D009 P043 | Paz, reforma política y democracia

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D009 P043 | Paz, reforma política y democracia

Pronunciamiento de Luis Carlos Galán pu­blicado en el libro “Reformas políticas, aper­tura democrática” de la Editorial Oveja Negra.

 Como se ha indicado siempre, la violencia en Colombia tiene múltiples causas, en mi opi­nión, la que tiene mayor trascendencia política es la ausencia de instituciones que sean reco­nocidas por todos los sectores para decidir los conflictos sociales y económicos. Las actuales instituciones cuentan con una base de legiti­midad considerable, sin embargo, todavía es insuficiente como lo demuestra el hecho que diversos grupos se han sublevado contra ellas y sectores muy numerosos no se sienten vincu­lados a tales instituciones. En el proceso de búsqueda de la paz o de revitalización de los esfuerzos que se han dado para alcanzarla, con­sidero muy importante examinar —desde el punto de vista de quienes queremos la plena vigencia de la democracia en Colombia— cuál es el grado de desarrollo de las instituciones democráticas, qué puntos son fundamentales para modernizar nuestro sistema político y hasta qué grado se puede decir que en Colom­bia la autoridad del Estado surge de un siste­ma democrático en el cual las elecciones son libres y competitivas, en qué proporción to­dos los sectores sociales y económicos tienen oportunidad de influir en las decisiones del Estado y qué significado tiene todo esto en el éxito del proceso de paz. Lo que voy a comen­tar no es el resultado de un análisis completo como el que ha hecho el Nuevo Liberalismo en la elaboración de su plataforma política si­no una síntesis, muy global, sobre los elemen­tos de las reformas que esta fuerza política considera indispensables en el proceso de de­mocratización del país. Lo que se examina en estos párrafos se refiere específicamente a lo político y no incluye comentarios sobre los factores sociales y económicos de la democra­cia y de la paz en Colombia, pues se trata de colaborar con una publicación que deliberada­mente quiere enfatizar las relaciones entre la paz y la reforma política como uno de sus ca­pítulos indispensables, pero no como el único factor de aquella. 

Ni la democracia colombiana es tan perfec­ta como creen algunos ni tan precaria como piensan otros. La nuestra es una democracia restringida y por lo mismo debe evolucionar hacia nuevos niveles de desarrollo para multi­plicar las posibilidades de los diversos sectores sociales de intervenir en el control de las deci­siones del Estado. Sin embargo, no vivimos bajo un régimen autoritario o dictatorial. Es un error menospreciar las llamadas libertades formales y debilitar la democracia por reducir­lo todo a las expectativas maximalistas. Una aproximación objetiva al análisis de nuestro régimen político debe considerar tanto lo que nos falta en materia de democracia como lo que ha conquistado la Nación, gracias al esfuer­zo de varias generaciones inspiradas en objeti­vos democráticos.

La reforma política que necesita el país no es tan sólo un problema jurídico de elabora­ción de textos constitucionales y normas lega­les. Principalmente es un asunto de cultura política, es decir, adquisición de valores, cam­bio de mentalidad y formación de conciencia sobre los derechos y deberes propios de un sis­tema democrático. Sin educación política no hay democracia. Las gentes organizadas den­tro de un Estado democrático necesitan cono­cer sus instituciones y adquirir los valores de­mocráticos desde sus primeras experiencias sociales. Los valores esenciales de la democracia son la libertad, la igualdad y la respon­sabilidad. Si falta cualquiera de ellos, la demo­cracia es restringida o su vigencia es precaria. Personalmente no creo en la validez de los ca­tecismos y catálogos políticos. En cambio, pienso que la creación de una mentalidad ana­lítica y crítica en todo ser humano es la mejor garantía de la dignidad de su existencia y por lo mismo de su vocación irrenunciable hacia la democracia, por ser éste el sistema político que se inspira én el más alto concepto de dig­nidad humana. Existe un marco internacional que no puede olvidarse en el momento de ana­lizar las perspectivas de la democracia política en Colombia y en los países de América Lati­na. Ninguna sociedad logra su libertad interna si carece de libertad externa y tampoco alcan­za la segunda si carece de la primera.

El progreso inmediato de la democracia en Colombia depende de dos actitudes simultá­neas y complementarias. Por un lado, que quienes se vincularon a la subversión reconoz­can que la vía armada se agotó en nuestro país y en vez de conducir a la transformación de la sociedad lo único que consigue la violencia subversiva es la respuesta de la violencia repre­siva. Y por el otro lado, es indispensable que quienes invitan a los grupos subversivos a in­gresar a la lucha política dentro del marco institucional estén dispuestos a aceptar la vi­gencia real de un conjunto de reglas de juego claras e imparciales para garantizar la competi­tividad y la libertad del proceso político. Esta­blecidas estas premisas, considero oportuno comentar algunos de los puntos significativos en el contenido de la reforma política, en lo que se refiere a proyectos de ley o de actos le­gislativos.

 

La reforma electoral

La reforma electoral que tramita el Congre­so recoge ciertos avances pero no es suficiente para garantizar la plena transparencia de la ex­presión de la voluntad popular sin la cual no hay libertad política. Entre las novedades de esta reforma resultan positivos algunos hechos como el fortalecimiento de la Corte Electoral, la relativa actualización del censo electoral, las nuevas causales de reclamación en los escruti­nios, la sanción a los delitos electorales, la sim­plificación de trámites y el apoyo presupupstal a la Registraduría. Sin embargo, todavía es ne­cesario asegurar la indeperidencia plena de la Corte Electoral y garantizar, sobre todo, tanto la libertad y el secreto absolutos del voto co­mo la plena actualización del censo electoral. La representación de las minorías debe conse­guirse y asegurarse con la creación de circuns­cripciones nacionales que permitan a los gru­pos minoritarios la posibilidad de acceder al Congreso si alcanzan determinados porcenta­jes mínimos al sumar las votaciones logradas en las actuales circunscripciones electorales.

Es indispensable crear límites máximos a los presupuestos de las campañas políticas pa­ra evitar ventajas indebidas para los grupos o partidos que tienen mayores fuentes de finan­ciación, pues esta circunstancia destruye la competitividad de las elecciones.

 

Artículo 120

El parágrafo del artículo 120 es la prolon­gación de los esquemas bipartidistas que han predominado en Colombia. No puede ser una norma de vigencia indefinida. Corresponde al diseño de la transición entre las instituciones del Frente Nacional y la democracia no restringida. Su texto actual se presta a toda suerte de interpretaciones porque todo lo refiere a juicios de valor sobre lo adecuado y lo equitativo. En realidad no le impide al Gobierno la concepción de su propio proyecto político ni obliga a ningún grupo o partido a permanecer en el Gobierno. Cada administración lo ha aplicado con criterios diferentes. El problema funda­mental ha sido la ambigüedad que determina en la definición de responsabilidades políticas —así sea de diverso grado— para todas las fuerzas representadas en el Gobierno. No es igual la responsabilidad del partido al que pertenece el jefe del Estado y la del partido que tiene cinco ministros; ésta, a su turno, es diferente a la responsabilidad de quien cuenta en el ga­binete con la representación de un solo minis­tro, sin embargo, todos los sectores tienen un grado de responsabilidad en los actos del Go­bierno en los cuales han tenido alguna injerencia y este es el punto vital para la democracia que se vuelve confuso por culpa del parágrafo del 120. Pienso que toda autoridad democráti­ca debe ser responsable ante los gobernados y en la fórmula del 120 esta responsabilidad tiende a diluirse.

 

Estatuto de oposición

La democracia es, entre otras cosas, un sis­tema de controles. El primer control del po­der lo debe ejercer quien, dentro de la Consti­tución, se opone al Gobierno. Oponerse a un Gobierno en la democracia no es desconocer su legitimidad sino contradecir sus criterios y estrategias para crear la posibilidad de otras alternativas políticas. Este concepto elemental para vivir la democracia todavía no lo hemos asimilado los colombianos, aun cuando ya pa­só la época de la oposición sectaria y salvaje.

Para que exista oposición, como elemento fundamental de la democracia, no basta el comportamiento amplio del gobernante frente a sus críticos ni su ejemplo de respeto a los derechos de sus antagonistas, lo importante es definir estos derechos y tutelarlos tanto en la Constitución como en las leyes que desarro­llen sus principios. Es un problema formal pretender que todos los derechos de la oposi­ción queden consagrados por una ley, lo sus­tantivo es asegurar que un conjunto de normas complementarias garanticen la libertad y la competitividad de la oposición en su derecho a buscar el poder. Entre estas normas deben estar las que aseguren la imparcialidad del sistema electoral, la carrera administrativa, el acceso a los medios de comunicación, la limi­tación de los presupuestos de las campañas políticas y, sobre todo, la existencia de varios partidos políticos pues, en un régimen de par­tido único, ni hay oposición ni puede sobrevi­vir la democracia.

El estatuto de la oposición supone un ele­mento de reciprocidad y es que así como al partido o los partidos que no están en el Gobierno se les deben ofrecer las garantías enun­ciadas, éstos a su turno deben aceptar un consenso básico sobre la vigencia de la Consti­tución, a pesar de las diferencias que puedan tener con el partido de Gobierno.

 

La carrera administrativa

Dicen que los ingleses se demoraron un si­glo para entender que el servicio civil debe es­tar libre de favoritismos, privilegios y ventajas por nepotismo o conceptos clientelistas. Los colombianos ya completamos ochenta años en el itinerario de un proceso semejante y aún no hemos conseguido tal grado de conciencia po­lítica. Tal parece que fue Uribe Uribe la pri­mera persona que propuso en 1904 la carrera administrativa. En mi opinión ésta debe ex­tenderse también a los niveles departamentales y municipales de modo que el ingreso al servi­cio público se cumpla en condiciones de igual­dad y los ascensos en el servicio civil depen­dan de la capacitación y los méritos de los empleados públicos. Es necesario que los em­pleados del Estado gocen de estabilidad den­tro de un régimen de derechos y deberes. En teoría los partidos siempre aceptan estos pos­tulados pero, luego, cuando llega la hora de las decisiones, se presentan hechos como los de 1983 cuando se produjo el trámite de un proyecto de ley sobre carrera administrativa y el texto aprobado desvirtuó el sentido de la misma o lo redujo a modestas proporciones. Mientras subsistan estas circunstancias en Colombia, los partidos estarán condicionados por estructuras burocráticas electorales y la li­bertad política de los colombianos estará in­terferida en forma profunda.

 

Acceso a los medios de comunicación

La pluralidad en la formación de la opinión pública depende de varios factores, pero, en­tre otros, se deben subrayar los siguientes: la libertad de expresión, la libertad de prensa, un régimen de incompatibilidades que impida el control de medios de información por los pro­pietarios de grandes intereses económicos y que prohíba la propiedad simultánea de dis­tintos medios, es decir, radio, prensa y televi­sión. En el caso actual, el problema más deli­cado es el acceso a la televisión que se convirtió en una de las más graves formas de privilegio y favoritismo, porque gracias a ellos algunos grupos políticos obtienen financiación venta­josa de sus actividades proselitistas y además cuentan con posibilidades de condicionar —porque magnifican, minimizan o tergiver­san— la información. No puede continuar en Colombia la tendencia a entregar los noticie­ros de televisión a los hijos de los expresiden­tes o a los aspirantes a la Presidencia.

La sociedad es y tiende a ser un todo com­plejo en el cual existen muchos grupos asocia­dos o enfrentados por los más diversos y nu­merosos intereses. Si sólo determinados grupos tienen acceso a los instrumentos de comunica­ción y de formación de la opinión pública, el sistema político pierde legitimidad ante los demás. La democracia no sobrevive si no hay un marco de espontaneidad, libertad, variedad y autonomía en la formación de opiniones, es decir, si no hay el pluralismo necesario para evitar que un grupo detente un excesivo poder.

El problema de la formación de la opinión pública es importante no sólo desde el punto de vista de la competencia de los grupos que aspiran al poder, sino por la necesidad de con­trolar eficazmente al Gobierno, tarea que, con frecuencia, es más fácil de cumplir con la capa­cidad fiscalizadora de los medios de comunica­ción que por las propias cámaras legislativas. La transparencia de las decisiones guberna­mentales es una de las condiciones indispensa­bles para el buen funcionamiento de la demo­cracia, sólo así una sociedad puede reaccionar frente a la propaganda oficial, los mitos y las manipulaciones del poder del Estado.

 

La democracia interna en los partidos

Un partido político no puede ofrecerle a la sociedad lo que primero no es capaz de con­seguir para sí mismo. Si un partido no tiene democracia interna tampoco se la puede pro­meter a la sociedad. Por consiguiente, en la búsqueda de un nuevo nivel de desarrollo de­mocrático es fundamental que los partidos políticos tradicionales y nuevos transformen sus sistemas de deliberación, los métodos de investigación de las realidades sociales que ex­presan, la comunicación con sus miembros y simpatizantes, la información que poseen sobre la administración pública y el Estado, la capa­cidad de interpretación de los movimientos sociales y los sistemas de acceso a la dirigencia.

La transformación de los partidos puede ser parcialmente inducida por el legislador como lo pretende la ley sobre institucionalización de los partidos políticos, pero, en última ins­tancia depende de sus propios miembros la construcción de la democracia interna. La principal tarea de un partido democrático de­be ser la educación política que no sólo tiene los alcances siempre señalados sino que es in­dispensable para evitar la conformación de minorías privilegiadas con acceso exclusivo a la documentación económica y tecnocrática que determina algunas de las más importantes decisiones en el Estado contemporáneo.

Otro punto imprescindible en el proceso de democratización de los partidos sobre el cual es preciso insistir es la transparencia de sus te­sorerías y el establecimiento de límites a los presupuestos de las campañas políticas. La pu­blicidad debe ser tanto para el origen como para el destino de los recursos invertidos en las campañas. Esto es indispensable para de­fender la libertad política de los colombianos de riesgos como la corrupción, los abusos y las presiones indebidas en la representación po­pular. Dentro de reglas precisas y controles pluralistas debe establecerse un sistema de fi­nanciación de las campañas políticas y de las actividades de estudio e investigación que rea­licen los partidos políticos. Sin normas de esta naturaleza, la competitividad entre los diversos partidos se esfuma y los grupos que represen­tan intereses económicos poderosos adquieren una ventaja injusta en el proceso electoral. Hoy existe la financiación por el Estado de las cam­pañas pero ella se produce por vías irregulares o ilegítimas como los auxilios parlamentarios para centros de investigación política, las do­naciones de los contratistas del Estado, el ac­ceso desordenado a la publicidad oficial, etcé­tera, luego el problema no es decidir si el Estado financia o no las campañas políticas, la cuestión es definir si esto se reglamenta en for­ma clara e imparcial o si continúa la injusta y abusiva situación actual.

 

Modernización del Estado y democracia

Si se mira el proceso democrático ya no só­lo desde el punto de vista del acceso al poder sino en lo relativo al ejercicio del poder, es muy importante impulsar la reforma de las instituciones y especialmente las relaciones entre las ramas del poder público y el régimen territorial. Existe una peligrosa y excesiva con­centración de poder en la Rama Ejecutiva y existe también un desequilibrio injusto y antidemocrático en las relaciones entre la Nación, los departamentos y los municipios. Respecto del primer tema —Ejecutivo y Congreso— el punto más importante es el proceso de elabo­ración, aprobación, ejecución y fiscalización del presupuesto. No se trata de fortalecer los poderes formales del Congreso sino de mejo­rar sus elementos de juicio y el acceso a la in­formación pertinente. El sistema de los auxi­lios parlamentarios debe ser abolido para que las comisiones de presupuesto y el Congreso en general recuperen sus responsabilidades en la discusión y análisis de la política fiscal. Otro punto importante en la evaluación de las atri­buciones excesivas del Ejecutivo es el 121. El estado de sitio indefinido puede tener alcan­ces relativos, desde el punto de vista práctico, si se observa que el país se acostumbró al régi­men de excepción, sin embargo, ello indica que las instituciones no están bien concebidas y los niveles de perturbación del orden públi­co deberían reflejarse en atribuciones adquiri­das gradualmente por el Ejecutivo según la naturaleza de la conmoción (estado de excep­ción, estado de emergencia y estado de sitio).

El otro punto sobresaliente es la descen­tralización política y administrativa. Es indis­pensable redefinir los límites entre las insti­tuciones nacionales, regionales y locales. La centralización del poder político no solo impi­de el desarrollo democrático y aleja al ciuda­dano del Estado y de los centros de decisión sino que resulta menos eficaz para manejar innumerables necesidades y funciones públi­cas. El Estado moderno y la revolución cien­tífica han introducido en la organización social nuevos poderes que se concentran y crean pri­vilegios y ventajas en beneficio de diversos sectores. Para defender la sociedad de esos po­deres, hoy dominados por factores tecnoburo­cráticos o internacionales, es preciso reconsti­tuir las colectividades locales, reivindicar el desarrollo a ser diferentes, evitar la uniformi­dad coactiva.

Descentralizar es fundamentalmente una cuestión política. Significa redistribuir poder. Aceptar que la comunidad asuma responsabi­lidades y maneje directamente sus problemas. Descentralizar es también suprimir los canales informales y abusivos de ejercicio del poder que construye el centro con los cómplices de las periferias locales por medio de procedi­mientos difíciles de detectar y controlar. Es urgente rescatar al municipio en Colombia y el diagnóstico respectivo ya es bastante cono­cido. Cuatrocientos se hallan en inexorable decadencia o agonía y otros quinientos muni­cipios apenas sobreviven con inmensas dificul­tades; tan sólo cien cuentan con algunos re­cursos pero todo tiende a concentrarse en las oportunidades de los grandes centros urbanos y unas cuantas capitales de departamento.

El régimen de transferencias entre la Na­ción y los municipios necesita una reforma total. Después de tres lustros ya es hora de re­visar el situado fiscal para que se desarrolle un sistema que no sólo tenga en cuenta el núme­ro de habitantes de cada departamento sino el nivel de ingreso y otros indicadores sobre desarrollo económico y social que permitan equilibrar las oportunidades entre las regiones del país. Tal como lo propuse en 1983 como ponente de un proyecto de ley sobre transfe­rencias del impuesto de ventas a los munici­pios es necesario establecer un incremento progresivo de la participación en el impuesto a las ventas de modo que la misma se eleve al 50 por ciento de los recaudos; el nuevo régi­men de transferencias debe permitir la clasifi­cación de los municipios en tres o cuatro ca­tegorías según el número de habitantes; se debe obligar a los municipios a elaborar planes de inversión para atender determinadas funcio­nes públicas y a cumplir con varios requisitos y contraprestaciones como serían los mayores esfuerzos tributarios locales. En el examen realizado en la ponencia de este mismo pro­yecto de ley se demostró que casi todos los municipios necesitan atención especial a de­terminados temas que deben ser prioritarios en sus presupuestos de inversión, por ejemplo, la cobertura de acueductos y alcantarillados, la electrificación, la telefonía local, los cami­nos vecinales y la atención de los servicios de educación y salud. En el examen del gasto público que se adelanta para afrontar los pro­blemas del fisco nacional, es muy importante todo lo que se haga para redistribuir funciones y recursos entre los distintos niveles adminis­trativos del régimen territorial. Este es un punto decisivo para el proceso político de los próximos diez años y es un elemento clave de la democratización del país.

Tal como lo he manifestado en el Senado de la República considero necesario establecer la elección de alcaldes por mayoría absoluta en todos los municipios reconociendo y respe­tando la responsabilidad y capacidad del pue­blo colombiano para manejar una auténtica democracia y determinar el rumbo de su des­tino. Este es otro elemento fundamental del desarrollo de la democracia y la transforma­ción del régimen municipal que también inclu­ye la revisión de las atribuciones de los con­cejos, el alcalde, el personero y el contralor; la creación del poder de censura y la revoca­toria del mandato popular por mayoría califi­cada del Concejo; el establecimiento de la ca­rrera administrativa a nivel municipal y de un sistema de méritos para la provisión de cargos públicos y el fortalecimiento de la Escuela Su­perior de Administración Pública; la revisión de normas sobre áreas metropolitanas para ga­rantizar los derechos de los municipios frente a las metrópolis; el desarrollo de programas de información y educación de la comunidad pa­ra el uso consciente de los nuevos derechos.

El referéndum sobre los problemas locales es un mecanismo de participación popular di­recta necesario para consolidar la democracia local y los sistemas de control democrático. Estos instrumentos como el previsto por la Constitución sobre las juntas administradoras locales permiten avanzar de la democracia co­lectiva a la democracia cotidiana. La política nos involucra y nos afecta a todos, luego es necesario multiplicar instituciones e instru­mentos para que todo ciudadano tenga una relación habitual con la vida pública, es decir, con los asuntos políticos sin reducirlo todo a la periódica consulta electoral. Resulta apenas lógico que ese contacto cotidiano se presente, año todo, en el nivel local.


La justicia

Otro de los elementos fundamentales que debe asegurar el Estado democrático a la so­ciedad es un sistema judicial capaz de arbitrar los conflictos, y sancionar los atentados con­tra las libertades y los derechos de las personas, lo mismo que el incumplimiento de los debe­res y obligaciones. El sistema judicial es garan­te de que los ciudadanos respeten y cumplan las leyes de que la misma sociedad se ha dota­do para asegurar la concordia y el orden social necesario para su supervivencia y velar por la vida, honra y bienes de los asociados.

Esto sólo se logra en la medida en que el Estado conserve y desarrolle la capacidad para cumplir con su obligación fundamental de ad­ ministrar justicia. Pero la justicia no es algo impersonal e inmaterial. Son leyes, preceptos, códigos adecuados a las características y nece­sidades de la sociedad; son jueces idóneos, ho­nestos, suficientes en número y consagrados al cumplimiento de sus deberes, son recursos hu­manos y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones. De las reformas que se ope­ren en estos aspectos depende el que los co­lombianos recuperen la confianza en la capa­cidad del Estado para administrar justicia.

La reforma de la justicia pasa necesariamen­te por la elaboración de una legislación más acorde con nuestro tiempo. Para mejorar la le­gislación en el campo de la justicia, considero indispensable la participación en los debates legislativos de los jueces, magistrados, conseje­ros de Estado, universidades, academias de ju­risprudencia y colegios de abogados, a fin de que las necesidades y experiencias de los juz­gadores o de los litigantes se incorporen a una legislación acorde con los signos de su tiempo.

El esfuerzo por transformar la justicia debe comenzar por la formación misma de los abo­gados. La profesión de abogado requiere de una especial formación, previa a la vida uni­versitaria, y unas bases éticas y morales a toda prueba, pues se trata del profesional que de una u otra manera habrá de decidir sobre la libertad, el patrimonio, el honor y, en general, de la vida de las personas. Las pruebas y exá­menes universitarios deberán ser aún más rigu­rosos que en otras disciplinas, para poder en­tregar a la sociedad un profesional idóneo y probo y, por consiguiente, futuros jueces ho­nestos.

Hay que emprender una campaña decidida por recuperar la dignidad y el honor de los jue­ces de la República. A pesar de la inmoralidad y la corrupción que cunden en nuestra socie­dad, la mayoría de nuestros jueces son hones­tos y responsables; los casos de desmoralización no deben dar lugar a condenas generalizadas y arbitrarias de quienes imparten justicia en Co­lombia.

Para progresar todavía más en tan delicado terreno es preciso que la elección de los jueces y magistrados no sea marcada por los vicios del clientelismo. La intriga, el favoritismo, el padrinazgo y el prevaricato nunca deben pre­valecer sobre la idoneidad, la formación, la experiencia, la honestidad y otros atributos de los candidatos, ni permitir que los mediocres desplacen a profesionales más capaces. La ca­rrera judicial, debidamente regulada, en forma científica y con la colaboración de colegios de abogados, es una garantía en la administración de justicia. Como condición básica para el es­tablecimiento de esta carrera, debe entrar a definirse el poder de postulación. Considero que las universidades, las academias de jurisprudencia y los colegios de abogados deben ser considerados para esta responsabilidad.

Además, es indispensable proteger el “sta­tus” social y económico de los jueces y magis­trados, para mejorar sus condiciones de vida y el bienestar de sus familias. Es preciso atender su situación especial, respaldarlos para que ocupen el lugar que merecen y, de contera, co­locarlos al amparo de las necesidades que los pueden forzar a aceptar dádivas que los llevan al prevaricato y a la pérdida de su necesaria imparcialidad.

Finalmente, creo necesario dotar a los jue­ces de medios e instrumentos eficientes para el cumplimiento de sus obligaciones. Para lo­grar una justicia ágil y operante, se debe co­menzar por incrementar el número de jueces, de tal manera que a cada uno no se le entre­guen más casos de aquellos a los que puede responder dentro de los términos procedimen­tales. Igualmente, se le debe dotar de todos los instrumentos necesarios para el eficaz cum­plimiento de sus obligaciones, tecnificando su labor con la ayuda de medios modernos como la informática. Es necesario crear la jurisdic­ción agraria y la de la familia para atender oportunamente los problemas de esos sectores de especial importancia social. Es preciso incrementar en forma significativa el presupuesto de la justicia.

Solucionado el problema del número de los recursos de trabajo de los jueces y magistrados, se debe definir la obligatoriedad en el cumpli­miento de los términos procedimentales y las consecuencias que implica el incumplimiento de los mismos.

 

La Contraloría

La actual Contraloría General de la Repú­blica es un organismo híbrido que fusionó desde 1931 las funciones del Contralor Gene­ral y las del Auditor General de la República. Al primero le correspondía buscar el control administrativo en la gestión del Estado y para ello debía atender al control interno y a la de­finición de normas y sistemas contables técni­camente estructurados para asegurar la correcta ejecución presupuestal; se consideraba que la eficiencia del gasto permitiría conseguir la im­plantación de costos estándar para las obras y servicios. Al Auditor General le correspondía el auditaje de la gestión administrativa que de­bía cumplirse siguiendo los sistemas y prácti­cas de un control perceptivo eficaz y oportuno y por medio del examen, revisión y feneci­miento de las cuentas de los empleados encar­gados del manejo de los fondos y bienes del Estado, en lo que comúnmente se conoce co­mo el control posterior.

En la práctica no existe control administra­tivo en el Estado y de ahí el despilfarro en el gasto y la ineficiencia o corrupción de la admi­nistración tanto ordinaria como descentraliza­da. La contabilidad oficial tampoco está actua­lizada ni su código de cuentas en condiciones de aprovechar debidamente los sistemas mo­dernos de procesamiento de datos ni téc­nicamente orientada a suministrar información estadística sobre el resultado de la gestión administrativa y el costo de los servicios y de las obras.

Pero el gran problema que se presenta y se ha presentado siempre para alejar del organis­mo de control la politiquería que lo infesta e impide con eficacia sus funciones, ha sido siempre el origen de la designación del Contra­lor que, como es sabido, debe ser elegido por la Cámara de Representantes. Esto ha facilita­do mil juegos y combinaciones que se encami­nan a crear un sistema de contraprestaciones personales entre el elector y el elegido, que no siempre tiene en cuenta la capacidad e idonei­dad del funcionario sino la cuota burocráticaque éste ofrezca a sus electores. De ahí la fron­da burocrática que se ha creado en la Contra­loría favorecida también por la facultad que tiene el Contralor para fijar a su arbitrio el va­lor del auditaje que presta a los institutos des- centralizados y a las empresas industriales o comerciales del Estado.

Lo anterior explica la necesidad de crear en Colombia un verdadero control administrativo, como instrumento necesario para la eficiencia de la administración tanto ordinaria como des­centralizada, el cual debería estar a cargo de la Rama Ejecutiva como sucede en la empresa pri­vada y como fue el objetivo que buscó la Mi­sión Kemmerer al crear la Contraloría General de la Nación; y seguir propugnando la eficacia y moralización de la mal llamada Contraloría General de la República para que siga cum­pliendo sus funciones de auditaje y revisión de cuentas, lo mismo que la vigilancia y custodia de los ingresos y bienes del Estado en las di­versas formas de la administración pública.