D019 P039 | Derechos Humanos

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D019 P039 | Derechos Humanos

Senado de la República

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO

por el cual se reforma el Artículo 28 de la Constitución Política de Colombia

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1o. El Artículo 28 de la Constitución Nacional quedará así:

Aun en tiempo de guerra nadie podrá ser penado ex post facto sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determinándose la pena correspondiente.

Artículo 20. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

del proyecto de Acto Legislativo por el cual se reforma el Artículo 28 de la Constitución Política de Colombia

La paz no se consolida en una sociedad que ha elegido y que se ha querido organizar bajo un Estado de Derecho sino cuando las leyes dan iguales garantías a todos los ciudadanos y cuando los órganos que componen el poder se encuentran equilibrados de tal forma que ninguna fuerza puede ejercer su influencia y su autoridad de manera arbitraria. La independencia de las ramas del poder público en una democracia, su complementariedad y su espíritu de colaboración y de armonía en la realización de los fines del Estado son el fundamento de una sociedad de libertades y de una auténtica democracia.

Uno de los derechos fundamentales del hombre, consagrado en todos los catálogos de Derechos Humanos es el de la libertad de movimiento que no se pierde sino por mandato de autoridad competente conforme a las leyes penales que dentro de nuestro esquema de instituciones son administradas por la rama jurisdiccional del poder público. Sin embargo, nuestra Constitución contempla algunas situaciones de excepción como las que se derivan del Artículo 121 que se refiere a la turbación del orden público y los incisos segundo y tercero del Artículo 28 referentes a la aprehensión y retención de personas por oden del gobierno en tiempo de paz, bajo la presunción de que atentan contra la paz pública.

El Nuevo Liberalismo ha presentado un proyecto de Acto Legislativo que busca reformar la norma sobre el Estado de Sitio que, tal como está concebida, ha resultado en exceso rígida para manejar los problemas de orden público que ha padecido el país durante los últimos años, como que esta situación de excepción se ha vuelto casi permanente. En adición a esto, se presentó también a la consideración del Congreso otro proyecto de reforma constitucional que excluye por completo la posibilidad de que los civiles sean juzgados por militares. De esta manera, a nuestro juicio, se esclarecen y se ordenan nuestro marco institucional y nuestros instrumentos jurídicos para manejar problemas de orden público bajo una más nítida inspiración democrática, y con la agilidad que exigen las distintas situaciones de emergencia que se presenten.

En este mismo espíritu sometemos ante las Cámaras Legislativas el presente proyecto de Acto Legislativo que propone la supresión de los incisos segundo y tercero del Artículo 28 de la Constitución Nacional. Ya en 1966, cuando empezaba el trámite de la reforma Constitucional presentada al Congreso por el gobierno de entonces, en el Senado de la República surgió la inquietud acerca del tema del Artículo 28 a raíz de la utilización que se le había dado por esos meses para el manejo de problemas de orden público. Se propuso entonces darle una limitación en el tiempo a las retenciones ordenadas por el gobierno en épocas de paz hasta un máximo de setenta y dos horas, pero al finalizar los trámites de esta reforma en 1968, restricción quedó fijada en 10 días, tal como permanece hoy en la Carta.

Luego, el mes de diciembre de 1981, después de los múltiples conflictos de fuerza que se habían presentado en el país y las enérgicas demandas de respeto a los derechos humanos en Colombia elevadas por distintos sectores de la vida nacional y organizaciones internacionales, alarmados por los abusos que se estaban cometiendo en los últimas anos anteriores a esa fecha, por la utilización abusiva de las facultades que le otorga al ejecutivo el Artículo 28 el Presidente de la República dictó el Decreto 3642 de 1981 a solicitud de la Comisión de Paz. Por medio de él se reglamentó la norma constitucional, buscando corregir algunos de los desafueros que se estaban cometiendo contra la integridad, las libertades y los derechos de las personas. Sin embargo, mientras subsistan los incisos segundo y tercero del Artículo 28 de la Constitución, van a estar abiertas las puertas para la represión política, cuando ella se quiera adelantar desde el gobierno.

Lo primero que queremos anotar es que estos incisos no tienen una clara concordancia con el enunciado del inciso primero del artículo. Este se refiere a la PENALIZACIÓN de las personas que hayan violado prohibiciones expresas en ley, orden o decreto y de acuerdo con la pena predeterminada por las normas correspondientes. Aquellos se refieren a la APREHENSIÓN Y RETENCIÓN de personas mediante orden del gobierno, cuando a juicio subjetivo de éste haya graves indicios de que atentan contra la paz pública. Parece como si se hubiera querido entreverar en el contexto de una disposición indiscutible, como la que trae el inciso primero, la creación de un instrumento represivo que le es extraño a ella y que consagra un privilegio para quien detenta el poder ejecutivo, por cuanto le permite prescindir de las garantías procesales que cobijan a cualquier persona, en el caso de que se trate de aquellas que son beligerantes en la política y en la vida pública, que en la práctica son las únicas en condiciones de originar perturbaciones del orden público, y que como es lógico, en ningún caso se podrá tratar de personas que obren en respaldo y en defensa del gobierno. Como se ve, se quiso dejar abierta la posibilidad de quitarle a la justicia ordinaria, en los casos vagos e imprecisos en que haya indicios gaves de que se quiere atentar contra el orden público, la función de actuar que le es natural en defensa de la sociedad, para entregarle al ejecutivo el recurso contundente de aprehender y retener al sospechoso por un lapso que va mucho más allá del contemplado en la figura universal del “hábeas corpus”. Esta circunstancia plantea de manera indiscutible un caso de desigualdad manifiesta en las garantías para el ejercicio de la política en favor de quien detenta el poder, lo cual le facilita un instrumento de acción y de coacción arbitraria en contra de sus opositores. En el pasado se han presentado en efecto abusos de esta naturaleza y de todas maneras el sistema se encuentrá expuesto para que ellos ocurran en tanto la norma permanezca vigente, lo cual expone a un severo cuestionamiento la verdadera autenticidad de la democracia colombiana.

Los incisos segundo y tercero del Artículo 28 de la Constitución quiebran el principio democrático de la separación e independencia de las ramas del poder público, puesto que determinan un traslado de comoetencia de la rama jurisdiccional que es la que determina sobre la pérdida de la libertad a la rama ejecutiva. Se presenta allí una indiscutible intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial, la cual sólo es explicable en condiciones de excepción cuando el poder judicial se encuentra en imposibilidad e incapacidad de obrar y los jueces ordinarios se sienten impotentes para cumplir con sus funciones. Pero el Artículo 28 con los incisos aludidos es una extraña norma de carácter permanente, abierta a la discreción del gobierno de manera automática, previa la consulta al Consejo de Estado, cuyo concepto no obliga. Ella desborda y desplaza la jurisdicción de los jueces, en contravía al propio sistema jurídico que sirve de inspiración a nuestro conjunto institucional. Lo que ocurre en el fondo es que se quiso crear un instrumento de represión política que en ningún caso podría quedar en manos de los jueces de la República, puesto que por su dignidad profesional son por completo ajenos a permitir que se introduzcan criterios políticos y partidistas en la administración de justicia.

De otro lado, hay que reiterar que el derecho internacional acogió el concepto de “hábeas corpus” como recurso contra las detenciones arbitrarias y que la legislación colombiana recoge tal recurso en su legislación y en sus normas de derecho penal. Pero el Artículo 28 de la Constitución sobrepasa y aplasta el “hábeas corpus”, con el agravante de que este poder discrecional y permanente que está a disposición del gobierno en la Constitución, cuando se pone en vigencia, cae el común de las veces por razones prácticas en manos de las autoridades militares y de policía que son las que tienen en todo el territorio nacional los organismos investigativos y de control material del orden público, lo cual siembra aún más riesgos y desnaturaliza el sistema de instituciones.

Por lo que queda dicho atrás, la independencia de las ramas del poder público, el precepto que le da a las normas de excepción un carácter temporal y el recurso del “hábeas corpus” son desvirtuados por el Artículo 28 de la Constitución. También pierde toda vigencia el principio de la presunción de inocencia sobre el cual se levanta nuestro derecho penal, y que fue despreciado sin contemplaciones cuando fue concebido y redactado el inciso segundo del mencionado artículo en la forma como quedó expresado en la Carta Fundamental. La presunción de inocencia se cambió, ni más ni menos, que por la presunción de culpabilidad. En tales condiciones, una medida que tenía carácter preventivo en su inspiración, se ha vuelto represiva, fuente de arbitrariedades y abusos, de equivocaciones y atropellos imperdonables. Se ha degenerado en el pasado su uso hasta tal punto, que se ha utilizado según lo aseveran ilustres jurtistas para ampliar los términos procesales en investigaciones de carácter penal y para someter a detenidos a quienes no ha sido posible imputar cargos concretos, a tratamientos deshonrosos y a torturas en busca de declaraciones forzadas con las cuales se los ha querido implicar en hechos violatorios de la ley o implicar a terceros. Los tribunales de la justicia ordinaria han investigado y han fallado sobre innumerables denuncios en este sentido.

Las cuestiones que tienen que ver con las libertades de las personas, con las garantías de éstas para participar en la evolución de la sociedad y por lo tanto en el curso de los acontecimientos y de las decisiones políticas mediante el activismo y la organización popular, así como con la posibilidad indispensable de disentir, de criticar, de protestar y de reclamar de forma que ello pueda generar resultados y efectos en el desarrollo de los acontecimientos públicos sin que se vulneren los derechos de los demás, son fundamentales porque son las cuestiones que definen si existe o no una democracia. Son los factores que le dan credibilidad a un sistema de participación y de libre elección y los que invitan y comprometen a los ciudadanos a actuar y a expresarse dentro de esas instituciones en una actitud contraria al aislamiento y al escepticismo que congelan y desvirtúan el régimen democrático que vive y se alimenta de la participación, y sin que ellos recurran a la rebelión armada y violenta para tratar de destruir y suplantar de un tajo el orden político y social y negar de hecha la existencia de una plena y auténtica democracia.

Colombia vive un estado serio y preocupante de abstencionismo y una situación crítica y desesperada de violencia política fruto, entre otras cosas fundamentales, de un orden constitucional que en casos como el del Artículo 28 que nos ocupa es represivo y despierta toda clase de incertidumbres e incredulidades acerca de la imparcialidad y de la igualdad de condiciones y de garantías dentro de las instituciones que enmarcan y condicionan el desempeño público de los individuos en la vida de la Nación.

Para cambiar las dramáticas y angustiosas circunstancias en las que se desenvuelve la vida política de Colombia desde hace varias décadas, rodeada de asesinatos políticos y de toda clase de crímenes de esa misma índole, es indispensable encontrar para nuestra democracia unos términos y unas reglas de juego que acepten y acojan por igual todos los sectores, y que, por lo tanto, no establezcan privilegios ni otorguen ventajas que sirvan para perpetuar sin remedio ni alternativa la supremacía de unos por sobre otros. Reglas para el libre ejercicio de la política, la libre circulación de las ideas la espontánea organización de la población en vistas a expresarse e influir en el curso de los acontecimientos. Reglas que sean iguales para todos de tal forma que de verdad se impongan los hechos y la voluntad de las mayorías manifestadas con entera libertad en las urnas. Es de esta manera, por Io demás, como se puede evitar en un futuro que que sean organizaciones internacionales las que fustiguen a nuestras instituciones políticas en reclamo de libertades públicas, del respeto a los derechos humanos y la constitución de un marco respetable para la democracia y que sean nuestros propios mecanismos internos y nacionales de participación y de acción política los encargados de depurar y de otorgar todas las garantías y los derechos necesarios para una actividad pública pluralista en las condiciones de una Nación soberana y democrática, integrada por individuos libres y actuantes en la conformación de su destino.