D019 P023 | Estado de Sitio

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D019 P023 | Estado de Sitio

Senado de la República

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO

por el cual se reforma el Artículo 121 de la Constitución Política de Colombia
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA;

Artículo Primero. El Artículo 121 de la Constitución Política quedará así:

En caso de alteración del orden público, el Presidente con la firma de todos los ministros, podrá:

1. Declarar el estado de alerta en toda la República o parte de ella, hasta por 60 días, prorrogables por períodos iguales. Durante la vigencia de este estado, el gobierno tendrá las facultades especiales de policía que determine la ley. El Senado podrá en cualquier momento dejar sin efecto la declaración del gobierno.

2. Declarar el Estado de Sitio en toda la República o parte de ella, previo concepto del Consejo de Estado y autorización del Senado. Esta declaractoria podrá ser hasta por 6 meses prorrogables con autorización del Senado. Durante la vigencia del Estado de Sitio, el gobierno tendrá la facultad de expedir decretos con fuerza de ley, tendientes a conjurar la crisis y de suspender las leyes incompatibles con el Estado de Sitio.

3. Declarar el estado de guerra exterior, con permiso del Senado, o sin tal autorización cuando urgiere repeler una agresión extranjera. En caso de urgencia, el gobierno convocará al Congreso en el Decreto que declare la guerra para que se reúna dentro de los dos días siguientes, y si no lo convocare, podrá el Congreso reunirse por derecho propio. Durante la vigencia del estado de guerra, el gobierno tendrá, además de las facultades legales, las que la Constitución autoriza para tiempos de guerra o de perturbación del orden público y las que, conforme a las reglas aceptadas por el derecho de gentes, rigen para la guerra entre naciones. El estado de guerra regirá hasta tanto sea levantado por el gobierno o por el Senado.

Una vez levantados los estados de alerta, de sitio, o de guerra, dejarán de regir las normas expedidas con base en las facultades mencionadas y el gobierno pasará inmediatamente su informe al Congreso sobre el uso de sus facultades. Si el Congreso no tuviere el uso de sus facultades. Si el Congreso no estuviere reunido, el informe será presentado el primer día de las sesiones ordinarias inmediatamente posterior al levantamiento del estado correspondiente.

Serán responsables el Presidente y los Ministros, cuando declaren los estados de alerta, de sitio o de guerra, sin haber ocurrido causas que los justifiquen; y lo serán también, lo mismo que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refiere el presente artículo.

Parágrafo: El gobierno enviará a la Corte Suprema de Justicia, el día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el gobiermo no cumpliere con el deber de enviarlo, la Corte aprehenderá inmediatamente de oficio su conocimiento. Los términos señalados en el Artículo 214 se reducirán a una tercera parte, y su incumplimiento dará lugar a la destitución de los Magistrados responsables, la cual será decretada por el Tribunal Disciplinario.

 

TRES GRADOS DE ANORMALIDAD

El proyecto propone la consagración de la Constitución de tres grados de anormalidad institucional. Un estado de alerta con término fijo prorrogable, para los casos que se puedan conjurar con simples normas de policía El Estado de Sitio, que permite afectar el ordenamiento legal que tenga nexos directos con la naturaleza y la solución de los conflictos internos, también por un tiempo limitado y sometido al control político que implica la previa aprobación del Senado de la República. Y por último, el estado de guerra que obedece al caso extremo y peculiar de conflagración con otras naciones y que coloca en emergencia y disponibilidad las instituciones jurídicas, en aras de defender el territorio nacional de la amenaza y de la agresión exterior.

En las circunstancias que sugiere esta propuesta de reforma, las normas resultan más elásticas y ajustables a las diversas características de las situaciones de conmoción interna y de alteración del orden público que se pueda presentar así como a la localización territorial de los problemas que aparezcan, a la vez que le da un marco restringido en el tiempo a las disposiciones de emergencia, ampliable mediante estrictos mecanismos de evaluación institucional y política en los cuales tienen participación las distintas ramas del poder público, y a través de ellas la propia comunidad. Se salvaguardan de esta manera las libertades fundamentales que nuestro sistema democrático consagra para la sociedad y para los individuos, así como la estabilidad y la permanencia de estas garantías que son indispensables para la definición y consolidación de una auténtica democracia.

Valga agregar que las constituciones de Estados modernos, concebidas en la postguerra o en años recientes luego de la presencia prolongada de regímenes dictatoriales y hegemónicos, en países como Alemania Federal, Grecia y España, consagran formas discriminadas de alteración del orden público para manejar distintas clases de situaciones de perturbación de la normalidad social y a las cuales se ve sometido el ciudadano y que no alcanza a relacionar con las situaciones de orden público que lo rodean, le parecen el fruto de la arbitrariedad de las autoridades, lo cual produce un natural malestar y un desgaste de las buenas relaciones y el respeto recíproco que deben existir entre el ciudadano y los representantes del Estado. De esta forma se desgastan, no sólo la autoridad, sino también las instituciones y se pone en permanente discusión y cuestionamiento la existencia de un verdadero orden democrático en el país.

La instauración del Estado de Sitio crea zozobra general y despierta expectativa de alteración del funcionamiento corriente y normal de la vida de la comunidad. Esta situación no es conveniente y en buena parte de los casos resulta injustificada por la localización y la especificidad de los hechos que originan la alteración del orden público. Hay que anotar, además, que en muchos casos el Estado de Sitio se prolonga en Colombia más allá de lo necesario, no sólo porque no se dispone de herramientas para un verdadero control político, sino porque las normas dictadas bajo el régimen de excepción pierden vigencia al levantarse el Estado de Sitio y en este caso se tiende a sostener un estado general de anormalidad institucional, que trae consigo un estado general de anormalidad social y política, so pretexto de tener a la mano la vigencia y el uso de medidas parciales y específicas dictadas con la simplicidad de un acto administrativo y al margen de los mecanismos ordinarios que le dan plena vigencia a las distintas ramas del poder público y por lo tanto a las instituciones democráticas.

Por todas estas razones nos permitimos proponer este proyecto de Acto Legislativo que pretende graduar las facultades excepcionales que se le conceden al gobierno, de tal manera que se acomoden a las características y a la gravedad de los acontecimientos que promueven la alteración del orden público. Crean al mismo tiempo mecanismos de control político para impedir el abuso del régimen de excepción, así como instancias de discusión más amplia y más participativa en los distintos estamentos políticos, de los asuntos y de las circunstancias que conducen a la implantación de la anormalidad institucional.

EXPOSICION DE MOTIVOS

del proyecto de Acto Legislativo por el cual se reformh el Artículo 121 de la Constitución Política de Colombia

El país ha entrado en las últimas décadas en un estado crónico de excepción en su ordenamiento legal, bajo el amparo del Artículo 121 de la Constitución Nacional que consagra atribuciones especiales al gobierno para ser aplicadas en las situaciones generales de conmoción interna y guerra externa. Se puede observar que la norma sobre Estado de Sitio que trae nuestra Carta en ese artículo fundamental, es muy general y no permite distinguir entre la gravedad que presentan las distintas situaciones de orden público, asimilándolas todas a la perturbación que se plantea en la guerra entre naciones. Esa indiscriminación ha permitido que se recurra al Estado de Sitio, un ordenamiento extremo de excepción por fuera de los mecanismos corrientes de las instituciones democráticas, con el fin de conjurar cualquier clase de desorden. De la misma manera se debe anotar que la relativa independencia y facilidad con que el gobierno puede acogerse a este régimen especial, al margen de un estricto control político que esté al alcance del Congreso, ha incrementado la propensión del ejecutivo a utilizar las facultades de dicho régimen.

Esta vigencia casi permanente del Estado de Sitio en Colombia a lo largo de los últimos años, le ha restado credibilidad y efectividad a los mecanismos de excepción, y al mismo tiempo ha puesto en peligro el régimen de libertades individuales y políticas que hemos querido consagrar en la sociedad de acuerdo con la vocación y la voluntad democrática de los colombianos. Muchas de las libertades que se limitan por la aplicación del Artículo 121 de la Constitución en casos específicos de relativa gravedad, no debieran ser afectadas innecesariamente, cuando la naturaleza de los hechos que motivan la alteración del orden público no tiene que ver con el disfrute de esas libertades. En estas condiciones aparecen frecuentes abusos y excesos de las autoridades que crean un natural malestar social, o así éstos no se cometan, las restricciones y políticas, a diferencia del concepto que contiene nuestra Constitución de una forma única y universal de tratamiento de los factores perturbadores del orden público y la agresión externa, por tiempo indeterminado y con un precario control político, lo que no sólo nos ha privado de instrumentos idóneos para el gobierno de la Nación, sino que ha desvirtuado nuestras instituciones democráticas y sumergido al país en un prolongado y casi permanente estado de anormalidad y turbación del orden público.