D019 P007 | Fortalecimiento del Sistema Democrático

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D019 P007 | Fortalecimiento del Sistema Democrático

Cámara de Representantes

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO

por el cual se reforma la Constitución Política de Colombia

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1o. El Artículo 26 de la Constitución Política quedará así:

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante Tribunal competente y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio. En ningún caso, los civiles podrán ser juzgados por la justicia penal militar.

En materia criminal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Artículo 20. El Artículo 42 de la Constitución Política quedará así:

Toda persona tiene derecho a expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas y opiniones directamente o a través de la prensa, la radio, la televisión, el cinematógrafo y los demás medios de comunicación y a informarse sin impedimentos ni discriminaciones. Se garantiza el derecho de réplica en condiciones de igualdad y eficacia.

Los medios de comunicación son responsables con arreglo a las leyes, cuando atenten contra la honra de las personas, el orden social y la tranquilidad pública.

Las ondas radioeléctricas y los canales de radio y televisión pertenecen a la Nación.

La ley reglamentará la prestación del servi cio público de la radio y la televisión de manera que se garantice el acceso de todos los partidos políticos, incluyendo la oposición.

Artículo 30. El Artículo 55 de la Constitución Política quedará así:

Son ramas del poder público la Legislativa, la Ejecutiva, la Jurisdiccional, y la Electoral.

Los funcionarios de las distintas ramas del poder público tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente en la realización de los fines del Estado.

Artículo 40. El artículo 59 de la Constitución Política quedará así:

El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforman la rama electoral.

Artículo 50. El Artículo 60 de la Constitución Política quedará así:

La vigilancia de la gestión fiscal de la administración corresponde a la Contraloría General de la República y se ejercerá conforme a la ley.

La Contraloría no ejercerá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización. El Contralor General de la República será elegido para un período de cuatro (4) años y no podrá ser reelegido para el siguiente. Si al vencimiento de su mandato la Cámara de Representantes no hubiere hecho elección, el Presidente de la República designará a quien haya de remplazarlo en calidad de interino, mientras se provea el cargo en propiedad. La falta absoluta del Contralor también la proveerá interinamente el Presidente de la República.

Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener título universitario en Derecho o en Ciencias Económicas o Financieras.

Además haber desempeñado en propiedad alguno de los cargos de ministro del despacho, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, consejero de Estado, Contralor General de la República; haber sido miembro del Congeso nacional por lo menos durante cuatro (4) años, o profesor universitario en las cátedras de ciencias jurídico-económicas, durante un tiempo no menor de cinco (5) años.

El Contralor General de la República tentrá las siguientes atribuciones:

1. Llevar el libro de la deuda pública del Estado ;

2. Prescribir los métodos de la contabilidad
de la administración nacional y sus entidades descentralizadas y la manera de rendir cuentas del manejo de fondos 0 bienes nacionales;

3. Exigir informes a los empleados públicos nacionales, departamentales o municipales, sobre su gestión fiscal;

4. Revisar y fenecer las cuentas de los responsables del erario;

5. los empleos de su dependencia que haya creado la ley, y;

6. Las demás que señale la ley.

Artículo 60. El Artículo 74 de la Constitución Política quedará así:

Las cámaras se reunirán en un solo cuerpo para su instalación y clausura; para dar posesión al Presidente de la República o quien lo suceda en su falta absoluta o temporal; para elegir a quien haya de cumplir las funciones de vicepresidente en los eventos previstos en el título XI y para recibir a los jefes de Estado o de Gobierno que vengan a (blombia en visita oficial.

El Presidente del Senado y el de la Cámara serán, respectivamente, Presidente y Vicepresidente del Congreso.

Artículo 70. El Artículo 93 de la Constitución Política quedará así:

El Senado de la República se compondrá de dos (2) senadores por cada departamento y uno más por cada 200.000 0 fracción mayor de 100.000 habitantes que tengan en exceso sobre los primeros 200.000. Cada vez que un nuevo censo fuere aprobado, la anterior base se aumentará en la misma proporción del incremento de la población que de él resultare.

Adicionalmente, el Senado de la República tendrá un Senador por la circunscripción especial para nacionales colombianos en el exterior y hasta dos (2) Senadores por la circunscripción nacional.

La circunscripción especial elegirá un Senador con la votación de los nacionales colombianos en el exterior y la curul se adjudicará al candidato que obtenga la mayor votación entre los inscritos para esta circunscripción.

La circunscripción nacional elegirá hasta dos (2) Senadores con la votación de los partidos u organizaciones políticas que habiendo inscrito listas por lo menos en seis (6) circunscripciones electorales y obteniendo en la suma de todas ellas un total de votos al menos igual al cuociente nacional promedio, no lograron elegir miembro del Para los efectos del inciso anterior, el cuociente nacional promedio se obtiene dividiendo la votación total para Senado de la República entre el número de puestos por proveer en la fecha de la elección.

Las por proveer por la circunscripción nacional para el Senado de la República se adjudicarán a los partidos u organizaciones políticas que, habiendo cumplido con los requisitos exigidos, obtengan las dos primeras votaciones. Dentro de cada partido u organización política la representación la obtendrá el primer renglón de la lista mayoritaria.

La falta absoluta o temporal de los Senadores serán llenadas por los suplentes respectivos, siguiendo el orden de colocación de sus nombres en la correspondiente lista electoral. El número de suplentes será igual al número de Senadores principales.

Artículo 80. El Artículo 94 de la Constitución Política quedará así:

Para ser elegido Senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 30 años de edad en la fecha de la elección y, además, haber desempeñado alguno de los cargos de Presidente de la República, Vicepresidente, miembro del Congreso, ministro del despacho, jefe de departamento administrativo, jefe de misión diplomática, gobernador de departamento, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de Tribunal Superior o Contencioso Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, profesor universitario por cinco años a lo menos, o haber ejercido por tiempo no menor de cinco años una profesión con título universitario.

Ningún ciudadano que haya sido condenado por sentencia judicial a pena de presidio o prisión, puede ser elegido Senador. Se exceptúa de esta prohibición los condenados por delitos políticos.

Artículo 90. El numeral 10., del Artículo 98 de la Constitución Política quedará así:

1. Admitir o no la renuncia que presente el Presidente o el Vicepresidente de la República.

Artículo 10. El Artículo 99 de la Constitución Política quedará así:

La Cámara de Representantes se compondrá de dos (2) Representantes por cada departamento y uno más por cada 100.000 0 fracción mayor de 50.000 habitantes que tengan en exceso sobre los primeros 100.000. Cada vez que un nuevo censo fuere aprobado, la anterior base se aumentará en la misma proporción del incremento de población que de él resultare. Las circunscripciones electorales a que se refiere el inciso 30. del Artículo 177 elegirán Representantes a la Cámara así: Putumayo dos (2), San Andrés y Providencia uno (1), Arauca, Vichada, Vaupés y Guainía uno (1).

Cuando el número de habitantes de cualquiera de las anteriores circunscripciones electorales alcanzare las bases de población blecida para la elección de representantes le será aplicable el sistema general de adjudicación señalado en el inciso 1o., de este artículo.

Adicionalmente, la Cámara de Representantes tendrá dos (2) Representantes por la circunscripción especial y hasta (4) cuatro representantes por la circunscripción nacional. La circunscripción especial elegirá dos (2) Representantes con la votación de los nacionales colombianos en el exterior y las curules se adjudicarán por el sistema de cuociente electoral.

La circunscripción nacional elegirá hasta cuatro (4) representantes por los partidos u organizaciones políticas que, habiendo inscrito listas por Io menos en seis (6) circunscripciones electorales y obtenido en la suma de todas ellas un total de votos al menos igual al cuociente nacional promedio, no lograron elegir miembro del Congreso.

Para los efectos del inciso anterior, el cuociente nacional promedio se obtiene dividiendo la votación total para Cámara de Representantes entre el número de puestos por proveer en la fecha de la elección.

Las curules por proveer por la circunscripción nacional para la Cámara se adjudicarán a los partidos u organizaciones políticas que cumpliendo con los requisitos exigidos, obtengan las cuatro (4) primeras votaciones. Dentro de cada partido u organización política la representación la obtendrá el primer renglón de la lista mayoritaria.

La falta absoluta o temporal de los Representantes serán llenadas por los suplentes respectivos, siguiendo el orden de colocación de sus nombres en la correspondiente lista electo ral. El número de suplentes será igual al número de Representantes principales.

Artículo II. El numeral 40., del Artículo 102 de la Constitución Política quedará así:

4. Acusar ante el Senado cuando hubiere causas constitucionales o legales, al Presidente de la República o a quien haya hecho sus veces, al Vicepresidente, a los ministros del despacho, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los consejeros de Estado y al Procurador General de la Nación, aun cuando hubieren cesado en el ejercicio de sus funciones. En este último caso por hechos u omisiones en el desempeño de los mismos.

Artículo 12. El Título. XI de la Constitución Política quedará así:

TITULO XI
DEL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Artículo 13. El Artículo 114 de la Constitución Política quedará así:

El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos simultáneamente y en una misma fórmula electoral por la mayoría absoluta de los votos válidos depositados directamente por los ciudadanos y para un período de cuatro (4) años en la forma que determine la ley.

Si dicha mayoría no fuere obtenida por ninguna de las fórmulas inscritas, debe procederse a una segunda votación el tercer domingo siguiente a la primera. A esta segunda votación solamente podrán presentarse las dos fórmulas que en la primera hubieren obtenido el mayor número de votos.

Si una o ambas fórmulas renunciaren a su derecho de participar en la segunda votación, podrán presentarse a ésta, la fórmula o las dos fórmulas que le sigan en votos, si es del caso.

En ningún caso podrá modificarse la fórmula de candidatos integradá por Presidente y Vicepresidente, entre la primera votación y la segunda.

La elección de miembros del Congreso y la primera votación para Presidente y Vicepresidente de la República se realizará en un mismo día, en la fecha que qetermine la ley. La de miembros de otras corporaciones públicas se efectuará en el mismo día que la de Congresistas, si •su renovación coincide con la del Congreso.

Parágrafo transitorio: La elección de Presidente y de Vicepresidente de la República y la de corporaciones públicas del año de 1990 se realizarán el primer domingo del mes de mayo del mismo año.

Artículo 14. El Artículö 115 de la Constitución Política quedará así:

Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requieren las mismas calidades que para ser Senador.

Artículo 15. El Artículo 124 de la Constitución Política quedará así:

El Vicepresidente de la República reemplazará al Presidente en caso de falta temporal o absoluta.

El período del Vicepresidente coincidirá con el de Presidente.

A falta de Vicepresidente entrarán a ejercer la Presidencia de la República los ministros en el orden que establezca la ley y en su defecto, los gobernadores siguiendo estos el orden de proximidad de su residencia a la capital de la República.

La persona que, de conformidad con el inciso anterior, reemplace al Presidente, pertenecerá al mismo partido político de éste.

En las faltas temporales del Presidente de la República, bastará que el Vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad para que pueda ejercerlo posteriormente cuantas veces fuere necesano.

En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso elegirá con la misma filiación política a quien haga sus veces, salvo lo dispuesto en el Artículo 127. Para cumplir esta función el Congreso podrá reunirse por derecho propio o por convocatoria del gobierno, en cualquier tiempo.

Artículo 16. El Artículo 127 de la Constitución Política quedará así:

En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Vicepresidente asumirá la Presidencia hasta el final del período presidencial y el Congreso procederá a elegir a quien haya de cumplir las funciones de Vicepresidente en los eventos previstos en este título.

Si el encargado de la Presidencia fuere un ministro o un gobernador, por falta absoluta del Vicepresidente, convocará inmediatamente al Congreso para que se reúna dentro de los diez (10) días siguientes, con el fin de elegir a quien haya de cumplir las funciones presidenciales, quien declarado electo, tomará posesión del cargo de Presidente de la República. En caso de que el ministro o el gobernador encargado no hiciere la convocación, el Congreso se reunirá por derecho propio dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se produjo la vacancia presidencial. Son faltas absolutas del Vicepresidente: su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente declarada por el Senado.

La persona que, de conformidad con este artículo, sea elegida por el Congreso, pertenecerá al mismo partido político del Presidente.

Artículo 17. El Artículo 129 de la Constitución Política quedará así:

El Presidente de la República no es reelegible en ningún caso para el período inmediato.

No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente de la República, el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia dentro del año inmediatamente anterior a la elección.

Tampoco podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cualquiera de los cargos a que se refiere el inciso 1o. , del Artículo 108.

Artículo 18. El Artículo 131 de la Constitución Política quedará así:

El Presidente y el Vicepresidente de la República durante el período para que sean elegidos, y el que se halle encargado del poder ejecutivo, mientras lo ejerza, no podrán ser perseguidos ni juzgados por delito, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa.

Artículo 19. El inciso Io., del Artículo 144 de la Constitución Política quedará así:

El Procurador General de la Nación será elegido para un período de cuatro (4) años y no podrá ser reelegido para el período siguiente. Deberá reunir las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 20. El Título XVII de la Constitución Política quedará así:

 

TITULO XVII

Artículo 21. El Artículo 171 de la Constitución Política quedará así;

La rama electoral será ejercida por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil. El Consejo Nacional Electoral desempeñará sus funciones en forma permanente, se compondrá de los miembros que señale la ley y será elegido por el Consejo de Estado.

Artículo 22. El Artículo 172 de la Constitución Política quedará así:

Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros intendenciales y comisariales, alcaldes y concejales municipales y del Distrito Especial.

Artículo 23. El Artículo 173 de la Constitución Política quedará así:

A fin de asegurar la representación proporcional de los partidos, cuando se vote por dos (2) o más individuos en elección popular o en una Corporación Pública, se empleará el sistema de cuociente electoral.

El cuociente será el número que resulte de dividir el total de los votos válidos por el de puestos por proveer. Si se tratare de la elección de sólo dos (2) individuos, el cuociente será la cifra que resulte de dividir el total de votos válidos por el número de puestos por proveer, más uno (1).

La adjudicación de puestos a cada lista se hará en proporción a las veces que el cuociente quepa en el respectivo número de votos válidos.

Si quedaren puestos por proveer se adjudicarán a los residuos, en orden descendente.

Artículo 24. El Artículo 176 de la Constitución Política quedará así:

Cada departamento constituirá una circunscripción para la elección de senadores. Existirá, además, una circunscripción especial para nacionales colombianos en el exterior y una circunscripción nacional.

Artículo 25. El Artículo 177 de la Constitución Política quedará así:

Cada departamento constituirá una circunscripción para la elección de representantes.

Existirán, además, circunscripciones electorales para las intendencias y comisarías; una circunscripción especial para naciontues colombianos en el exterior y una circunscripción nacional.

Para intendencias y comisarías las circunscripciones serán las siguientes: La de San Andrés y Providencia, capital San Andrés; la del Putumayo, capital Mocoa; la de Arauca, Vichada, Vaupés y Guainía, capital Arauca.

Artículo 26. Para el inciso 40., del Artículo 190 de la Constitución Política, el siguiente texto :

Los contralores departamentales, el del Distrito Especial de Bogotá y los de los municipios no podrán ser reelegidos para el período siguiente ni continuar en el ejercicio del cargo al vencimiento de su mandato. Si al vendimiento del período, la asamblea departamental o el Concejo Municipal o Distrital, en su caso, no hubiere hecho elección, el gobernador o el alcalde, según su competencia, nombrará contralor interino mientras no provea el cargo en propiedad. Los mismos funcionarios también nombrarán interinamente los contralores cuando hubiere falta absoluta de éstos.

Artículo 27. El Artículo 201 de la Constitución Política quedará así:

Los alcaldes serán elegidos por la mayoría absoluta de los votos válidos depositados directamente por los ciudadanos, para períodos de dos (2) años y ninguno podrá ser reelegido para el período siguiente.

Si la mayoría absoluta no fuere obtenida en la primera votación por ninguno de los candidatos, se procederá como lo establece el Artículo 114.

La elección de diputados, consejeros intendenciales y comisariales, de concejales y la primera votación para alcaldes se realizará en un mismo día y en la fecha que determine la ley.

Artículo 28. Derógase en su totalidad el parágrafo del numeral 1o., del Artículo 120 de la Constitución Política, el Artículo 14 del Acto Legislativo No. 2 de 1977 y el inciso 10., del Artículo 12 del Plebiscito de 1957.

Artículo 90. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

del Proyecto de Acto Legislativo por el cual se reforma la Constitución Política de Colombia

El proyecto de Acto Legislativo que sometemos a la consideración de la Cámara de Representantes se inspira en el propósito de fortalecer el sistema democrático en un momento de especial importancia histórica. En 1986 se ha iniciado una nueva época en la política colombiana porque así lo ha expresado la voluntad popular en las elecciones del presente año.

Es indispensable modernizar las instituciones para conseguir el perfeccionamiento de los mecanismos democráticos a la luz de las nuevas realidades políticas. En 1986 terminó el Frente Nacional cuya vigencia práctica se había prolongado más allá de 1974, durante las tres últimas administraciones presidenciales. Ello sucedió porque así lo había previsto el Constituyente de 1968 y en parte también porque las circunstancias políticas de los últimos doce años no habían permitido el verdadero cambio.

Para desarrollar su democracia en esta nueva etapa Colombia necesita plenas garantías sobre la independencia del sistema electoral; abrir posibilidades de acceso al Parlamento a fuerzas políticas o sociales minoritarias; adquirir conciencia de la etapa de internacionalización que ha comenzado a vivir nuestra sociedad, para lo cual es fundamental crear sistemas de representación de los colombianos residentes en el exterior; asegurar que los poderes especiales que se configuran en un régimen presidencial como el nuestro se justifiquen democráticamente con el establecimiento de la mayoría absoluta en la elección del Jefe del Estado; defender el consenso político en los municipios al extender el requisito de la mayoría a la elección de alcaldes; establecer el origen democrático de quien eventualmente deba reemplazar al Presidente de la República; reconocer en la Constitución que la información en el mundo contemporáneo es uno de los más importantes factores de poder, lo cual implica la necesidad de garantizar el derecho de información y señalar los principios democráticos que deben tutelarlo.

Todos estos criterios y propuestas, como los demás de este Acto Legislativo, buscan que el sistema político se identifique con la sociedad de hoy y logre expresarla verdaderamente. Los partidos políticos son indispensables pero la política en la democracia no puede encerrarse en lo simplemente partidista.

El Congreso es la representación de la Nación pero sí existe una política extraparlamentaria, porque grupos sociales como las minorías étnicas, los indígenas, los colonos o grupos especiales, por ejemplo, los campesinos, los ecologistas u otros sectores no tienen acceso ni al Senado ni a la Cámara, tampoco podrá decirse que el Congreso representa verdaderamente a la Nación.

Colombia necesita preparar sus instituciones democráticas para el siglo XXI para armonizar la modernización política con las transformaciones que vive y vivirá la sociedad. Pensando en esto consideramos indispensables las reformas que explicamos a continuación.

 

I. PODER ELECTORAL INDEPENDIENTE COMO CUARTA RAMA DEL PODER PUBLICO

Para el Nuevo Liberalismo constituye un aspecto fundamental, dentro del conjunto de reformas políticas, el logro de un sistema electoral confiable que garantice la pureza e imparcialidad de los procesos electorales y de la necesaria legitimidad popular de nuestros gobernantes y miembros de corporaciones públicas.

Las reformas introducidas a la legislación electoral en los últimos años y en particular la aprobación de la Ley 96 de 1985, apuntari hacia la institucionalización de un poder electoral independiente. La creación del Concejo Nacional Electoral, como supremo organismo de inspección y vigilancia de la organización electoral, así como las facultades que se le otorgan para decidir sobre cuestiones de derecho y hecho, indican la voluntad del legislador en este sentido. En el presente proyecto de Acto Legislativo, proponemos la creación de la cuarta rama del poder público, la electoral, y para ello introducimos las modificaciones pertinentes en los artículos de la Constitución Nacional estableciéndola y señalando que ella está conformada por el Consejo Nacional y por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

 

II. CIRCUNSCRIPCION NACIONAL

El mejoramiento de nuestro sistema electoral y la creación de canales de participación institucional para todos los sectores de nuestra sociedad, es preocupación permamente de quienes coincidimos en que la apertura política constituye una de las herramientas fundamentales para el logro de la paz y la concordia entre los colombianos.

La aprobación de normas como la elección popular de alcaldes (Acto Legislativo No. I de 1986), los pasos dados para modernizar el sistema electoral (Ley 96 de 1985), y las disposiciones sobre organización y legalización de los partidos políticos (Ley 58 de 1985), representan importantes avances logrados en la legislatura pasada. Corresponde al actual Congreso continuar con el estudio de los temas que no alcanzaron a hacer curso y de las nuevas propuestas dentro del propósito de hacer más operante y dinámica nuestra democracia.

La circunscripción nacional para garantizar la presencia de las minorías. políticas en el Congreso de la República, forma parte de la plataforma política del Nuevo Liberalismo desde el año de 1981 y a favor de ella se han pronunciado importantes dirigentes de las colectividades tradicionales y de las nuevas organizaciones políticas. Hoy algunas de esas minorías no tienen representación aunque la votación obtenida en todo el país sea igual y muchas veces superior a votaciones que regionalmente lograron curules en el Congreso. Permitirles el acceso para que el Parlamento sea el escenario de discusión de todas las corientes ideológicas que se expresan en la sociedad, constituye un deber inaplazable.

La circunscripción nacional no modifica sustancialmente el número de integrantes de la corporación; proponemos que por esta circunscripción se elijan hasta dos senadores y cuatro representantes, con lo que, sin modificarse la actual base poblacional, sólo aumentaríamos en 6 el actual número de congesistas.

Para garantizar el carácter nacional de las organizaciones que compiten por esta circunscripción, la representatividad del número de sus electores en relación con la votación total, y el de que realmente se trata de una minoría sin participación en el Congreso, se establecen tres requisitos:

1. Haber inscrito listas y obtenido votación en por lo menos seis circunscripciones.

2. No haber logrado representación en la corporación respectiva (Senado o Cámara) por ninguna otra circunscripción.

3. Haber obtenido una votación total nacional no inferior al cuociente nacional promedio para Senado o Cámara, según el caso.

Sólo el cumplimiento de estos requisitos da la posibilidad de obtener la representación, de manera que se puede dar el caso de que ninguna organización logre curules por la circunscripción nacional o que éstas se adjudiquen sólo parcialmente.

La circunscripción nacional se formará automáticamente una vez efectuado el escrutinio y de acuerdo con el objetivo del proyecto —la representación de las minorías— las curules se adjudicarán en orden al número de votos que hayan obtenido los partidos u organizaciones políticas que cumplan con los requisitos. Es decir, que no podrán adjudicarse las dos curules al Senado, ni más de una de las de la Cámara a una misma agrupación política,

La adjudicación de las curules dentro de cada partido u organización política se hará en todos los casos al primer renglón de la lista que haya obtenido el mayor número de votos, preservando de esta manera la voluntad del elector.

 

III. CIRCUNSCRIPCION ESPECIAL

Colombia tiene millones de colombianos en el exterior que no pueden expresarse en la actualidad acerca de las decisiones populares que tienen que ver con el destino de su país. Son colombianos en tránsito por el exterior, o compatriotas que emigraron en busca de un porvenir laboral que no les pudo ofrecer nuestra sociedad. El Estado colombiano no puede ser ajeno a la suerte de estos ciudadanos que en muchos casos pasan ingentes dificultades de diferente índole, incluyendo el hostigamiento de las autoridades de otros países, ni puede perder sus vínculos con ellos puesto que tiene responsabilidades, así como el deber de ofrecerles el apoyo y las posibilidades de reincorporarlos en el futuro a la vida y a la organización del país.

Gran parte de los colombianos en el exterior son individuos que han adquirido experiencias y conocimientos en muchas ramas de la actividad productiva que son invaluables para el desarrollo de nuestra economía. Muchos de ellos están remitiendo en forma constante y continua divisas, fruto de su trabajo. Esas divisas no sólo ayudan a solventar nuestras apremiantes necesidades de moneda externa, sino que también contribuyen a la supervivencia de familiares que permanecen en nuestro territorio y que no tienen otra fuente distinta de ingresos ni oportunidades de trabajo. Por todas estas razones, es indispensable crear un estímulo para la organización de los colombianos en el exterior como es la posibilidad de que elijan a representantes suyos en el Congreso de la República y así abrirles un canal de expresión y de comunicación en las instituciones de nuestra democracia y con el Estado colombiano que muchas veces es negligente hacia ellos, si no inexistente.

Sin duda que un principio de organización política de colonias de colombianos en el exterior como el que sería inducido por la figura de la circunscripción eletoral que proponemos, sería de gan importancia en las condiciones políticas que rodean a las relaciones entre Colombia y otros países en los cuales viven numerosos compatriotas. Estas colonias numerosas bien organizadas y aglutinadas, con representación política en el Congreso de la República, serían sin duda un factor condicionante y determinante de gran importancia en el tratamiento y en la solución de los problemas que plantean nuestras relaciones con esos países, así como en la intensificación de nuestras relaciones exteriores, culturales y comerciales con ellos.

Cabe anotar que en las elecciones presidenciales de 1982 votaron en el exterior cerca de 85.000 colombianos y aunque esta cifra se redujo por diferentes circunstancias en las elecciones presidenciales pasadas a cerca de 25 ,000 votantes, nos indica la trascendencia y la magnitud del asunto que le planteamos al Congreso de la República, y la urgencia que hay de darle un principio de organización a esas fuerzas electorales por fuera de las fronteras. La posibilidad de elegir representantes en el Congreso, además de la ya existente de votar en los comicios presidenciales, incorporaría con más intensidad y en forma sin duda más numerosa a esos compatriotas a nuestra democracia, a nuestras intituciones, al funcionamiento de nuestra economía y al desarrollo en todos los sentidos de nuestra Nación, que también a ellos les pertenece.

 

IV. MAYORIA ABSOLUTA PARA LA ELECCION PRESIDENCIAL Y DE ALCALDES

Iniciativas similares, en caso de la votación presidencial, han sido presentadas, como la última en la legislatura de 1984 que recibió el apoyo de las directivas del oficialismo liberal, respaldo que ya habían manifestado los expresidentes Lleras Camargo y Pastrana Borrero.

De la exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo No. 13 de 1984, tomamos los siguientes apartes:

“El sistema de elección a dos vueltas contribuye en buena medida al desarrollo democrático del país, porque permite garantizar que el poder lo ejerza realmente quien tiene el suficiente respaldo popular.

“El requisito de la mayoría absoluta, si se obtiene en la primera elección, demuestra la definitiva ascendencia que el candidato alcanzaria en la conciencia ciudadana desde un principio.

“Si no es así y ocurre en la segunda elección, demuestra que el candidato logró probablemente aglutinar en torno suyo una base popular suficientemente fuerte para poder gobernar. En esta última hipótesis los sectores minoritarios entran a jugar un papel relevante en la decisión final, evitándose la atomización de estas corrientes de opinión, indiscutiblemente necesarias en cualquier sistema democrático.

”Las dos vueltas no constituyen reto ni desventaja para partido político alguno y sí, por el contrario, estimulan su fortalecimiento. Todas las agrupaciones políticas reciben el tratamiento justo en tanto que la votación para la escogencia de Presidente no podrá configurarse con resultado minoritario frente al volumen superior que, en últimas, habría sufragado contra el gobernante elegido.

“Es, también, este sistema un estímulo verdadero del elector y un factor que incidirá en la disminución del abstencionismo, pues las pequeñas fracciones políticas podrán acudir en igualdad de condiciones a la primera vuelta, con el aliciente de que si no logran la mayoría sí tendrán un importante papel que cumplir en la segunda etapa, dándole expresión a sus opiniones e ideas tal “como sucede hoy en la República Francesa”.

La elección de alcaldes nos ha llevado a insistir en esta posición en el ámbito local, pues nada más funesto que jefes de la administración municipal elegidos por minorías mientras la comunidad en donde se desempeñan les es adversa.

 

V. VICEPRESIDENCIA POR ELECCION POPULAR

El tema de la Vicepresidencia de la República es bastante antiguo en Colombia. Se remonta a los comienzos mismos de nuestra República y durante la mayor parte del siglo pasado este cargo permaneció vigente entre las instituciones políticas de la Nación. En las últimas décadas diferentes sectores políticos han presentado proyectos de Acto Legislativo encaminados a revivir esta figura dentro de nuestra Constitución y para la presente legislatura varios de ellos han anunciado ya que insistirán en la iniciativa.

Consideramos que el proceso de maduración y desarrollo de la democracia en Colombia está ligado en forma estrecha a que se le vayan trasladando al pueblo el mayor número de determinaciones que tienen que ver con el manejo de su suerte colectiva y con la definición de su porvenir. No parece coherente que si bien el “elector primario tiene en sus manos la potestad de escoger al primer mandatario de la Nación, el cargo de mayor importancia y de mayor poder en toda la estructura del Estado colombiano, no pueda a su vez señalar el nombre del ciudadano que deba reemplazarlo en el evento de una falta que lo haga necesario. Lo lógico sería que este posible sustituto tuviera el mismo origen popular para desempeñar un cargo que, por su importancia y su naturaleza, los colombianos hemos decidido desde hace más de una centuria que sea provisto por el voto directo de los ciudadanos. Y de esta forma, el Presidente de relevo que se sometió al escrutinio público y tiene una investidura popular, adquiera a su vez un compromiso concreto con el pueblo en los órdenes político, social y económico, en igual sentido que el adquirido por el Presidente titular. En tales condiciones y bajo cualquier circunstancia, la ciudadanía tendrá una mayor garantía de que el día de las elecciones presidenciales ha definido para la jefatura del Estado una solución concreta y conocida para cuatro años que tiene el período constitucional del gobierno. En la forma actual, en caso de una falta absoluta el Presidente es reemplazado por el Designado, que siendo escogido por la vía indirecta del Congreso, no tiene vínculos de identidad ni de compromiso con el pueblo en igual orden y con la misma intensidad que el Presidente elegido por el voto popular. Tal en un primer plano y en una primera instancia, el reflejo y el producto de la voluntad del Congreso, una rama del poder público distinta del gobierno frente a la cual éste, según la Carta, debe guardar independencia dentro de un espíritu de cooperación y complementación. No tiene mucho sentido que un conjunto de congresistas elegidos en comicios aislados en las diferentes circunscripciones del país, pueda decidir quién es el remplazo del primer mandatario escogido por todos los ciudadanos en elecciones únicas y generales en la extensión del territorio de la Nación y en las sedes diplomáticas de Colombia en el exterior. Ni tampoco es consistente que la rama ejecutiva del poder público, una rama como se ha dicho independiente del poder, esté en algún momento encabezada y dirigida en su cargo titular por alguien escogido en el seno del Congreso, que no sólo pertenece a otra rama distinta del Estado, sino que cumple funciones diferentes como es, por ejemplo, hacer las leyes.

La democracia colombiana, tal como está instituida y organizada, corre demasiados riesgos por el hecho de no tener contemplada la elección conjunta de un Presidente de la República y de su suplente en una misma votación popular. Si por alguna razón, por ejemplo, el candidato de un partido fallece el día de las elecciones o en cualquiera de los seis días que las anteceden, el partido al cual pertenece queda por fuera de ellas sin posibilidad de inscribir un reemplazo. En ese evento se presentaría en el país un gran vacío político de impredecibles consecuencias, puesto que un sector de la opinión no aparecería representado en forma directa en el concurso electoral y por lo tanto las elecciones no serían, como se busca en una democracia, abiertas, libres, generales e imparciales. Por el contrario, estarían restringidas respecto de una zona de la opinión que no tendría candidato propio; no le darían espacio al conjunto de las opciones políticas que en un determinado momento presenta la sociedad y el ciudadano no contaría con la opción de escoger entre la totalidad de ellas, sino que su libertad de elección se vería constreñida a elegir entre una parte nada más de las posibilidades y alternativas reales de la Nación.

Dentro de otra hipótesis aparece también un vacío político que conlleva innumerables riesgos y amenazas para la democracia. Es la posibilidad de que ei Presidente electo, por cualquier desventura, fallezca antes de tomar posesión de su cargo el 7 de agosto y por Io tanto antes de que el Congreso, de conformidad con la Constitución, haya podido elegir Designado. Sólo planteada esta hipótesis enuncia, por ella misma, los fremendos traumatismos que traería consigo para el curso de la democracia y para la estabilidad y cabal funcionamiento de las instituciones republicanas el caso indeseable de que llegara a presentarse. Otro riesgo no previsto es el fallecimiento o la ausencia absoluta del candidato del partido mayoritario en el día de la elección. Frente a tan nefastas posibilidades, la elección popular de un Vicepresidente de la República el mismo día y en el mismo voto que se elige el Presidente, es una solución como medida de salvaguardia de la voluntad popular y de continuidad normal y estable de las instituciones. Cabe recordar que en años recientes se presentaron en dos países latinoamericanos casos de falta absoluta de sus presidentes sin que tales infaustos acontecimientos hayan resquebrajado la estabilidad democrática ni el ordenamiento político y jurídico de esas naciones, gracias a que en ellas está consagrada la figura de la Vicepresidencia de la República al lado de la del Presidente, elegidos los dos en los mismos comicios por voto directo del pueblo. Nos referimos, por supuesto, a los casos de Ecuador con la muerte accidental del presidente en ejercicio Jaime Roldós, y del Brasil con la muerte por enfermedad de su Presidente Electo Tancredo Neves, quien no alcanzó a tomar posesión del cargo.

Por fuera de las contingencias a las cuales nos hemos venido refiriendo, existen otros argumentos de orden político que abonan la idea de crear en nuestra Constitución Nacional el cargo de Vicepresidente de la República para ser provisto por elección popular. No cabe duda que este evento le permitiría al país tener una instancia anterior a la Presidencia, en la cual se conocerían y probarían figuras nacionales que en oportunidades futuras quizás aspiren a acceder a candidaturas presidenciales y al cargo de Presidente, si obtuvieren el favor popular. Colombia necesita crear oportunidades para la formación y para la puesta a prueba de sus dirigentes antes de someterlos a las responsabilidades máximas de la jefatura del Estado, como una forma de darle a la opinión pública la opción de conocer las maneras de pensar y de actuar de quienes sean en un momento dado postulables para asumir responsabilidades máximas de liderazgo y conducción de la Nación. De otra parte, la instauración de la Vicepresidencia le permitiría a los participantes políticos un mejor juego democrático para buscar salidas que aglutinen a más correligionarios y vertientes de los que se mueven dentro de su organización interior, así como abrir frentes de atracción a sectores y fuerzas ajenos a su propia militancia, para quienes podría resultar interesante la forma como se componga y complemente una determinada fórmula de Presidente y Vicepresidente fruto de coaliciones o de encuentros de fuerzas que representen distintas vertientes políticas. No cabe duda que la elección popular de un Presidente un Vicepresidente en los mismos comicios y en la misma papeleta de votación, abre un amplio panorama de aproximaciones, combinaciones y coaliciones políticas que enriquecen en forma enorme la democracia colombiana, como que abre un formidable panorama de opciones y de combinaciones que emularían por el poder y que le brindarían más posibilidades de selección y de escogencia al elector, con lo cual la política se vuelve sin dudas más exigente para quienes compiten en ella y aspiran a la conducción de los destinos de la sociedad, y más recursiva en alternativas para los ciudadanos que eligen.

Nos basta sólo agregar, en vía de información, que otros países latinoamericanos han consagrado en sus constituciones la figura del Vicepresidente elegido por voto directo de los ciudadanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

 

VI. UNIFICACION DE ELECCIONES

La separación de la elección presidencial y de corporaciones ha mostrado factores negativos que ameritan el restablecimiento de la unificación, vigente hasta 1977. En no pocos casos se han observado resultados contradictorios entre con dos meses de “intervalo, que frustran o dificultan el ejercicio tanto de la acción parlamentaria como de la tarea presidencial.

Se ha mencionado el desgaste innecesario producido en dos campañas tan próximas y, ciertamente, la multiplicación de los gastos para afrontarlas.

La fórmula ideal, en nuestro sentir, habría sido la de separar el pronunciamiento nacional del local o regional, es decir, realizando en una fecha la votación para elegir alcalde, concejales y diputados y, en día distintos, las parlamentarias y presidenciales. Sin embargo, ante la prioridad que le atribuimos a la exigencia de mayoría absoluta para elegir Presidente y alcaldes, por la eventualidad de una doble vuelta, optamos por la unificación, pues de lo contrario cada cuatro (4) años se duplicaría el número de certámenes electorales.

 

VII. NO REELECCION DE CONTRALOR Y PROCURADOR

Con esta reforma se aspira a evitar la contraprestación entre el funcionario y su elector, que es un miembro de corporación pública. Servirá, de otro lado, para mejorar sustancialmente el cumplimiento de las funciones propias de fiscalización o del Ministerio Público, como quiera que la preocupación se desplaza de la mecánica para manipular una elección hacia el desempeño sobresaliente del cargo.

Responde, además, a una tendencia de nuestro Régimen Constitucional, que incluya en la actualidad la no reelección para período inmediato de Presidente, del alcalde y viene proponiéndose la de integrantes de mesas directivas de las cámaras.

Así como existe la no reelección presidencial es lógico que este principio se extienda a otros cargos fundamentales del sistema institucional como garantía de la imparcialidad, independencia y eficacia en su desempeño.

En el proyecto, la prohibición se extiende al ámbito departamental y municipal.

La reciente experiencia de la Contraloría de Cundinamarca y el escepticismo generalizado en la opinión pública hacia todas las contralorías constituyen otro argumento sobre la importancia de reivindicar la institución y protegerla del peligro de quedar reducida a la condición de feudo burocrático y foco peligrosísimo de corruptelas y desórdenes.

VIII. ELIMINACION DEL PARAGRAFO DEL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 120

Como lo afirma nuestra plataforma política propuesta en el pasado debate, “…Después de casi 28 años de gobiernos compartidos, en los que los cargos públicos y las responsabilidades del gobierno han sido distribuidas primero paritaria y luego equitativamente, las fronteras ideológicas de nuestros partidos se han desdibujado, y con ellas los sentimientos de pertenencia a los mismos. La ausencia de una delimitación clara entre quienes gobiernan y quienes se oponen al gobierno con la esperanza de poder luego acceder a él, ha debilitado la mística partidista, y ha contribuido a la despolitización y al aumento del abstencionismo. Asimismo, la no existencia de canales adecuados para la expresión del inconformismo ha consolidado opciones políticas al margen de las instituciones democráticas poniendo en peligro su vigencia.

“El Nuevo Liberalismo es consciente de esta situación y propone un cambio en el sentido de la colaboración política a los gobiernos, para que ésta, si se da, sea un compromiso programático y político y no la consecuencia de una obligación constitucional”.

En los anteriores términos justificamos la reforma propuesta de derogar el parágrafo del numeral primero del Artículo 120, con la advertencia de que se hace imprescindible el impulso de reformas paralelas a nivel legal para impedir un manejo excluyente y discriminatorio del Estado que vulnere los derechos de los partidos que quedaron fuera del gobierno.

 

IX. DERECHO A LA INFORMACION

El acelerado avance de las comunicaciones encuentra en el Artículo 42 de la Constitución una norma anclada en 1886 que reclama su modificación para acoger el surgimiento de nuevos medios y el desarrollo tecnológico e impedir la manipulación de tales instrumentos de difusión y acción política.

El típico abuso de poder que se ha manifestado con especial rigor en los últimos años, conlleva el gran riesgo de desmoralizar a los discriminados e inducirlos a la utilización de otras vías peligrosamente disociadoras y disolventes de la democracia, a la vez que fomenta la violencia, la represión y el totalitarismo. De ahí que en la preservación del Estado democrático aparezca como prioridad esa igualdad, o por lo menos el equilibrio de acceso a la información y a la comunicación.

Asimismo, la evolución de la sociedad ha generado nuevas realidades que exigen respuestas institucionales. Atravesamos un significativo período de transición de una sociedad industrial a una sociedad de la información. En 1956 en los Estados Unidos el número de personas trabajando en cargos ejecutivos, técnicos y administrativos superó el de obreros industriales y manuales; por primera vez en la historia, la mayor parte de una comunidad trabajaba en la información y no en producción de bienes materiales. Y en 1957 los soviéticos iniciaron la nueva revolución de la información mundial con el lanzamiento al espacio del Sputnik, hecho que marca el comienzo de las comunicaciones por satélite.

No podemos ser indiferentes a las implicaciones de este cambio social que ya asomó entre nosotros. Este proyecto de revisión constitucional se explica y justicia en parte, por la preocupación y la importancia de esta

El texto que se propone como sustantivo del Artículo 42 de la Constitución Nacional, plantea en primer lugar la libertad de expresión como derecho individual, lo cual constituye una importante innovación con respecto a la norma vigente pues ésta consagra el derecho en forma impersonal al referirse a la ”prensa”.

Igualmente, la mención escueta del fenómeno comunicativo en su esencia escrita, auditiva o audiovisual, comprende todas las posibilidades actuales y previsibles del mismo, superando la estrecha concepción del texto vigente que lo reduce a la prensa y que lo ha llevado a ampliar los alcances del artículo a los demás medios de comunicación por vía de interpretación extensiva; el nuevo artículo conlleva una concepción más democrática, al poner en cabeza de toda persona el derecho a expresar y difundir libremente sus pensamientos.

Esta iniciativa busca entronizar en el TítuIo III de nuestra Constitución el moderno derecho a la información, considerada hoy en día como uno de los derechos humanos. Su existencia, siempre estuvo implícita en la naturaleza del estado liberal, puesto que se representaba un complemento obvio de las libertades de prensa, expresión y conciencia. Pero en la medida en que la información y la comunicación se convirtieron en factores centrales de proceso general de la sociedad y a los medios de comunicación se transfirió parte significativa del poder, se hizo necesario darle su propia identidad y autonomía. Recibió, entonces, reconocimiento en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Se argumenta que el derecho a la información está incluido dentro del Nuevo Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, es necesario precisar que en estos textos lo que se garantiza en realidad es el acceso a las fuentes de información pública y en ningún momento el derecho a la información, como lo hemos explicado, tiene implicaciones mucho más amplias y complejas, que el diseñar los procedimientos para dar publicidad a los actos del sector público, a través de edictos boletines y gacetillas y el de indicar la forma de acceder a dicha información por parte de las personas interesadas en conocer las decisiones y los actos de los funcionarios.

Individualmente debemos actualizar nuestro derecho constitucional y ponerlo a tono con los nuevos retos dándole una orientación que supere la concepción tradicional de las comunicaciones que se garantizan por la verticalidad entre el receptor y el emisor, concediéndole al primero la posibilidad de réplica pero sin afirmar la necesidad de democratizar, de impulsar la participación activa de la ciudadanía en el proceso comunicativo, en el establecimiento de política, en la toma de decisiones y en la dirección y administración de empresas de comunicación. No sólo se debe garantizar la participación en los medios de los diferentes grupos y partidos políticos con el ánimo de eliminar las interferencias y los sesgos de los gobernantes de turno, sino que se debe promover la inclusión de un derecho mucho más amplio dentro de la Constitución: el derecho a la información horizontal equilibrada, participativa y democrática, donde los receptores puedan crear y recibir información, donde el papel principal no lo ejerzan quienes manejan los medios y el secundario quienes reciban la informacióri. Se requiere un proceso de interacción activa y creativa.

De otra parte, las personas no sólo se expresan mediante las formas más elementales y directas de la comunicación como el impreso o el cartel, sino accediendo a los grandes medios de comunicación en virtud del derecho de réplica que se concibe como una facultad más amplia que la actual rectificación, se ejercerá en condiciones de igualdad y eficacia y no se limitará a la simple corrección de la información sino a la posibilidad de exponer el punto de vista contrario y ampliar o complementar la información.

El texto propuesto al declarar que las ondas radioeléctricas pertenecen a la Nación, lo cual resulta lógico pues dichas ondas forman parte del espacio aéreo y, con base en ello, el Estado ha reglamentado lo relativo a las transmisiones de radio y televisión.

Este principio ya había sido consagrado por el Decreto 3418 de 25 de noviembre de 1954, Artículo 10., según el cual “todos los canales radioeléctricos que Colombia utiliza o puede utilizar en el ramo de telecomunicaciones son propiedad exclusiva del Estado”.

No obstante, es más acorde con el espíritu de nuestro sistema constitucional consagrar la propiedad de las ondas radioeléctricas en cabeza de la Nación y no del Estado; éste, mediante la ley, tiene la función de reglamentar el servicio público de la radio y la televisión, lo cual viene haciendo con base en el principio que ahora se establece a nivel constitucional”.

La modificación expuesta fue presentada a consideración del Congreso por el senador Enrique Pardo Parra en 1978 y, luego, reiterada por el representante Rafael Francisco Amador en la legislatura de 1983. El tema ha dado lugar a interesantes debates en la corporación.

 

X. PROHIBICION DE JUZGAMIENTO DE CIVILES POR MILITARES

Mucho se ha discutido durante los últimos años sobre la conveniencia o inconveniencia de autorizar, durante el estado de sitio, el juzgamiento de civiles por la Justicia Penal Militar, mediante el procedimiento de los consejos verbales de guerra.

Ciertamente, a nadie escapa que la medida que autoriza esta situación pone en tela de juicio la idoneidad e imparcialidad de los jueces y tribunales de la República, a quienes se sustrae el juzgamiento de personas civiles, que cometen ciertos hechos punibles.

Existe fallo de nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia, que han considerado ajustados a la Constitución Nacional los decretos en los cuales se dispone este juzgamiento especialísimo, con base en el Artículo 61 de la Carta Fundamental que establece: “Ninguna persona o corporación podrá ejercer simultáneamente, en tiempo de paz, la autoridad política o civil y la judicial o la militar” (subrayo). Como puede verse, este artículo parece disponer, en sentido contrario, que en tiempo de guerra sí es posible que una perso na o corporación ejerza simultáneamente la autoridad judicial y militar.

Sin embargo, estos fallos de la Honorable Corte Suprema de Justicia no han sido unáni mes y existen salvamentos de voto de distinguidísimos magistrados que sostienen que mentras la situación de conmoción interior o guerra exterior que haya dado base a la declaratoria de estado de sitio, no produzca un traumatismo de tal manera que impida el normal funcionamiento de la Rama Jurisdicconal del Poder Público, no resulta ajustada a la Constitución Política la norma que transitoriamente autoriza a los Tribunales Castrenses el juzgamiento de los civiles. Es decir, existen dos puntos de vista sobre la constitucionalidad de las medidas que durante la vigencia del estado de excepción previstos en el Artículo 121 de nuestra Constitución Nacional, autoriza el juzgamiento de civiles por los Tribunales Militares y Cortes Marciales.

Por esta razón, resulta conveniente que sea el Congeso de la República el que, en ejercicio de la potestad constituyente, dirima de una vez por todas la controversia, mediante esta reforma.

Se ha ubicado el inciso que se añadirá a nuestra Carta Fundamental, en el Artículo 26 de la misma, toda vez que este artículo desarrolla y establece el derecho a la libertad, mediante la garantía del “Juez Natural”, por lo cual es precisamente aquí donde debe establecerse la prohibición comentada, ya que guarda íntima relación con el texto del articulado.