D019 P034 | Educación Básica: 9 años

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D019 P034 | Educación Básica: 9 años

Senado de la República

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO

por el cual se modifican parcialmente los Artículos 35, 41, 120 y 194 de la Constitución Política de Colombia
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1o. El Artículo 35 de la Constitución Nacional quedará así:

Será protegida la propiedad literaria y artística, como propiedad transferible, por el tiempo de la vida del autor y 30 años más, mediante las formalidades que prescriba la ley.

Ofrécese la misma garantía a los propietarios de obras publicadas en países de lengua castellana siempre que la nación respectiva consigne en su legislación el principio de la reciprocidad, y sin que haya necesidad de celebrar al efecto convenios internacionales.

Artículo 20. El Artículo 41 de la Constitución Nacional quedará así:

Toda persona tiene derecho a la educación. Para asegurar este derecho la enseñanza básica será gratuita en los establecimientos educativos del Estado y Obligatoria para todas las personas durante 9 años en la forma que señala la Ley.

Se garantiza la libertad de enseñanza. El Estado tendrá, sin embargo, la suprema inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos y privados, en orden a procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos.

Artículo 30. El numeral 1 del Artículo 120 de la Constitución Nacional quedará así;

Corresponde al Presidente de la República como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa:

1. Nombrar y separar libremente los ministros del despacho, los jefes de departamentos administrativos y los directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales. Los rectores de las universidades nacionales serán designados y removidos conforme a las normas orgánicas de dichas entidades.

Artículo 40. El numeral 2 del Artículo 194 de la Constitución Nacional quedará así:

Son atribuciones del gobernador:

2. Dirigir la acción administrativa en el departamento, nombrando y separando sus agentes, reformando o renovando los actos de éstos, y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la Administración. Los rectores de las universidades oficiales seccionales serán designados y removidos conforme a las normas orgánicas de dichas entidades.

Artículo 50. El presente Acto Legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

del proyecto de Acto Legislativo por el cual se modifican parcialmente los Artículos
35, 41, 120 y 194 de la Constitución Política de Colombia

El Acto Legislativo que sometemos a la consideración del Senado de la República se inspira en el propósito de modernizar conceptos y procedimientos fundamentales para la cultura el desarrollo de la educación de los colombianos. Las actuales normas de la Constitución sobre la propiedad literaria y artística, el derecho a la educación y la automomía de las universidades corresponden a una sociedad atrasada a la que guían criterios sociales insuficientes e injustos. Por los motivos que expresamos a continuación consideramos indispensable modificar los Artículos 35, 41, 120 y 194 de la Constitución:

 

PROPIEDAD LITERARIA Y ARTISTICA

En la actualidad la Constitución consagra una protección de ochenta años para la transferencia de la propiedad literaria y artística. Este proyecto de Acto Legislativo que presentamos a la consideración del Congreso pretende armonizar nuestro mandato constitucional con lo que se ha establecido como norma en el común de los países del mundo que tienen prevista una salvaguardia para los derechos de autor, y que es de treinta años contados a partir de su muerte.

No sólo tiene sentido este cambio en cuanto que se iguala el número de años de vigencia de tales derechos en relación con otros países, sino lo que proponemos para Colombia un período más razonable de protección para ellos después del fallecimiento del escritor o del artista. De esta forma quedará más al alcance de las autoridades el control que es necesario para garantizarlo en forma efectiva y real en medio de la multiplicidad y de la acumulación de producciones intelectuales que se hacen cada vez más prolijas en la medida en que avanza el desarrollo cultural del país. Asimismo, un tiempo menor ajustado a los plazos que se han ido imponiendo en el mundo, establece mayor libertad para la circulación y extensión de las ideas y los conocimientos, con miras a que el desarrollo cultural y la formación intelectual y espiritual de la sociedad dispongan de mayores facilidades y recursos, y al mismo tiempo de menores limitaciones en materia de costos y requisitos de diferente índole, en cuanto se refiere a la libre disponibilidad para el conocimiento colectivo de la obra de los escritores y los artistas en general.

EL DERECHO A LA EDUCACION

Este proyecto de Acto Legislativo propone que se reconozca y consagre en la Constitución para todas las personas el derecho a la educación, lo cual es en sí ya un concepto arraigado en la conciencia de la humanidad como fundamento del respeto ala dignidad de los hombres y como presupuesto básico de la civilización. Colombia tiene que reconocer y caracterizar a nuestro juicio, sus responsabilidades concretas frente a los individuos en materias que como ésta tienen que ver con los derechos fundamentales de la humanidad y de las personas en particular, creando en cabeza del Estado el deber y la responsabilidad social de garantizar las posibilidades de obtener educación gratuita, al alcance de todos sin excepción de ninguna naturaleza, y dándole a esta definición de compromiso social del Estado una condición de obligatoriedad hacia los individuos que impida, bajo cualquier pretexto, el atraso en los principios básicos de su formación a sectores desvalidos de la población.

La educación es una fuente de igualdad para el desarrollo de los hombres cuando se encuentra al alcance de todos y es una base para la búsqueda de mayor bienestar y progreso individual y colectivo. Pero de la misma manera, la falta o la restricción de oportunidades para formarse, para adquirir conocimientos, fundar principios éticos y disciplinas ordenadas y científicas en el desarrollo de la inteligencia para asimilar en forma metódica experiencias y técnicas de trabajo o de razonamiento, crea de por sí una fuente aberrante de injusticia y desigualdades sociales que son el principio y la naturaleza del subdesarrollo. El progreso y la paz de nuestro pueblo no es posible encontrarlos sino cuando se establezcan condiciones mínimas razonables y justas para la existencia y el desenvolvimiento de la vida de los colombianos, sin discriminaciones sociales como es la falta de igualdad de oportu nidades para la educación básica.

Establecido este criterio de la responsabilidad social del Estado frente a la educación básica de la población y el carácter de obligatoriedad de ésta, se está asignando, como apenas es obvio, una máxima jerarquía y prioridad para el gasto público y para la organización de los servicios del Estado en el campo de la educación y la capacitación fundamental de los habitantes, sin ningún tipo de segregación como lo exige una sociedad igualitaria. No sobra señalar que estas condiciones no son imposibles de alcanzar como lo demuestra la existencia de garantías semejantes en muchos países del mundo que han logrado, merced a este esfuerzo organizativo y de racionalización del gasto público, aclimatar la paz social y el progreso colectivo, dentro de las condiciones de solidaridad y de justicia que se crean dentro del marco de la educación básica gratuita y o bligatoria.

Proponemos que la Constitución señale expresamente el número de años de la educación básica, gratuita y obligatoria para superar la imprecisión legislativa actual. Si bien el constituyente de 1936 quiso establecer el principio de la gratuidad y obligatoriedad de la primaria, el hecho de haber remitido a la ley la determinación del grado respectivo, se tradujo en que, cincuenta años después, todavía no han prosperado los diversos proyectos de ley con los cuales se ha intentado reglamentar esta norma constitucional. Es preciso que Colombia tenga metas definidas en este aspecto esencial de su modernización tal como sucede en numerosos países del mundo que ya buscan alcanzar 12 y hasta 14 años de educación básica, gratuita y obligatoria y han incluido esta norma en su propia Carta Fundamental. No existe un dato seguro sobre el nivel de escolaridad promedio de nuestro país. Algunos expertos calculan que oscila entre cuatro y cinco años, lo cual indica nuestro atraso y la imposibilidad de construir una sociedad moderna sobre una base cultural tan modesta. De allí la necesidad de convertir en compromiso ordenado por la Constitución la meta de los 9 años, lo cual más que un problema de recursos es cuestión de voluntad política.

 

LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA

Por último, este proyecto de Acto Legislativo busca restablecer la vigencia de la autonomía universitaria en los establecimientos públicos, de acuerdo con los términos en que dicha autonomía se puede entender en las condiciones de la democracia y de la organización del Estado colombiano, en lo que se refiere a devolverles a las autoridades universitarias la independencia académica y administrativa bajo los necesarios controles fiscales en materia de la utilización de fondos públicos y dentro de los lineamientos que debe establecer el gobierno para la planificación y la evolución de la educación superior en Colombia con base en los planes indicativos para el desarrollo nacional. La universidad en todos sus esæmentos debe ser respetuosa de las leyes que rigen la vida de la Nación y debe estar bajo la dirección de personas de la más alta respetabilidad académica.

El proyecto propone que tanto los rectores de las universidades oficiales nacionales como de las seccionales, sean designados y removidos conforme a las normas orgánicas de dichas entidades y no por decreto del Presidente o de los gobernadores, como ocurre en la actualidad, según se desprende del numeral primero del Artículo 120 de la Constitución y del numeral 2 del Artículo 194 que les otorgan estas facultades.

Luego de superar profundas crisis que se iniciaron en la universidad colombiana durante la década de los sesenta y que en buena parte se debieron a una masificación explosiva e indiscriminada de ella, hoy la universidad se presenta ante el país como una organización seria, madura y sólida que tiene capacidad de orientar sus propios destinos bajo una modalidad diferente a la que en la actualidad se contempla en la Constitución. Esto se sustenta en diferentes razones que es importante enumerar.

La investigación como un elemento fundamental e inseparable de la vida y del desarroll0 universitario, se ha consolidado como lo ha venido registrando y reconociendo Colciencias en sus diferentes informes acerca de la investigación en Colombia.

Los Consejos Superiores de las universidades públicas han demostrado a lo largo de los últimos años su consolidación institucional y su idoneidad para determinar el rumbo y el desenvolvimiento de estos establecimientos, mediante la definición de estatutos orgánicos, la adopción de normas generales y específicas de funcionamiento, el manejo de situaciones administrativas y académicas que ha permitido superar complejos problemas internos de la organización universitaria los cuales, con el paso del tiempo, surgen con una frecuencia cada vez menor.

Con el transcurso de los años se ha venido conformando en el país un numeroso grupo de profesores de alta calificación y capacitación como fruto del esfuerzo de los mismos profesores, de la universidad y del gobierno, que son una garantía estable y permanente de que los establecimientos de educación pública superior tienen un elevado nivel de profesionalismo y de vocación docente e investigativa en su estamento vital y fundamental que es el profesorado. Es necesario resaltar la dinámica que ha adquirido la universidad colombiana; la continuidad en su desarrollo creciente y la estabilización en su estado de normalidad. Sin embargo, es indiscutible que el actual orden de cosas en cuanto al nombramiento de rectores, a lo cual se refiere la reforma que proponemos, crea un riesgo para esa estabilidad y para esa continuidad indispensables para la universidad, riesgo que consiste en la interinidad y en los cambios bruscos que acarrean las crisis políticas de los gobiernos nacionales y seccionales, o las simples transiciones de una administración a otra. Estamos convencidos de que las naturalezas de estas crisis y de estos cambios en la del gobierno no tienen que ver en forma íntima con el desarrollo histórico ni con los factores que condicionan la evolución interna de la universidad, y que por Io tanto al desatar irremediables trastornos en el orden interno de estos establecimientos, producen a su vez perjudiciales e innecesarios traumatismos en su funcionamiento y evolución.

Hemos sostenido la tesis de que la eficiencia en la organización y prestación de los servicios públicos de todo género no está vinculada de por sí al desmonte de la intervención del Estado, sino que depende en principal medida de la creación de sanos mecanismos de descentralización que desenboquen en núcleos de decisión responsables, capacitados y bien controlados y regulados para el cabal cumplimiento de su papel en armonía con las demás instancias planificadoras y ejecutoras del desarrollo en el sector público. Este es el caso de las universidades oficiales, repetimos, en el marco de las metas sociales y de las orientaciones que se les asignen en el conjunto de la acción del Estado y bajo controles que no sean asfixiantes, la anulen, o la desvirtúen para su correcto y necesario desenvolvimiento. Esas orientaciones, esa armonización con las políticas del gobierno y esos controles en el caso de la universidad colombiana, están en manos del ICFES en el campo académico, en los representantes del gobierno ante los Consejos Superiores en lo que se refiere a las áreas de dirección administrativa y acadérmga, y en las contralorías en lo atinente a la fiscalización del ejercicio presupuestal.

Para terminar, queremos afirmar nuestra creencia que dentro de una verdadera democracia la universidad pública debe ser pluralista, libre para la exploración del conocimiento, de las ideas y del pensamiento humano. Abierta a un sano y holgado espíritu de crítica que es el medio en el que se pueden cultivar con creatividad y con un espíritu moderno las mentes y las conciencias de la juventud que va a conducir y a construir la sociedad del mañana, para lo cual requiere un ambiente sin prejuicios ni ataduras, abierto al examen de la situación social y al análisis crítico de la realidad política y económica que la cucunda. Como principio esencial para tener una democracia avanzada en Colombia, deben a nuestro juicio buscarse y defenderse estructuras que imposibiliten la instauración de prácticas confesionales y manejos partidistas en la universidad pública, para lo cual es necesario que el nombramiento y la remoción de los rectores de ellas no quede al libre arbitrio del gobernante de turno.