D006 P027 | Servicios Públicos

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D006 P027 | Servicios Públicos

En 1982, el Representante ERNESTO ROJAS MORALES, presentó un Proyecto de Ley que fue aprobado por la Cámara de Representantes y se encuentra pendiente de estudio en el Senado. A continuación se transcriben apartes de la exposición de motivos y el Proyecto de Ley.

La estatización de las empresas se hizo para erradicar de ellas el ánimo de lucro y para facilitar la transferencia de recursos fiscales de la Nación o del Municipio. Este postulado ya no existe.

El Proyecto de Ley corresponde a la necesidad inaplazable de reestructurar organizativa y financieramente la prestación de los servicios públicos domiciliarios, cuya incidencia en el bienestar común se ha acrecentado en la medida en que Colombia ha dejado de ser un país rural para convertirse en un país eminentemente urbano. La continuidad, la calidad y el valor de los servicios públicos especiales como los de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y recolección de basuras afectan directamente la calidad de vida de los habitantes de los centros urbanos que representan ya más del 8093 de los colombianos.

Desde hace varios años se procedió a estatizar todas las empresas particulares que se habían establecido para el suministro de acueducto y energía o la prestación del servicio de telefonía, para evitar que por el carácter monopolístico o por lo esencial de sus servicios, los propietarios de las empresas se dejaran llevar por el ánimo de lucro hasta imponer una tarifa inaccesible para los habitantes más pobres. En la Ley 126 de 1938, teniendo en cuenta que amplios sectores de la población no podrían costear sus propios servicios, se ordenó a la nación, a los departamentos y a los municipios cooperar en su financiación y desarrollo.

Infortunadamente, durante la última dé-cada estos postulados fueron reemplazados por otros totalmente contrarios en forma tal que hoy, cuando el país se aproxima al restablecimiento de la paz política, se ha encontrado con una nueva protesta violenta de carácter cívico por la carencia o por el alto costo de los servicios públicos domiciliarios, cuyos primeros brotes son ya notorios en más de una veintena de municipios.

 

El destino del servicio

Las familias usan los servicios para satisfacer una necesidad, la industria, el comercio o la agricultura derivan de los servicios públicos utilidades. El sistema financiero-económico del servicio residencial debe ser independiente del correspondiente al resto de suscriptores. Hoy el subsidio estatal lo están recibiendo por igual, lo cual no es equitativo.

Las entidades oficiales encargadas de la prestación de los servicios públicos domici­liarios tienen jurídicamente distintas formas de organización en el orden municipal, depar­tamental o nacional, con carácter centraliza­do o descentralizado y frecuentemente como empresa industrial o comercial del Estado.

En todas ellas se encuentra el común de­nominador de prestar el servicio en una determinada zona geográfica, pero sin dis­tinguir el aprovechamiento que cada consumidor obtenga de él. Es evidente que las unidades familiares consumen agua o ener­gía, o usan los servicios de alcantarillado y recolección de basuras para la satisfacción de unas necesidades vitales sin obtener un beneficio económico, mientras que el consu­mo hecho por las unidades productivas para usos industriales y comerciales sí debe con­siderarse como un insumo productivo y por tanto, sujeto de un tratamiento económico acorde con las prácticas comerciales corrien­tes.

La disparidad entre el consumo de una familia y el de una gran industria es tal que, por ejemplo, dos embotelladoras de bebidas en Bogotá consumen el agua que demanda­ría una ciudad grande de medio millón de habitantes. En forma similar, una sola indus­tria química consume el equivalente a las necesidades de energía de toda una ciudad intermedia de ciento cincuenta mil habitan­tes.

Las ayudas y subvenciones que el Estado hace a las entidades de servicio público se justifican en razón de su obligación de garantizar a todos los asociados un sumi­nistro esencial para su subsistencia y a unos costos acordes con su capacidad de pago. Por tanto, deben ser las unidades familiares las beneficiadas y no las empresas que utilizan el servicio con fines de lucro, en desarrollo de una actividad económica corriente.

Por todas estas razones el Proyecto de Ley propone independizar, como si se tra­tase de dos productos de una misma indus­tria, los servicios prestados con destino a la satisfacción de necesidades vitales de las personas y los prestados a unidades produc­tivas económicamente.

 

El control

El funcionamiento de las empresas debe ser estrictamente controlado para evitar injus­tificados aumentos de costos. Además del control administrativo ejercido por las juntas directivas debe haber un control popular (usuarios) por resultados y un control téc­nico nacional.

 

Control popular:

El crecimiento de la administración guber­namental tiene como grave consecuencia, el distanciamiento de los responsables de la tu­tela administrativa y política respecto de los ejecutores propiamente dichos. Esto ha per­mitido que las empresas municipales, por ejemplo, tornen decisiones que se apartan to­talmente del propósito nacional, o que sus errores, aunque afecten a la ciudadanía, no puedan ser corregidos ni prevenidos oportunamente. Conviene establecer la partici­pación directa de los usuarios como asesores y veedores de la administración de los servi­cios para lograr la eficiente operación de lo que ellos contribuyen a sostener económica­mente. La representación ciudadana en ca­beza de los concejales, en virtud de las últi­mas interpretaciones jurisprudenciales, no puede mantener el carácter que venía tenien­do, por tanto la norma propuesta concuerda con las disposiciones . vigentes, pero preser­vando el espíritu de la democracia participa­tiva.

 

Superintendencia Nacional:

La complejidad de la administración de ciertos servicios requiere una vigilancia técnicamente adecuada y por eso el Pro­yecto le asigna al Gobierno Nacional la eje­cución de inspecciones contables-jurídicas y técnicas para evitar que la negligencia o equi­vocación de los administradores afecte la continuidad, la calidad o el precio de los servicios. La necesidad de este control ha quedado demostrada en el caso de empre­sas que contratan empréstitos en condiciones lesivas para los intereses de los usuarios o ceden a entidades ajenas rentas a título gratuito, compran equipos en condiciones desventajosas y, en fin, abusan de la auto­nomía administrativa otorgada con miras a la simplificación administrativa.

El presente Proyecto de Ley propone una fiscalización y control que contem­ple todos estos aspectos, pero para lograr la eficacia que hasta ahora no ha sido po­sible obtener, se otorgan facultades extraor­dinarias al gobierno para crear la Superin­tendencia Nacional de Servicios Públicos, utilizando el personal y la dotación de enti­dades hoy existentes.

 

Los consumos básicos

La satisfacción de necesidades elementales familiares se clasifica como consumos básicos. El Sistema de tarifas y de matrículas se modifica para dar acceso a precios razo­nables a todas las familias. Los residentes en inquilinatos o barrios piratas podrán reci­bir suministros limitados.

Actualmente se diferencia el tipo de sus­criptor por sectores residencial, comercial e industrial y oficial o especial. Dentro del sector residencial se clasifican los suscriptores según su estrato económico, tomando como referencia el avalúo del predio y el volumen de sus consumos, o la capacidad instalada.

Esta clasificación, por lo simple, resulta inequitativa y por tanto el proyecto propone distinguir dos conceptos:

  1. El destino productivo o familiar del ser­vicio, tal como ya se discutió al tratar el tema de los objetivos de las entidades de servicio público; y

La condición económica del contratante del servicio, quien por sus características individuales se puede clasificar en niveles.

El servicio residencial se descompone en dos categorías, el que cubre los consumos de subsistencia para los hogares, denominado básico, y el que sobrepasa estas cantidades para satisfacer comodidades especiales deno­minado complementario. Se pretende con ello que la primera categoría, básico, sea especialmente tratada, subvencionada y pro­tegida, y así cumplir el propósito de garanti­zar a todo colombiano el acceso a los servi­cios, al menos en cuanto a los consumos in­dispensables.

La conveniencia de diferenciar la catego­ría de consumos básicos radica igualmente en abrir la posibilidad, hoy inexistente, para que todo hogar se convierta en un suscriptor, aunque sea uno de los varios ocupantes de la vivienda. Así, los inquilinatos o las simples viviendas compartidas podrían pedir que se facturen individualmente los consumos de cada hogar y beneficiarse de los menores costos de esta categoría. Aún sin necesidad de disponer de medidores separados, el re­glamento puede establecer que, el consumo total registrado por el medidor de una vivien­da se entenderá distribuido entre todos los hogares, por ejemplo, proporcionalmente al área privada que cada hogar ocupa en la vivienda. Se termina así la injusticia de con­siderar “despilfarradores” a los habitantes de una vivienda, sin tener en cuenta que el alto consumo señalado en la factura se debe a que los consumos de más de una familia son registrados en un solo medidor.

Al definir al suscriptor como usuario, in­dependientemente de su condición de dueño del predio, las entidades de servicio público quedan autorizadas para prestar el servicio de acueducto, energía, y alcantarillado, sin tener en cuenta la situación jurídica de te­nencia de la vivienda por parte del suscrip­tor. Los habitantes de barrios no legalizados podrán disponer del servicio sin esperar mu­chos años hasta cuando se defina la propie­dad o se autoricen los documentos que hoy se exigen para “matricular” a un suscriptor.

 

Tarifas diferenciales

La capacidad económica del suscriptor se mide actualmente por el avalúo catastral del predio que habita. Los no residenciales tienen una sola clasificación. La equidad se logra tomando un criterio técnicamente comprobado: el consumo de energía. Y en el sector productivo el peso de los servicios en el valor final del producto.

Actualmente, la diferenciación que procu­ra establecer la capacidad de pago del suscrip­tor se hace, por una parte, atendiendo el avalúo catastral del predio servido y, de otra parte, por los volúmenes consumidos, con lo cual se ha dado lugar a innumerables injus­ticias. En efecto, si una familia habita en una vivienda modesta, pero recientemente construida, aparecerá dada la inflación tan acelerada de los últimos años, con un avalúo catastral superior al de lujosas residencias construidas hace más de diez años. Si, ade­más, esa familia comparte con otros parien­tes su vivienda, el consumo de agua registra­do puede llegar a 60 metros cúbicos men­suales, apenas suficiente para la subsistencia de las dos familias, pero en la tarifa reciben una sanción igual a la que merecería un apar­tamento de soltero que. registre el mismo volumen.

 

Los cobros no autorizados por la Ley

Para reordenar todo el Sistema financiero de los servicios públicos es indispensable diferenciar en los cobros que actualmente se efectúan. Los que corresponden a tasas, contribuciones, impuestos o precios. Según definiciones jurídicas. Los cobros que hacen las empresas hoy son violatorios de la Ley.

El cambio más radical propuesto en el proyecto de ley se refiere al sistema de financiamiento, todo en procura de una equi­dad de las exacciones destinadas al sostenimiento, ensanche y prestación de los servi­cios. Las modalidades existentes no sólo resul­tan inequitativas sino antitécnicas. En virtud de ellas las empresas de servicios públicos resultan decretando impuestos, cobrando con­tribuciones y haciendo transferencias no auto­rizadas por la Ley.

Cuando una electrificadora departamental efectúa cobros a los habitantes de un munici­pio, por medio de las tarifas de energía, con destino a la extensión de la red de otro municipio servido por la misma entidad, está ha­ciendo una transferencia no autorizada legal­mente.

Por extensión del concepto puede igual­mente descalificarse la práctica de cobrar por medio de las tarifas, a las familias que hoy residen en un municipio, los dineros para fi­nanciar los ensanches necesarios para atender las nuevas familias que vengan a radicarse a esa localidad. El crecimiento migratorio, que no es responsabilidad de la población actual, no puede representar una carga eco­nómica para ellos.

Cuando las empresas de acueducto cobran un derecho de conexión están fijando una contribución similar a la de valorización au­torizada para financiar obras públicas cuyo beneficio podía particularizarse en un núme­ro limitado de personas. Sin embargo las entidades de servicio público no están auto­rizadas para percibir contribuciones.

Existe por tanto en el cobro de tarifas de las empresas de servicios públicos una mezcla de exacciones. Además de la simple tasa, de­terminadas en su cuantía y modalidad por las juntas directivas de las entidades municipales. El Congreso como representante del pueblo, única entidad con capacidad de establecer im­puestos y contribuciones está siendo despla­zado por funcionarios sin responsabilidad política.

No sólo por equidad sino por el propó­sito de restablecer el orden jurídico, el pro­yecto de ley propone un reordenamiento del sistema de financiación de los servicios pú­blicos.

Como pauta, se ha consultado la ponencia del consejero Guillermo Hernández Rodrí­guez, en el Consejo de Estado (29, Noviem­bre de 1946) cuya doctrina ha sido ratificada con fallos posteriores. Al respecto dice:

 

Las tasas

“De conformidad con todas estas definicio­nes el elemento esencial que caracteriza la tasa es la noción de contraprestación, de dout­des. El individuo entrega dinero a la adminis­tración pública y en cambio recibe una com­pensación concreta, un servicio determinado. Existe en este fenómeno fiscal una espe­cie de equilibrio de contraprestaciones entre el ESTADO Y EL INDIVIDUO. Quien pone un telegrama o envía una carta por correo, está pagando al Estado un servicio que éste le presta. Si la Administración pública, por las condiciones ventajosas en que se encuentra con respecto a los particulares, exige una re­muneración exorbitante por los servicios que presta, se tendría que junto a la tasa, super­puesta a ella, vendría a existir un impuesto”.

 

Las contribuciones

“La contribución es una cuota de los par­ticulares para cubrir el costo de una obra concreta que les beneficia en su calidad ju­rídica de propietarios de determinados bienes. La tasa presupone un servicio público en acti­vidad. El usuario únicamente paga la utiliza­ción del servicio. Con la contribución el in­dividuo participa en la construcción de una obra suministrando la parte proporcional que le puede corresponder. El ejemplo más carac­terístico de contribución en la legislación colombiana es el mal llamado impuesto de valorización, conocido en Norteamérica con el nombre de “Special assesment”.


Los precios comerciales

“En la actualidad casi todos los departa­mentos colombianos tienen fábricas de su propiedad para producir esas bebidas (las al­cohólicas) que venden al mercado bajo su ex­clusivo control. Las ganancias de esta activi­dad industrial constituyen una importante renta departamental. Estas ganancias no pue­den considerarse como provenientes de un impuesto exclusivamente, ni como una tasa, ni como una contribución. Se trata del precio de un artículo que el Estado produce y vende. Al costo de producción de cada unidad se agregará la ganancia media corriente en el mercado en situaciones económicas dadas. En este caso el Estado realiza un beneficio de carácter industrial y comercial.

El proyecto de Ley pretende hacer una total claridad en la índole de los cobros que ha­ce a los usuarios y beneficiarios del servicio, clasificándolos en tasas, contribuciones de valorización, precios comerciales, e impuestos de destinación específica.

En el manual de ciencia de la Hacienda, el tratadista Federico Flora afirma: “La trans­formación de las tasas en impuestos es la nota más saliente de la reciente evolución de los sistemas tributarios, la causa primaria de la confusión y la incertidumbre que reinan en la teoría y en la práctica acerca de su conte­nido”.

 

El problema de las tarifas actuales

El actual sistema de tarifas es inequitativo a pesar de que se muestra como redistributivo en favor de los más pobres. El diseño pro­puesto permitirá la eliminación de las grandes injusticias que ocurren por imprecisiones de medida o errores administrativos. La Upaquización como acelerador de la Injusticia.

Dos principios inspiran el diseño actual de las tarifas de servicio público domiciliar, el desestimulo al despilfarro y el esfuerzo redistributivo del ingreso entre la población. Tanto en acueducto como en energía, las ta­rifas son progresivas, es decir el valor unita­rio aplicado para liquidar el consumo aumenta según el mayor nivel de consumo. Se esperaba al establecer este castigo tarifario desestimu­lar el consumo suntuario de energía o de agua, partiendo de la suposición de que la mayoría de los hogares tenían hábitos despilfarradores.

En cuanto al esfuerzo redistributivo, las tarifas establecieron criterios de estratifica­ción económica de los consumidores, basados unas veces en el avalúo catastral del predio ser­vido (acueducto, teléfonos, basuras) y otros por la capacidad de consumo del suscriptor (energía). Según tal estratificación se estable­cieron tasas unitarias más altas que el costo promedio por unidad de servicio, para los sus­criptores residenciales de alto nivel y para los suscriptores industriales. El producido de este sobrecosto se aplica a subsidiar a los sectores residenciales de menores ingresos, a las enti­dades oficiales y a las de beneficiencia.

Contrariando el principio de la “equidad” frente a la tasa, se le impuso así una función propia de los impuestos y de imposible cum­plimiento, pues el servicio domiciliar no llega a todos los ciudadanos, ni la magnitud del sobrecosto cobrado a unos pocos, representa montos importantes para redistribuir entre la gran mayoría conformada por los consu­midores de bajos ingresos.

Flor Ángela Gómez y José Fernando López, en un estudio reciente (1981), al analizar las tarifas de acueducto en Bogotá, afirman: “El quintil inferior deja de pagar 58 pesos al mes en tanto que el superior paga un exceso de 103 pesos respecto a lo que tendría que pagar en una estructura no redistributiva…” Y más adelante concluye: … “Solamente el 2090 de la población ubicada en los niveles más altos de los ingresos, transfiere hacia otros grupos; desafortunadamente lo hace en una suma tan baja que no llega a representar una décima del 190 de su ingreso”

La estructura progresiva de las tarifas ac­tuales tiene el efecto nocivo de magnificar las fallas administrativas muy frecuentes por cierto, en el proceso de medición, facturación y cobro de los servicios. Sin excepción, los sistemas de medición son imprecisos, o por lo menos no tienen los estrechos márgenes de error exigibles ante la aplicación de unas tari­fas que pretenden castigar los excesos de con­sumo. En los servicios con medidor domiciliar (acueducto y energía), el intervalo de lectura varía de ciclo en ciclo, de tal manera que sin haber alterado el consumo promedio diario, el suscriptor recibe un tratamiento tarifario distinto según sea el consumo total.

Con fines de economía de costos adminis­trativos, varias empresas adoptaron el siste­ma de facturación bimensual, con lo cual, cualquier desviación del consumo corregible por el suscriptor, como un escape de agua, no es percibido sino después de haber transcu­rrido un tiempo suficiente como para dar origen a facturaciones “alocadas”, como las llaman sus víctimas.

El sistema tarifario existente ha demostra­do ser ineficiente en la represión de los altos consumos y además no ha podido contribuir significativamente en el propósito de la redis­tribución de los ingresos, por el contrario, las inadecuadas clasificaciones de suscriptores por categoría y la imprecisión del sistema de medición, causan irritantes problemas de ine­quidad económica con los suscriptores.

 

Factores de encarecimiento

Los ensanches se están proyectando para de­mandas sobre-estimadas. Hoy no se factura todo lo que se consume recargando costos. La financiación extranjera resulta insostenible.

Los estudios generalmente aceptados hoy sobre las demandas futuras suponen un creci­miento de la demanda por energía, agua pota­ble, teléfonos, etc., que sigue un derrotero histórico de la tendencia observada en los úl­timos años. Pero es previsible que este méto­do esté conduciendo a unas metas exageradas para la provisión de servicios y creando por consiguiente necesidades de financiamiento de mayor volumen y urgencia que las reales.

La industria no ha podido crecer a ritmos distintos de los que le impone el mercado nacional cuyas tasas de crecimiento son aún más lentas que las demográficas. El proceso regresivo de la distribución del ingreso ocurri­do en la última década ha restringido la por­ción de la población con capacidad para con­sumir productos de origen industrial.

Las mismas entidades internacionales que propusieron y financiaron los ensanches de la infraestructura en servicios públicos, han reconocido que la sola disponibilidad de éstos no es suficiente para lograr el crecimiento industrial o el asentamiento de nuevas empre­sas transnacionales en países como el nuestro. Todo esto hace suponer que las proyecciones de la demanda de energía hidroeléctrica a razón de 10.5% anual deben revisarse y que como consecuencia las metas y el financia­miento de ellas, pueden fijarse con dimensio­nes menores de las que se proponen.

 

El subempleo de la infraestructura

Tanto en energía como en acueducto son muy apreciables los volúmenes del fluido que no pueden facturarse, o bien porque no se suministra el servicio a quienes pudieran disfrutarlo o bien porque existen consumos no registrados. En la mayoría de las ciudades, los reglamentos de suscriptores e incluso nor­mas para tutelar el cumplimiento de planes reguladores urbanos e incluso el respeto a la propiedad particular. Ante la inoperancia de los organismos policivos, se ha impuesto a las empresas la obligación de negar la prestación de los servicios a los predios que no demuestren tener saneados sus títulos de propie­dad y autorizadas las construcciones en él existentes. Tan extraña práctica ha llevado a un inmenso número de familias a recurrir al servicio de agua por pilas públicas o a la co­nexión clandestina de la electricidad. Es de suponer que no sólo la calidad del servicio en estas condiciones, es deficiente, sino que el perjuicio económico para la entidad de ser­vicios públicos es enorme. En términos gene­rales la cantidad de energía y de agua que no se factura, descontadas las pérdidas técnicas en el proceso de la distribución, es grande y está representada por la conexión clandestina o el fraude en contadores.

 

Los costos financieros

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Mundial) y el Banco Interameri­cano de Desarrollo (BID), irrumpieron aún antes de iniciada la década del 60 con prés­tamos de gran magnitud para financiar varios proyectos de suma importancia. Los plazos fueron entonces generosos, veinticinco años, y las tasas de interés blandas, 6% anual. El apoyo a las obras de infraestructura en servi­cios públicos de comunicaciones, transporte, energía y puertos, fue muy notorio hasta co­mienzos de la década de los años 70; cuando se operó un cambio de política en los bancos internacionales, debido al lento resultado ob­servado por ellos en el impacto de tan grandes inversiones para inducir el “despegue” hacia el desarrollo. La lucha contra la pobreza para “cerrar la brecha” entre ricos y pobres, fue para el Señor McNamara, Presidente del Banco Mundial, una nueva bandera con expresiones bien definidas en Colombia en programas como el PAN y el DRI (Programa de Alimentación y Nutrición, Desarrollo Regional Integrado).

Esto ha traído como consecuencia que las entidades de servicios públicos hayan debido, cada vez con más frecuencia, recurrir al cré­dito comercial de los bancos extranjeros, con plazos mucho más cortos, del orden de 10 años, e intereses elevados. Incluso los prés­tamos del Banco Mundial y del BID, dejaron de ser blandos, pasaron a intereses del 10% sin variar los incómodos condicionamientos sobre compras, supervisión, etc. Estas circuns­tancias, se vieron agravadas por el procedi­miento gradual y permanente de devaluación interna del país adoptada desde 19%, según el cual el servicio de la deuda debía cargar en cada cuota con el peso de la devaluación, además los altos intereses, y la premura de los plazos.

Como característica especial del sector, puede anotarse la gran disparidad existente entre la dilatada vida útil de las obras civiles financiadas por empréstitos internacionales y los plazos de amortización que obligan a distribuir unas cuotas de enorme cuantía entre un número de usuarios, los actuales, necesariamente menor al que realmente se beneficia del servicio de esas obras por ochen­ta o cien años durante los cuales se mantienen útiles las represas, túneles, canales y construc­ciones similares.

 

Desorden institucional

El criterio de funcionalidad ha disgre­gado el tratamiento de los servicios públi­cos, en el Ministerio de Salud para acueduc­tos y alcantarillados, en el de Minas y Energía para el servicio de electricidad, y en el Depar­tamento de Planeación Nacional en cuanto a servicios prestados por las Corporaciones Re­gionales de Desarrollo. El aprovechamiento de las aguas y la administración de las hoyas, fue un elemento unificado que se intentó utilizar sin mucho éxito, al crear instituciones gestoras comunes a varios servicios. Hoy pa­rece primar en la organización institucional una relativa especialización por servicio do­miciliar y dentro de éste, por la índole de la función financiadora, productora, distribui­dora o vendedora que cumplen dentro del proceso.

En electricidad y en telefonía, donde la interconexión puede usarse como factor de poder, la nación ha aumentado su injerencia en las entidades departamentales y municipa­les pero sin estar exenta de ineficiencias.

Esta gran diversidad de criterios organiza­tivos y la proliferación de entidades han hecho muy costosa la administración de los servicios públicos. Las entidades de servicios públicos no han sido tampoco ajenas al proceso de burocratización a que ha estado sometida en general la administración pública durante estos últimos años de altas tasas de desempleo general.

El sistema prestacional de las entidades de servicio público, es más amplio que el del resto del sector público. Son comunes las primas o bonificaciones adicionales, la pensión sin límite de edad, los fondos de vivienda, educación y deportes, etc., como formas de remuneración complementaria pero con visos de extralimitar las capacidades financieras de las empresas, especialmente en cuanto a las cargas prestacionales de pensiones y ce­santía, constitutivas de un pasivo incierto.

Puede considerarse, además, que el control fiscal que se ejerce sobre la mayoría de las entidades gestoras de servicios públicos es antitécnico. Los revisores aunque son desig­nados por los Concejos Municipales o las Con­tralorías, se limitan a ejercer un control nu­mérico-contable, no participan en la interven­toría de obras, ni revisan la facturación de los servicios.

 

Proyecto de Ley número 100 de 1982

“Por medio de la cual se organiza, regula y fiscaliza la prestación de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de Colombia
Decreta:

ARTICULO lo. Las entidades estatales responsa­bles de prestar los servicios públicos domiciliarios de­finidos en esta ley tendrán como objetivo primordial satisfacer la demanda que por los servicios básicos corresponda a toda unidad familiar.

 Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

lo.) SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: Los de acueducto y alcantarillado, energía eléctrica; telefonía y recolección de basuras;

2o.) SERVICIOS BASICOS: Los correspondientes a un aceptable nivel de vida individual, familiar y comunitario, de acuerdo con predeterminadas condi­ciones de regularidad, calidad y cantidad.

ARTICULO 2o. Cuando las entidades estatales hu­bieren de prestar los servicios señalados en el artículo anterior con destino a actividades agropecuarias, co­merciales, industriales o de servicios, públicas o pri­vadas, se adoptará por tales entidades un régimen específico de administración contable-financiera, si­milar al que hubiere sido establecido en las empresas industriales y comerciales del Estado.

 

Del control

ARTICULO 3o. Las entidades que tengan como objeto propio la prestación de los servicios públicos domiciliarios estarán sometidas a la inspección, con­trol y vigilancia del Estado, en los términos que esta misma ley consagra.

El control será administrativo, operativo, contable y financiero, y se ejecutará para garantizar en cada servicio la normal prestación a los usuarios y su efi­ciente gestión técnico-económica.

ARTICULO 4o. Con el carácter de organismo de asesoría y colaboración, en cada municipio funciona­rá una comisión municipal de usuarios. La comisión colaborará con el gobierno nacional en sus labores de inspección, control y vigilancia, y prestará asesoría a los directores, gerentes o administradores de las en­tidades gestoras de los servicios públicos domiciliarios.

Cada comisión estará integrada por once suscrip­tores y sus respectivos suplentes, que serán elegidos para períodos anuales, en asamblea de usuarios, com­puesta por la totalidad de suscriptores, o por quinien­tos de los mismos, que serán seleccionados mediante sorteo.

PARAGRAFO. El reglamento determinará las ciu­dades en donde sea más adecuado constituir separa­damente comisiones de usuarios por cada uno de los distintos servicios públicos domiciliarios.

 

De las clases de servicio

ARTICULO 5o. Para los efectos del régimen ad­ministrativo, económico y financiero que les sea aplicable, habrá servicios residenciales; y servicios industriales y comerciales.

Servicios residenciales son los destinados a unida­des familiares para proveer requerimientos vitales de los usuarios.

Servicios industriales y comerciales son los desti­nados a proveer los requerimientos de actividades relativas a la extracción, producción, transformación y distribución de bienes o a la explotación de servicios.

PARAGRAFO: Además, se entenderán como ser­vicios residenciales los que se presten con los siguientes objetos:

  • Atención de las zonas comunes de conjuntos
  • Cumplimiento de las reglamentaciones de higie­ne y salubridad, dictadas en consideración de trabaja­dores, residentes en tránsito y temporales, clientes y

ARTICULO 6o. Los servicios residenciales se clasi­ficarán como servicios residenciales básicos o servicios residenciales complementarios.

Son servicios residenciales básicos los constituidos por suministros mensuales hasta de treinta metros cúbicos de agua potable y 400 K.W. hora.

Los servicios de acueducto y alcantarillado y re­colección de basuras de origen doméstico prestado a usuarios cuyos niveles de consumo se hallaren den­tro de los rangos arriba señalados también se consi­deran servicios residenciales básicos.

PARAGRAFO. Los niveles de consumo de estos servicios podrán modificarse por razones demográficas o de clima que originen mayores requerimientos básicos.

Corresponderá al gobierno nacional decretar las modificaciones del caso.

 

De los suscriptores

ARTICULO 7o. Los suscriptores de servicios resi­denciales serán clasificados en niveles, de acuerdo con su capacidad económica, la cual se graduará tomando en cuenta el patrón de consumos de energía eléctrica.

Dicho patrón habrá de elaborarse con fundamento en la observación sistemática de los consumos residenciales, practicada durante períodos no inferiores a doce meses.

ARTICULO 80. Los suscriptores de los servicios industriales y comerciales serán clasificados en niveles, para cuyo efecto se tomará en cuenta la participa­ción del insumo servicios públicos en el costo unitario de producción de los bienes o servicios que produzcan comercialicen o suministren.

ARTICULO 9o. Todo suscriptor de los servicios públicos domiciliarios ha de. ser usuario real de los mismos.

La condición de arrendatario, inquilino parcial de una vivienda o mero ocupante no será en ningún momento óbice para adquirir la matrícula de suscriptor.

ARTICULO 10. Las entidades oficiales, eclesiásti­cas, de utilidad común o interés social, y las demás asociaciones de derechos privado tendrán respecto de las entidades gestoras los mismos derechos y obli­gaciones de los suscriptores en general.

 

De las tarias

ARTICULO 11. Los suscriptores contribuirán, se­gún la regulación que sigue, al simple sostenimiento de los servicios públicos domiciliarios, o a su soste­nimiento, ensanche y capitalización.

ARTICULO 12. Los suscriptores de servicios resi­denciales cancelarán periódicamente, por los servicios que se les haya prestado, las tasas que les correspondan de acuerdo con tarifas previamente establecidas.

Las tasas sólo comprenderán los costos de sosteni­miento de cada servicio.

ARTICULO 13. Los suscriptores de servicios in­dustriales y comerciales cancelarán periódicamente por los servicios que se les haya prestado, los precios que les correspondan, según las tablas de tarifas pre­viamente establecidas.

En la fijación de precios habrá de tenerse en cuen­ta el objetivo de permitir a las entidades gestoras sos­tener y ensanchar los servicios y capitalizar adecua­damente.

PARAGRAFO. Para esta clase de suscriptores, las entidades gestoras de los servicios de acueducto y alcantarillado o recolección de basuras podrán impo­ner sobreprecios, si el volumen o las características de las basuras o de los deshechos que generen hicie­ran imprescindible proveer fondos para su adecuada disposición ecológica.

Asimismo podrán obrar las entidades gestoras de los servicios de energía eléctrica, si la magnitud de consumos no guarda relación con la potencia ins­talada.

ARTICULO 14. Los suscriptores de los servicios residenciales básicos pagarán valores iguales por cada unidad de servicio prestado efectivamente, en los ser­vicios residenciales complementarios podrán fijarse tarifas diferenciales, de acuerdo con los niveles de clasificación de los suscriptores, pero éstos pagarán tarifas uniformes dentro de cada nivel.

No habrá factores de progresividad para las tarifas aplicables dentro de cada nivel.

ARTICULO 15. Las entidades gestoras al fijar las tarifas del servicio residencial, no podrán trasladar al usuario costos distintos de los de operación y sos­tenimiento.

El gobierno nacional velará especialmente por la cabal observancia del anterior precepto.

ARTICULO 16. Las entidades gestoras podrán reajustar periódicamente las tarifas de los distintos servicios, con el único objeto de mantener su valor real

Empero, los reajustes que se ordenen en los servi­cios residenciales no serán superiores a la proporción que hubiere variado el salario mínimo promedio du­rante la vigilancia de las tarifas que fueren materia del reajuste.

ARTICULO 17. Las tarifas que se apliquen en el servicio industrial y comercial serán diferenciales, de acuerdo con los niveles de clasificación de los sus­criptores.

Cuando vayan a fijarse precios para el servicio industrial y comercial, las entidades gestoras deberán observar el principio de la menor incidencia del costo de los servicios públicos en el nivel nacional de pre­cios al consumidor.

Además, tendrán en cuenta la política estatal sobre localización y asentamiento de industrial, a fin de que los precios obren como incentivo para que el sector empresarial coadyuve a la observación de aquella.

ARTICULO 18. Las transacciones que celebren entre sí las entidades gestoras y que versen sobre cualquiera de las fases de operación de los servicios, tales como: ventas en bloque, transmisión e interco­nexión eléctricas, conexión o enlace telefónico, servicio de distribución, facturación y cobro, o sobre la totalidad del proceso, serán objeto de previa inspección del gobierno nacional.

La inspección administrativa tendrá como objeto establecer si en tales transacciones ha sido observado a cabalidad el principio de la menor incidencia del costo de los servicios públicos en el nivel nacional de precios al consumidor y si en las mismas fue tenida en cuenta la política estatal en materia de territoria­lización industrial.

PARAGRAFO. Las transacciones que se celebren para satisfacer los requerimientos de la categoría de consumos básicos del servicio residencial, no podrán generar utilidades para ninguna de las entidades ges­toras participantes.

Tales transacciones serán propiciadas a fin de ob­tener la unificación tarifarla de este servicio a los valores más reducidos posibles.

 

De los beneficios y su contribución

ARTICULO 19. Los propietarios de inmuebles ur­banos o rurales adquieren la condición de beneficiarios de los servicios públicos cuando sus bienes raíces se valoricen como resultado de obras ejecutadas para la prestación de aquellos.

ARTICULO 20. Las entidades gestoras de los ser­vicios públicos domiciliarios percibirán el impuesto de valorización que se cause cuando hubiere obras em­prendidas por ellas, directa o indirectamente.

El productor del gravamen no podrá ser invertido sino en la financiación de proyectos y programas de ensanche y ampliación a cargo de la respectiva enti­dad gestora.

ARTICULO 21. El pago de las contribuciones de valorización podrá hacerse a plazos, según los reglamentos de las entidades gestoras.

En ningún caso, la prestación del servicio podrá suspenderse o negarse, so pretexto de mora en cu­brir las antedichas contribuciones.

 

De la financiación

ARTICULO 22. Con la denominación “PRO-SERVICIOS PUBLICOS”, establécese una sobretasa de consumo de mayor volumen de energía eléctrica y de agua potable.

El valor de la sobretasa no podrá ser inferior al 10% ni superior al 50% de los valores facturados por los antedichos servicios.

Al establecer las bases de liquidación de la sobreta­sa, se aplicará el criterio de que en las regiones en donde los costos del servicio sean más altos el valor del gravamen debe resultar menor y viceversa.

Para estos efectos, son consumos de mayor volu­men:

  • En los servicios de energía de 3.000 KW-H mes en adelante;
  • En los servicios de acueducto de 200 metros cú­bicos mes en adelante.

PARAGRAFO. Si los servicios no fueren prestados por las entidades gestoras estatales, la sobretasa se liquidará con base en los consumos registrados y con su valor probable de facturación, el cual se estimará mediante la aplicación de las tarifas que hayan puesto en vigencia las entidades oficiales que operen en la respectiva vecindad.

PARAGRAFO. Sin excepción, todos los suscrip­tores de los servicios de energía y acueducto cancela­rán la sobretasa, si registran los consumos arriba indicados.

 

Del sistema nacional de servicios públicos

ARTICULO 23. De conformidad con el numeral doce del artículo 76, de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año, que transcurrirá a partir de la vigencia de esta ley, para los efectos siguientes:

1) Definir la naturaleza, fines, objetivos y estruc­tura del sistema nacional de servicios públicos, en orden a integrar las políticas, metas y objetivos de las entidades gestoras que habrán de componerlo, en los campos administrativos financieros, tarifarios y operativos,

2) Establecer, con la denominación de Fondo Na­cional de Servicios Públicos, un organismo unificado de financiación del sistema nacional de servicios públicos.

Para este fin el Presidente de la República podrá:

  1. Suprimir y fusionar los organismos y las entida­des oficiales que hayan sido establecidos con objeti­vos idénticos o similares a los del fondo.
  2. Señalar los recursos que constituirán el patri­monio del Fondo, con incorporaciones de la sobretasa “PRO-SERVICIOS PUBLICOS” establecida la presente ley.
  3. Atribuir al fondo capacidad para captar ahorro interno, emitir títulos valores, celebrar convenios de administración fiduciaria con entidades bancarias ofi­ciales, refinanciar la deuda externa o interna de las entidades gestoras del sistema, y financiar a corto, mediano y largo plazo sus planes y proyectos de infraestructura;
  4. Reformar el artículo 45 del decreto 444 de 1967 y destinar no menos del 80o/o de las utilidades netas de la cuenta Especial de Cambios al Fondo Na­cional de Servicios Públicos.

La destinación de estos recursos se prescribirá ex­clusivamente para financiar o refinanciar planes y proyectos de inversión, con prioridad en cuanto a los reembolsos que deban efectuarse en moneda ex­tranjera.

PARAGRAFO. El gobierno nacional podrá es­tablecer un plazo de tres años para que el monto definitivo de que trata el inciso primero de este literal ingrese en su totalidad al Fondo Nacional de Servi­cios Públicos, precaviendo que durante tal lapso los ingresos de éste no sean inferiores al 30% de los rendimientos de la cuenta de que proceden.

3) Crear con el carácter de superintendencia, un organismo de control, inspección, vigilancia, coordi­nación y asistencia técnico-administrativa del sistema nacional de servicios públicos.

En orden a este cometido, el Presidente de la Re­pública podrá:

  1. Suprimir la Junta Nacional de Tarifas y las de­pendencias de vigilancia y control de los servicios públicos, existentes en los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencia y entidades adscri­tas o vinculadas a la rama Ejecutiva;
  2. Asignar como atribución específica del organis­mo que se ha creado la de dictar los reglamentos a que debe someterse la Prestación de los Servicios Públicos domiciliarios,
  3. Atribuir al organismo de que se trata, competen­cia general para garantizar a los usuarios de los servi­cios públicos domiciliarios el normal funcionamiento de las entidades gestoras y la prestación regular, eficaz y continua de cada servicio;
  4. Encomendar a la misma entidad la función de velar por la cabal observancia de los principios y cri­terios consagrados en esta ley sobre política tarifaria para las entidades del sistema nacional de servicios públicos.

ARTICULO 24. Dos representantes y dos Senado­res de las Comisiones Primeras, dos Representantes y dos Senadores de las comisiones sexta, designados por las respectivas mesas directivas, asesora por las respectivas mesas directivas, asesorarán al gobierno nacional en la redacción de los Decretos-Leyes que se expidan en desarrollo de las facultades que esta ley confiere.

ARTICULO 25. Esta ley regirá desde su promulgación.

Presentado por los H. Representantes:

ERNESTO ROJAS MORALES

EMILIO ALJURE

SILVIO MEJIA ALFONSO VALDIVIESO