en este momento y desde hace ya un buen número de meses una crisis económica muy difícil, probablemente la más difícil que se le hubiese planteado a la Nación en mucho tiempo. Esta crisis tiene factores internacionales y nacionales pero es en primer lugar y sobre todo una crisis de con fianza. Existe preocupación sobre la suerte de la economía nacional. Todos los Senadores aquí presentes en los recorridos periódicos por las distintas regiones del país han comprobado el clima de incertidumbre y perplejidad que se palpa en los sectores agropecuarios, industriales, financieros y entre los medios laborales. Para que haya confianza lo primero es tener, al menos, una idea clara de lo que se propone hacer el Gobierno, del tipo de retos que tiene que afrontar, de los instrumentos que posee y del uso que le está dando a los mismos. Nosotros esperamos que al cabo del escrutinio de hoy y merced a las explicaciones de los señores Ministros, la Nación podrá tener más confianza sobre los objetivos e instrumentos de la política económica.

Creemos necesario este debate porque el Congreso se encuentra en las sesiones extraordinarias que el Gobierno convocó con el fin de conseguir la aprobación de proyectos de ley fundamentalmente relacionados con la reforma del régimen tributario ordinario. Si bien el Gobierno ha dado explicaciones a lo largo del año sobre la naturaleza de la crisis fiscal, todos sabemos que cuando se modifica el régimen tributario ordinario no sólo se responde a una coyuntura sino que se modifican las reglas del juego en las relaciones entre el Estado y los contribuyentes. Es conveniente para que el Senado y la Cámara puedan tramitar estas iniciativas, que se les explique la política económica y, dentro de ella: ¿cuál es el papel de tales proyectos tributarios? ¿Cuáles serán las implicaciones de las reformas en el impuesto de renta? En el régimen de los fiscos departamentales y municipales? ¿Cuáles son las justificaciones y las consecuencias de las autorizaciones sobre endeudamiento interno y externo? Además, claro está, lo que se refiere a la reconstrucción de Popayán y a lo que necesita el Gobierno para manejar los problemas de las zonas fronterizas.

Lo deseable es que se vuelva normal en las Cámaras el examen de la política económica y que ese examen no se siga haciendo tan sólo en los foros gremiales.

Los Ministros que tienen a su cargo intervenir en la política económica deben explicarle a la Nación representada en el Congreso, cuál es la naturaleza de esa política económica, cuáles son los criterios de coyuntura y los estructurales que guían las medidas del Gobierno. De lo contrario puede ser que el Gobierno logre ser persuasivo en los foros gremiales y que consiga inclusive el apoyo de los mismos para determinadas medidas y decisiones, pero, frente a cualquier clase de crisis económica lo importante es que la Nación entera acompañe al Gobierno. Todo programa económico está subordinado a la voluntad de la Nación y esa voluntad sólo procederá en la medida en que la Nación esté enterada de lo que busca hacer un gobierno. Nosotros no hemos citado a los señores ministros para realizar un enfrentamiento. No pretendemos cuestionarlos con ánimo recriminatorio. Sabemos que esta crisis es muy grave, muy difícil y que en su manejo no caben los dogmas. Las perplejidades no sólo se dan en nuestro país sino en el mundo entero. Por lo mismo lo que se debe hacer es un esfuerzo para analizar la situación, reflexionar sobre ella y encontrar nuevas respuestas.

Queremos hoy razonar con los señores Ministros. Dialogar con ellos y no sólo eso, pensamos que aun cuando la citación ha sido hecha por dos senadores del Nuevo Liberalismo, es apenas obvio que todos los Senadores deben intervenir en este debate y todos los sectores políticos deben contribuir al escrutinio de la crisis económica, a la interpretación de sus causas y a la búsqueda y evaluación de sus posibles soluciones.

 

Antecedentes internacionales: sistema monetario y petróleo

No podemos hablar de la crisis económica que vive el país mirando apenas los acontecimientos de los últimos nueve meses y ni siquiera los de los últimos tres años cuando se estima que comenzó la recesión mundial como consecuencia de lo que algunos llaman la segunda ronda del reajuste de precios del petróleo. Para entender el contexto histórico-político en que nos hallamos, se hace necesario aludir a las causas externas e internas con un panorama que se debe remontar al menos a 8 ó 10 años atrás.

Hay dos grandes causas de carácter internacional en la crisis en curso: por una parte el derrumbe del sistema monetario internacional construido inmediatamente después de la segunda Guerra Mundial y por la otra, el reajuste masivo que registraron los precios del petróleo a partir de 1973.

En el primer caso la responsabilidad recae en la política económica de los Estados Unidos durante la década de los años 60 por dos razones fundamentales: los Estados Unidos permitieron un déficit crónico de balanza de pagos y un déficit fiscal igualmente crónico como consecuencia de la guerra de Vietnam; financiaron la guerra de Vietnam a partir de procedimientos inflacionarios; inundaron el mundo de dólares; desorganizaron el sistema monetario internacional que se basaba en la confianza en el dólar como moneda de reserva fundamental, moneda que prácticamente sustituyó al oro patrón monetario. Esta realidad fue denunciada varias veces en los años sesentas: por cierto que el primer inquisidor fue el General De Gaulle quien reclamó una política monetaria y denunció el desorden creado por la política económica de los Estados Unidos en el mundo entero. En agosto de 1971, prácticamente se desencadenó la crisis en que nos hallamos, pero sus causas se remontan a la última parte de la década de los 60. El Presidente Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro porque si los países que poseían dólares hubieran reclamado la conversión de los mismos en oro, de acuerdo a las normas del sistema monetario, se habrían agotado las reservas en oro que sustentaban teóricamente al dólar. Meses después ese paso tuvo sus consecuencias inevitables: se produjo la devaluación del dólar y se quedó la economía mundial sin una brújula clara. Comenzó un proceso de especulación y desorden en el mundo porque no había una referencia monetaria estable después de más de 25 años de vigencia de los acuerdos de Bretton Woods.

En ese proceso los países productores de petróleo como todas las naciones se preocuparon por defender su riqueza y porque se les remunerara en forma justa por el petróleo. El precio del petróleo había permanecido en el mismo nivel durante décadas como si fuese un recurso inagotable. La OPEP, por razones inicialmente económicas y luego políticas vinculadas al equilibrio del Medio Oriente, inició el proceso del reajuste en los precios del petróleo. Comenzó entonces en forma inexorable el drama en que nos hallamos porque el nuevo precio cambió los costos de producción de un sistema económico construido con, base en la energía barata. Como toda la economía de los países industriales de Occidente e inclusive la de los países de otros sistemas políticos estaban vinculados a ese bajo costo de la energía, se desencadenó un nuevo factor acelerador de la inflación y se agudizó el desorden del sistema monetario internacional.

Toda esa nueva liquidez obtenida por los países productores de petróleo planteó el problema del reciclaje de tales recursos. Los países en desarrollo exportadores de petróleo ilusionados porque tendrían recursos ilimitados se dedicaron a hacer toda clase de proyectos con criterios desordenados o mejor aún sin criterios. Obraron con mentalidad de nuevo rico lo que les condujo a la hecatombe que hemos presenciado en el último año en algunas de estas naciones. Los países en desarrollo no productores de petróleo, quedaron sometidos a un proceso dramático de endeudamiento que del mismo modo los condujo a las dificultades actuales e inclusive de manera más ostensible desordenó las posibilidades de sus economías. Los países industriales, a pesar de la eficiencia relativa de su producción se encontraron con que el reajuste energético también cambió su panorama y que muchas de sus industrias basadas en una energía barata dejaron de ser eficientes.

Pero en esencia lo que nos interesa de ese proceso, es que, dado el desorden monetario y la necesidad de manejar un nuevo precio de la energía, los países han tenido que refugiarse en políticas proteccionistas, tienen dificultades para obtener las divisas que les permitan pagar esas obligaciones y como consecuencia de ello elevan aranceles, fijan cuotas a la importación de determinados bienes y de una u otra manera multiplican las barreras en un comercio mundial que naturalmente se desorganiza y debilita como consecuencia de ello. Al propio tiempo y ante el problema de la inflación y las dificultades para el reciclaje de los recursos petroleros se agudiza el problema financiero, se elevan las tasas de interés y en ningún momento los Estados Unidos rectifican sus problemas fundamentales de déficit fiscal y déficit de balanza de pagos, mantienen su política económica y siguen propiciando factores inflacionarios en todo el mundo.

 

Colombia en el escenario

Los niveles de endeudamiento son ampliamente conocidos y están colocando al mundo al borde de la bancarrota definitiva del sistema financiero internacional, con riesgos crecientes para la economía mundial no sólo para los países deudores sino para los acreedores. Hoy se habla de una reactivación de la economía de los Estados Unidos. Hay unos primeros indicadores que dan esperanza para el próximo semestre, pero las repercusiones de esta realidad sólo llegarán si acaso en un año y medio o en dos. Es probable que este año surjan las condiciones para una conferencia monetaria tan importante como la de Bretton Woods, indispensable para reorganizar el sistema monetario internacional, volver a crear tinas reglas de juego y evitar los procesos de especulación que durante los últimos 15 años condujeron al mundo a la crisis actual. Los países latinoamericanos acaban de analizar el tema. El Presidente de la República, bien lo sabemos, dirigirá un mensaje a los países industriales reunidos en Williamsbourg para proponer una alternativa para los países que llegaron a grados extremos de endeudamiento. El Presidente Mitterrand desde hace varios meses se ha identificado con ese objetivo y Francia misma, porque además vive las consecuencias del problema desde hace cerca de veinte años, es abanderada de la idea de realizar una conferencia monetaria de esta índole.

¿Qué ocurrió en Colombia mientras pasaban estas cosas en el mundo en los últimos 15 años? La pregunta es pertinente sin olvidar que en la economía mundial inciden otros problemas estructurales como las relaciones norte-sur, por ejemplo, pero nadie le puede poner orden a la economía en el mundo mientras haya un país privilegiado con derecho a emitir en forma ilimitada su moneda y consciente de que esa moneda tiene recibo en cualquier lugar con poder de compra que afecta las reservas de los demás países.

 

Antecedentes nacionales

Para hablar del panorama local es necesario aludir a las políticas económicas nacionales del mismo período al que acabamos de referirnos. Esas políticas han sido responsabilidad bipartidaria. Nunca desde hace por lo menos 25 años los equipos económicos han sido hemogéneos. La responsabilidad ha sido compartida para bien o para mal. Colombia tenía una evolución económica caracterizada por dos elementos fundamentales: escasez de divisas y déficit fiscal. Estábamos acostumbrados a los dos problemas hasta 1967 cuando se produjeron nuevos instrumentos en el manejo de la economía nacional: el control de cambios, gracias al cual las reservas internacionales negativas en muchos años, se convirtieron gradualmente en reservas internacionales positivas; el país logró poner un cierto orden en su situación fiscal y se inició el despegue de la economía con unas tasas de incremento del producto interno bruto bastante considerables relacionadas con el despegue de nuestro proceso de industrialización y de nuestra modernización agropecuaria.

 

La apertura inoportuna

Al poco tiempo se planteó la crisis mundial y en esa crisis paradójicamente Colombia tuvo el contexto que le crearon las bonanzas de los años setenta y cuando en todo el mundo los dirigentes de las respectivas políticas económicas tenían que ocuparse de buscar divisas con angustia, a nosotros se nos planteó el problema inverso y es que casi se volvió una pesadilla que llegaran más divisas al país. No estábamos preparados para absorber esas nuevas posibilidades económicas e incorporar tales recursos a los desarrollos productivos. Nos encontrábamos en un proceso bien intencionado de lucha contra las tendencias inflacionarias que naturalmente distorsionaron por completo las políticas económicas. Se realizó de buena fé una apertura en la economía colombiana y digo de buena fe porque estoy seguro que estaba bien intencionada. Se pretendía que nuestra producción pudiera confrontarse con los mercados internacionales, idea inoportuna porque ese mercado mundial no era un mercado libre, sino un mercado interferido por el dumping, los subsidios y las múltiples estrategias de los gobiernos para tratar de resolver los problemas de la escasez de divisas. Hubo un espejismo. No nos preparamos a tiempo ni conscientemente para el momento que ha llegado y que nos plantea problemas muy graves ahora, cuando no contarnos con tales bonanzas y por lo mismo será preciso afrontar el reto del mercado internacional según la capacidad de nuestra estructura productiva industrial y agropecuaria.

 

La especulación en el sector financiero

Se aplicaron las políticas de moda en la década pasada en algunos países del mundo, políticas monetaristas que representaban una innovación en la interpretación de los problemas de los países en desarrollo pero que no tenían en cuenta los factores estructurales de esos países, ni el gravísimo costo social de tales orientaciones. Se realizó una reforma financiera, también probablemente bien intencionada, pero que coincidió con el momento en el cual en el mundo había altas tasas de interés. Se multiplicaron los intermediarios financieros, lo que a su turno generaba mayores presiones para el incremento de las tasas de interés y la política económica se distrajo respecto de la necesidad fundamental de fortalecer los factores productivos. Hubo especulación, la riqueza proveniente de las bonanzas que no era captada por los sectores productivos se desplazó hacia los bienes raíces donde se produjeron maniobras especulativas o se desplazaron los recursos hacia la lucha por el control de las empresas existentes, no para crear nuevas empresas, sino simplemente para controlar lo que ya se había establecido en nuestra economía. Hubo una mentalidad de especulación y la especulación es otra modalidad del hurto cuando se aprovechan el desorden, la perplejidad y la ignorancia de los distintos sectores económicos para crear grandes fortunas de la noche a la mañana y concentrar riqueza. La intervención del Estado que era indispensable para racionalizar esos procesos se debilitó porque se creía que era mejor dejar operar las fuerzas del mercado de acuerdo con las doctrinas que se aplicaron en las políticas económicas de esos años. ¿Cuáles fueron los resultados? Se acumularon reservas internacionales a pesar de que hubo políticas de liberación de importaciones promovidas como si hubiera habido angustia por gastar esas divisas. Llegaron en gran cantidad por el café, por el tráfico de droga, por la ventanilla siniestra y por las ofertas de los prestamistas en el mercado Internacional que también se encontraba en un clima especulativo. Es verdad que llegaron esas divisas pero al propio tiempo se paralizó la inversión pública; se paralizó por el miedo al efecto que pudiera tener en los índices inflacionarios, repito, con la mejor intención pero con una visión incompleta de lo que estaba ocurriendo en la economía colombiana y en la economía mundial. Ese proceso de la inversión pública, sobre todo en 1975 y 1979, tuvo graves repercusiones en sectores vitales como el sector energético, donde el desarrollo eléctrico sufrió un serio retraso que dio lugar a los racionamientos de 1980 y 1981 los cuales figuran también en los antecedentes de la crisis actual. El hecho de haberle quitado a la producción nacional el fluido eléctrico en la proporción en que fue indispensable por los racionamientos, fué a su turno, un factor inflacionario en la economía colombiana que perjudicó el crecimiento del producto interno bruto en esos años.

 

El desorden en el gasto público

La política fiscal es otro antecedente de la crisis. Hubo desorden en el gasto público. Ese desorden consta en el análisis que hizo el Ministro de Hacienda anterior al doctor Edgar Gutiérrez Castro, el doctor Wiesner, al despedirse de su despacho, cuando dijo en la Universidad de los Andes que no había sido posible organizar el gasto público e inclusive llegó al extremo de decir que ello era consecuencia de presiones políticas que no le habían permitido establecer prioridades en el manejo de los recursos públicos. Se produjo además la nacionalización de la educación secundaria sin un cálculo adecuado de sus repercusiones en el erario. Se hizo en 1974 una reforma tributaria que briscaba ampliar la base de los contribuyentes bien orientada desde ese punto de vista porque buscaba hacer más justo el sistema tributario del país. Sin embargo, como había un contexto internacional tan difícil y explosivo, la reforma se salió de la realidad porque se hizo bajo el supuesto de que la inflación apenas sería del 8 anual. Esto consta en documentos que respaldan tal reforma y todos sabemos que esa cifra no tuvo nada que ver con lo que ocurrió entre 1975 y 1980 en materia de inflación.

Hubo otros ingredientes ya analizados en el Senado y a los que por cierto se refirió en febrero el senador Luis Guillermo Giraldo, como el de la Cuenta Especial de Cambios. Un instrumento que por razón del crecimiento de las reservas, el mayor endeudamiento externo del país y el manejo que se le dio a tal mecanismo contribuyó también a crear factores inflacionarios agudos, como ya el actual gobierno lo explicó en los documentos que respaldan los decretos de la emergencia económica.

Nos salimos de la realidad

Las reservas internacionales crecieron, pero se estancó la inversión pública, se aplicó una política monetaria restrictiva y al propio tiempo las altas tasas de interés asfixiaron a los sectores productivos conduciéndolos al proceso de deterioro que se hizo evidente desde 1980 en adelante, por el derrumbe del producto interno bruto. ¿Qué nos ocurrió? Las bonanzas nos sacaron de la realidad. No hubo una adecuada evaluación de lo que ocurría en el contexto internacional. Se dejó debilitar imprudentemente la capacidad exportadora del país, inclusive llegaron al punto de haber eliminado prácticamente al CAT en muchas exportaciones agropecuarias de inmensa trascendencia para el país y cuando terminó la época de las bonanzas empezó el proceso en que nos hallamos, el cual forma parte de la herencia recibida por la actual administración.

 

Los problemas heredados por B.B.

El actual Gobierno recibió ciertos problemas que estaban sobre la mesa y otros que surgieron sorpresivamente de agosto de 1982 a hoy. Algunos tenían raíces en el pasado pero evolucionaron en forma relativamente sorpresiva. El primero, el de la recesión. El producto interno bruto venía en decadencia de 1980 al 81 y de 1981 al primer semestre del 82, salvo la construcción el año pasado y esto gracias a la inversión pública. Los demás sectores, la agricultura, la industrial y el comercio, registraron índices negativos a lo largo del primer semestre de 1982, o sea, el problema de la recesión era ya evidente. En segundo lugar, el problema del sector externo, también era evidente desde el 7 de agosto, ¿por qué razón? Porque los precios del café ya se habían deteriorado y el déficit en cuenta corriente en la balanza de pagos ya era también ostensible desde el primer semestre de 1982. Al cabo del año, las reservas internacinales disminuyeron en un poco más de 700 millones de dólares y la deuda externa comenzó a crecer aceleradamente, sobre todo en la segunda parte de la administración anterior por razones que ya habrá oportunidad de comentar. En tercer lugar el déficit fiscal mencionado en el discurso del doctor Wiesner al que hice alusión hace algunos minutos. Además, el Presidente Turbay Ayala, al instalar el Congreso en julio de 1981, dijo que al nuevo gobierno le esperaba un problema fiscal muy grave. Los parlamentarios liberales que escucharon al doctor Alfonso López Michelsen en la Junta de Parlamentarios previa a las sesiones especiales por la emergencia económica, recordarán que el doctor López manifestó que a mediados de 1981 él había sido consultado sobre la necesidad de decretar la emergencia económica por razones semejantes a las que aducía el nuevo gobierno. Él había manifestado que no era partidario de tal declaratoria de emergencia. En otras palabras, el problema fiscal era evidente desde mediados de 1981 y a ese problema el gobierno anterior no le dió una respuesta por la vía de una reforma tributaria, sino que acudió al endeudamiento externo y manejó el proceso con los recursos especiales y peligrosos de la Cuenta especial de Cambios a que se refería el Ministro de Hacienda al explicar el déficit monetario que recibió este gobierno. En cuarto lugar, también conocía el nuevo gobierno el problema de la inflación pues todos sabemos que desde 1973 el país no ha logrado bajar de tasas superiores a 23% anual. En quinto lugar, el nuevo gobierno también conocía el problema de las altas tasas de interés. Esas tasas fueron objeto de comentario en la televisión por parte del doctor Betancur en el momento en que sometía su candidatura a la consideración de los colombianos. Y finalmente, el nuevo gobierno, el 7 de agosto tenía datos, no todos, pero sí datos fundamentales, sobre la existencia de la crisis del sector financiero. Ya comenzaba el proceso de desplome de las instituciones financieras y se conocía el reto que significaba reconstruir la confianza en el sistema bancario y en el sistema financiero en general.

Frente a estos seis problemas que esperaban al nuevo Gobierno había un factor positivo evidente y era la esperanza que existía en la opinión pública sobre lo que este gobierno iba a realizar.

 

Los problemas imprevistos

Decía que algunos problemas los tenía el Gobierno planteados desde el 7 de agosto, otros le llegaron como consecuencia de circunstancias imprevistas. Inesperado fué en cierta forma, que la crisis financiera hubiera adquirido las proporciones que alcanzó en agosto y septiembre. Inesperada fué, también la proliferación de problemas en el sector empresarial cuando se descubrió que una gran cantidad de empresas estaban endeudadas en proporciones muy peligrosas; que tenían balances negativos en 1982 y que, en algunos casos, estaban sufriendo el impacto de la crisis internacional, como ocurría, por ejemplo, en los textiles. Inesperado fué, también, cierto tipo de problemas en el sector agropecuario, como la superproducción de arroz que creó dificultades al IDEMA para la comercialización de otros productos agropecuarios o como la mala cosecha cafetera del año pasado que también se convirtió en factor perturbador del proceso económico y en otro motivo de deterioro de la demanda agregada. No era tan inesperada, pero de todos modos sus efectos si sorprendieron a los consumidores y al Gobierno, la crisis de la ganadería, ese dramático deterioro de la población ganadera que ha dado lugar al incremento en los precios de la carne, del orden del 50% en sólo un año.

 

Las fronteras y Popayán

Otro factor que se escapó a los cálculos iniciales del Gobierno es el de los problemas fronterizos. La amnistía misma le generó al Gobierno obligaciones importantes en su política de gasto público, para poder responder a las expectativas de las zonas afectadas por la violencia. También fué inesperada la tragedia de Popayán y del Cauca. Así como la frustración de la legislación de la emergencia económica, pero yo creo que en este caso, y no deseo hacer sobre ello un debate, se ha debido calcular el problema que se podría presentar por un cambio de jurisprudencia dado que esa doctrina, en 1974, no fué aprobada en forma holgada por la Corte. Ya había controversia y el riesgo era considerable. Me atrevo a hablar de esto porque aquí en diciembre, cuando se mencionó por primera vez la posibilidad de que el Gobierno acudiera a las facultades especiales del artículo 122, los Senadores Marino Renjifo y Rodrigo Lara, manifestaron su preocupación porque se diera ese paso y todos en el Congreso teníamos la sensación de que esas materias, desde el año pasado, han podido ser examinadas por el Congreso en forma oportuna y eficaz, sin correr los riesgos del último semestre.

 

La demora en actuar

La impresión que tenemos y eso se verá en el debate, es que hubo un cierto retraso en la definición de la política económica. Yo no culpo de ello al señor Ministro de Hacienda. El recibió la noticia de su nombramiento cuando faltaban 48 horas para que comenzara el gobierno. Yo, como se lo dije en la primera oportunidad en que conversé con él, consideré éste un gesto de inmenso patriotismo. Un acto de inmenso desprendimiento hacerse cargo de una situación tan difícil cuando faltaba tan poco tiempo para que comenzara el gobierno. Necesariamente tenía que producirse el problema de ensamblar un equipo económico con el Ministro de Desarrollo, el de Minas y Energía, el de Agricultura y el Director de Planeación, para mencionar los protagonistas más importantes de tal política económica. Ese retraso fué costoso porque el país en principio estaba optimista, lo revelan múltiples indicios, había esperanzas sobre lo que sería la nueva política económica. Se esperaba un viraje. Estas son lecciones importantes sobre lo que debe ser la preparación de la estrategia de un nuevo Gobierno, porque así como hay perplejidades que se derivan de los nombramientos, de la transición y de la interinidad que se produce en los dos primeros meses del gobierno, hay sectores en los cuales tales retrasos son costosos y uno de ellos es el económico. Con mayor razón cuando la herencia tenía la gravedad y la complejidad que acabamos de señalar. El análisis de los objetivos de la política económica y de sus implicaciones se concentra en tres temas: la lucha contra la inflación, la lucha para conseguir la reactivación y el incremento del empleo en la economía y la lucha para defender las reservas internacionales frente a los problemas del sector externo. En torno de los tres temas hay múltiples herramientas vinculadas a la política monetaria, la fiscal, la de comercio exterior, la agropecuaria y la industrial. Veamos bajo esa perspectiva qué ha ocurrido en cada uno de los tres grandes sectores.

 

La lucha frente a la inflación

¿Cuáles han sido las herramientas tiente e la inflación? No interpreto mal a los señores Ministros y ellos nos lo aclararán después si digo que el Gobierno aplicó primero una política monetaria restrictiva, entre agosto y noviembre de 1982. El gobierno consideró que no debía haber exceso de demanda por desórdenes en la política monetaria. Hubo cautela y prudencia en el manejo de la política monetaria. Sin embargo se produjeron hechos nuevos, como los problemas del sector externo. La disminución de las reservas generó problemas en el circulante. Desapareció la prioridad de la política restrictiva y fué necesario, al menos después de noviembre, aplicar otro criterio como fué evidente en diciembre con el manejo de la tesorería en función expansionista.

Hoy existe un problema en el crecimiento de los medios de pago. En el curso de los últimos doce meses se registra un crecimiento del 17% en los medios de pago, lo cual es un promedio bajo y más bajo si se piensa que de enero a abril no sólo no ha habido crecimiento de los medios de pago sino que la cifra neta es negativa y han disminuído casi el 8 por ciento. Esto plantea un problema de liquidez en la economía. La relación entre medios de pago e inflación no es directa. No hay que tenerle tampoco tanto temor a la obsesión de los monetaristas, quienes creen en una relación de casualidad inmediata y directamente proporcional a pesar de lo que enseñan muchas etapas de la economía colombiana, en las cuales los medios de pago crecieron el doble o el triple del nivel promedio de la inflación.

 

Sacrificios de todos

El segundo esfuerzo del gobierno fué reducir los costos de producción para prevenir ese otro componente inflacionario. Ese esfuerzo se dirigió a dos grandes temas: bajar las tasas de interés y aplicar una política prudente en los reajustes de salarios. En cuanto a las tasas de interés, la intención naturalmente es correcta pero el resultado ha sido precario y la estrategia no ha resultado muy coherente porque el gobierno al tiempo que buscó disminuír las tasas de interés con distintas medidas, elevó las tasas de las Upac en dos puntos. Esto le creó un nivel inexorable a las tasas de interés por la propia política estatal, para no hablar de la permanencia en el mercado de los propios papeles del gobierno con tasas de interés elevadas que necesariamente condicionan la posibilidad de reducir las tasas de interés. Las tasas de captación, en principio, han bajado, pero las tasas de colocación, las tasas efectivas no han bajado. Las efectivas siguen en el nivel del 44 y el 47°/ lo cual condiciona cualquier política de control de inflación y cualquier política de reactivación. Se hace necesario un esfuerzo real y drástico en el problema de las tasas de interés, en primer lugar, porque en una crisis de esta naturaleza debe haber sacrificios de todos los sectores y el sector financiero no ha hecho ningún sacrificio, al contrario, ha gozado de las consideraciones del último año en función de sus dificultades, sin contraprestaciones relacionadas con las propias tasas de interés. El sector financiero también debe hacer sacrificios. Ya gozó durante más de una década de innumerables oportunidades para especular y captar riqueza en la forma en que lo hizo. Aquí se hace necesaria una intervención del Estado y yo celebro los términos de la declaración presidencial del último domingo sobre ese particular y espero que se traduzca en hechos reales. En este momento no hay motivo alguno para que las tasas de interés efectivas puedan estar por encima del 40%. La proliferación de intermediarios financieros creó una competencia que desorganizó el mercado financiero y dió lugar a tasas de interés elevadas que naturalmente no pudieron sustentar tales intermediarios financieros. Hay una comisión de intermediación muy elevada, la cual debe ser controlada. El gobierno tiene instrumentos. Uno de ellos es ponerle condicionamiento al acceso al redescuento, con el objeto de que las instituciones bancarias sepan que el mismo depende de determinadas tasas de interés razonables. No se trata de salirnos de la realidad de la devaluación y de las expectativas de rentabilidad del capital colocado en mercados internacionales, pero sí de exigir un manejo más responsable del ahorro nacional y una solidaridad mínima de parte del sector financiero con una economía que necesita la reducción real de tales tasas de interés. El Gobierno sí tiene herramientas para proceder en este caso y no debe seguir por la vía de los buenos consejos. Si no se le quiere escuchar debe hacer sentir su autoridad con la certeza de que la nación lo acompaña en tal determinación e inclusive me atrevo a creer que el propio sector financiero reconocerá la conveniencia de muchas de estas medidas, siempre y cuando tenga la certeza sobre los objetivos que el gobierno se propone alcanzar.

En cuanto a los salarios se acudió a la vía habitual de pedirles sacrificios a los trabajadores. Son necesarios y yo creo que los sectores sindicales del país han obrado con mucha responsabilidad en el curso de los últimos meses comprendiendo las dificultades y la necesidad de defender el empleo, pero la verdad es que también desde el punto de vista económico hay que ir con cuidado en el proceso de la política salarial, porque si bien es conveniente el sacrificio para reducir factores inflacionarios, puede ser peligroso, desde el punto de vista del panorama general de la demanda agregada y, por lo tanto, de las expectativas de reactivación.

El tercer criterio del gobierno ha sido el de buscar la concertación de precios con resultados muy diversos. Dada la impresión en el discurso del señor Presidente que el propio gobierno no se siente muy satisfecho sobre el resultado de esa concertación.

La cuarta herramienta ha sido la política fiscal que inicialmente se manejó con el criterio de buscar un ahorro público, sano y real, para evitar que se acudiera en forma indefinida y peligrosa al endeudamiento externo con los criterios que se aplicaron en el Gobierno anterior; pero, también lo sabemos, a fines de 1982 el Gobierno acudió al endeudamiento al Banco de la República, por las mismas razones por las que, hoy presentó el proyecto de ley que acaba de mencionar el señor Presidente del Senado. No hay otra alternativa. La reforma tributaria, en principio, la consideramos bien inspirada, porque busca controlar la evasión y la elusión tributarias y establecer un sistema de tarifas más realista. Sigue pendiente lo que hemos reclamado desde hace varios meses y es la definición de una política eficiente en el manejo del gasto público. Es necesaria su expansión siempre y cuando ella corresponda a los objetivos más convenientes de la economía colombiana y a inversiones que sean verdaderamente rentables.

 

Derrumbe de alimentos

¿Qué es lo que ha condicionado más el éxito del gobierno en la lucha contra la inflación? El obstáculo más grande ha sido sin duda el problema de los alimentos. Hay que reconocer que las dificultades del sector agropecuario hace varios años están llevando a la economía colombiana a una crisis de producción muy delicada. Colombia tiene problemas estructurales muy graves en su alimentación. La FAO nos ubica entre los países que tienen mayor nivel de desnutritrición y se habla de que cinco millones de colombianos están subalimentados. Este derrumbe del sector agropecuario en parte es consecuencia de las bonanzas. La transformación tecnológica que sufrió el café, por el desarrollo del caturra, cambió las reglas de juego en la producción de alimentos en las zonas cafeteras. En muchas zonas por la tentación de la marihuana y de la coca se renunció al cultivo de alimentos. Además, la violencia y la inseguridad en las zonas rurales han creado otra limitación grave para el sector agropecuario. Al lado de eso hay otros factores como el hecho que se haya desarrollado la agricultura comercial, mientras se ha desnudado la producción de alimentos. Estamos recogiendo las consecuencias de las omisiones y errores en la política agro pecuaria, por lo menos de una década. A ello se agrega el derrumbe de los organismos del Ministerio de Agricultura. Todos los instrumentos fundamentales del Ministerio de Agricultura llegaron a un grado extremo de parálisis y desorden que limitó su capacidad de orientación y promoción del desarrollo agropecuario. Se paralizaron el Incora y el ICA. El Inderena se quebró. La Caja Agraria se ha visto muy condicionada en su capacidad crediticia y ella misma ha caído en el problema de las altas tasas de interés, lo cual la volvió inaccesible para el mediano y pequeño propietarios. La cartera de las entidades bancarias del sector agropecuario afronta grandes dificultades.

Paradójicamente, los precios industriales no han tenido la misma tendencia; por el contrario, lo que revelan los indicadores de la economía del último año es una relativa estabilidad en tales precios, por los contrastes y paradojas que registra la economía colombiana en el comportamiento de sus sectores urbanos y campesinos. La política de tarifas de servicios públicos no ha sido tampoco un buen factor en la lucha contra la inflación. Las empresas de servicios públicos han hecho reajustes muy considerables. Nosotros propusimos en un proyecto de ley presentado hace algunos meses que los recursos especiales de la Cuenta Especial de Cambios debían sustentar una política de refinanciamiento de las empresas de servicios públicos, porque la mayoría de ellas han llegado a un nivel de endeudamiento exagerado en pesos como consecuencia de la devaluación. Hay un gran interrogante en el panorama que sería importante aclarar con los señores Ministros y es si el relativo éxito contra la inflación —y digo relativo porque las cifras de abril crearon desconcierto— es consecuencia de las medidas gubernamentales o es el resultado del grado agudo de receso a que ha llegado la economía colombiana.

 

La reactivación y el empleo

El segundo tema es el de la reactivación y el empleo. ¿Cuáles han sido las herramientas del gobierno? Ante todo el programa de vivienda popular que, bien sabemos, es consecuencia de las promesas realizadas por el señor Presidente de la República en su campaña. Para adelantar ese programa el Gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande con el fin de aumentar las captaciones de las Upac, sin embargo la reglamentación inicial de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda no fue eficaz y fué necesario modificarla porque no hubo adecuada respuesta de los contructores para tales reglas del juego. Se ha refinanciado al Instituto de Crédito Territorial. ¿Será suficiente esa refinanciación? La pregunta es pertinente por las magnitudes de la promesa gubernamental. En materia de vivienda se logrará realmente cumplir con las metas del gobierno en cuanto a la vivienda popular y a la vivienda sin cuota inicial? El país mira esto a la vez con esperanza en unos sectores sociales y con escepticismo en otros, porque no se sabe con claridad cuál es el sentido de esa política de vivienda, si será una política destinada a conseguir la reactivación de la economía o una política destinada a subsidiar determinados sectores sociales y hasta dónde esa política de subsidio será factible en las circunstancias económicas que vive el país.

 

Los límites en vivienda

Está bien, sin duda, que haya un esfuerzo por la vivienda popular, por razones económicas y sociales, sin embargo hay que tener conciencia de los más probables límites en el éxito de esa política de vivienda. El primero de ellos es el escaso poder de compra de determinados sectores sociales que inclusive sin cuota inicial no pueden adquirir la vivienda que les sea ofrecida. Otro límite es el problema del precio de la tierra urbana y la disponibilidad de la misma. Los organizadores de Expoconstrucción, la Feria que hubo hace algunas semanas en Bogotá, decían que estaban en capacidad de construir casas de 160 mil pesos, pero que si a eso se agregaban el valor de la tierra y el de la instalación de los servicios públicos, esa vivienda costaba entre 700 mil y un millón de pesos. Es decir mientras no haya una política sobre la tierra urbana es muy difícil que el gobierno pueda lograr las nietas que ha anunciado al país en materia de vivienda popular.

En los servicios públicos hay otro límite muy considerable para cualquier política de vivienda. No todas las ciudades de Colombia tienen la misma infraestructura ni posibilidades de transformación de tal infraestructura. Hay ciudades donde es prácticamente imposible agregar nuevas viviendas mientras no se resuelvan los problemas básicos de servicios públicos. Es el caso de Cúcuta donde hoy grandes sectores de la población que carecen de servicios de acueducto y la construcción de un solo barrio más crearía problemas de especial gravedad. Lo mismo sucede en el resto del país, porque la política de vivienda no es simplemente, ni puede ser una política de construcción de casas, tiene que ser una política integral vinculada a una perspectiva de desarrollo urbano del país con las herramientas necesarias para llevar adelante ese desarrollo urbano. El país mira con simpatía el interés y la buena voluntad del Presidente de la República y de su gobierno sobre este tema, pero no conviene crear exageradas expectativas porque todos sabemos que el ciclo natural del exceso en las expectativas es reemplazado siempre por el exceso en la frustración. Además ésta es otra reflexión importante sobre la cual quisiéramos oír a los señores Ministros. ¿Será lo más aconsejable que nos juguemos todo a la vivienda? Es verdad que el Presidente tiene el interés político de demostrarle al país que cumplirá lo prometido en ese particular, pero yo veo con preocupación que se creen exageradas ilusiones en la materia, entre otras razones porque el sector de vivienda es un componente relativamente modesto del producto interno bruto y si la economía colombiana quiere alcanzar determinados niveles de crecimiento no puede comprometerse exclusivamente con un sector cuyo efecto relativo en el producto interno bruto no es fundamental.

 

Los arrendamientos

Y ya que hablamos de vivienda es bueno aludir al tema de los arrendamientos. En principio la nación recibió con interés el mecanismo de relacionar el Catastro con el canon. La verdad es que hay, también en este campo, un gran desconcierto pues todo está relacionado con la suerte de los proyectos de ley que afectan el sistema de Catastro en el país. Además el mecanismo no ha podido resolver el problema de los pequeños propietarios que sufren discriminaciones desde el pinto de vista de la rentabilidad de sus cánones. El Gobierno ha complementado estas medidas con la libertad de arrendamientos para las viviendas que tienen obligaciones en Upac, esto tiene cierta lógica, pero crea problemas de discriminación entre el mediano y gran propietario que pueden tener obligaciones en Upac y el pequeño propietario que probablemente no tiene posibilidad de relacionar su vivienda con la Upac. Me refiero al propietario actual y no al propietario futuro.

El Gobierno debe tener en mente también el problema de la conservación del patrimonio nacional de vivienda. En esa materia hay una dinámica social muy especial. Muchas familias en Colombia, más de lo que uno creería a primera vista, no tienen interés ni esperanza de convertirse en propietarios de vivienda, son familias que ya han elegido la fórmula de la vivienda compartida, grandes sectores de la población viven en inquilinatos de distinta categoría social porque la vivienda compartida no se dá únicamente en la clase baja, sino en las clases medias inclusive en las altas.

Es necesario darle a la vivienda Compartida las reglas que hoy no posee. Las normas sobre arrendamientos, por ejemplo, se encuentran con la muralla de los inquilinatos que carecen de adecuada legislación. Debe haber estrategias para mejorar la calidad de la vivienda existente. No se debe pensar únicamente en las grandes cifras de las nuevas viviendas, se debe procurar también el mejor aprovechamiento del patrimonio actual de vivienda.

Otra herramienta para buscar la reactivación ha sido el aumento del CAT. Evidentemente el gobierno se preocupó por incrementar el CAT en función de la coyuntura del sector externo. Sin embargo, el efecto mismo del CAT ha sido limitado por los mercados cerrados y por los precios no competitivos en aquellos productos en los cuales teníamos mayores esperanzas. El Gobierno hizo un esfuerzo importante al fortalecer el CAT en los primeros días de la nueva administración. Ahora existe la perspectiva de la creación del certificado tributarlo, iniciativa importante que ojalá hubiera llegado a las sesiones extraordinarias porque es una herramienta más ágil para estimular las exportaciones. También hay que reconocerle al Gobierno un buen criterio con relación al sector automotor y al metal-mecánico. Hay dos sectores que plantean problemas de fondo en materia de reactivación y desarrollo. Me refiero al sector agropecuario y al industrial. Sumados representan la mitad del producto interno bruto, o sea que cualquier proyecto de reactivación que prescinda de una estrategia consciente y resuelta en los sectores agropecuarios e industriales será precario en sus consecuencias. En el sector agropecuario se necesita planificación, pero planificación verdadera, integral, porque no la ha habido. Hoy lo dirige un Ministro importante, el doctor Junguito. Un hombre que posee buena información sobre la materia, pero la verdad es que ese sector, por falta de planificación, quedó en las circunstancias que describimos hace un rato y que han tenido tan grave impacto en la lucha contra la inflación.

Claro está que el sector agropecuario primero que planificación necesita seguridad. Necesita resolver el problema de orden público. Hay otros temas en el sector agropecuario que son casi obvios pero que hoy resulta oportuno mencionar como el costo de los insumos; las tasas de interés; el precio y disponibilidad de fertilizantes; las políticas de precios y la comercialización; la investigación que según ha prometido el actual Ministro de Agricultura tendrá un desarrollo fundamental en el corto plazo. Todo esto depende de otro problema fundamental, el de la tenencia y distribución de la tierra, el mejoramiento de la misma a través de los distritos de riego y los programas sobre manejo de aguas.

A la política agropecuaria es necesario agregar la política industrial que el país reclama infructuosamente desde hace muchos años. Tal política debe expresarse en primer lugar en el Instituto de Fomento Industrial para concebir una estrategia completa que tenga en cuenta las necesidades de la industria liviana, la industria productora de bienes intermedios, la industria básica y la industria de bienes de capital. El IFI necesita recursos y una reorganización para esta difícil situación. Desde hace dos años las tasas del sector industrial son negativas, después de épocas brillantes en las cuales el crecimiento anual de la industria oscilaba entre el 7,8 y 10 por ciento. Se llegó inclusive a niveles del 12 y 14 por ciento. A la industria le corresponde la primera tarea en el problema del desempleo urbano que ha adquirido un dramatismo impresionante. Las últimas cifras nos ponen al borde de una emergencia social: el 17 por ciento de desempleo abierto en Medellín. Eso no se había visto jamás. Casi el 11 por ciento en Cali, sin incluir, lo que le debe haber ocurrido a Cali como consecuencia del terremoto del Cauca, porque estas cifras son anteriores al terremoto. Cifras similares en Barranquilla, Bucaramanga y Pasto. Tan sólo en Bogotá los indicadores son relativamente benignos, porque ese 7.9 por ciento que se le atribuye a Bogotá, en cierta forma modera el panorama nacional de desempleo, pero el desempleo abierto en el país pasó del 11 por ciento en las cifras oficiales y el problema de estas cifras es que muchas veces nos alejan de las realidades humanas concretas. El 11 por ciento significa algo así corno un millón de desempleados y si a esto se agrega desempleo disfrazado, lo más probable es que en Colombia haya más de dos millones y medio de desempleados y subempleados, lo que significa que 8 o 9 millones de colombianos, por lo menos, al incluír las personas a cargo de cada trabajador no tienen en este momento garantía de supervivencia. Con semejante panorama social y semejante panorama económico cabe celebrar que no haya más problemas de orden público. Los riesgos para la estabilidad institucional son muy serios y la urgencia de una política de solidaridad es muy grande. Frente a este reto en los sectores urbanos, es fundamental, un desarrollo real y resuelto del sector industrial. La industria colombiana va a condicionar el desarrollo del país durante muchos años, sin embargo no hay políticas definidas y no lo digo como recriminación al señor Ministro de Desarrollo, porque la verdad es que desde hace muchos años no se ha concebido la política industrial que necesita el país. El país debe respaldar este sector, no porque él sea, directamente, el primer generador de empleo, pues bien sabemos que el sector terciario es el que más genera empleo en las grandes ciudades, pero, de todos modos, depende de lo que esté ocurriendo en el sector industrial para poder crecer.

 

La política monetaria

La otra herramienta de la política de reactivación es la política monetaria en la cual el gobierno ha tomado ciertas medidas, bien intencionadas pero de efectos relativos, por ejemplo, la eliminación del encaje marginal estaba bien intencionada, sin embargo, por no haber asegurado la contraprestación de los favorecidos, la medida no surtió efectos porque los bancos inmediatamente se refugiaron en los títulos oficiales con unas tasas de interés seguras y holgadas para no comprometerse con las incertidumbres y riesgos que tiene el proceso económico. La medida terminó por ser inocua respecto de las expectativas del gobierno. El gobierno ha creado numerosos fondos especiales en el Banco de la República, varios de ellos con propósitos de reactivación y otros con finalidades muy diversas. El fondo de reactivación urbana, por ejemplo, es conveniente. Puede producir en el corto plazo determinado dinamismo en las obras públicas de las principales ciudades y generar por lo mismo un cierto empleo que le dé a la economía algún respiro. Falta saber si esa reactivación urbana corresponde a unos planes responsables o se frustrará por la improvisación.

Otros fondos, sin embargo, no han tenido mayor efecto. El fondo de reactivación empresarial, previsto con recursos del orden de diez mil millones de pesos, por problemas de índole administrativa no ha logrado despegar ni tener mayores repercusiones. El fondo sobre democratización bancaria también de diez mil millones de pesos tampoco ha surtido efecto por diferencias sobre el precio de las acciones. Tampoco ha tenido mayores resultados el fondo siderúrgico, por los problemas de las garantías de Paz de Río. El fondo textilero también ha registrarlo modestos resultados porque ha tenido el condicionamiento de que a él solo logran acceso las empresas que están comprometidas en el acuerdo con los algodoneros. En cuanto al fondo de fronteras existen condiciones que muchas veces escapan a la realidad de esas fronteras. Yo sugiero que tal fondo extienda sus oportunidades a la pequeña y mediana industria de ciudades proveedoras de zonas fronterizas como es el caso de Barranquilla, Bucaramanga y Medellín porque muchas veces los comerciantes, por problemas de orden tributario, o por la calidad de la información que poseen en su organización empresarial, no están en condiciones de tener acceso real a las oportunidades del fondo fronterizo.

Existen dos puntos importantes para tratar con relación a estos aspectos de la política monetaria. En primer lugar, es necesario que se distinga entre el crédito de fomento y el de salvamento. Las justificaciones del primero son obvias y las del segundo también. Pero el crédito de salvamento debe dar lugar a alguna contraprestación porque no tiene sentido que el Estado subsidie determinadas empresas para permitirles superar sus dificultades actuales sin que eso tenga contraprestaciones. Que no se limite tal esfuerzo a subsidiar a los mismos propietarios, sino que los recursos especiales que se establezcan den oportunidad a los sectores trabajadores de tener acceso a la propiedad de tales empresas, en donde, por cierto, ellos, por razón de las reservas que deben proteger sus prestaciones sociales, ya deben tener una cuota importante en el patrimonio de tales empresas. Nosotros hemos propuesto, lo hizo el senador Rodrigo Lara en Ibagué hace pocos días y lo hemos mencionado en distintos escenarios, que si bien es razonable establecer estos créditos de salvamento, también debe establecerse una estrategia relacionada con las contraprestaciones. Este tipo de crisis se presta para inducir cambios estructurales en la economía colombiana. Los fondos son interesantes pero causan preocupación, no sólo desde el punto de vista de la utilización real como acabo de mencionarlo, sino también desde el punto de vista de la seriedad del presupuesto monetario. Existe el peligro de las colchas de retazos y los desórdenes en la política monetaria derivados de la proliferación de fondos. Es verdad que las autoridades monetarias tienen atribuciones amplias para el manejo de la política respectiva, pero también es peligroso que esas atribuciones se vuelvan ilimitadas o que muchos de esos fondos sean a la hora de la verdad ficticios. Por ese camino no hay un presupuesto monetario. El doctor Gabriel Rosas, representante a la Cámara de nuestro sector político, presentó el año pasado un proyecto de ley que busca reestructurar el Banco de la República, separando las funciones de fomento de las funciones del Banco Central y creando por lo tanto una estructura también nueva en la Junta Monetaria. Ya que hablamos del Banco de la República existe un tema muy importante que es preciso citar en este debate. Me refiero al costo de las operaciones de mercado abierto. No se ha hecho el eco adecuado a una denuncia del señor Contralor General de la República sobre el particular, quiero citar algunas de sus frases sobre este tema que había advertido desde hace varios años el doctor Carlos Lleras Restrepo. Dice el señor Contralor: “Al finalizar 1976, los pasivos del Banco de la República, por concepto de estas transacciones alcanzaban un monto de 5.000 millones de pesos colombianos, seis años después este saldo se multiplicó por 15 y se encuentra próximo a los 74 mil millones de pesos”. Agrega el Contralor en un párrafo del mismo capítulo: “abundan las críticas que señalan a esta política como la responsable del encarecimiento del dinero, del estancamiento del sector productivo y de la concentración del poder en el sector financiero. También resulta lógico que los recursos financieros internos no se han canalizado para solventar el funcionamiento de la administración pública, máxime cuando las autoridades monetarias han captado 74 mil millones de pesos en su mayor parte provenientes del circuito financiero privado, sin embargo no es propósito de estas líneas una evaluación de la política monetaria sino señalar su costo fiscal”. Luego dice: “El presupuesto nacional dejó de percibir 30.641 millones de pesos en virtud de las operaciones monetarias del Banco, en sólo los dos últimos años 1981 y 1982 la pérdida acumulada alcanzó los 21 millones de pesos, es decir el 30% de la pérdida de todo el período” y remata así: “Desde un estricto punto de vista hacendístico y de gestión fiscal se está frente a un gasto no presupuestal en el cual el tesoro ha incurrido con conocimiento del Congreso sin autorización legal previa, si se relaciona el monto comentado con el déficit fiscal aproximado al 31 de diciembre de 1982, resulta que el costo de las operaciones del mercado abierto es mayor en más de tres veces del déficit’-

 

Se caen las reservas internacionales

Para cerrar el segundo capítulo relacionado con la reactivación considero oportuno referirme al problema de la protección de reservas internacionales del país, quizás el reto más delicado que tiene en un plazo mucho más breve del que nos imaginarnos los colombianos y el Gobierno Nacional.

¿Cuál es el panorama? Llevarnos varios años acostumbrados a reservas internacionales holgadas que nos daban inclusive dividendos importantes por su colocación en los mercados financieros internacionales, pero el panorama cambió y está cambiando a un ritmo más acelerado de lo que suponíamos. Ya en la balanza de pagos del año pasado (1982) hubo un déficit en cuenta corriente de dos mil 500 millones de dólares que se tradujo en una pérdida de las reservas internacionales del orden de 740 millones durante todo el año de 1982; pues bien, tan sólo en los 3 primeros meses y medio de este año, hasta el 15 de abril ya se había igualado la cifra de todo el año anterior desde el punto de vista del deterioro de las reservas, porque disminuyeron entre enero y el 15 de abril en 738 millones de dólares.

¿Cuál es el panorama definitivo? ¿Cuál es la perspectiva de la balanza de pagos este año? Hay ciertas cuentas muy elementales y yo creo que muy reveladoras sobre la naturaleza del problema. El servicio de la deuda externa en cualquier caso no puede ser inferior este año a 1.500 millones de dólares. El presupuesto de importaciones y sería importante oír a los señores Ministros sobre ese tema no podrá ser inferior, en principio, a las mismas cifras de los años anteriores, o sea que se requieren 4.500 a 5.000 millones de dólares adicionales. A esto se debe agregar lo que cuestan las remesas y las regalías. Se puede calcular entonces que los egresos de la balanza de pagos este año no bajarán en ningún caso de 6.000 millones de dólares.

¿Cuáles son los ingresos? Pues los ingresos son muy precarios. Por el lado del café, si nos va bien y todos sabernos que los precios no han tenido un buen promedio en la primera parte del año, los ingresos serán del orden de 1.500 millones de dólares. Las exportaciones no tradicionales, siendo optimistas, se acercarán a mil millones de dólares y los demás ingresos puede ser que alcancen 500 ó 600 millones de dólares más, suma todo esto escasamente un poco más de 3 mil millones de dólares en ingresos frente a unos egresos de seis mil millones. En tales condiciones, las reservas, en las que hemos confiado tanto, corren un inmenso peligro en muy corto plazo. ¿Cuáles han sido las medidas del Gobierno frente a este riesgo? En principio están básicamente bien orientadas: Restricción de importaciones; control de dólares para viajeros; lucha contra el contrabando; reforma del CAT; estatuto de compras oficiales o estatuto de contratación. Sin embargo, el panorama del sector externo es muy preocupante. La devaluación prometida es del orden del 20 al 25%, las expectativas de devaluación, según entiendo, por voceros oficiales, son del 25%. Tenemos que seguir los colombianos en la estrategia del cuenta gotas en la devaluación porque ese desajuste gradual evita traumatismos, factores especulativos, pero lo dudoso es cómo se manejarán esas circunstancias y esas perspectivas, cuando ya no se trata de una devaluación al ritmo al que hemos estado acostumbrados que oscila entre el 10 y el 15% sino de una devaluación superior al 25%.

Corremos el peligro de quedarnos con el pecado y sin el género. Habrá tendencias especulativas que ya se reflejan en el deterioro de la primera parte del año, pero no habrá probablemente el estímulo adecuado para los exportadores en la proporción esperada. ¿Cuál es el plan frente al sector externo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las condiciones del crédito externo indispensable para afrontar el problema? ¿Cuáles son las perspectivas de obtenerlo? ¿A qué se debe destinar ese crédito externo? ¿Con qué prioridades cuando hay instituciones públicas muy importantes como Ecopetrol, Carbocol, Cerromatoso, Telecom, entre otras, que necesitan financiamiento externo? El panorama no es fácil porque bien sabemos que Colombia está sufriendo el impacto de la pérdida de confianza de los círculos financieros en toda América Latina, y, además, tenemos nuestros propios problemas internos porque nuestra deuda externa que era moderada -y eso hay que abonárselo a la Administración López Michelsen que fue prudente sobre el particular- no fue moderada durante la administración Turbay Ayala que inclusive contrató créditos externos para pagar gastos de funcionamiento, cambiando el perfil de la deuda externa del país peligrosamente.

 

Hemos vivido peores épocas

Hemos querido darle a este debate un ánimo constructivo, porque vernos los retos que tiene el país. No creernos, sin embargo, que éstas sean las peores circunstancias que haya vivido la economía colombiana. No se nos olvide que en la administración Valencia el café tenía precios supremamente bajos, que éramos más vulnerables desde el punto de vista del sector externo. No teníamos el mismo grado de diversificación que relativamente ha ido obteniendo la economía colombiana. Sin embargo se pudieron superar las dificultades. Yo señalo ese antecedente como prueba de que debemos tener confianza en que todos estos retos desde el punto de vista de la inflación y de las perspectivas del sector externo se pueden superar. Esto no significa que pueda ser exagerada tal confianza, porque se necesita realizar sacrificios, obrar con austeridad y disciplina. El país tiene un relativo plazo para defenderse frente a los riesgos del sector externo, para crearse defensas y alternativas, y debe aprovechar con oportunidad y previsión ese plazo para fortalecer los sectores vitales de la economía en el proceso de transición hacia otras épocas.

 

Criterios sobre las soluciones

Son necesarios los acuerdos nacionales. Vemos con sincera preocupación que el Gobierno confíe demasiado en sí mismo y veo con sincero temor que el Presidente de la República quiere una comunicación directa con el pueblo que no es mala, pero que puede ser incompleta si no reconoce a los sectores de opinión su papel y a los partidos y grupos políticos su misión. Nada es más peligroso para la democracia representativa como que se subestime la tarea de sus protagonistas políticos. Necesitamos que el Congreso sea el escenario de esos acuerdos, pero no simplemente acuerdos para elegir mesas directivas. Debemos darle otra dimensión a los acuerdos del año pasado. Eran explicables en esa época, dentro de las circunstancias de aquel momento, no para echar atrás en ellos ni para crear dificultades, ni recelos entre los grupos políticos, per para enriquecerlos en un contenido que vaya más allá del manejo de las mesas directivas del Congreso.

Hemos propuesto al señor Ministro de Gobierno y se lo reiteré al señor Presidente de la República la semana pasada cuando nos citó para conversar sobre la carrera administrativa a los distintos voceros de los grupos políticos presentes en el Congreso, que se necesita un plan legislativo frente a todas estas dificultades. Al Congreso le corresponde cumplir su misión como legislador, su misión como fiscalizador y su misión como escenario donde delibera la nación representada por todos nosotros. El plan legislativo debe incluir reformas estructurales. Reformas no sólo en el campo fiscal sino también reformas que modifiquen otros factores vitales de la economía colombiana que reclaman modernización o de lo contrario no podremos sortear esta crisis y las otras que nos esperan en muy corto plazo.

Se necesita la reforma financiera, para que el país no sólo recupere la confianza en ese sector, sino, además, para que este sector se comprometa con el desarrollo nacional y no cumpla un papel de oportunista. Se necesita que se reabra el tema de la modernización del sector agropecuario en el país. ¿Cuál es la reforma agraria que va a tener este país, la que disponga el Congreso desde aquí y la que realice el Ejecutivo a partir de sus indicaciones o la reforma agraria que están generando los grupos violentos sacando de sus tierras a los agricultores bajo toda suerte de intimidaciones y el temor de represalias y secuestros? ¿Y la reforma urbana y la reforma administrativa? Una administración deficiente, burocratizada, sometida a todos los vicios y corruptelas que hemos venido denunciando desde hace varios años es, además de todo, una carga para la economía. ¿Cómo pueden los sectores productivos salir adelante, si tienen que soportar la carga de una administración ineficiente? Esto también cuenta al establecer las ventajas comparativas de la economía moderna. No están en la misma condición competitiva los países que tienen su administración pública atrasada porque es objeto del tráfico clientelista.

Los acuerdos nacionales deben estar dirigidos a conquistar un clima de seguridad y orden. No puede haber economía sana donde no haya seguridad y confianza. Cualquier legislación que se expida si no es complementada con perspectivas serias en materia de seguridad y de orden no surtirá efecto. Se necesita que los partidos políticos, por encima de las presiones de gremios y de las pretensiones de intereses particulares o sectoriales, logren demostrar aquí en la legislación que se expida en el presente año que somos capaces de modernizar las estructuras económicas y sociales del país. También se necesita aquí al gobierno corno legislador y que el gobierno escuche las iniciativas de los demás sectores políticos. Colombia no sale de esta crisis con base en ningún hombre providencial por importante que sea. Se necesita el concurso de to-dos para poder sortear la tremenda emergencia que tiene este país.

Nuestra primera preocupación debe ser cómo sustentamos al sector productivo en sus propias oportunidades internas. Naturalmente, ese proceso supone equilibrios, solidaridad y contraprestaciones entre los distintos sectores sociales con la certeza de que nadie puede sortear sólo los riesgos que hoy a todos amenazan y condicionan.

Se necesita, además, así parezca hoy una utopía, no perder de vista la recuperación del comercio regional latinoamericano. Porque ese es el complemento inmediato de una política de recuperación del mercado interno. Si los países latinoamericanos son sinceros en lo que dicen en reuniones como la que acaba de tener lugar en la capital de la República sobre la necesidad de hacerle frente a esta crisis con nueva mentalidad y nuevos criterios, eso debe ser demostrado en un proceso nuevo frente al problema del comercio para. que se supere el proceso reciente en el cual to-dos nos hemos levantado talanqueras y obstáculos recíprocos en contra de los intereses de todos.

Se necesita una política de sustitución de importaciones. Ojalá en el examen del presupuesto de importaciones del presente año, el gobierno sepa localizar los sectores vitales en el área agropecuaria donde podamos lograr algún tipo de sustitución en un plazo relativamente corto.

Se necesita la elaboración del plan de desarrollo. El país requiere que se le den objetivos claros no sólo para lo inmediato sino para la perspectiva de la década y si es preciso mirar más allá. Claro que será necesario ajustar cosas, corregir rumbos, pero que sepamos qué tipo de nación querernos construir, qué tipo de sociedad y por lo tanto qué tipo de Estado es el que queremos colocar al servicio de esas “metas colectivas.

Se necesita en lo inmediato, creemos nosotros una expansión de la inversión pública. Es verdad que esa expansión puede tener efectos inflacionarios en lo que se relaciona con la oferta de alimentos, pero es verdad también que el sector industrial necesita de una reactivación derivada de la expansión de la inversión pública y del gasto público bien orientado.

El proyecto de ley sobre endeudamiento interno y externo, los proyectos de ley que llegaron hoy al Congreso, son indispensables para la simple supervivivencia de la economía colombiana, pero deben ser complementados y entiendo que esa es la única justificación de la demora del gobierno en presentarlos por el interés de hacer un esfuerzo serio en materia de gasto público. Allí es donde hay que renunciar a gastos suntuarios para lograr la mayor racionalidad en el uso de esos recursos.

Se necesita además darle prioridad al sector agropecuario en la estrategia de exportaciones. Es el primero que en un relativo corto plazo puede responder. Además urge su fortalecimiento para hacerle frente al problema inflacionario por el deterioro del pan coger.

Es importante que en materia de deuda externa se obre con mucha responsabilidad y coherencia y es importante además que se respalden las políticas o las propuestas de determinados países por una reforma del sistema monetario internacional. Algunas cosas, muchas, dependen de los colombianos, dependen de lo que hagamos por organizarnos mejor o por darle a nuestra economía la coherencia que requiere, pero otras, es inevitable, están subordinadas r procesos internacionales; una de ellas es la reforma del sistema monetario internacional.

Creemos necesario señalar e insistir en la conveniencia de las contraprestaciones por los créditos de salvamento, es decir, un cambio estructural dejas empresas colombianas, a la luz de lo ocurrido por su alto nivel de endeudamiento. Esos créditos de salvamento deben conducir a una reestructuración de las empresas del país y esa reestructuración debe incluir un concepto claro sobre lo que debe ser el empresario de nuestro tiempo y el empresario del futuro. Debemos superar la imagen que tiene el empresario colombiano, en el pasado, de explotador y en la época reciente de especulador. Ni lo uno ni lo otro. El empresario debe ser el líder que sepa organizar la empresa moderna, el líder que requiere cualquier sistema económico y social para organizar su producción. Desde ese punto de vista las empresas en Colombia también requieren una transformación fundamental. Qué no sigan huyendo los capitales colombianos hacia la Florida, Panamá o las Antillas sino que realmente se respalde a quien se comprometa con el país, no para obtener ganancias inmediatas pero sí para participar en procesos productivos de fondo.

No se puede olvidar el problema energético. El ciclo de disminución de los precios del petróleo copo lo enseñan las lecciones de los últimos 10 años es transitorio. En. un determinado plazo se reactivará la economía mundial, en cierta proporción, lo suficiente para que reaccionen los precios del petróleo. Estamos viviendo una época de transición energética que no ha terminado ni mucho menos y el país debe estar consciente de que en muy corto plazo pueden ser tres años, pueden ser cinco años, el panorama energético se volverá difícil. Se necesita defender los proyectos eléctricos para que no se repita el retraso de proyectos como el de San Carlos, que por errores en la política de inversión pública no sólo se han demorado en su ejecución sino que además han sufrido sobrecostos que han afectado los intereses generales del país:

Tuvimos recientemente un reajuste de la gasolina en Colombia, realizado en el momento en que caían los precios del petróleo en el mundo. No está mal que busquemos realismo en el valor de nuestros combustibles, pero como existe una diferencia importante, nosotros creemos urgente que se cree, que se constituya el fondo nacional de exploración para que Ecopetrol pueda participar en forma más directa de la exploración petrolera en el país y nos podamos organizar en función de las expectativas energéticas que van a cambiar a lo largo de esta década.

Pensamos que es necesario llamar la atención del gobierno sobre los problemas de servicios públicos. Existe un proyecto de ley que llega ya al Senado después de haber sido aprobado por la Cámara y que busca crear instrumentos nuevos para manejar todo el problema de servicios públicos: el endeudamiento de tales empresas, la cobertura de sus servicios y la naturaleza de su administración son temas fundamentales que comprometen también las políticas del gobierno y la calidad de la vida de los colombianos. No habrá lucha eficaz contra la inflación si nos olvidamos del impacto de los servicios públicos domiciliarios. No habrá política de vivienda si no se organiza también todo lo relacionado con los servicios públicos y no habrá, insisto, calidad de la vida, si no se les dá a estos servicios el respaldo necesario.

Honorables Senadores: con este espíritu hemos querido realizar el debate hoy. Con el ánimo de mostrar el panorama de la economía colombiana, los problemas a nuestro juicio más importantes y las informaciones a nuestra disposición, no con el criterio destructivo de recriminar al gobierno cuando se encuentra todavía en su primera etapa. Hemos hablado con franqueza sobre los puntos que no nos parecen claros. Hemos reconocido, con la mejor buena fe, lo que pensamos ha sido correcto. Quiero expresar mi gratitud a los senadores, a los ministros que gentilmente han escuchado estas reflexiones y mi gratitud a los senadores que con sus interpelaciones enriquecieron el nivel de información y la categoría de las reflexiones realizadas. Hemos querido que en virtud de ello se establezca el precedente de que cada año, al menos, aquí se haga el escrutinio de la política económica y aquí informe el gobierno al. pueblo colombiano hacia dónde está dirigiendo la economía nacional, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, en qué quiere que lo acompañemos, en dónde están sus responsabilidades y qué eficacia tienen sus estrategias. Miramos con confianza el provenir del país, pero necesitamos de todos modos que esa confianza se propague a todos los sectores en la medida en que el Gobierno entere con claridad al pueblo colombiano sobre sus pro pósitos.