D009 P051 | La paz, objetivo permanente del Nuevo Liberalismo

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D009 P051 | La paz, objetivo permanente del Nuevo Liberalismo

Los siguientes son algunos de los pronun­ciamientos hechos por el Nuevo Liberalismo y por su director Luis Carlos Galán, sobre la búsqueda de la Paz, desde 1980.

Al aceptar la candidatura presidencial el 18 de octubre de 1981 en Rionegro, Antioquia, Luis Carlos Galán dijo:

Desde Rionegro llamo a los ciudadanos abs­tencionistas para que respalden estos postula­dos de regeneración. Llamo a los liberales que no están de acuerdo con la opción presiden­cial que pretenden imponer mayorías parla­mentarias alejadas de los anhelos y necesida­des reales de nuestro pueblo. Llamo también a los demás sectores políticos, a los ciudadanos que no están matriculados en ningún grupo o partido; a los sectores democráticos que luchan por la transformación de Colombia dentro de la Constitución y las leyes. Los invi­to a cooperar en esta misión histórica sin que nadie pierda su identidad política y sin poner condición distinta de la de luchar sinceramen­te por la nueva Colombia y los postulados fundamentales que nos guían. Llamo a los co­lombianos olvidados en la soledad y el aban­dono de sus campos lejanos; a los compatrio­tas indígenas atropellados en lo más íntimo de su identidad y de sus demás derechos, a las clases medias, presente y futuro de la Nación y a los obreros; llamo a quienes han entrado o entrarán en la tercera edad en los próximos años en medio del desorden del sistema de previsión social; a los escépticos y a los opti­mistas; a quienes conservan la fe y la esperan­za y en especial me dirijo a quienes la realidad actual de la sociedad colombiana ha obligado a marginarse de la vida nacional en forma dolorosa y valiente; los invito una vez más a reconsiderar su actitud y a participar con todos nosotros en la lucha por la construcción de una Colombia nueva que requiere de su co­raje y su voluntad de sacrificio.

En su primera intervención como candidato a la Presidencia de la República, el 12 de abril de 1982, por los canales de Inravisión, Luis Carlos Galán manifestó:

 

Se necesita una revolución electoral

En estos meses, en virtud de nuestros es­fuerzos y como resultado de la convocatoria que le hemos hecho no sólo a los liberales sino a esa inmensa franja independiente de compa­triotas que están buscando la posibilidad de expresarse políticamente, para influir en la escogencia de sus gobernantes y participar en la dirección del Estado colombiano y de las líneas fundamentales del Gobierno, hemos em­peñado, todas nuestras fuerzas en la organiza­ción del movimiento que hemos denominado por un Nuevo Liberalismo. Liberalismo, porque nos sentimos orgullosos de lo que hizo el Partido Liberal por Colombia cuando realmen­te lo guiaban hombres comprometidos con ideologías renovadoras, avanzadas, progresis­tas. Pero Nuevo porque queremos distinguir­nos de la maquinaria a que redujeron el parti­do esas camarillas dedicadas a la manipulación de un pueblo indefenso y subordinado como se encuentra el nuestro por razón de sus an­gustias económicas en la mayor parte de las regiones del país.

Se nos dice, entonces, que puede caer el Partido Liberal como consecuencia de esta batalla ideológica, esta confrontación en la que nos hallamos. Todos sabemos que hoy no hay un pensamiento ni un espíritu liberal en el Gobierno del país. Todos sabemos que predomina una mentalidad de derecha y además todos sabemos que no se puede comparar la situación de 1946 con la de hoy. En 1946 Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán se enfrentaron porque ambos querían darle una respuesta —que cada uno propuso en términos diferentes a la crisis que se produjo en el Parti­do Liberal por los acontecimientos que dieron lugar a la renuncia del doctor Alfonso López Pumarejo—. El partido no se cayó por la divi­sión de 1946. Se cayó como consecuencia de toda la crisis que determinó primero la renuncia del doctor López Pumarejo y luego el deterioro de la credibilidad y el liderazgo del liberalismo en aquellas circunstancias.

Hoy la situación es otra. Hoy no comparti­mos, ni mucho menos, con el doctor López Michelsen, la interpretación actual de los problemas del país. Yo creo que hay una crisis muy grave y creo que esa crisis reclama una respuesta no sólo del liberalismo sino de los sectores independientes y progresistas del país para superar la encrucijada en que se halla la Nación. El doctor López todo lo reduce a pre­sentarse como el candidato de la paz. Y es curiosa la coincidencia. El primer candidato de la paz que hubo en Colombia en los últi­mos años fue el doctor Alvaro Gómez Hurta­do. ¿Por qué? Porque el doctor Gómez Hurta­do en 1974, quería maquillar la imagen negativa que determinaron sobre su nombre y su persona los acontecimientos de 1951 y 1952. Ahora el que parece necesitar maquilla­je es el doctor López Michelsen. La paz es una preocupación de todos los colombianos y a ella debemos aplicar todas nuestras energías, sin excepción. Pero la paz no puede ser instru­mentalizada electoralmente como lo quiso hacer Alvaro Gómez Hurtado en 1974 y como lo quiere volver a hacer el doctor López Mi­chelsen en 1982.

Lo que se necesita ahora es una revolución electoral para que no haya en Colombia una revolución violenta. Es decir, que la Nación se ponga en pie. Que todo colombiano com­prenda la responsabilidad que tiene en este momento, que la superación de los retos y dificultades que amenazan el destino de la Nación no dependen ni de un hombre, ni de un partido, sino de la Nación entera que debe derrotar las maquinarias y camarillas que han perturbado el desempeño del Estado y del Gobierno en el manejo de los distintos proble­mas nacionales. Que el pueblo logre el poder porque hoy no tiene el pueblo poder. Esa es la evidencia de las orientaciones de los últimos gobiernos, de los últimos mandatos presiden­ciales. Se necesita la participación de nuestro pueblo. Una participación que no se limite al voto, sino —como lo hemos dicho en la ma­yor parte de las plazas de la República— una participación consciente y reflexiva; que nues­tro pueblo desarrolle, una capacidad analítica y crítica para estudiar sus realidades. Esa es la mejor protección de un pueblo libre y de una verdadera democracia: no depender siquiera de partidos, ni de protagonistas, siempre tran­sitorios y siempre vinculados a un papel provi­sional. Lo importante es un pueblo consciente de sus derechos; un pueblo unido; un pueblo organizado. Hacia allá se dirigen también nuestros esfuerzos: a conseguir la formación de los elementos que le den al pueblo esa or­ganización y esa capacidad de respuesta a los retos de hoy y a los que se le van a presentar durante los próximos años a nuestra Nación. Sólo así podremos conseguir la verdadera uni­dad nacional y sólo así podremos conquistar el poder para el pueblo.

La conquista de la paz es, naturalmente, un reto constante y una esperanza básica para la Nación. Desde hace varias décadas nuestro pueblo lucha por conseguir la paz. Por eso aceptó las instituciones especiales del Frente Nacional a las que se opuso el doctor López Michelsen. Por eso el pueblo superó el secta­rismo y comprendió que no era sobre esos odios partidistas, con base en ellos, como se podría construir el destino colectivo.

La paz está vinculada a muchos temas: a las realidades sociales y económicas, a intereses extranjeros que tratan de un modo u otro de influir en la vida nacional por la competencia existente entre las grandes potencias que bus­can el dominio del planeta. Hay un factor vi­tal para alcanzar la paz y es que los colombia­nos podamos creer en nuestras instituciones en la medida en que sean auténticas y reales. Que podamos creer, ante todo, en el sistema electoral como una vía de expresión de la vo­luntad colectiva. Para ello no nos sirve un sis­tema electoral anacrónico, lento, ineficiente como el que tenemos; un sistema en el cual vamos a cumplir un mes de las elecciones de marzo y a estas alturas todavía no se saben en varios departamentos cuáles son los resultados definitivos. Tampoco sirve un sistema electo­ral en el que se acude a la compra de votos, directa o indirecta para condicionar al elector, pagando en efectivo o pagando en especie co­mo lo hicieron muchos grupos políticos vincu­lados tanto al doctor López Michelsen como al doctor Belisario Betancur en la última cam­paña electoral. Si un colombiano cree en unas determinadas ideas y piensa que esas ideas no podrán influir en la vida colectiva por la vía institucional porque las instituciones no fun­cionan o son artificiales, pues ese colombiano tenderá a creer que sólo por medio de la fuer­za conseguirá que sus ideas trasciendan en la vida nacional. El primer obstáculo para conse­guir la paz perdurable lo tenemos los colom­bianos en la ineficacia y el artificio de algunas de nuestras instituciones políticas que todavía no han logrado la pulcritud y la limpieza que requieren.

En la Tercera Convocatoria Nacional del Nuevo Liberalismo el 30 de noviembre de 1982, en el Hotel Tequendama, Galán destacó:

 

La crisis económica y el orden público

Los dos grandes retos del Gobierno son la crisis económica y los problemas de orden pú­blico. El primero es más grave que el segundo, pues el orden público está estrechamente vin­culado con la marcha de la economía, de la cual depende la paz social. La paz social se basa sobre el consenso político y sin aquélla ni éste puede haber proyecto de orden públi­co que sea mínimamente posible. La inflación crónica, superior al 25% anual, es un estímulo al terrorismo, al hurto y al secuestro. La con­centración de la riqueza, la evasión de impuestos por los ricos, las rentas parásitas, el despil­farro y el lujo de los pudientes, así como los capitales refugiados en Panamá, Florida y las Antillas son manifestaciones del egoísmo de clase que usufructuó las bonanzas de los últi­mos años y hoy contempla impotente el des­plome de un sistema financiero inspirado en la especulación. El panorama económico es som­brío a pesar de las medidas iniciales del Go­bierno que reflejan una recta intención, y en medio de las dificultades han surgido oportu­nidades de cambios profundos, paradójica­mente gracias a la crisis. Desde hace varios meses todos sabemos que el mundo vive la peor crisis económica desde la época de la gran depresión y esto sólo significa un nuevo tormento para un país dependiente como el nuestro. La cosecha cafetera ha sido muy ma­la. La inversión está paralizada por el temor a nuevos asaltos del sector financiero contra los ahorradores. Ya nadie pone en duda la pro­fundidad de la crisis fiscal creada por el de­rrumbe del sistema tributario y el dinero pú­blico malgastado en operaciones demagógicas y suntuarias. El país parece resignado a la emisión masiva para manejar la crisis fiscal y darle paliativos a la crisis financiera. El dete­rioro de los mercados internos y externos agu­dizó la postración de los sectores productivos industriales y agropecuarios que ya no so­portaban más la inflación de costos. Nos encontramos en el limbo cambiario por la so­brevaluación del peso mientras vemos que el deterioro de las reservas internacionales es ine­xorable. El número de empresas en Concorda­to ya se aproxima al centenar y todo indica que se avecinan peores noticias en sectores in­dustriales estratégicos. Lo urgente no es con­seguir empleo para los desocupados sino evitar que continúen los despidos en las fábricas pa­ralizadas.

 

La amnistía y la paz

No es el momento de calificar los resulta­dos sobre la ley de amnistía ni de contribuir al pesimismo reinante sobre una medida que merece mejor suerte y que se volverá crucial en la historia de los problemas de orden públi­co del país. Es preciso perseverar. La amnistía no fue aprobada porque la democracia se sin­tiera débil sino, al contrario, porque la presen­cia del pueblo en las elecciones le dio mayor legitimidad a la evolución democrática del país y creó posibilidades de reconciliación dig­nas para todos los protagonistas. Es necesario decirle no a los extremismos porque la Nación quiere hallar soluciones por vías institucionales y no por medio de los actos de barbarie. Frente a los crímenes atroces, como el asesi­nato de Gloria Lara de Echeverri, no cabe explicación ni motivo político alguno. Los asesinos no pueden buscar un cambio por esos caminos salvajes y si lo que pretenden es hacer aparecer al Estado impotente, cometen un grave error porque la Nación entera condena la cobardía de estos procedimientos. También se equivocan si esperan que el Estado se vuel­va feroz y bárbaro en la réplica. Ya hubo el riesgo de que esto sucediera y la Nación reac­cionó a tiempo para condenar los abusos e im­pedir que se respondiera en forma ciega. Se equivocan, igualmente, si buscan crear con­trastes entre las fuerzas políticas porque esta clase de crímenes lo único que logra es mayo­res reflexiones sobre la necesidad de defender los principios de la civilización y los derechos humanos por encima de toda suerte de confrontaciones políticas.

Los grupos subversivos —y yo espero y de­seo que ninguno de los movimientos guerrille­ros tenga vínculo alguno con el holocausto de la señora Gloria Lara— no pueden cometer el error de encerrarse en sí mismos y olvidar las necesidades sentidas e inmediatas del pueblo. Aún es tiempo de meditar lo que se dice y lo que se hace en una coyuntura tan delicada y cuando Colombia confía en la honesta inten­ción del Presidente por lograr la paz. Hay necesidad de seguridad, una demanda colectiva de seguridad que surge de la opinión pública y nosotros debemos corresponder a esa necesi­dad, sin ceder ninguno de los derechos constitucionales y legales, sin plegarnos a ninguna sugestión represiva, pero dándonos cuenta de los problemas del orden democrático. Tam­bién existe una demanda perentoria de justicia y aun cuando la tarea es descomunal, la Na­ción debe confiar en sus jueces y tribunales, respaldarlos y esperar que ellos también cum­plan su deber en la presente encrucijada.

Hacia la democracia plena

Estamos, ciertamente, en una encrucijada. Con todos sus defectos el sistema electoral permitió una posibilidad política interesante con el pluralismo que se ha creado en el Congreso y el millón de votos que Belisario Betan­cur le agregó al partido conservador para lo­grar la Presidencia. Sin embargo, falta mucho para llegar a la democracia popular en la que los sectores obreros y campesinos ejercen un control auténtico del poder del Estado. Esta­mos tratando de dejar atrás la democracia res­tringida para lograr al menos la democracia intermedia. El progreso ha sido importante pero inestable y todavía podemos perder lo que se ha recorrido. El pueblo está oprimido porque depende económicamente de quienes tienen la riqueza social, poseen la tierra, los instrumentos de trabajo, la información y el capital; intelectualmente porque la mayoría permanece en la ignorancia; moralmente por­que se le halaga con las soluciones populistas y políticamente porque se le ha manipulado con los instrumentos clientelistas para asegu­rar su dependencia y sumisión.

La lucha por la democracia plena es y sigue siendo lo realmente revolucionario del presen­te siglo. Los colombianos tenemos la ilusión de poseer una democracia, pero todavía nos falta mucho camino para alcanzarla. Aunque es indispensable, no basta la democracia for­mal porque ella sola reproduciría siempre la condición subalterna de las clases medias y populares, mientras los partidos políticos no se ocupen realmente de la organización del pueblo. La función clásica y distintiva de los partidos políticos es la de transmitir la demanda política. Los partidos nacen, se conso­lidan y encuentran su razón de ser en el hecho de que existen conflictos económicos, sociales y políticos. En Colombia los partidos no han evolucionado pero la naturaleza de la política sí, por lo tanto las características del electorado y su accesibilidad a los partidos son hoy diferentes. Están surgiendo nuevas formas de política y ésta cambia más rápido que los par­tidos. Existe una realidad política extraparlamentaria que los partidos no han logrado ex­presar.

El poder del Estado ha crecido, pero ese poder no ha estado al servicio del pueblo sino de quienes están mejor organizados para usu­fructuario. Mientras el pueblo no se organice para controlar el poder del Estado, de poco le servirá que ese poder aumente. Sin la renova­ción de los partidos no puede haber una real renovación del sistema. Tal renovación, en parte puede ser inducida por reformas como las que auspicia el Ministerio de Gobierno en los diálogos que realiza con los distintos sec­tores para dar garantías a la oposición, trans­formar el sistema electoral, asegurar el dere­cho de información y consolidar la carrera administrativa. Sin embargo, dentro de los partidos o merced a la formación de nuevos partidos, se debe cumplir el verdadero y deci­sivo esfuerzo de organización popular.

 

La renovación de los partidos y la paz

Si las guerrillas son sinceras cuando propo­nen una tregua, a los sectores políticos progre­sistas nos corresponde ayudar a crear las con­diciones para que se decidan a ingresar en la política institucional. Un factor fundamental para la piaz es conseguir que la extrema iz­quierda encuentre cabida suficiente para la ac­ción democrática en el sistema electoral, partidista, parlamentario y ‘laboral; que pueda desempeñar un papel público y eficaz en el estímulo, asignación y usos sociales de la ri­queza producida. Esto sólo será posible cuan­do haya verdaderas elecciones libres, sin ventajas ni manipulaciones; cuando los dere­chos de la oposición sean garantizados en tal forma que las elecciones sean realmente com­petitivas y el volumen de participación asegu­re la representación de todos los sectores sociales. Hasta el presente las elecciones en Colombia han sido formalmente competitivas y se realizan en contextos semiautoritarios y clientelistas. Lo que quiso demostrar el Nuevo Liberalismo, especialmente a las nuevas gene­raciones, es que sí es posible crear hechos por la vía electoral a pesar de innumerables obs­táculos y que si se persevera en la organiza­ción y la movilización de las clases medias y populares, inexorablemente se modificará la estructura de poder en el sistema político co­lombiano. No hemos tenido en nuestras ma­nos todos los instrumentos para realizar esa organización popular, pero en poco tiempo hemos demostrado que sí existe un espacio todavía no explorado en forma debida por los sectores progresistas del país.

Hoy las elecciones en Colombia se realizan para buscar legitimación interna y externa; ex­presan hasta cierto punto la voluntad popular, pero debido a los atrasos culturales de nuestra democracia son un medio de reflejar la distri­bución del poder, e influir en ella, tan sólo entre los grupos que controlan el Gobierno. Salvo nuestro grupo parlamentario y las pocas curules obtenidas por la izquierda y el movi­miento cívico, todo lo demás gira dentro del ámbito de los monopolios tradicionales de los partidos. El obstáculo es político y es todavía dificilísimo de superar. El vértice de los dos partidos no quiere perder sus privilegios, sus instrumentos operativos, de complicidad. La degeneración política que hemos visto y que produjo la crisis del Partido Liberal es conse­cuencia de la falta de alternativas del sistema. El problema es de los dos partidos y uno de los motivos para tener una posición prudente ante el Gobierno es la influencia de sectores del partido conservador tan clientelistas y manipuladores como los núcleos más reacciona­rios y viciosos del oficialismo. Esta situación influye en los problemas de orden público, porque los sectores extremistas no creen en la posibilidad de presentar y defender eficaz­mente sus puntos de vista a través de institu­ciones que consideran parcializadas y por lo mismo ficticias. Las dictaduras más difíciles de combatir son las que no ejercen el mando por medio de instituciones propias y despia­dadas sino que consiguen esos fines penetran­do y apropiando las estructuras existentes. Algo de esto padecemos los colombianos y aun cuando las elecciones de 1982 rompieron estructuras viciosas, hay poderes abusivos que permanecen intactos e inclusive buscan conso­lidarse al amparo de un Presidente que lucha sinceramente contra el clientelismo pero no tiene respaldo parlamentario sólido en su pro­pio partido.

En su discurso “Las Fuerzas Armadas” pro­nunciado durante la Cuarta Convocatoria Na­cional del Nuevo Liberalismo el 20 de junio de 1983, Luis Carlos Galán expresó:

 

La reforma política y la paz

En cuanto a los factores políticos naciona­les que condicionan la paz, el próximo semes­tre será decisivo porque en él deberá definirse la suerte de los proyectos de apertura demo­crática, es decir, las reformas necesarias para que la democracia política avance cualitativa y cuantitativamente. Tales reformas tienen directa relación con la paz porque no se pue­de invitar a los grupos que buscan el cambio a que lo intenten dentro de un sistema electoral que no es completamente libre cuando está interferido por la compra de votos, por oscu­ras fuentes de financiación, por monopolios de toda índole en los medios de comunicación y por manipulaciones del electorado ejercidas a través de los empleos públicos y los recursos del presupuesto. Ofrecer la amnistía pero no hacer la reforma política, sería llevar a los gru­pos democráticos a una trampa y dejar el pro­grama de la paz a mitad de camino. Equivale a invitarlos a participar en un juego cuyo gana­dor está preestablecido.

Entre los objetivos iniciales del Nuevo Libe­ralismo siempre ha estado poder probar que, a pesar de todos los obstáculos y desigualda­des de la competencia electoral, sí es posible romper la hegemonía de los grupos tradicio­nales y conseguir la movilización de franjas abstencionistas. Así quedó demostrado en las elecciones de 1982 y se confirmará en el año próximo. Con ello esperamos contribuir a que se motiven los sectores políticos marginados para luchar por el voto popular y tener con­fianza en el apoyo del pueblo. Lo mismo he­mos buscado con la intensa gestión cumplida en las Cámaras para conseguir el renacimiento y la renovación del Congreso. Creemos, sin vanagloria, que si hoy califica la Nación las labores del Senado y la Cámara en forma dis­tinta de como lo hacía hace un año, ello es fruto, en buena parte, de la presencia del Nue­vo Liberalismo y de lo que propusimos en los acuerdos del Club de Ejecutivos, así como de las tareas realizadas en las sesiones especiales y en las extraordinarias de 1983. El pueblo nos eligió el año pasado entre otros motivos, para devolverle la credibilidad al Congreso. Si el Senado y la Cámara cumplen sus funciones habrá menos colombianos tentados a cambiar la sociedad por medio de la violencia y habrá más sectores de opinión interesados en partici­par en las labores y decisiones del Congreso. En otras palabras, si las Cámaras funcionan bien, habrá mayores oportunidades para la paz.

El 28 de noviembre de 1984 se celebró la Sexta Convocatoria Nacional del Nuevo Liberalismo en el Hotel Tequendama y en su dis­curso “No más privilegios”, el director del Nuevo Liberalismo, dijo:

 

De la tregua a la paz

Belisario Betancur ha dedicado la mayor parte de sus energías a conseguir que los colombianos alzados en armas acepten reinte­grarse a la lucha política dentro del marco de la Constitución y las leyes. Ese propósito es loable y necesario para transformar las condiciones de vida de catorce departamentos, dos intendencias y una comisaría afectados por problemas de orden público desde hace varios años. Desde 1979 propusimos buscar solucio­nes políticas para alcanzar la paz y a pesar de los recelos y los riesgos que este proceso im­plica consideramos indispensable el esfuerzo del presidente Betancur. Hemos vivido una guerra civil, y en el Caquetá, el Magdalena Me­dio, en Arauca, en Córdoba y en el Cauca, entre otras regiones del país, hubo episodios iguales o peores a los que hoy agobian a varios países centroamericanos. Este año ha sido cru­cial para conseguir la disminución de los en­frentamientos armados pero ello ha hecho contraste con la proliferación de secuestros y extorsiones lo cual ha creado una situación ambigua que no permite obtener conclusiones definitivas sobre el éxito del proceso de la paz. En el Caquetá y el Putumayo las gentes agradecen lo que ha logrado el Gobierno y confían en su consolidación. En el Magdalena Medio existe una nueva esperanza de paz. En Santan­der, el Meta, el Huila y Arauca cunde el escep­ticismo ante el incremento de la extorsión y el secuestro. En el norte de Nariño hay indicios sobre la aparición de un nuevo foco de proble­mas. El Cauca es sacudido por profundos con­flictos y lo que allí suceda tendrá significado inmediato para el Valle.

La posición de Colombia en la crisis centro­americana ha influido hasta hoy en forma po­sitiva en el proceso de orden público interno. La evolución de aquel conflicto afectará nues­tra propia situación. No estamos en paz y lo que vivimos es un cese del fuego a punto de convertirse en tregua. Tenemos una oportuni­dad para lograr la paz y si la perdemos puede venir una terrible conflagración. Cerrar los ojos a toda posibilidad de entendimiento o de­sacreditar a todas horas la acción del Gobierno es condenar al país a una guerra civil. Aceptar igualmente que el proceso puede evolucionar sin riesgos y trampas es facilitar otros caminos para llegar a la guerra civil. En este complejo itinerario el camino está señalado por la Cons­titución y por el deber de todos los sectores de construir en nuestro pueblo una conciencia clara y responsable de sus derechos y obliga­ciones. Los miembros del Nuevo Liberalismo somos fieles a la Constitución y estamos dedi­cados a la segunda tarea como única garantía real de la democracia y la libertad.

Dos años después de la Ley de Amnistía y de las facultades extraordinarias para realizar un plan de rehabilitación en las zonas afecta­das por la violencia, el balance no es aún satis­factorio. Los recursos adicionales representan una proporción modesta del total de inversio­nes anunciadas para los 153 municipios del plan de rehabilitación y los tres millones de colombianos residentes en las zonas más afec­tadas. Hay proyectos específicos para atender viejas y numerosas necesidades fundamentales en regiones aisladas que tienen rudimentarios servicios sociales pero no existe todavía un concepto claro del desarrollo de tales regiones. El plan está concebido dentro del calendario estrecho del actual Gobierno y no se ha reco­nocido la necesidad de prolongar acciones y proyectos con la perspectiva del decenio ente­ ro. No se puede reducir la rehabilitación a lo que se requiere para solucionar apenas los pro­blemas de quienes se acogieron a la amnistía mientras siguen sin solución los problemas es­tructurales. La reforma agraria no es una sim­ple cuestión de compraventa de predios. El plan de rehabilitación no puede quedar en ma­nos de funcionarios de segundo nivel ni de va­rios institutos que actúan en forma dispersa con modestos presupuestos. Sobre todo es preciso entender que la rehabilitación no es tan sólo una obra física sino fundamentalmen­te espiritual, consiste en crear una nueva acti­tud hacia la organización social e infundir es­peranza y solidaridad en los centenares de miles de campesinos y ciudadanos que se rebe­laron por la ausencia del Estado en sus regio­nes y la mediocridad de los servicios oficiales.