D019 P045 | Consulta Popular

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D019 P045 | Consulta Popular

Senado de la República

PROYECTO DE LEY

“por la cual reglamentan las Consultas Populares establecidas en el Artículo 60. del Acto Legislativo No. 1 de 1986 y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

TITULO I

DEFINICIÓN Y ALCANCES

Artículo 1°. La presente ley establece las disposiciones básicas para la de Consultas Populares en el nivel municipal, en desarrollo del Artículo 60. del Acto Legislativo No. 1 de 1986.

En lo no provisto se aplicarán las normas vigentes, siempre y cuando no sean contrarias a las contenidas en ésta ley.

Artículo 2°. La Consulta Popular de que trata la presente ley, consiste en el proceso electoral realizado para decidir sobre asuntos que interesen a los habitantes del respectivo distrito municipal, relativos a los señalados en esta ley.

Artículo 3°. La Consulta podrá efectuarse para resolver asuntos de interés general a los habitantes de un distrito municipal, en cuyo en el proceso electoral podrán participar los ciudadanos con derecho a voto residentes en el terñtorio del municipio.

Así mismo, podrán realizarse Consultas Populares para decidir asuntos que interesen sólo a las comunas y corregimientos, evento en el cual podrán participar únicamente los Ciudadanos con derecho a voto residentes en el respectivo sector.

TITULO II

INICIATIVA Y CONVOCATORIA

Capítulo I

Iniciativa

Artículo 4°. Las Consultas Populares podrán convocarse a iniciativa del Alcalde, de las Juntas Administradoras Locales y de los concejales del respectivo municipio, así como también de las directivas de los partidos, movimientos o políticas legalmente reconocidos por el Consejo Nacional Electoral y de un número plural no inferior a la mitad de las Juntas de Acción Comunal debidamente reconocidas que funcionen en el territorio del correspondiente distrito municipal, comuna o corregimiento.

Parágrafo. Tratándose de temas que interesen solamente a una comuna o corregimiento, la iniciativa de las Juntas Administradoras Locales se tendrá con relación al territorio de su jurisdicción.

Artículo 5°. La solicitud de convocatoria formulada por quienes tienen la iniciativa según el artículo anterior, debe contener la propuestas del texto sobre el cual versará la Consulta y una fundamentación que incluya aspectos relacionados con el alcance, la necesidad, los beneficios que reportará para la comunidad y los antecedentes sobre la materia.

Artículo 6°. La solicitud de convocatoria se presentará al Concejo Municipal, durante sus sesiones ordinarias, excluido el período de prórroga.

Capítulo 2

Decisión sobre la Solicitud de Convocatoria e Insistencia

Artículo 7°. El Concejo Municipal deberá asumir el estudio de la solicitud dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la misma y con prioridad a cualquier otro tema que se esté considerando, a excepción de los trámites sobre Presupuesto y Planes de Desarrollo.

Artículo 8°. El Concejo Municipal decidirá acerca de la solicitud de convocatoria de Consulta Popular dentro del período ordinario de sesiones.

Parágrafo. De no haberse adoptado la decisión en los treinta (30) días iniciales de sesiones, éstas se prorrogarán automáticamente.

Artículo 9°. El Concejo Municipal podrá modificar la decisión de convocatoria siempre y cuando se respete el término mínimo que debe transcurrir entre el Decreto de convocatoria y la fecha de la Consulta, de conformidad con el Artículo 170.

Artículo 10. Vencido el término señalado en el Artículo 8°. sin que se hubiere pronunciado el Concejo o negada la convocatoria, procederá la insistencia sobre idéntica solicitud mediante el procedimiento señalado en el artículo siguiente.

Artículo 11. El interesado con derecho a iniciativa, podrá insistir en la convocatoria ante el Concejo siempre y cuando que, además del texto propuesto y la sustentación exigida, presente un memorial de respaldo suscrito por no menos de la décima parte de los ciudadanos que integren el censo electoral vigente en el territorio respectivo.

Artículo 12. Negada la solicitud de convocatoria o la insistencia, si la hubiere, no podrá someterse nuevamente a consideración del Concejo una iniciativa sobre el mismo tema y con fines similares, antes de un (1) año contado a partir de la última decisión.

Artículo 13. La realización de la Consulta Popular y el texto de la misma, deberán adoptarse mediante proposición aprobada por ias dos terceras partes de los miembros de la respectiva corporación.

Artículo 14. El Concejo Municipal notificará personalmente al Alcalde la decisión dentro de los tres (3) días siguientes a la misma

Capítulo 3

Decreto de Convocatoria

Artículo 15. Aprobada la realización de la Consulta, el Alcalde deberá convocarla mediante Decreto, que se expedirá dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación recibida del Concejo. En el caso de modificación de la convocatoria prevista en el Articulo 9°. el Alcalde procederá a dictar un nuevo Decreto.

Parágrafo 1°. Este acto administrativo será notificado a quien presentó la iniciativa, dentro de los ocho (8) días siguientes a su expedición.

Parágrafo 2°. El Decreto contendrá el texto de la Consulta aprobada por el Concejo, la fecha de su realización de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley, así como también las previsiones para asegurar una amplia difusión acerca del proceso electoral que se llevará a cabo.

TITULO III

REALIZACION DE LA CONSULTA

Capítulo 1

Fecha

Artículo 16. Las Consultas Populares podrán realizarse en dos (2) oportunidades al año, sobre un solo tema cada vez, el último domingo de los meses de mazo y septiembre, a excepción de la fecha que coincida con el período semestral durante el cual deban realizarse elecciones para Presidente o Corporaciones Públicas, semestre en el que no habrá Consulta.

Artículo 17. Decidida la realización de la Consulta, ésta llevará a cabo en la fecha inmediatamente siguiente, siempre y cuando hayan transcurrido no menos de tres (3) meses desde la expedición Decreto de convocatoria.

Capítulo 2

Texto

Artículo 18. El texto que se someterá a Consulta y cuya adopción corresponde al Concejo Municipal, deberá contener una redacción sencilla, breve y de fácil entendimiento que indique claramente los asuntos sobre los cuales deban pronunciarse los votantes.

Artículo 19. El texto deberá ser redactado a manera de pregunta y debe dar lugar a pronunciamientos asertivos para que el ciudadano responda SI o NO.

Artículo 20. Cada Consulta Popular podrá indagar por un máximo de tres (3) pronunciamientos.

Capítulo 3

Difusión

Artículo 21. El Alcalde dispondrá los medios para difusión de la Consulta, de tal forma que si se trata de decisiones que comprometan a todos los habitantes de municipios, capitales de departamento, de los que integren áreas metropolitanas o de aquellos con más de cincuenta mil (50.000) habitantes, se harán tres (3) publicaciones en un periódico de amplia circulación en el lugar, con intervalos no menores de quince (15) entre cada una de ellas.

En municipios distintos de los anteriores, se difundirá mediante la fijación de avisos, distribución de volantes, inserción en otros medios y por bando.

En todo caso, el Alcalde deberá disponer adicionalmente de medios que considere adecuados para informar a los del territorio acerca de la realización de la Consulta y del tema que será sometido a verificación popular.

Artículo 22. Previa reglamentación dictada para el efecto por el Consejo Nacional Electoral, los beneficios en publicidad política y electoral consagrados a favor de partidos, movimientos o agrupaciones políticas, se extenderán a la difusión de los de Consulta y podrán, además, ser utilizados con tal propósito por las Juntas Administradoras Locales y las Juntas de Acción Comunal, durante el período comprendido entre el decreto de convocatoria de la Consulta Popular y su realización.

Capítulo 4

Votación y Escrutinios

Artículo 23. Para la votación en que deba decirse un tema de Consulta, serán aplicables las disposiciones del Código Electoral en sean compatibles, especialmente en lo relacionado a mesas de votación, jurados, procesos de votaciones, inmunidades y convocatoria a nuevas elecciones.

Artículo 24. En los procesos electorales para decidir los temas objeto de Consulta, el ciudadano votará con una papeleta que debe incluir su pronunciamiento inequívoco en favor o en contra de lo consultado.

La papeleta deberá contener sólo uno de los adverbios SI o NO para cada uno los tres (3) pronunciamientos.

Artículo 25. En los escrutinios de la Consulta se aplicarán las normas electorales vigentes sobre la materia, con el exclusivo propósito de verificar el número de votos a favor o en contra.

TITULO IV

TEMAS OBJETO DE CONSULTA

Artículo 26. La Consulta Popular podrá a cualquiera de los siguientes

— Planes de Desarrollo Económico y Social

— Remodelación Urbana

— Usos del suelo

— Localización de establecimientos industriales, comerciales y servicios.

— Uso del espacio público

— Parques y arborización

— Ecología y medio

— Riego en zonas rurales

— Vías públicas

— Trmsporte

— Circulación y tránsito

— Acueducto

— Alcantarillado

— Matadero

— Mercados, ferias y exposiciones

— Aseo

— Planteles educativos

— Cultura

— Recreación

— Puestos de salud y ancianatos

— Vigilancia y seguridad pública

Artículo 27. No podrá indagarse por pronunciamiento alguno acerca de:

a. Supresión y modificación de impuestos, tasas o contribuciones.

b. Establecimiento de rentas de destinación especial.

c. Censura o aplausos a funcionarios o entidades.

d. Modificæión de la de la Administración, creación de cargos y fijación de salarios y prestaciones.

TITULO V

RESULTADO Y EFECTOS DE LA CONSULTA

Capítulo 1

Aprobación

Artículo 28. Se considera aprobado pronunciamiento que parte de una Consulta, con la votación afirmativa de la mayoría de los votos depositados.

Artículo 29. El voto en blanco no se tendrá en cuenta para establecer el resultado de la Consulta.

Artículo 30. Cuando se presente empate de votos a favor y en contra, se considerará negativo el pronunciamiento.

Capítulo 2

Publicaciones y Comunicaciones

Artículo 31. Dentro de los tres (3) días al el Alcalde, mediante Decreto, declarará el resultado y dispondrá su publicación utilizando por una sola vez el procedimiento señalado en el Artículo 21 de esta ley.

Así mismo, este Decreto será publicado en el Boletín o Gaceta Oficial, en aquellos municipios donde exista.

Artículo 32. Dentro del mismo término en el artículo anterior, el Alcalde comunicará el resultado a todæ las que competencia para tomar decisiones o adoptar medidas relacionadas con lo consultado.

Capítulo 3

Efectos

Artículo 33. El resultado de la Consulta Popular obligatorio para las autoridades municipales competentes, en cuanto al tema objeto Consulta. En consecuencia, dichas autoridades deberán, dentro del mes siguiente a la publición del resultado, expedir los actos administrativos que les correspondan o tomar las medidas necesarias para la aplicación del resultado de la Consulta.

Cuando el Concejo Municipal sea competente para expedir los actos, el témino será el de las primeras ordinarias que se inicien de la publicación resultado, a menos que el Alcalde Municipal decida convocar al Concejo a sesiones extraordinarias para los efectos de que trata este artículo.

Artículo 34. Cuando el resultado de la Consulta Popular implique la expedición de actos administrativos por parte de autoridades municipales y estos no sean expedidos dentro del término indicado en el artículo anterior, dicho resultado adquirirá el carácter de decisión administrativa con sus consecuencias.

Artículo 35. Si el resultado de la Consulta conlleva la adopción de medidas que no constituyan actos administrativos, el incumplimiento de la obligación de adoptarlas dentro del término indicado en el Artículo 33., constituirá causal de mala conducta sancionable con la destitución del funcionario o funcionarios correspondientes.

Artículo 36. El resultado de la Consulta Popular será factor esencial para la toma de decisiones por parte de autoridades diferentes que tengan competencia en la adopción de medidas relativas al tema consultado. En conscuencia, los actos que expidan dichas autoridades en relación con el mismo tema, deberán ser motivados con fundamento en el resultado de la Consulta.

Artículo 37. Cuando un tema haya sido objeto de Consulta Popular, bien sea aprobado o rechazado, no podrá ser sometido al escrutinio popular nuevamente y para los mismos efectos, antes de dos (2) años contados desde la fecha de realización de la Consulta.

Cualquier solicitud que contravenga lo dispusto en este artículo será negada de plano por el Concejo Municipal.

TITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 38. Los presupuestos municipales deberán incluir partidas para sufragar los gastos que demanden las Consultas Populares. Las adiciones presupuestales, créditos y contracréditos necesarios, deberán tramitarse en tal forma que la disponibilidad de recursos para adelantar oportunamente la difusión y realización de la Consulta.

Artículo 39. El Gobierno Nacional y Departamental y la Registraduría Nacional del Estado Civil prestarán a los Municipios la ayuda necesaria para la celebración de las Consultas.

Artículo 40. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

del Proyecto de Ley “por la cual se reglamentan las consultas populares establecidas en el Artículo 6°. del Acto Legislativo No. 1 de 1986 y dictan otras disposiciones”.

El Proyecto de Ley sometido a consideración del Congreso Nacional con el propósito de contribuir al diseño de instrumentos que garanticen la realización de consultas populares en el nivel municipal, se convierte en otra oportunidad para resaltar la insistencia permanente y las acciones concretas del NUEVO LIBERALISMO en la construcción de una auténtica democracia local.

Así lo establecimos con algún detalle en la exposición de motivos del Proyecto de Ley No. 49 de 1986 que reglamenta la elección de Alcaldes, presentado a esta misma Corporación pasado 20 de agosto. Se trata de una voluntad política reiterada en foros, documentos, intervenciones y llevada a nuestra Plataforma Ideológica y Programática, para impulsar la creación de canales institucionales que faciliten la expresión de los anhelos comunitarios y acerquen el ciudadano a los resortes del poder.

La Consulta popular hace parte de las figuras establecidas en el Acto Legislativo No. 1 de 1986, conjuntamente con la elección de Alcaldes, la designación de tesoreros por los Alcaldes y los procedimientos para control jurisdiccional de los actos del Ejecutivo Local.

Debemos plantear de nuevo la convicción que nos asiste sobre la conveniencia de separar en los debates del Congreso los dos grandes temas, el de elección de Alcaldes y la Consulta, para un análisis más profundo y cuidadoso de cada uno de ellos. Estimamos que un tratamiento conjunto podría dilatar demasiado la evacuación de ambas iniciativas y dificultar su aprobación, cuando nos encontramos prácticamente ante una perentoria exigencia de la Constitución, que estableció para 1988 la primera elección de Jefes de la Administración Municipal.

Desde el punto de vista de su objetivo fundamental, los dos mecanismos tienen una íntima relación, pues fomentan ampliamente la participación de los ciudadanos en la decisiones sobre asuntos que son de su inmediato interés: un directo concreta la expresión auténtica sobre la persona que ha de regir los destinos del Municipio, asunto por su misma naturaleza del máximo interés para la comunidad y una opinión generalizada sobre un asunto que comprometa la expresión mayoritaria bien puede estimarse como una clara demostración de los deseos y aspiraciones de las gentes, contra los cuales mal harían en proceder los órganos del poder público.

LA PARTICIPACION POPULAR EN OTROS PAISES

Diversos sistemas de participación popular se hallan establecidos en numerosas legislaciones. A manera de ilustración, presentaremos esquemáticamente las previsiones de Suiza, Estados Unidos y España, que son relevantes para nuestro país.

SUIZA

Tal vez el sistema de Gobierno Suizo es el que goza de mayor renombre en cuanto a los derechos conferidos al pueblo. Subsiste la democracia plena y directa en pequeños cantones (departamentos), donde cada año se realizan las llamadas “landsgemeinde” o reuniones al aire libre de ciudadanos con derecho a voto, quienes se manifiestan levantando la mano para elegir autoridades y adoptar decisiones sobre temas que han sido discutidos en el parlamento regional.

Las votaciones populares permiten a los suizos modificar la Constitución y las leyes o pronunciarse sobre iniciativas populares. El referéndum puede ser obligatorio o facultativo, caso éste en el que, mediante la petición de un número determinado de ciudadanos, se debe someter una ley nueva o una modificación al escrutinio popular. La vigencia de la Ley se tendrá en virtud de la aprobación mayoritaria de los votantes.

En términos prácticos, el referéndum facultativo así concebido, equivale a una amenaza o para que las autoridades actúen de acuerdo con el querer de distintos grupos de interés de la comunidad.

ESTADOS UNIDOS

Consagra el sistema norteamericano la iniciativa y el referéndum como medios de consulta directa en todos los órdenes territoriales, para sustituir temporalmente las funciones confiadas a los cuerpos de elección popular, cuando éstos se abstienen de actuar o toman medidas que no encuentran el respaldo de los votantes. Esta concepción coincide, en parte, con propuestas insistentemente planteadas a nuestro Congreso, sin que hayan encontrado —por diversas razones— apoyo suficiente para elevarlas a canon constitucional.

La iniciativa popular puede conducir a una votación general o llevar de manera indirecta a la concreción de los deseos de las gentes, cuando se traduce en en virtud del proceso legislativo correspondiente.

Por el referéndum, se someten las decisiones de los cuerpos colegiados al escrutinio público antes de adquirir vigencia jurídica. Puede ser obligatorio, cuando se trata de asuntos o medidas que siempre deben ser llevados al veredicto popular. El referéndum opcional se da cuando la controversia acerca de la materia, a juicio del órgano legislativo, amerita trasladar al elector la decisión final. Los efectos de este tipo de referéndum varían en el régimen norteamericano de Estado a Estado, pues en algunos el resultado obliga a las autoridades respectivas, mientras que en otros se traduce en una especie de consejo o que puede conducir a la implementación de acciones o a ignorar la decisión popular.

Un tercer tipo de referéndum es el conocido como el de protesta o petición. Acá, ante decisiones ya aprobadas, se dispone de un plazo para suspender su vigencia, durante el cual un número establecido de ciudadanos puede solicitar que se lleve el tópico a la decisión popular. De darse esta situación y decidirse en contra del acto considerado, éste no podrá hacerse efectivo. Tal posibilidad no se tiene con respecto a materias de naturaleza especial, como impuestos o medidas de emergencia.

También se tiene la revocatoria (“recall”) del mandato conferido por el mismo pueblo, buscando asegurar condiciones éticas morales y aptitud y eficiencia en el desempeño de cargos públicos.

ESPAÑA

Como es bien conocido, la legislación española ha avanzado notoriamente en la concepción, definición e implementación del régimen local.

En el tema de la Consulta, encontramos el antecedente más directo en la Ley 7a. del 2 de abril de 1985, “Reguladora de las Bases del Régimen Local”, que en su artículo 71, dispone: ”De conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del gobierno de la nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local”.

En la concepción española para convocar la Consulta se exige una decisión previa y calificada del Pleno (integrada por todos los concejales) así como autorización del Gobierno Nacional, para que el Alcalde pueda someter a consulta asuntos de índole local.

Existen también los referéndum, sujetos a una norma orgánica reguladora de las distintas modalidades allí consagradas.

EL PROYECTO

La reglamentación propuesta constituye sin duda una verdadera novedad, pues se ha tratado ajustar a la realidad de nuestros municipios, a la etapa de fortalecimiento del régimen local por la que atraviesa nuestro país y con efectos que hagan compatibles las decisiones de funcionarios y del Concejo con los adoptados por la comunidad, sin acudir a esquemas ajenos a nuestra estructura político-administrativa.

De otra parte, la inclusión misma en el texto constitucional y la concepción del proyecto, la diferencia de otras figuras de participación en la toma de decisiones, tales como el referéndum y la iniciativa popular, aun cuando tiene algunos elementos de una y otra, como se verá en la descripción de su contenido.

ALCANCE TERRITORIAL DE LA CONSULTA

El Acto legislativo No. 1 de 1986 estableció la consulta para el nivel municipal, en cuanto permite decidir sobre asuntos que interesen a sus habitantes. Se plantea en el Artículo 3°. la posibilidad de convocar a quienes conforman una comuna o un corregimiento, para que se pronuncien sobre temas del interés exclusivo de los moradores de ese sector del Municipio. Es evidente que el planteamiento busca la armonía con el Régimen Municipal contenido en el Decreto 1333 de 1986, que le da autonomía relativa a porciones del territorio de un ente local, los cuales disponen de Juntas Administradoras Locales con funciones complementarias a las de los Concejos.

Resulta, entonces, muy útil dotar a quienes integren una comuna o corregimiento de los medios de expresión que ha dispuesto el Constituyente para los municipios.

LA RESIDENCIA DEL SUFRAGANTE

De acuerdo a lo propuesto en diversas ocasiones, la residencia como nexo directo del votante, como la noción más auténtica de pertenencia al lugar donde se ejerce el derecho al voto, resulta un presupuesto importante para evitar distorsiones en la expresión ciudadana. La residencia se consagra además de esa razón básica, por cuanto la Consulta puede llevarse a cabo en unas localidades mientras en sus vecindarios no se realiza, creando un margen no despreciable de interferencias con inspiraciones o propósitos diversos, que se corregirían o evitarían con tal calificación de los electores.

INICIATIVA DE LA CONVOCATORIA

Al precisar quiénes pueden solicitar la convocatoria de una consulta, mantiene también la orientación de normas recientes, sobre participación popular e institucionalización de los partidos, para canalizar a través de los conductos más apropiados una aspiración comunitaria. Tendrán, entonces, iniciativa el Alcalde, los Concejales, las Juntas Administradoras Locales, los Partidos o Movimientos Políticos y las Juntas de Acción Comunal. Se contempla la solicitud de Convocatoria, con la denominada insistencia, evento en el cual, ante la primera negativa del Concejo a convocar o a falta de pronunciamiento durante el tiempo en que pueda hacerlo, un determinado número de ciudadanos, podrán suscribir una petición de respaldo a la iniciativa, para hacer evidente la aspiración de llevar el tema al escrutinio general y así ejercer una cierta presión que pueda ser definitiva en la nueva decisión que debe tomar el Cabildo. Como puede apreciarse, se asimila esta opción de la insistencia a la llamada iniciativa popular.

EL CONCEJO DECIDE LA CONVOCATORIA

Se ha atribuido a los Concejos Municipales la decisión acerca de la Convocatoria, pues no sólo a través de ellos se logra el mecanismo de selección ante las diversas propuestas sino que se le está reconociendo la verdadera importancia como Corporación de Elección Popular en la cual confluyen las fuerzas políticas y sociales integrantes del municipio, con capacidad suficiente para adoptar una determinación tan significativa para la vida municipal.

Debemos, ciertamente, relevar la función de los Concejos, pues si bien entran en algunos aspectos a emular —así sea tangencialmente— con los mismos alcaldes elegidos y con las juntas administradoras locales, por su origen popular, preservan atribuciones constitucionales y legales de enorme trascendencia para la buena marcha del municipio.

El Concejo deberá acometer con prioridad el estudio de la solicitud y decidir mediante resolución, durante el período de sesiones ordinarias. Fue descartado el trámite de un acuerdo pues se haría muy dispendioso, daría lugar a problemas de forma por el número de debates y demás exigencias y llevaría inclusive al Concejo a servir como escenario para la controversia que, en últimas, habría de dirimir el pueblo mismo.

Una mayoría calificada de las dos terceras partes de miembros se exige para aprobar el texto y decidir la convocatoria.

DECRETO DE CONVOCATORIA

Se le ha atribuido al alcalde la función de formalizar la convocatoria ya aprobada por el Concejo. Se trata de un acto administrativo que debe realizar, donde ha de incluir el texto a consultar, la fecha de realización y proveer lo necesario para garantizar una adecuada difusión.

FECHAS DE REALIZACION Y TEMAS DE CONSULTA

El proyecto propone la realización de Consultas populares en dos oportunidades cada año: el último domingo de marzo y septiembre. Por obvias razones no se realizarán Consultas durante el semestre en el que se lleven a cabo elecciones presidenciales y de corporaciones. Así, en un período de dos años, se tendrán tres ocasiones para someter temas a la decisión de los habitantes del municipio.

Debemos insistir en que este es un mecanismo excepcional, para utilizarlo cuando se trate de decisiones en alguna forma cruciales, bien sea por la naturaleza del asunto o la controversia que puedan generar entre concejales, en el mismo ejecutivo o en la comunidad. Además, la jornada electoral debe estar precedida de una amplia campaña acerca del contenido de lo consultado y las alternativas para el votante.

De otro lado, los municipios deberán afrontar otros debates electorales en fechas diferentes, como lo dispone el Artículo 314 del Código de Régimen Municipal para la conformación de Juntas Administradoras locales.

Por algunas de las anteriores razones y por la conveniencia de buscar la manifestación más nítida y cabal de la voluntad ciudadana, sólo podrá someterse a consideración del electorado un tema y dentro de éste se podrá incluir un máximo de tres pronunciamientos. En realidad la mezcla de materias puede llevar a confusiones, que también se tendrán con un número elevado de preguntas, así se relacionen con el mismo asunto.

DIFUSION

La información sobre la consulta exige tanto la utilización de los medios modernos de comunicación como los que se imponen en poblaciones menores, es decir, avisos, volantes y por bando.

En el Artículo 22 se extienden los beneficios que la Ley 58 de 1985 consagra en favor de los partidos o movimientos políticos, a la promoción de temas objeto de consulta tanto por esas organizaciones como por las Juntas Administradoras locales y las Juntas de Acción Comunal.

NORMAS ELECTORALES

Se asimila el régimen general que hace parte del actual Código Electoral, en cuanto sea aplicable y compatible con el proyecto.

La papeleta con la que se sufraga deberá contener uno de los adverbios SI o NO para cada pronunciamiento. El propósito del escrutinio es el de establecer el resultado en favor o en contra de cada pregunta.

TEMAS POR CONSULTAR

Por exigencia del mismo Acto Legislativo que se está desarrollando, el proyecto relaciona los temas (un total de 21) que pueden ser llevados al escrutinio público. Algunos de ellos incluyen un número plural de asuntos, que se estima tienen vinculación muy estrecha entre sí.

En el Artículo 27, se consagran límites precisos a los aspectos sobre los que deba indagarse, pues no se considera apropiado ni viable que se preguntara, entre otros, acerca de la supresión o modificación de impuestos, tasas o contribuciones; de la creación de cargos y fijación de salarios; de censuras o aplausos a funcionarios o entidades.

APROBACION Y EFECTOS DE LA CONSULTA

La mayoría de votos afirmativos indicará la aprobación de cada pronunciamiento. No puede, por lo tanto, hablarse con propiedad de una Consulta decidida favorable o desfavorablemente, a menos que en el mismo sentido opinen los sufragantes acerca de todos los pronunciamientos a ellos presentados.

El Alcalde, mediante Decreto debe aclarar el resultado, disponiendo la publicación del mismo e informando a las autoridades que sean competentes para la adopción de medidas sobre los temas consultados.

De especial trascendencia son los artículos que conforman el Capítulo 3 del Título 5, relacionados con los efectos, pues en ellos se establece el propósito último y real de la Consulta o sea, lograr una acción de los organismos del Estado, acorde con la voluntad popular. Ciertamente, por tratarse de un instrumento aplicable al nivel municipal, la decisión tendrá plenos efectos en esta órbita y sólo unos relativos en lo nacional y departamental.

Se establece que el resultado de la Consulta será obligatorio para las autoridades municipales y, en consecuencia, deberá expedir los actos dirigidos al cumplimiento de la voluntad expresada en las urnas en un término perentorio de un mes contado a partir de la publicación del resultado. Para el Concejo este término será el de las sesiones ordinarias siguientes a la misma publicación. De no procederse conforme a dicho mandato, el resultado se convertirá en decisión administrativa.

Al comentar los efectos, no podríamos eludir algunas apreciaciones acerca del Artículo 192 de la Constitución, que dispone: “Las ordenanzas de las Asambleas y los acuerdos de los Concejos Municipales son obligatorios mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. Se trata de establecer si existe contradicción entre éste texto y el efecto que convierte en obligatorio el resultado en el nivel municipal. En realidad el Acto Legislativo No. 1 de 1986 creó una especialísima figura a la cual se atribuye el carácter decisorio sobre los asuntos del orden municipal. Una decisión de tal naturaleza, con fundamento en la Carta y cuyo origen se remonta al ciudadano mismo debe prevalecer frente a una norma que busca asegurar la validez de los acuerdos de los Concejos, pues además, tendrán éstos la oportunidad de ajustar sus actos al fallo popular.

En los órdenes diferentes a lo municipal, lo decidido debe servir como motivación de los actos expedidos en relación con temas de consulta.

DISPOSICIONES VARIAS

En el articulado se contemplan plazos mínimos que deben transcurrir antes de presentar una iniciativa de consulta similar a otra ya negada (un año) y entre consultas a realizarse sobre el mismo tema (dos años).

Los presupuestos municipales tendrán asignaciones para sufragar los gastos de las Consultas y en todo caso, las adiciones y créditos se tramitarán con carácter de urgencia, para asegurar la oportuna disponibilidad de recursos.

Las administraciones nacionales y seccionales, así como la Registraduría deberán prestar la ayuda necesaria a los municipios para implementar las consultas.

CONCLUSION

Dejamos a consideración de la corporación un instrumento novedoso, con una completa reglamentación, que permitirá inducir una gran dinámica en los municipios, incentivando la activa participación de sus moradores para la conformación de un nuevo municipio. Se trata, en fin, de un elemento adicional, en la gran obra de reconstrucción de las células básicas de nuestra Nación.