D004 P065 | Los proyectos fiscales

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D004 P065 | Los proyectos fiscales

Declaración del Nuevo Liberalismo sobre proyectos fiscales Bogotá, Septiembre 5 de 1984

Desde 1981 el Nuevo Liberalismo fue el primer sector político en señalar el difícil panorama fiscal de los años ochenta. En junio de 1981, en el documento “Nuevo Liberalismo para una Colombia Nueva” se incluyó un análisis de la situación fiscal en uno de cuyos párrafos se dijo lo siguiente: “estamos seguros que para 1982 y en particular para la entrega del poder al próximo gobierno, la situación del fisco nacional será una de las peores que haya conocido nuestra historia”. Estas advertencias no tuvieron eco alguno ni en el gobierno anterior ni en el actual.

En el informe que presentó la Comisión Conjunta del Senado y la Cámara sobre la emergencia económica en marzo de 1983, el Nuevo Liberalismo hizo incluir los siguientes conceptos: “…resulta grave para el Ejecutivo que se vengan incorporando al presupuesto nacional ingresos con efectos inflacionarios que han contribuido a aumentar el grado peligroso de la emergencia fiscal y presupuestal, con lo cual se han originado dificultades en el manejo de la política monetaria, en los programas de saneamiento económico y en la reactivación de los sectores productivos”.

En el mismo informe, en la constancia del Nuevo Liberalismo se precisó el origen cronológico del déficit y denuncias similares sobre el problema las hizo nuestro movimiento cuando se estudiaron en el Congreso los presupuestos para 1983 y 1984, así como los proyectos que sirvieron de base a las leyes 9,12 y 14 de 1983 que reestructuraron el impuesto a la renta, los fiscos departamentales y el impuesto a las ventas.

En cuanto a la administración anterior el informe ya citado decía: “Sin que pueda decirse categóricamente que el desempeño de las finanzas públicas, entendidas para este efecto como el comportamiento de las operaciones efectivas del gobierno Central, fue satisfactorio durante 1977 y 1978 hay que convenir que fue a partir de 1979 cuando se empezó a evidenciar el debilitamiento del sector público. Un déficit monetario de S16.726 millones y la caída del esfuerzo tributario localizan en este año la iniciación del problema que hoy vive el país”.

Respecto del gobierno actual su responsabilidad comienza en el empalme mismo con la administración anterior y luego continuó con las discusiones de la reforma tributaria de 1983 cuando los voceros del gobierno afirmaron que los recursos que allí, se arbitraban serían suficientes para el manejo monetario, fiscal y financiero hasta el año de 1986. Apenas un año después el propio Gobierno propone una nueva reforma tributaria acompañada de diversas solicitudes para financiar con nuevos recursos de emisión el exhausto presupuesto nacional. El déficit es, por lo tanto, responsabilidad del actual y del anterior gobierno.

 

No a los nuevos impuestos

Después de señalar estos antecedentes queremos referirnos a los proyectos de ley de 1984. Empezamos por celebrar que el gobierno hubiese aceptado la propuesta que presentó el Senador Luis Carlos Galán el 25 de agosto sobre la necesidad de dividir el proyecto sobre saneamiento de las finanzas públicas para atender en forma independiente los problemas inmediatos de 1984 y estudiar con mayor detenimiento las soluciones a la difícil situación fiscal de 1985.

En relación con el establecimiento de una sobretasa al impuesto sobre la renta el Nuevo Liberalismo no apoyará una solución de esta naturaleza pues así se pretenda como un anticipo tributario la verdad es que constituiría, en la práctica, un nuevo impuesto. Es oportuno recordar que este gravamen significa una contradicción a los ofrecimientos electorales del señor Presidente. Los contribuyentes ya han tenido que asumir erogaciones adicionales establecidas por las leyes fiscales de 1983. De allí que resulte excesiva para ellos la creación de otras cargas máxime ante circunstancias tan complejas como las que se registran actualmente en la economía colombiana. Tampoco se justifica restar capacidad financiera al próximo gobierno al obligarlo a devolver parte de los impuestos que el actual cobraría. Pensar en nuevos y crecientes impuestos en plena recesión no es lo más lógico. Lo único que se consigue con ello es agudizar el ciclo recesivo e inducir a la evasión y la elusión tributarias. Si bien es importante garantizar la capacidad de gasto del sector público, no le hace bien a la economía en las condiciones actuales agobiar aún más al sector privado.

 

No se ha precisado el déficit

En cuanto a los recursos de capital necesarios para cubrir los faltantes presupuestales de 1984, 85 y 86, resulta difícil emitir un juicio ante la ausencia de los presupuestos monetario y cambiario, y la falta de precisión respecto del monto del propio déficit por financiar. Con todo somos conscientes de que para el momento actual habrá que tomar medidas ante el riesgo de paralización del propio Estado por carencia absoluta de liquidez.

 

Las tasas de interés y el TAN

Respecto a la posibilidad de colocar nuevos TAN en el mercado financiero abrigamos dudas de la capacidad de absorción de ese mercado. No sería de extrañar que se presentara un grave conflicto entre los varios papeles que se disputan el escaso ahorro nacional con previsibles efectos en la elevación de las tasas de interés.

 

Defender las funciones del ICBF

La iniciativa de trasladar el 20 % de los ingresos del Sena Proexpo y el Instituto de Bienestar Familiar a los fondos comunes del presupuesto nacional es importante. Encontramos por principio plausible que se legisle sobre las rentas de destinación específica porque la unidad de caja es esencial para el manejo racional de los ingresos públicos. No obstante, consideramos que en el caso del Instituto de Bienestar Familiar la situación es diferente dadas las especiales responsabilidades sociales de ese establecimiento público y si los recursos actuales del Instituto son insuficientes para atender los problemas de la niñez y de las madres colombianas cualquier reducción de los mismos sería catastrófica para los programas y tareas del ICBF. No creemos que puedan equipararse las importantes actividades del Sena, Proexpo y el ICBF y por eso señalamos la necesidad de considerar las circunstancias especiales de Bienestar Familiar en una época de delicadas tensiones sociales.

 

Reorganizar la Administración sí, debilitar el Estado no

Aparte de las anteriores consideraciones sobre la propuesta de financiación del gasto público, deseamos referirnos al proyecto de ley que solicita para el Ejecutivo facultades extraordinarias tendientes a reducir el déficit fiscal mediante la modificación de la estructura administrativa del Ejecutivo en los ámbitos nacional, departamental y municipal, e introducir modificaciones en la administración de justicia.

Se pretende en el proyecto reducir peligrosamente las funciones que cumple el Estado, trasladando al sector privado las que no considere esenciales. En uso de tales facultades el Gobierno podría, además, modificar las tarifas de los servicios públicos, y en general los ingresos no tributarios que hoy se cobran a los ciudadanos.

El Nuevo Liberalismo entiende la observancia del precepto constitucional que ordena a las autoridades asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado (Art. 16 de la C.N.) no condicionado a la disponibilidad de recursos fiscales ni a la capacidad de la economía en general. Esta conquista consagrada desde 1936 en la Carta Fundamental, no puede derogarse facultando al gobierno para escoger cuáles deberes cumple y cuáles no con el pretexto de la existencia de una situación deficitaria del fisco nacional.

El Nuevo Liberalismo considera además que el Presidente de la República en uso de las atribuciones propias (C.N. Art. 120, 11 y 21) puede por decreto “cuidar la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos”, así como “crear, suprimir y fusionar los empleos que demande el servicio” de la Nación. Por tanto, la no aprobación del proyecto de ley no debiera tenerse como impedimento para que el Presidente adelante una amplia y efectiva labor de control del gasto público.

 

Insistencia en el Plan de Desarrollo

La presentación y adopción legal del Plan Nacional de Desarrollo sería el medio más eficaz y el más ajustado a la C.N. para controlar el gasto público. La evolución rápida de nuestra sociedad obliga al Estado a cambiar frecuentemente su estructura administrativa y el Nuevo Liberalismo ha propugnado por una revisión detallada del funcionamiento de la administración con miras a hacerla más eficiente. Cumplir más ampliamente las funciones encomendadas, sin aumentar el gasto debería ser el propósito.

Con imaginación y meditación suficientes, el país debe encontrar formas de administración participativa de las funciones estatales, donde el interés público se preserve pero se disminuya la lentitud y los costos de las tradicionales instituciones oficiales.

 

El peligro de vender bienes del Estado

Propiciar indiscriminadamente la venta de bienes del Estado, indudablemente, no tiene antecedentes en la historia de facultades o autorizaciones al Presidente y amenaza el desarrollo de la política de asociación en las grandes inversiones necesarias para el desarrollo y suscita preocupación el traslado de empresas comerciales del Estado a manos privadas. El ahorro capitalizado en muchos años por el Estado se ofrecería en un breve tiempo en venta a unos compradores difíciles de identificar en la economía interna del país afectada por una crisis como la señalada por todos los índices conocidos. No parece conveniente tampoco autorizar endeudamientos adicionales en el Banco de la República para satisfacer los pasivos laborales de los empleados que se propone licenciar.

El Nuevo Liberalismo considera que el Congreso Nacional debe ejercer con celo sus funciones y cuando las transfiera por medio del expediente de las facultades extraordinarias debe medir no solo la precisión de términos exigida constitucionalmente, sino la existencia de normas sustantivas que garanticen su ordenado cumplimiento. Tales normas no están contenidas en el proyecto ni su esencia fue presentada por el Gobierno en las consultas realizadas con los partidos políticos antes y después de iniciarse la actual legislatura a pesar de su inmensa importancia política porque tiene relación con la naturaleza del Estado.

 

Voluntad del diálogo y entendimiento

Finalmente el Nuevo Liberalismo expresa que mantiene su voluntad de llegar a acuerdos con el oficialismo liberal y con el partido conservador sobre estas materias, en especial, con la Comisión Política Central del Liberalismo, dentro de criterios de responsabilidad frente a los graves problemas nacionales, tal como lo propusimos en enero de 1983 cuando se iniciaban las sesiones extraordinarias del Congreso, con motivo de la emergencia económica, ante circunstancias fiscales similares a las de hoy.