D010 P035 | Diagnóstico y propuestas del Nuevo Liberalismo

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D010 P035 | Diagnóstico y propuestas del Nuevo Liberalismo

Diagnóstico y propuestas presentados por el Grupo Ecológico del Nuevo Liberalismo en el Foro Nacional de Paipa e incluidos en la plataforma política para las elecciones de 1986.


Explotación Adecuada de los Suelos

Los suelos colombianos pertenecen a una amplia gama según su productividad, yendo desde suelos altamente productivos, como los de la Sabana de Bogotá y el Valle del Cauca, hasta suelos muy pobres como los de la Orinoquia, el Chicamocha Medio y el norte de la Guajira. Unos y otros están sujetos a malas prácticas agrícolas, erosión, sobre-pastoreo, contaminación y uso inadecuado. Actualmen­te, es la naturaleza de la actividad realizada por el hombre la que señala el uso del suelo y no las características y potencial productivo de éste, como debería ser. Se propone, en consecuencia, desarrollar una política de suelos que comprenda su clasificación, asignación del uso acorde con sus características, protección de laderas y tecnificación agrícola.


Reforestación y Manejo Racional de Bosques

Por necesidad o por costumbre el colombia­no ha deforestado casi totalmente las laderas y valles andinos y está llevando a cabo el mis­mo proceso en la Orinoquia, la Amazonia, el Medio y Bajo Magdalena y la Costa Pacífica. Según estimativos recientes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en los últimos veinte años han sido deforestadas 30 millones de hectáreas. De continuar esta tendencia, en otros veinte años se habrá destruido la totali­dad de bosques nacionales. Esta deforestación altera el régimen hídrico de las corrientes, produce erosión, reduce la evapotranspiración y producción de oxígeno y priva al país de recursos maderables para su desarrollo. Es, por consiguiente, esencial poner en práctica polí­ticas de protección de bosques nativos, refo­restación con especies adecuadas, explotación racional de bosques y control de incendios y actividades extractivas. La industria de explotación de bosques comerciales está abocada cada vez más a una crisis de carácter técnico y económico; los precios ofrecidos para la ma­dera y materias primas derivadas del bosque y plantaciones son insuficientes para garantizar una rentabilidad adecuada, lo cual se ha convertido en un desestímulo para la inversión. Es necesario definir unas claras políticas e in­centivos económicos para que los industriales de la madera proveniente de bosques artificia­les puedan mejorar la tecnología de produc­ción y aumentar su eficiencia para competir en los mercados nacionales e internacionales. En esta forma se evitaría el recurrir a bosques nativos para alimentar la industria forestal.

 

Preservación de Fauna Silvestre

Los procesos de colonización, urbanización e industrialización, la caza deportiva y de subsistencia, la apertura de vías, la exportación de animales como mascotas o con fines clíni­cos y la exportación de carnes y pieles de ani­males nativos, han contribuido a crear una in­mensa presión sobre la fauna silvestre, algunas de cuyas especies más representativas han de­saparecido y otras se encuentran al borde de la extinción. Nuestra fauna silvestre es de las más variadas del mundo y merece conservarse para mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales, aspecto que está relacionado con la productividad del medio. Es, entonces, impor­tante para el país formular políticas efectivas de protección de la fauna silvestre, estimulan­do la implantación de zoocriaderos para la pro­ducción de ejemplares vivos y pieles y carnes para exportación, controlando la caza y mejo­rando la red nacional de Parques Naturales, verdaderos santuarios de flora y fauna que merecen mayor atención oficial.


Recuperación y Protección de las
Aguas y Cuencas

El mal manejo de los recursos hídricos co­lombianos ha conducido a la disminución y contaminación de las aguas en amplios secto­res del país, inhabilitándolas para usos de primordial importancia para el desarrollo nacio­nal, como son el consumo humano, el consumo industrial, el riego y la pesca, además de impe­dir su uso para recreación, deteriorar con ma­yor rapidez los sistemas hidromecánicos de generación de energía, destruir los ecosistemas acuáticos y convertir este medio en transmisor de innumerables enfermedades que ocasionan altas tasas de morbilidad y mortalidad, princi­palmente en la población infantil. Entre las fuentes de agua afectadas figuran el río Bogo­tá, la bahía de Cartagena, el río Medellín, el río Cauca, el río Magdalena, la Laguna de To­ta y multitud de ríos y quebradas ubicadas a lo largo y ancho del país. En consecuencia, es imperativo desarrollar una política de recuperación y protección de las aguas y cuencas, cuyos pilares deben ser la reforestación masi­va, el tratamiento de aguas negras y residuos industriales de las ciudades principales, el con­trol de las actividades con potencial contami­nante y el estímulo a la investigación y medición de parámetros indicadores.

 

Explotación Pesquera Racional

La pesca es recurso alimenticio de primera importancia en el país por cuanto éste posee innumerables ríos, lagos y estuarios, costas so­bre los Océanos Pacífico y Atlántico y grandes áreas marinas delimitadas recientemente con la mayor parte de los países vecinos. La pesca está siendo afectada negativamente por el uso de dinamita, la contaminación, el aprovecha­miento desmesurado de ejemplares jóvenes y ornamentales tanto en ríos como en mares y la actividad incontrolada de embarcaciones de bandera extranjera en nuestras ricas extensio­nes marinas. En consecuencia, debe formular­se políticas pesqueras consistentes en la explo­tación de estanques piscícolas a nivel munici­pal, educación de nuestros pescadores para un mejor aprovechamiento de la pesca artesanal, control de la contaminación de ríos, lagos y bahías, protección de estuarios, racionaliza­ción de la pesca marina y afirmación de la in­dependencia de Colombia para la explotación de sus recursos pesqueros marítimos.

 

Protección del Aire

El aire de nuestras grandes ciudades y cen­tros industriales ha sufrido creciente deterioro en los últimos años a causa de la proliferación de vehículos automotores e industrias y que­mas de basuras y combustibles. Esta contami­nación produce enfermedades broncopulmo­nares, irritación de mucosas, eczemas y otros problemas para la salud, además de que afecta la agricultura, mancha edificios y ropas y en­torpece el transporte al reducir la visibilidad. Como respuesta a estos problemas debe po­nerse en marcha un programa efectivo de con­trol de la contaminación del aire en las grandes ciudades y centros industriales, incentivándo­se la producción de vehículos con motores de mejor combustión, exigiéndose la remoción de gases nocivos y partículas de los efluentes gaseosos industriales, controlándose la quema de basuras y estimulándose la investigación y medición de parámetros contaminantes.


Recursos Naturales no Renovables

Tradicionalmente, los recursos minerales e hidrocarburos del país han sido explotados irracionalmente, llegándose en algunos casos a la negligencia y a la irresponsabilidad. La ex­plotación de piedras y metales preciosos, por ejemplo, ha escapado al control nacional en su mayor parte y sigue sujeta al creciente mer­cadeo subterráneo. El petróleo fue explotado y exportado por más de 50 años por empresas extranjeras en condiciones discutibles para Co­lombia, convirtiéndose después el país en im­portador precisamente cuando los precios le eran más desfavorables para este propósito. El carbón, uno de los recursos con mayor futuro en Colombia, ha iniciado el ciclo ya recorrido por el oro, la plata, el platino y el petróleo; nuevamente se convinieron para su explota­ción condiciones desfavorables para el país. Con respecto al níquel de Cerro Matoso, es cuestionable que tan inmensa riqueza nacional se esté explotando a pérdida, por lo cual debe investigarse a fondo si el problema radica en los precios internacionales o en manejos dudo­sos e ineficiencia en la producción. Además del agotamiento de algunos de los anteriores recursos y la tendencia al agotamiento de otros, su explotación sin controles ambienta­les produce contaminación de las aguas, el aire o el suelo y devastación de la flora y la fauna. Por consiguiente, es necesario modificar las políticas de explotación de recursos naturales no renovables e incorporarles la variable eco­lógica, esencial para su conservación y buen manejo. En el caso del carbón de El Cerrejón, debe renegociarse el contrato con Intercor y en cuanto respecta a los nuevos yacimientos petrolíferos, el país debe ejercer especial cui­dado y vigilancia para que su explotación sea racional y redunde en los mayores beneficios para Colombia.

 

Energía

El desarrollo energético del país ha estado mal planificado, lo cual es evidente al apreciar la magnitud del racionamiento eléctrico que debió implantarse entre 1980 y 1981 y el que ha continuado afectando a los usuarios desde entonces. Existe incoherencia en los planes hidroeléctricos, pues mientras se conge­lan proyectos de indiscutible urgencia, se ha­cen cuantiosas inversiones en otros cuya facti­bilidad económica y ecológica no ha sido comprobada. Además, se observa negligencia en el desarrollo de otras fuentes de energía como el gas natural y sistemas no convencio­nales. En consecuencia, el Nuevo Liberalismo debe proponer políticas que conduzcan a la autosuficiencia energética del país por medio del juicioso estudio de las demandas y su opor­tuna satisfacción con desarrollos energéticos mixtos que eviten una situación como la que se ha vivido. Estas políticas deben incluir la planificación cautelosa de la exportación de recursos energéticos, la investigación de fuen­tes no convencionales de energía y la revisión de los sistemas tarifarios vigentes para los usuarios del servicio eléctrico, que actualmen­te pagan tarifas que son de las más caras del mundo y que de ninguna manera guardan con­cordancia con la riqueza energética de Colom­bia.

 

Ecología Humana

Por su inteligencia y desarrollo, el hombre es el organismo más sobresaliente en los eco­sistemas del planeta. En nuestro país, los eco­sistemas urbanos y rurales se encuentran in­mensamente deteriorados, haciendo difíciles las condiciones de vida de sus habitantes. El hombre de los ecosistemas urbanos se ve ex­puesto a la contaminación del agua y el aire, al contacto con las basuras, al ruido, a la con­gestión, al hacinamiento en tugurios e inquili­natos y a la inseguridad, la inmoralidad, el hambre, la desnutrición y la miseria, factores que determinan una pobre calidad de la vida en las ciudades. En el campo, el colombiano está también expuesto a la mayor parte de es­tos problemas, algunos de los cuales presentan características aún más agudas. Siendo el Nue­vo Liberalismo el movimiento que mejor in­terpreta las necesidades y aspiraciones de la comunidad, debe ser el abanderado de la eco­logía humana proponiendo soluciones concre­tas a los problemas citados, nuevos en su ma­yoría para el hombre colombiano. Entre estas soluciones deben figurar programas de mejoramiento de la vivienda urbana y rural, control de la contaminación, asistencia social, salubri­dad, nutrición, empleo, transporte masivo y capacitación.

 

Legislación Ambiental

El país posee dos importantes códigos lega­les para el manejo y control del medio ambien­te: el Código Nacional de Recursos Naturales y el Código Sanitario Nacional. Sin embargo, las normas contempladas por estos códigos son violadas a diario, sin que la autoridad competente se atreva a aplicar las sanciones correspondientes. Además, muchas de las citadas normas requieren reglamentación, la cual sólo se ha producido parcialmente. El Nuevo Liberalismo debe impulsar dentro de su política ecológica la reglamentación de dichas normas, incorporándoles estímulos tri­butarios e incentivos económicos, para que los citados códigos sean aplicables en la práctica y realmente contribuyan al mejoramiento ecoló­gico del país.

 

Ecología y Desarrollo

De manera ignorante o malintencionada se ha pretendido inculcar al país el falso concep­to de que la ecología y el desarrollo son in­compatibles, afirmándose que aquella consti­tuye un freno a este último. Nada más alejado de la verdad. Precisamente los países denomi­nados desarrollados han comprendido que el verdadero desarrollo debe mantener la armo­nía entre lo económico, lo social y lo ecológi­co y se han convertido en abanderados de la defensa del medio. Es evidente que la destruc­ción de recursos tales como las aguas, los bosques y los suelos, ocasionada por el desa­rrollo incontrolado, constituye un freno al mismo desarrollo, que necesita de recursos co­mo éstos para sostenerse. El Nuevo Liberalismo debe, por consiguiente, propagar el concepto de la compatibilidad de la ecología y el desa­rrollo y ligar a toda propuesta de desarrollo físico el correspondiente control ecológico, lo cual la hará más completa y más productiva a mediano y largo plazo.


Educación Ambiental

El grado de ignorancia ecológica en el país es inmenso, captándose en todos los niveles, desde los estratos más humildes de la pobla­ción hasta los círculos más encumbrados del alto Gobierno. A causa de esta ignorancia han sido deteriorados importantes recursos natura­les y se han tomado decisiones desarrollistas que no contemplan la conservación del medio. Corresponde al Nuevo Liberalismo impulsar una gran campaña de educación ambiental a todos los niveles, desde la escuela rural hasta los recintos universitarios, incluyendo progra­mas para quienes no han tenido acceso a esas instituciones o ya las han abandonado. De mucha utilidad para estos fines serán los me­dios de comunicación tales como la prensa, la radio y la televisión y las técnicas de informá­tica y sistemas audiovisuales. Un pueblo con una adecuada educación ambiental, no permi­tirá que la destrucción de los recursos natura­les continúe.

Propuesta de Reforma Institucional del Sector Ecológico Colombiano

El caos institucional en el sector ecológico nacional ha sido denunciado en múltiples oportunidades desde hace varios años por los estudiosos del tema y por quienes han sufrido en carne propia las consecuencias de la desor­ganización imperante. Incluso las entidades gubernamentales involucradas y el Congreso de la República, han reconocido la necesidad de introducir un cambio radical en el sector, para hacerlo más eficiente, dotarlo de mayor financiación, darle independencia y proyec­tarlo a la ciudadanía, pero estos esfuerzos han quedado sepultados por la atención que demandan otros temas en apariencia de mayor urgencia nacional.

El interés en la protección de los recursos naturales renovables data de fecha relativa­mente reciente en el país. Sólo en 1968 fue creado el Instituto Nacional para el Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (Indere­na), aprovechando la existencia de la Corpora­ción del Bajo Magdalena (CBM), que fue transformada en el instituto. Los propósitos iniciales, como muy bien lo indica el nombre del instituto, tendían más hacia el desarrollo o explotación de los recursos que hacia su pro­tección o conservación; de ahí que no debe extrañar que aún hoy en día el 25% del presupuesto de Inderena proviene del otorgamiento de licencias para la explotación de recursos re­novables, en especial bosques.

El origen del instituto estuvo tan claramen­te ligado al sector agrícola, que sobraron argumentos para encasillarlo en este sector, adscri­to al Ministerio de Agricultura.

Por la misma época de la creación del Inde­rena, fueron establecidas las primeras Corporaciones Regionales, como la CAR y la CVC, que fueron seguidas por muchas más, con fun­ciones que en buena parte corresponden a las mismas asignadas a Inderena, como la protec­ción y control de los recursos naturales reno­vables. Estas corporaciones dependieron hasta fecha reciente del Ministerio de Agricultura, cuando, reconociéndose la amplitud de sus la­bores, fueron trasladadas a Planeación Nacio­nal. Muchas de estas corporaciones tienen la delegación explícita del Inderena para el cum­plimiento de tareas que corresponderían a este instituto en el área en su jurisdicción.

En adición a las anteriores entidades, exis­ten muchas otras del orden nacional, departamental, distrital y municipal que intervienen en el manejo del ambiente en Colombia. Entre ellas figuran el Ministerio de Salud, el Himat, el Insfopal, el INAS, el Incora, el ICA, las Em­presas Municipales y Distritales de Acueduc­tos, Alcantarillados y Basuras, las Oficinas de Planeación y los Departamentos de Parques y Avenidas.

La multiplicidad de entidades inconexas que de una u otra manera tienen funciones de administración ambiental, diluye las responsa­bilidades y hace ineficiente la fijación y aplicación de políticas ambientales.

Precisamente en el área de las políticas, es considerable la confusión existente, no advirtiéndose una clara política ecológica nacional. Prueba de ello son las frecuentes contradicciones de los organismos del Estado y los enfrentamientos entre algunos de ellos cuando se pretende incorporar patrones ecológicos a los programas de desarrollo del país. Este vacío en materia de políticas ambientales tiene su principal origen en la desorganización institu­cional que afecta al sector ecológico.

 

Antecedentes

Los propósitos encaminados a dotar al sector ecológico nacional de una adecuada organización datan de la segunda mitad de la década de los años setentas. El gobierno transformador que presidió Carlos Lleras Restrepo dio categoría de instituto nacional a la enti­dad encargada del manejo de los recursos na­turales renovables, aunque con las limitaciones emanadas de una época en que la conciencia ecológica era apenas naciente.

En el decenio de los años setentas se hicie­ron evidentes los grandes problemas ecológi­cos nacionales, como la deforestación masiva, la contaminación de las aguas, aire y suelos por desechos domésticos, industriales y agrí­colas, la extinción de especies animales y vegetales, la colonización incontrolada de los san­tuarios ecológicos y parques naturales, el desplazamiento de pescadores y campesinos por la ruina ecológica de aguas y suelos, el de­terioro de la calidad de vida en el campo y la ciudad y la exposición de miles de colom­bianos, particularmente niños, a enfermedades mortales transmitidas por los medios contami­nados.

Los problemas eran ya de tal magnitud, que se veía con claridad la necesidad de combatir­los con prontitud y eficiencia pero se recono­cía que el Inderena no estaba dotado ni del presupuesto, ni de la tecnología, ni del equi­pamiento humano para afrontarlos. Se promulgó el Decreto 2811 de 1974 o Código de Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente, que ha sido objeto de grandes elogios y utilizado como modelo para otros países, pero no se diseñaron los mecanis­mos para llevarlo a la práctica.

Ante esta situación, en el Congreso de la República fueron presentados dos proyectos de ley para conferir facultades al Presidente de la República para crear en uno de los casos el Ministerio del Medio Ambiente y en el otro el Departamento Administrativo del Ambien­te. Ninguno de estos proyectos fue evacuado por el Congreso, seguramente por falta de una convincente sustentación.

 

Propuesta del Grupo Ecológico del Nuevo Liberalismo

La idea de crear Departamentos Adminis­trativos o Ministerios del Medio Ambiente no es nueva en el mundo. Organismos de esta naturaleza existen en casi toda Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. La con­tribución de estos organismos a la defensa y protección del ambiente ha sido enorme, prin­cipalmente en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Colombia se ha ido quedando atrás de esta tendencia mientras sus problemas ecológicos se agravan cada día y la indiferencia del Gobierno es casi total.

Pero no es con el objeto de imitar a otros países más conscientes y avanzados que proponemos la reforma institucional del sector ecológico colombiano, sino porque entendemos que de otra manera no podrán corregirse los gravísimos problemas ecológicos del país sino que éstos se acentuarán, trayendo mayor miseria al campo, insalubridad a las ciudades, muerte a los ríos, desertificación a las monta­ñas y una crisis económica de grandes propor­ciones, con características seguramente irre­versibles.

El manejo de la ecología nacional no puede continuar siendo débil, disperso e ineficiente; es preciso unificar criterios ambientales y con­catenar a las entidades nacionales, departamentales y municipales relacionadas con el ambiente para que éste sea administrado con coherencia.

Hemos analizado las alternativas de reforma institucional al sector ecológico, encontrando que solamente dos son factibles y que respon­den a los objetivos buscados: la creación del Ministerio del Medio Ambiente o la constitu­ción del Departamento Administrativo del Ambiente. De estas dos, nos inclinamos por la segunda alternativa, por razones que exponemos más adelante.

En el fondo, tanto la conversión del Indere­na en el Ministerio del Medio Ambiente como en el Departamento Administrativo del Am­biente cumplen con el objetivo propuesto de contar con una entidad de alta jerarquía na­cional que inspirando respeto, formule la po­lítica ambiental, coordine la acción ambiental de otras entidades, controle el cumplimiento de las políticas adoptadas y promueva o eje­cute las investigaciones, estudios y actividades necesarias para la preservación y mejoramien­to del ambiente.

Sin embargo, las anteriores labores podrían desarrollarse de manera más técnica y con me­nor interferencia política a través de un De­partamento Administrativo dependiente de la Presidencia de la República, organismo que no estaría sujeto a los vaivenes políticos y a las presiones de tipo burocrático.

Algunos anotan como una desventaja del Departamento Administrativo su escasa posi­bilidad de ser dotado de un adecuado presu­puesto, mientras que el Ministerio no tendría obstáculos en esta materia; no creemos que este sea el caso, pues las asignaciones presu­puestales son determinadas por Planeación Nacional y revisadas por el Congreso Nacional, según criterios de necesidad de recursos, dis­ponibilidad de éstos y establecimiento de prioridades. Es precisamente en esta área de las prioridades donde el nuevo organismo de­be ser convincente, para que se obtenga una asignación presupuestal acorde con los grandes retos que el’ indispensable desarrollo del país impone a la conservación y defensa de los re­cursos naturales, que a su vez son la materia prima para el desarrollo económico de la Na­ción.

No creemos que el origen de los recursos económicos del Departamento Administrativo del Ambiente deba ser de carácter exclusiva­mente fiscal. Consideramos que la conserva­ción y protección de los recursos naturales es un servicio rentable que se presta a los campos, a las ciudades, a la industria y al hombre y que en consecuencia debe ser pagado a través de tarifas o de tasas en proporción al benefi­cio obtenido. Este procedimiento, que tiene mayores posibilidades a medida que crece la conciencia ecológica nacional, podría llegar a hacer autosuficiente a la entidad rectora de la política ecológica nacional.

Consideramos, además, que las Corporacio­nes Regionales están siendo creadas última­mente, a diferencia de la CAR, la CVC y la CVS, sin un claro objetivo regional, sino con propósitos más del ámbito departamental, ha­ciendo incoherente su acción.

Las labores que ejecutan las corporaciones regionales, en adición a la protección y defen­sa de los recursos naturales, como son la ex­tensión de vías a las pequeñas poblaciones, la electrificación rural y la construcción de acue­ductos, no están en contradicción con la prin­cipal de sus funciones, sino que al contrario demuestran los beneficios que pueden obte­nerse del adecuado manejo del ambiente.

En consecuencia, proponemos que al crear­se el Departamento Administrativo del Am­biente, las Corporaciones Regionales pasen a depender de este organismo y no de Planea­ción Nacional Igualmente, la División de Sa­neamiento Ambiental del Ministerio de Salud se integraría con el Departamento Administra­tivo del Ambiente. A nivel municipal o distri­tal, proponemos la creación de los Consejos de Política Ecológica, que coordinados por el ya citado Departamento, tendrían represen­tantes de éste y de las entidades locales rela­cionadas directamente con el manejo del am­biente, como las Empresas de Acueducto, Alcantarillados y Basuras, los Departamentos de Parques y Avenidas y los Departamentos de Planeación Municipal o Distrital. Estos Consejos formularían políticas ambientales a nivel local y velarían por su aplicación, en es­trecha coordinación, como ya se dijo, con el Departamento Administrativo del Ambiente.

La anterior propuesta del Grupo Ecológico del Nuevo Liberalismo homogeniza el manejo del ambiente a todos los niveles, integra crite­rios para la promulgación de políticas ecológi­cas y crea una esperanza para el mejoramiento ambiental de Colombia, cuando queda ya es­caso tiempo para lograrlo.


Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

  1. Existe un caos institucional en el sector ecológico colombiano debido a la prolifera­ción de entidades débiles, con funciones co­munes y a su vez contradictorias, sin que exista coordinación entre dichas entidades;
  2. El sector ecológico colombiano carece de financiación adecuada para el desarrollo de sus programas;
  3. La legislación ambiental de Colombia no se aplica debido a la ausencia de mecanismos para hacerlo;
  4. La investigación, estudio y análisis de los problemas ecológicos nacionales es defi­ciente como consecuencia de los factores cita­dos anteriormente;
  5. La educación ambiental en el país re­quiere ser estimulada y llevada con idoneidad y agilidad a todos los rincones de la patria.

Recomendaciones

  1. Debe subirse de categoría al Inderena y convertirlo en el Departamento Administrati­vo del Ambiente, dependiente de la Presiden­cia de la República y con las funciones de formular la política ambiental, coordinar la acción ambiental de los demás organismos que tienen responsabilidades en esta área, contro­lar el cumplimiento de las políticas adoptadas, promover y ejecutar investigaciones y estudios ambientales y estimular el acceso a la educa­ción ambiental en todos los niveles;
  2. Debe dotarse al Departamento Admi­nistrativo del Ambiente de un presupuesto acorde con las tareas a desarrollar. Parte fun­damental de este presupuesto debe ser la cap­tación de recursos provenientes de los servi­cios prestados a la comunidad en general.

Estos recursos se captarían por la vía de tasas o tarifas en proporción a los beneficios obtenidos;

  1. Las Corporaciones Regionales deben pa­sar a depender del Departamento Administra­tivo del Ambiente y algunas de ellas deben ser reformadas para que obedezcan a objetivos coherentes;
  2. La División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud debe integrarse con el Departamento Administrativo del Ambiente;
  3. A nivel municipal, se propone la crea­ción de los Consejos de Política Ecológica, integrados por el Departamento Administrativo del Ambiente, que los coordinaría y por las entidades que a nivel local están relacionadas con el manejo del ambiente. Estos Consejos formularían políticas ambientales de carácter municipal o distrital y vigilarían su aplicación.