D004 P085 | Voto Negativo Presupuesto Nacional 1985

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D004 P085 | Voto Negativo Presupuesto Nacional 1985

Los senadores del Nuevo Liberalismo votaron negativamente el proyecto de Presupuesto Nacional 1985 en la sesión plenaria del miércoles 14 (le noviembre de 1984 y explicaron así su decisión:

La representación del Nuevo Liberalismo en el Senado de la República, con motivo de la discusión en segundo debate del proyecto sobre Presupuesto de rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones, para la vigencia fiscal de 1985, y continuando la línea de conducta que de mucho tiempo atrás se ha fijado de examinar con el mayor detalle y rigurosidad el plan financiero del Gobierno, se permite dejar ante la Corporación en pleno la siguiente constancia:

Así como la Constitución Nacional confía al Gobierno la facultad de dirigir las relaciones internacionales con gran independencia frente al Congreso, también establece como indispensable la aprobación de éste para que el Gobierno pueda realizar cualquier gasto público. Esto significa, en términos políticos, que la facultad del legislativo sobre el gasto público es una de sus más importantes fuentes de poder dentro del Estado.

Aunque si bien es cierto que el Congreso carece, por lo general, de la iniciativa del gasto, no es menos cierto que el requerir su asentimiento para poder ejecutarlo le da una categoría especial a su intervención.

Sin duda, el Presupuesto Fiscal es un instrumento estratégico dentro de la organización gubernamental encargada de la política económica; su nivel y composición junto con reflejar las operaciones necesarias para ejecutar las nietas de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, influencia decisivamente lo que ocurra en los campos monetario, cambiarlo y fiscal, además de repercutir sobre los aspectos sociales, económicos y políticos de la vida nacional.

Siendo ello así, nos preocupa altamente que se repitan esta oportunidad una vez más, los errores que en otras ocasiones se han cometido al impartirle la correspondiente aprobación.

Aunque reconocemos la sinceridad que el Gobierno ha querido exhibir al aceptar que existe desfinanciamiento dentro del plan de gastos presentado a nuestra consideración, juzgamos que tal hecho no convalida los criterios sobre los cuales basó dicho plan y mucho menos la violación de normas claras sobre el estatuto orgánico del Presupuesto, Decreto Extraordinario 294 de 1973.

Considerarnos que reducir a un simple ejercicio aritmético la presentación del Presupuesto formalmente equilibrarlo, sin consecuencias económicas, viola la norma constitucional que prescribe que el Gobierno debe buscar que haya equilibrio entre las rentas y los gastos calculados en el Proyecto de Presupuesto. Abusando de la laxa interpretación que a tal disposición se ha dado, el Gobierno conscientemente incurre en grave falla desde el momento mismo en que reconoce el desequilibrio presupuestal existente.

De idéntica manera, sin acatar el contenido del artículo 32 del Decreto Extraordinario 294 de 1973, que en su aparte pertinente dice: “Las partidas para gastos fijos o periódicos deben ser suficientes para el pago de los servicios previstos durante el año”, el Ejecutivo presenta una relación de gastos fijos que para la gran mayoría de casos apenas si cubre los primeros cuatro o cinco meses de la vigencia, esperanzado en la posibilidad de acudir cuanto antes a la nociva práctica de las adiciones. Se pretende así justificar algo que no tiene discusión legal.

Además, ignorando otro precepto de este mismo Artículo, que ordena que las partidas para el servicio de la Deuda Pública deben corresponder exactamente al valor de las cuotas por amortización, intereses, comisiones y otros gastos consignados en los respectivos contratos o leyes que las autorizan, se limita a registrar partidas simbólicas en el proyecto objeto de estudio.

De otra parte, y haciendo referencia a los criterios que sirvieron de base a la elaboración del Presupuesto no hallamos ajustados a la realidad del plan financiero ni la austeridad en el gasto —muy lejos de lo deseable— ni la selectividad en la inversión, ni la posibilidad cierta de reducir el déficit efectivo como proporción del P.I.B.

Según se puede constatar en el documento respectivo, por parte alguna se comprueba la afirmación de una verdadera reducción del gasto público. Con base en anuncios que poca o ninguna posibilidad tienen de cumplirse, la reducción de los incrementos de salarios a sólo un 10 por ciento por ejemplo, se cree estar cumpliendo con la ineludible obligación de procurar el ajuste del gasto al nivel del ingreso percibido.

En el plano de las inversiones tampoco se evidencia la aseveración del Gobierno. Basta observar la forma como se asignan las partidas entre los diferentes responsables de la ejecución del gasto para concluir que no es exactamente el criterio de prioridad el que estuvo presente al momento de la elaboración del Presupuesto.

Y a propósito de prioridades en la inversión, con suma inquietud apreciamos el debilitamiento que experimentan proyectos de indudable contenido social.

No obstante el enunciado que hace el Gobierno en relación con la posibilidad de disminuir la magnitud del déficit, cálculos por nosotros realizados nos indican que, al menos en 1985, tal meta no podrá cumplirse. Un déficit de apropiaciones de más de 263 mil millones de pesos para la vigencia avala esta aseveración.

Aparte de las consideraciones antes expuestas es necesario mencionar cómo el Gobierno se ha olvidado de llevar a cabo una política de carácter global que logre sacar el país del estado de recesión en que se encuentra. Diversas políticas sectoriales, —cuando las hay— con altibajos y vaivenes, y una preocupación reciente y parcial sobre el déficit fiscal, se han convertido en lo que podríamos llamar el norte o la nieta del Ejecutivo. Pero lo que diseñó al principio de su mandato —diseño bueno o malo—, era al menos un intento de realizar un plan global. Todo eso se ha perdido o desvanecido en muy buena medida. Es apenas obvio que ante tal realidad se miren con angustia y preocupación el presente y el porvenir. Porque no estamos en una crisis transitoria o de fácil solución. Muy por el contrario, nos encontramos en una de las peores del presente siglo.

No se comprende, entonces, cómo no se ha empleado la oportunidad del presupuesto para establecer esa política general que tanto necesita el país.

Fundamentados en estas consideraciones y conscientes de nuestro compromiso con la tarea de obtener el saneamiento de las finanzas públicas nacionales en el lapso más breve posible, dejamos constancia expresa de nuestras objeciones al proyecto de Presupuesto del Gobierno Central correspondiente a la vigencia de 1985. En consecuencia, lo votamos negativamente.

 

Bogotá, noviembre 15 de 1984

  • Luis Carlos Galán, Jorge Valencia Jaramillo, Prudencio Tolosa, Fernando Sanz Manrique, Arismendi Mora Perdomo, Germán Botero de los Ríos, Marino Rengifo Salcedo, Emilio Urrea Delgado.