D004 P061 | El presupuesto para 1985 y la política económica

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D004 P061 | El presupuesto para 1985 y la política económica

Sobre dos intervenciones hechas en la Comisión IV Constitucional del Senado por el senador Fernando Sanz Manrique.

Pocas veces se ha debatido tanto un proyecto de presupuesto como el presentado durante la legislatura de 1984. Es así como los planteamientos hechos por el Nuevo Liberalismo en la Cámara de Representantes a través del H.R. Gabriel Rosas complementados por el H.R. Alvaro Uribe Rueda, abrieron la discusión alrededor del tema y precisaron las características de inadecuación del mencionado proyecto, las discrepancias en cifras y la profundidad del déficit fiscal. Posteriormente se adelantó otro análisis en un foro organizado por la Comisión IV constitucional del Senado. Con amplia intervención de expertos economistas, exministros de Hacienda y diversos congresistas con una coincidencia general alrededor de la crítica al proyecto. A pesar de que el problema fiscal había sido ampliamente anticipado, no sólo por el Nuevo Liberalismo desde la publicación del documento No. 1, sino por el primer Ministro de Hacienda de la Administración Betancur, constituyó sin embargo, una sorpresa para la opinión pública, la trascendencia que el Gobierno resolvió darle a partir del 24 de julio del presente año, al precisar una magnitud altísima de ese déficit fiscal reconociendo que las medidas tomadas durante los dos años anteriores no habían sido capaces de neutralizar las causas del desequilibrio. Según el Ministro de Hacienda actual, esas causas se refirieron fundamentalmente a graves deficiencias en el control del gasto público, como al asimismo grave deterioro en el sector externo de la economía colombiana.

El Gobierno ha enfrentado la crisis fiscal en primer término, con las Reformas Tributarias de los años 1982 y 83, las cuales, según afirmaciones del Ministro de Hacienda, generaron considerables aumentos en los recaudos. Estos representaron para el impuesto sobre la renta, un 46% de incremento para 1983 sobre el año inmediatamente anterior y de un 28% durante el primer semestre de 1984 con relación al mismo período durante 1983. Asímismo, los ingresos correspondientes al impuesto sobre el Valor Agregado, IVA, condujeron a un incremento en los recaudos de un 44.1% para el primer semestre del 84 sobre el mismo período en 1983. Los datos anteriores presentados por el mismo Gobierno Nacional, indican que la anterior Reforma Tributaria registró un importante éxito para las finanzas del Estado y no puede sindicarse a esta Reforma de haber contribuido mediante su fracaso al agravamiento del problema fiscal. Todo lo contrario, si no se hubiese hecho esta Reforma, la actual crisis de las finanzas públicas, estaría en niveles totalmente inmanejables. Como propuestas actuales, el Gobierno solicitó un aumento de impuestos a través del proyecto de la sobretasa para los dos años próximos, lo cual recaería peligrosamente sobre el mismo sector de contribuyentes que ha venido soportando aumento tras aumento de impuestos y que acaba de realizar un nuevo esfuerzo de especial significación para el sostenimiento del Estado, según las cifras anteriores. Complementa el Gobierno el proyecto de la sobretasa con solicitudes de autorización para emisión primaria durante la actual vigencia y para los dos próximos años, complementando el proyecto de recursos adicionales con solicitudes de autorización para emitir nuevos documentos de deuda pública. El programa anterior, se culmina con la solicitud de autorizaciones extraordinarias para la Administración, mediante proyectos específicos que buscan reorganizar la Administración Pública y mejorar los sistemas de control al gasto del Estado, según los proyectos presentados al Congreso.

 

La terapia fiscalista y el sector productivo

El diagnóstico del Gobierno Nacional sobre las causas del problema fiscal puede considerarse acertado. Lo inquietante reside en que no es la primera vez que la Administración reconoce paladinamente el mal manejo del gasto público, las fallas del control en el mismo y que formula propósitos de enmienda. El Congreso ya ha tenido amplia experiencia en esta materia y mira con abierto escepticismo las promesas de mejor comportamiento que para este tema ha hecho el Ministro de Hacienda. No se ve razón convincente para que éstos propósitos de enmienda conduzcan a una corrección efectiva del malgasto gubernamental. En cuanto a la caída del sector externo, es cierto que constituye causa eficiente inmediata de los problemas actuales de las finanzas públicas. Sin embargo, cabe anotar que la grave situación del sector externo es parte de la crisis económica nacional y constituye más bien uno de los resultados de la misma. Por lo anterior, constituye una actitud miope buscar en una forma aislada del conjunto económico Nacional, la solución al problema fiscal mediante nuevos impuestos. Lo lógico sería que se presentase un cambio dinámico en el conjunto de la política económica que, al reactivar al país, conduzca a la corrección de la situación fiscal.

Si tenemos en cuenta que el mismo Ministro de Hacienda ha denunciado que el déficit fiscal, lejos de constituirse en un elemento reactivador, se ha constituido en un elemento depresivo señala “que las finanzas del Estado acompañan plenamente las características depresivas del conjunto de la economía“. Asimismo, el Señor Ministro también ha explicado que en la medida en que ha sido necesario recurrir a toda suerte de mecanismos para financiar el gasto público, incluyendo la emisión, se ha ido reduciendo aceleradamente la capacidad de gasto del sector productivo. También reconoció “que la experiencia de los dos últimos años es prueba fehaciente de que el poder del sector público, como motor del crecimiento económico es sustancialmente menor a aquel del sector privado. De ahí que sea indispensable controlar el gasto público a fin de comenzar a liberarle recursos al sector productivo“.

Los anteriores planteamientos hechos durante la XL Asamblea de la Andi, en la ciudad de Pereira, señalan la vinculación del problema fiscal con la crisis económica general y evidentemente sugieren la necesidad de reformas en el conjunto de la política económica encaminadas a recuperar al país. Sin embargo, la terapia propuesta por el Gobierno, no sólo peca de estrictamente fiscalista, sino que tiende a ignorar las áreas de estímulo y ordenamiento en sector productivo. Es así como se presenta el proyecto tributario para gravar al sector asalariado y a las estructuras productivas que son las que han soportado creciente y pacientemente el sostenimiento del Estado. Asimismo, se establece un aumento indiscriminado del Arancel de Aduanas con criterio estrictamente alcabalero, sin tomar en cuenta las necesidades de un desarrollo económico que indicarían la conveniencia de tratamientos selectivos en el manejo de Arancel. Además, se prescinde de incentivos para la producción al eliminar instrumentos tales como la posible reducción de tarifas para las importaciones de equipos o bienes de capital poniendo en acción prácticas recesivas y fiscalistas a ultranza. No sólo se ha colocado al sector de la producción en grave riesgo de parálisis con la restricción y mal manejo de las importaciones, sino que se le ha eliminado todo incentivo para la expansión de sus actividades, teniendo en cuenta que la orientación de la demanda interna hacia la producción nacional no ha sido resultado de una política de estímulos, sino el resultado forzoso del agotamiento de las reservas internacionales. En general no se ve con claridad, aparte del tema fiscal, cuál es la política anticíclica, anti-recesionista del Gobierno Nacional ni como piensa recuperar la economía. Si se reconoce con claridad que esta responsabilidad no puede colocársele al sector público, ¿cuáles son los medios que el Estado quiere aplicar a la reactivación del sector productivo?, ¿cuáles son los estímulos a las exportaciones y a la expansión de la producción destinada a los mercados internacionales? Es evidente que si del sector externo vino la crisis fiscal, lo más indicado sería tratar de salir de ella por el mismo camino.

La ausencia o incoherencia en políticas económicas globales o sectoriales, tienen una muestra conmovedora en el tratamiento que se le está dando al sector agropecuario en el proyecto de presupuesto. De extensos análisis hechos en la Comisión IV del Senado se reconoció por los personeros del Gobierno el bajo nivel de apropiación para las entidades de fomento o de manejo de este sector agrícola, el incumplimiento en los aportes mínimos indispensables para la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, la virtual ignorancia estatal sobre el problema de la vivienda campesina, ya de por sí golpeada en forma dramática por cuanto el año pasado apenas se le destinaron dos mil millones de pesos a través de la Caja Agraria. Lo anterior combinado con el mantenimiento de las altas tasas de interés para el crédito nacional y especialmente agropecuario, no pronostican buenas perspectivas para el campo. Al ignorar asimismo que el financiamiento de instituciones como la Caja Agraria en zonas deprimidas o de violencia, así como al forzar a la misma entidad al financiamiento de procesos de rehabilitación de zonas con problemas de orden público sin que el Estado asigne en el presupuesto las contrapartidas necesarias, conducirá al agravamiento peligroso en la situación económica de los institutos dedicados al campo.

 

Ausencia de intervención estatal

Si a lo anterior se adicionan, el gran descuido en la situación de los Distritos de Riego, tales como los proyectos Córdoba No. 1 en la Doctrina y Atlántico No. 3 en Repelón, que fueron Distritos modelo antes de 1970 y que hoy se encuentran en plena decadencia y abandono; el hecho de que existan adjudicatarios del INCORA que abandonan progresivamente las parcelas en manos de arrendatarios o aparceros y el otro hecho de que en distritos de riego como los anteriores, se encuentran parte de las tierras en estado ocioso o aún peor, que se ha evolucionado hacia ganadería extensiva, se concluye muy fácilmente que la actual política agropecuaria del Estado tiene grandes fallas y en todo caso no se encuentra respaldada en la orientación del gasto público, que debe reflejarse en el actual presupuesto. La ausencia de intervención estatal para el manejo de precios remunerativos para productos tales como la papa y la cebolla, contribuye a acentuar el irregular panorama de la política agropecuaria. Si nos detenemos un momento en el sector Educativo, podemos señalarle cómo la actividad más sobredesarrollada e ineficiente del Estado colombiano. La destinación de importantes recursos para la Educación a Distancia, no está acompañada por una política educativa que busque corregir las fallas del gasto público en el Ministerio de Educación, o la inconveniente concentración de la demanda universitaria en las pocas y tradicionales carreras liberales; la desconexión entre los grandes proyectos de inversión del Estado y la planeación educativa como ocurre en el sector energético en donde las varias decenas de miles de millones de dólares, no han inspirado a la administración para políticas educativas concretas, nos señala las tremendas deficiencias en este campo. Situación similar se enfoca en el campo industrial y en otras áreas de la actividad nacional, permitiendo concluir que el Gobierno ha enfocado con exclusividad el tema fiscal reduciendo su campo de visión al mismo, y marginando las demás temáticas de la política económica, en forma que sorprende por su evidente desajuste a las actuales necesidades de la Nación.

En el campo industrial, no hay certeza sino sobre el cierre de las importaciones. No existe otra orientación estatal y más bien se producen factores de confusión adicional. El Gobierno solicita autorizaciones al Congreso para vender las empresas del Estado. ¿A quién? El IFI, ¿vende todas sus empresas? El Gobierno quiere ir contra las reglamentaciones a la inversión extranjera. ¿No será más bien, que esta inversión se inhibe, como la nacional, por la inseguridad, los altos impuestos nominales, las absurdas cargas de la legislación laboral, la equivocada ética social y otras fallas protuberantes de la Nación y del Estado? ¿Cuál es la política industrial para la expansión de la industria básica soporte y presupuesto necesario para el desarrollo metalmecánico?

 

La dictadura del F.M.I.

Me haría interminable en el enunciado de los vacíos en la política económica que no llena el plan de Desarrollo con Equidad, y que tampoco han llenado medidas posteriores pero que la crisis actual hace más imperativo colmar.

La situación cambiaria del país, exige una definición de políticas que le muestren a las entidades internacionales y a la opinión pública nacional un derrotero definido.

No sería extraño que el nivel de reservas internacionales se colocara cerca de los quinientos millones de dólares a comienzos de 1985. La situación anterior pone al Gobierno nacional ante la alternativa de someterse a la dictadura del F.M.I., como prerrequisito para obtener al menos dos mil millones de dólares, en créditos para los próximos dos años, o buscar una vía diferente de financiación que no se ve clara ni mucho menos. Como sería impensable que el país quisiese regresar a épocas de alta dependencia de la ventanilla siniestra y de los ingresos del narcotráfico no queda sino la alternativa de adelantar una negociación exitosa con el F.M.I., que ha debido ser preparada con mayor anticipación si la previsión en los temas económicos hubiese sido punto fuerte de la actual administración.

La ausencia de una política económica coherente y de gran vigor, le da a las tesis del F.M.I., una posición negociadora predominante que puede conducir al país por vías equivocadas de alto costo social y político. La recomendación de apertura a las importaciones en una crisis de divisas como la actual, no es manejable sino mediante una devaluación acelerada de niveles tal vez incompatibles, con nuestras condiciones políticas. La descalificación de los cambios múltiples por parte del fondo complica aún más la situación, especialmente si el Gobierno insiste en negar su evidente existencia.

Sólo la formación de políticas económicas vigorosas, puede otorgarle al Gobierno una mejor posición negociadora con el F.M.I., permitiendo acuerdos equitativos con la actual coyuntura internacional.

El Gobierno debe preparar políticas económicas de largo plazo, que pueden ser alternativas convincentes o propuestas complementarias a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Lo que no podemos es esperar a que nos estructuren esas políticas desde fuera y desde fuera nos obliguen a desarrollarlas. Posiblemente no consultarían la realidad nacional que sólo nosotros mismos estamos en capacidad de conocer a fondo.