D019 P061 | Elección Popular de Alcaldes

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D019 P061 | Elección Popular de Alcaldes

Senado de la República

PROYECTO DE LEY

”por la cual se reglamenta la elección de alcaldes y se dictan otras disposiciones”

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. La presente ley establece las disposiciones básicas para la aplicabilidad del régimen de elección de alcaldes previsto en los Artículos 171 y 201 de la Constitución Nacional. En lo no previsto sé aplicarán las normas vigentes, siempre y cuando no sean contrarias a las disposiciones de la presente ley.

I. CALIDADES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Artículo 2°. Para ser elegido Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, alcalde de capital de departamento, de municipio integrante de un área metropolitana o de un municipio con población superior a 100.000 habitantes, se requiere ser ciudadano en ejercicio y, además, acreditar residencia en el territorio del respectivo municipio o dentro del área metropolitana de la cual haga parte, durante los dos (2) años anteriores a la fecha de la inscripción.

Artículo 3°. Para ser elegido alcalde de Municipio diferente de guellos que se refiere el artículo anterior se requiere ser ciudadano en ejercicio y, además acreditar residencia en el territorio del respectivo municipio durante el año anterior a la fecha de la inscripción.

Artículo 4°. La residencia se probará mediante dos (2) declaraciones extrajuicio rendidas ante el respectivo juez municipal y deberá ser acreditada por el candidato ante las autoridades electorales al momento de la inscripción.

Artículo 5°. No podrán ser elegidos alcaldes:

  1. Quienes hayan sido condenados a pena privativa de la libertad, exceptuando el arresto y las condenas por delitos políticos;
  2. Quienes dentro de los dos (2) años anteriores a la elección hayan sido contratistas por sí mismos o por interpuesta persona o hayan sido apoderados de contratistas, del municipio respectivo o de otro que haga parte con aquel de un área metropolitana o de entidad descentralizada de alguno de los municipios anteriores;
  3. Quienes dentro del año anterior a la fecha de elección hayan sido empleados oficiales de cualquier orden; y
  4. Quienes dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de la elección y por autoridad competente hayan sido excluidos del ejercicio de una profesión o sancionados más de dos (2) veces por faltas a la ética profesional o a los deberes de un cargo público.

Artículo 6°. Nadie podrá ser elegido simultáneamente alcalde y congresista, diputado, consejero intendencial o comisarial o concejal. Tampoco podrán ser elegidos alcaldes, los congresistas durante la primera mitad de su período constitucional. Dentro del período constitucional nadie podrá ser elegido alcalde en más de un municipio. La infracción de éste precepto vicia de nulidad ambas elecciones.

Artículo 7°. Desde el momento de la elección o del nombramiento en propiedad, hasta la terminación del período, el alcalde no podrá desempeñar cargo público alguno distinto de aquel para el cual fue designado.

Artículo 8°. Desde la fecha de su elección o nombramiento y hasta la pérdida de su investidura, el alcalde no podrá:

a. Celebrar por sí mismo o por interpuesta persona contratos de ninguna clase con la administración pública ni con los institutos o empresas oficiales ni con aquellas en las cuales la Nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías o los municipios tengan capital superior al cincuenta por ciento (50% );

b. Intervenir en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la celebración de contratos con la administración pública;

c. Intervenir en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, donde tenga interés la Nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías o los municipios y las entidades oficiales o semioficiales y

d. Ser apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas en sus distintos niveles.

Parágrafo. Las incompatibilidades de que trata el presente artículo subsistirán durante el año siguiente a la fecha de la pérdida de la investidura con respecto al municipio donde ejerció el cargo y a los que integran con aquel un área metropolitana, lo mismo que a las entidades descentralizadas de dichos municipios.

Artículo 9°. Lo dispuesto en el artículo anterior no obsta para que los alcaldes puedan, ya sea directamente o por intermedio de apoderado:

a. Actuar en las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos tengan interés.

b. Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y multas que graven a las mismas personas.

c. Usar los bienes o servicios y celebrar los contratos que las entidades oficiales, los institutos descentralizados y las sociedades de economía mixta ofrezcan al público bajo condiciones comunes a todos los que los soliciten.

Artículo 10. Las actuaciones que se realicen contraviniendo lo dispuesto en los artículos anteriores y las decisiones de autoridades generadas en esas actuaciones, serán nulas. Cualquier persona o el Ministro Público podrá pedir la declaratoria de esa nulidad ante la autoridad competente.

Los contratos que se celebren contraviniendo las disposiciones anteriores carecerán de validez y no podrán generar pagos. Si éstos se hubieren efectuado, el contratista estará obligado a reintegrar su valor e indemnizar los perjuicios que hubiere causado.

Los funcionarios públicos que permitieren la intervención de las personas afectadas por las mismas incompatibilidades, incurrirán en mala conducta, que se sancionará con la destitución.

Artículo 11. Las calidades, inhabilidades e incompatibilidades establecidas para el alcalde en esta ley, se aplican a quien desempeña dicho cargo a cualquier título.

Parágrafo: No obstante lo previsto en el presente artículo, a quienes sean designados alcaldes en interinidad o por encargo no se aplicará la inhabilidad consagrada en el ordinal 3°. del Artículo 5°. ni la incompatibilidad estipulada en el parágrafo del artículo 8°.

II. INSCRIPCION, FECHA DE ELECCION Y POSESION

Artículo 12. Los candidatos a alcalde deberán inscribir sus candidaturas ante las correspondientes autoridades electorales del orden municipal o distrital, a más tardar un mes antes de la fecha de elección.

Artículo 13. La elección de alcaldes se realizará el mismo día en que deban efectuarse los comicios para elegir diputados, consejeros intendenciales y comisariales y concejales municipales y del Distrito Especial de Bogotá.

Artículo 14. El alcalde electo tomará posesión del cargo ante el juez municipal del respectivo municipio, el primero de julio siguiente a la fecha de elección.

Parágrafo. Si por cualquier motivo el alcalde no pudiere tomar posesión ante el juez municipal lo hará ante dos (2) testigos.

Artículo 15. Cuando se trate de la posesión de alcaldes elegidœ por el Concejo o nombrados debido a falta absoluta del elegido popularmente, lo harán en la forma prevista en el artículo anterior, una vez acrediten las calidades requeridas ante las autoridades electorales. La posesión en este evento se realizará dentro de los 15 días siguientes a la elección o el nombramiento.

III. FALTAS ABSOLUTAS YTEMPORALES

Artículo 16. Constituyen falta absoluta del cargo y darán lugar a la provisión del mismo, las siguientes causales:

  1. Muerte.
  2. Renuncia regularmente aceptada.
  3. Abandono del cargo.
  4. Destitución.
  5. Nulidad de la elección. 6. Incapacidad física permanente para ejercer el cargo o invalidez absoluta.

Artículo 17. El Presidente de la República, los gobernadores, intendentes y comisarios, serán competentes para declarar, por falta absoluta, la vacancia del cargo de Alcalde del Distrito Especial y los dema alcaldes según sus competencias, así como para designar en calidad de interino entre los funcionarios municipales de más alto rango a quien deba desempeñar el cargo hasta tanto el Concejo Municipal elija el reemplazo. Para ejercer esta función el Concejo, estando en sesiones o reunido para el mismo efecto por derecho propio, dispondrá de 15 días para elegir el reemplazo. Pasado este término sin que se hubiese reunido el Concejo o realizado la elección, el Presidente de la República, el gobernador, intendente o comisario, en su caso, lo nombrará en forma definitiva. Quien deba ocupar el cargo, por elección o nombramiento, en virtud de lo dispuesto en éste artículo, deberá ser de la misma filiación política del elegido que se reemplaza.

Artículo 18. Las causales falta absoluta previstas en los numerales 1, 5 y 6 del artículo 16 se acreditarán mediante la prueba correspondiente que podrá allegarse de oficio por el encargado de proveer la vacancia o suministrarse por cualquier ciudadano.

Artículo 19. La renuncia se presentará ante el Presidente de la República, gobernador, intendente o comisario según el caso.

Artículo 20. El abandono del cargo se produce cuando el alcalde, sin justa causa:

  1. Deje de ejercer sus funciones por tres (3) días consecutivos.
  2. Se abstenga de ejercer sus funciones antes de que asuma el cargo quien ha reemplazarlo.

Parágrafo. La de vacancia por abandono del cargo requerirá certificación del personero municipal sobre los hechos previstos en este artículo.

Artículo 21. La destitución del Alcalde del Distrito Especial y la de los demás alcaldes será decretada por el Presidente de la República, los gobernadores, intendentes, comisarios, según sus competencias, en los siguientes casos:

  1. Cuando sea condenado por cualquier delito.
  2. Cuando incurra en violación al régimen de incompatibilidades establecido en esta ley.
  3. Cuando apareciere como inepto, desidioso o afectado por otra causa que lo imposibilite para el debido desempeño del cargo.

Parágrafo. En los casos de los numerales 2 y 3, la destitución se decretará previa investigación que así lo disponga, realizada por la Procuraduría General de la Nación, la cual deberá ser confirmada por el respectivo Concejo Municipal por mayoría absoluta de miembros de la corporación. El Concejo, estando en sesiones o reunido para el efecto por derecho propio, dispondrá de cinco (5) días para pronunciarse. Transcurrido este término sin que el Concejo decida, el funcionario competente para destituir puede aplicar lo ordenado por la Procuraduría.

Artículo 22. Las entidades de Previsión Social competentes, certificarán la incapacidad física permanente para ejercer el cargo o invalidez absoluta y la incapacidad médica temporal.

Artículo 23. Se produce falta temporal en los siguientes casos:

  1. Vacaciones
  2. Licencia
  3. Comisión
  4. Suspensión en el ejercicio del cargo
  5. Incapacidad médica
  6. Permiso

Artículo 24. En los eventos de comisión de servicios e incapacidad módica, no mayores de 15 días, el alcalde respectivo comunicará al Presidente del Concejo dicha situación y designará a quien haya de cumplir sus funciones en calidad de encargado, entre los funcionarios de mayor jerarquía de la administración municipal.

Artículo 25. Tratándose de vacaciones, de licencia, comisión diferente a la de servicios, suspensión, incapacidad médica mayor de 15 días y permiso, el Presidente de la República, los gobernadores, intendentes o comisarios, según sus competencias, designarán entre los funcionarios de mayor jerarquía de la administración a quien haya de cumplir las funciones en calidad encargado, que deberá de la misma filiación política del titular.

Parágrafo. Cuando se presenten circunstancias de urgencia que no permitan tramitar la solicitud en la forma establecida, se comunicará tal situación al Presidente del quien proveerá el cargo en interinidad entre los funcionarios de mayor jerarquía de la administración municipal, respetando la filiación política del titular. El Presidente del Concejo deberá informar dentro de las 24 horas siguientes al competente para que designe debidamente el reemplazo.

Artículo 26. La suspensión será decretada, según sus competencias, por el Presidente de la República, los gobernadores, intendentes y comisarios, en los siguientes casos:

  1. Cuando sobre el alcalde recaiga auto de proceder en firme o su equivalente, dictado por autoridad judicial o policiva competente.
  2. Cuando lo ordene el juez competente, tratándose de detención de empleado oficial de conformidad con normas de procedimiento penal.
  3. Cuando el alcalde haya incurrido en falta disciplinaria que dé lugar a suspensión, calificada como tal por la Procuraduría General de la Nación. Para este efecto se aplicará en lo pertinente, el régimen disciplinario establecido para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público en lo nacional o normas especiales que se dicten en materia disciplinaria para el nivel municipal.

Artículo 27. El Presidente de la República, los gobernadores, intendentes y comisarios que destituyan o suspendan indebidamente a alcaldes, según sus competencias, incurrirán en causal de mala conducta y serán sancionados con la pérdida del empleo.

El ejercicio indebido de esta atribución sancionatoria será establecida por el Senado de la República previa acusación de la Cámara de Representantes en el del Presidente de la República y por el Procurador General de la Nación en los demás eventos.

Artículo 28. La Procuraduría General de la Nación ejercerá las funciones de vigilancia administrativa de los alcaldes de acuerdo a las siguientes competencias:

  1. El Procurador General de la Nación, al Alcalde Mayor de Bogotá.
  2. El Procurador Delegado para la vigilancia administrativa, a los alcaldes de capitales de departamento, municipos integrantes de áreas metropolitanas y los de más de 100.000 habitantes.
  3. Los procuradores regionales a los demás alcaldes en la respectiva jurisdicción.

Artículo 29. De oficio, por solicitud del competente para decidir o del Concejo Municipal, la Procuraduría iniciará la investigación de que tratan los Artículos 21 y 26 y dispondrá para su realización de un máximo de 90 días contados a partir del momento en que se reciba la petición o se dé comienzo a la actuación. Pasado este término sin que se hubiere pronunciado, el trámite de destitución o suspensión se adelantará prescindiendo de la intervención de la Procuraduría.

IV. REMUNERACION Y RÉGIMEN PRESTACIONAL

Artículo 30. Los Concejos de los Municipios de que trata el Artículo 2°. de la presente ley, fijarán la remuneración que deba percibir el respectivo alcalde, la cual estará íntegramente a cargo del Tesoro Municipal, así como también la prestación de los servicios de social, en cuanto tales municipios tengan creadas Cajas de Previsión.

Parágrafo Primero. La remuneración de los alcaldes a que se refiere este articulo sólo podrá modificarse anualmente y tendrá como monto máximo la asignación del Presidente con respecto al Alcalde del Distrito Especial de Bogotá y la de los gobernadores para los demás alcaldes, en sus respectivos territorios.

Parágrafo Segundo. Cuando en los municipios de que trata el presente artículo no existiere Caja de Previsión Municipal, tales servicios continuarán siendo prestados por las entidades departamentales.

Artículo 31. Facúltase al Gobierno Nacional para determinar la remuneración que deban percibir los demás alcaldes municipales, atendiendo a la población, grado de desarrollo, situación económica y presupuestal de las municipalidades, dentro de una categorización que establecerá para el efecto.

Parágrafo Primero. El Tesoro Departamental y el de la intendencia y comisaría al cual pertenezca el municipio, asumirá el costo de la remuneración fijada para el alcalde, en la forma establecida en éste artículo, así como las prestaciones correspondientes, partidas que deberán ser presupuestadas como transferencia y giradas por semestres anticipados a los municipios, los cuales efectuarán los pagos respectivos.

Parágrafo Segundo. En los municipios de que trata el presente artículo que no tuvieren cajas de previsión, los servicios de seguridad y previsión social serán asumidos por la respectiva entidad departamental y por la que tenga a cargo tales prestaciones con respecto a las intendencias y comisarías.

V. PERSONEROS Y TESOREROS MUNICIPALES

Artículo 32. El Artículo 137 del Decreto 1333 de 1986 —Código de Régimen Municipal— quedará así:

“Para ser personero en municipios con población superior a 20.000 habitantes, se requiere ser abogado titulado o haber terminado estudios de derecho. En los demás municipios podrán ser elegidos personeros quienes sean bachilleres o hayan desempeñado el mismo cargo en propiedad.

“Será nula la elección de personero sea en propiedad, interinidad o por encargo, que recaiga en quien no reúna las calidades exigidas en este artículo y sus actos carecen de validez”.

Artículo 33. El cargo de tesorero municipal y del Distrito Especial de Bogotá será provisto por el alcalde en su condición de jefe de la administración municipal.

VI. FACULTADES

Artículo 34. Para el ejercicio de las facultades extraordinarias de que trata esta ley, en virtud del numeral 12 del Artículo 76 de la Constitución Política, el Presidente de la República dispondrá de un término de cien días contados a partir de la fecha de la sanción.

Artículo 35. El Presidente de la República, dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de las facultades extraordinarias que confiere esta ley, remitirá al Congreso el texto de los decretos que dicte y un informe sobre el uso de tales facultades.

Artículo 36. Para los efectos de la presente ley se adoptan los datos provisionales del XV Censo nacional de población, elaborado por el DANE, en 1985.

Artículo 37. La presente ley deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 38. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

del Proyecto de Ley “por la cual se reglamenta la elección de alcaldes y se dictan otras disposiciones”.

La reglamentación de la elección popular de alcaldes nos permite relacionar algunas acciones adelantadas por el Nuevo Liberalismo, tendientes a crear las condiciones más apropiadas para el establecimiento y consolidación de una verdadera democracia local para demostrar así la amplia trayectoria de nuestra organización política en la promoción y el estudio de los temas de desarrollo regional y local.

Desde la iniciación de labores a escala nacional, en la Plataforma de 1981 se aludió reiteradamente a la necesidad de dotar a las comunidades de instrumentos que aseguren autonomía de manejo, capacidad de decisión y les permita recuperar el manejo de los asuntos propios de su órbita político-administrativa.

En Manizales, en septiembre de 1983, realizó el Nuevo Liberalismo el Congreso Nacional sobre Democracia Regional y Local, para evidenciar la importancia que nos merecen estas materias. Durante cuatro (4) días fueron expuestas numerosas ponencias, discutidas y controvertidas tales y finalmente adoptadas las conclusiones que han servido para enriquecer los programas presentados al escrutinio nacional.

LA DECADENCIA DEL MUNICIPIO

Conviene recordar algunos de los planteamientos expuestos por el Director Nacional del Movimiento en la sesión de instalación del Congeso:

“…El atraso y la agonía de las administraciones locales son consecuencia de un Estado cuyas instituciones no están concebidas para vivir y consolidar la democracia sino para restringirla y debilitarla. Todo gira en Colombia en torno de los poderes centrales. No existe prácticamente ningún grado de autonomía local. Los miembros de la comunidad tienen una molesta posibilidad de participar en el Gobierno a través de las elecciones de los cabildos, pero no cuentan con caminos adecuados para manifestar a los funcionarios de la administración sus opiniones y necesidades. El municipio no posee independencia alguna ni goza de poderes discrecionales en los más elementales asuntos de interés local. En 900 municipios de Colombia la administración local constituye un aspecto tan secundario e insignificante para el ciudadano que apenas perciben su existencia. En últimos informes del Gobierno Nacional sobre el gasto público total del Estado, incluidos los distintos niveles de la administración, se demuestra que todas las denuncias de los estadistas sobre la concentración de las decisiones y del poder en las autoridades nacionales han caído en el vacío porque la situación empeora en vez de registrar alivio alguno. Quienes se quejaban hace pocos años porque la Administración Nacional controlaba el 62% del ingreso público en 1976, ahora encuentran que al terminar 1981 la Nación ejecutaba el 76% del gasto público. Los expertos que se lamentaban en el decenio anterior porque los 950 municipios de Colombia controlaban el de los ingresos públicos, ahora comprueban que en 1981 la Contraloría certificó que apenas recibieron el 6% de tales ingresos. Las proporciones resultan más reveladoras de las magnitudes del centralismo si se recuerda que lo normal en los países democráticos es que las administraciones manejen entre el 25 y el 35 por ciento de los recusos del Estado y nosotros no tenemos ni siquiera la quinta parte de tales proporciones. La indigencia de los municipios en Colombia tiene directa relación con los de orden público. La violencia donde no esté presente el Estado o donde la única imagen de las autoridades es la de la reprsión estén desprotegidas las necesidades fundamentales de la ciudadanía…”.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Como consecuencia del Foro de Manizales se organizó en septiembre de 1984 un Coloquio Internacional sobre Democracia Local, con asistencia de prestantes tratadistas, administradores públicos y miembros de Corporación de elección de diferentes países, que aportaron experiencias, conocieron la  del gobierno local en Colombia e intercambiaron diversos puntos de vista de gran utilidad para el diseño y perfeccionamiento de nuestras instituciones. Se llamaba la atención en ese envento, acerca de la tendencia mundial de propiciar nuevos desarrollos sobre la materia.

“…Durante el último decenio el tema de la Democracia Local se convirtió en uno de los puntos más importantes del análisis político en las democracias occidentales. Por diversas razones se ha comprendido que el régimen territorial debe transformarse no sólo por propósitos administrativos sino políticos y que en el Estado Moderno es indispensable redefinir periódicamente los límites entre las instituciones nacionales, regionales y locales. Algunos países han hecho las reformas territoriales para atender reivindicaciones regionales y aspiraciones autonómicas. Otros han visto que las instituciones representativas deben evolucionar y que las nuevas funciones económicas y sociales del Estado Moderno sólo pueden ser atendidas en un nuevo sistema de competencias y de asignación de recursos entre los diversos niveles estatales. En Europa trabajan intensamente por construir las instituciones políticas supranacionales, pero al mismo tiempo y con mayor paciencia e interés atienden el nuevo espacio político-administrativo de los movimientos nacionales dentro de los Estados. No hay fórmulas uniformes para revitalizar los poderes locales pero el proceso mundial es el mismo; en todas partes se cuestiona la centralización del poder político no sólo porque impide el desarrollo democrático o aleja al ciudadano del Estado y de los centros de decisión sino por la evidente impotencia o por lo menos ineficacia de los criterios centralistas para manejar innumerables necesidades y funciones públicas. En América Latina, cada país tiene su propio sistema de entidades territoriales, pero en casi todos los debates sobre administraciones locales está abierto 0 bien porque empieza la evaluación de recientes reformas o porque están a punto de madurar nuevos proyectos.

El debate no lo puede evitar nadie. A lo sumo pueden aplazarlo los países que se hallan en trance de revoluciones, guerras o cambios radicales porque pueden juzgar el tema relativamente menos prioritario cuando está en juego la propia supervivencia de sus instituciones. Pero los países que buscan nuevos caminos para la democracia a través de movimientos sociales, los que desean transformar la sociedad por medios institucionales, están más obligados a estudiar y fomentar las perspectivas de la democracia local. Esta —por definición— es incompatibte con el Estado absolutista y es una de las mejores barreras frente a quienes pueden tener tentaciones totalitarias… ”

PARTICIPACION CIUDADANA,

DESCENTRALIZACION Y CONCIENCIA POLITICA

Resulta oportuno en este debate sobre la elección de alcaldes —pieza básica de la democracia local— presentar el pensamiento del Nuevo Liberalismo sobre la participación comunitaria en la toma de decisiones, la descentralización y su relación con el proceso político, expuesto durante el mencionado Coloquio Internacional, de la siguiente manera:

“‘…A medida que las grandes decisiones políticas y económicas exigen regulaciones y acuerdos mundiales, crece simultáneamente la urgencia de aproximar al ciudadano a las decisiones que afectan más directamente su vida y de extender por lo tanto las perspectivas de la democracia. En las aldeas, en las reglones —inclusive en los barrios de las grandes ciudades —existen realidades culturales, políticas, económicas y valores que determinan la capacidad de integración de la comunidad y que sobreviven o funcionan a pesar o en contra del influjo de los poderes del Estado Central. Cada comunidad local tiene aspiraciones, valores, modos de pensar y de actuar que operan como un código cultural que no es generado por las aglomeraciones mayores ni los factores nacionales o internacionales pero si puede ser destruido por ellos. La conducta social se expresa en cada comunidad con rasgos peculiares que no son incompatibles con los elementos culturales de la Nación y en cambio pueden enriquecerlos, transformarlos y hasta ayudar a identificarlos. Existe además un orden social que integra a la comunidad y determina las condiciones objetivas para que las normas y las instituciones puedan operar”.

DESCENTRALIZACION

“Estas son las materias primas que justifican la democracia local, lo cual no es suficientemente para desarrollarla, pues ello sólo es posible cuando hay descentralización admninistrativa y participación política. Descentralizar es fundamentalmente una cuestión política. Siginifica redistribuir el poder. Aceptar que la comuniad asuma responsabilidades y maneje directamente sus problemas. Descentralizar es también suprimir los canales informales y abusivos del ejercicio del poder que construye el centro con los cómplices de las periferias locales por medio de procedimientos difíciles de detectar y controlar. Descentralizar es darle a las instituciones regionales y nacionales un carácter subsidiario respecto de lo que corresponde atender a la comunidad local y debe ser decidido por ésta…

LA DEMOCRACIA COTIDIANA

El otro elemento de la democracia local es la participación política que fue entendida durante muchos años tan sólo en el sentido electoral. Ahora se han enriquecido las dimensiones y perspectivas de la participación porque se piensa ya no sólo en la democracia electoral sino en la democracia cotidiana. Es decir, se ha comprendido que la democracia no es sólo un sistema para escóger los gobernantes sino sobre todo, un método para manejar los asuntos públicos y los intereses comunes de los grupos sociales. Sin embargo, bien se sabe que el derecho a participar no es ejercido por todo aquel que lo posee y el número de participantes en los procesos políticos varía según tiempo, lugar y circunstancias, así como según el tipo de participación. No existe un principio generalizador que explique los diferentes modos en que estos fenómenos se entrelazan en los distintos países. Se sabe que los niveles de educación, el acceso a la información, los factores geográficos y otros determinantes de la participación alteran el proceso pero lo decisivo en él es la influencia de los factores peculiares de cada país, las costumbres, la historia, el acceso a las instituciones gubernamentales y algo tan específico como es la forma peculiar de la competencia política en el respectivo país, algo prácticamente irrepetible por su propia naturaleza”.

PARTICIPACION Y CONCIENCIA

“Se dice con frecuencia que en las grandes ciudades, en los estratos mís pobres, entre las mujeres y los jóvenes, la participación es menor en comparación con el conjunto de los grupos sociales. En realidad para participar es necesario establecer conexiones entre lo que sucede en el terreno político y lo que ocurre en la vida de las cuya participación se desea. Estas conexiones suponen un cierto grado de conociminto porque la participación no es natural sino que debe ser aprendida. La participación depende de la conciencia política o sea del conocimiento real de los asuntos públicos. Es lógico que el primer escalón sea el nivel local porque las cuestiones concretas y próximas son las que tienen mayores probabilidades de suscitar el interés de los ciudadanos como señalara Tocqueville hace siglo y medio: “¿Cómo descansar la libertad de las cosas grandes en una multitud que no ha aprendido a servirse de ellas en las pequeñas?”. Ahora podemos agregar que quienes están atentos a la evolución de los asuntos públicos en principio están mejor capacitados para relacionar sus valores sociales con sus opiniones políticas, para identificarse con sistemas de creencias estables y consistentes y para comprender y utilizar las oportunidades de los mecanismos constitucionales”.

LO PARTIDOS POLITICOS

“Corresponde a los partidos políticos en un sistema pluralista ejercer la más fuerte influencia política sobre la participación. Ello no quiere decir que tan sólo los partidos generen sentimientos de pertenencia que los nuevos movimientos sociales como los jóvenes, la tercera edad, los ecologistas, los movimientos cívicos, etc., que trascienden el esquema partidista, sean menospreciables desde el punto de vista de la participación. La sociedad necesita expresar sin depender de formas burocráticas y al propio tiempo requiere de instituciones representativas que controlen las nuevas organizaciones y mecanismos del Estado moderno…”.

APORTE LEGISLATIVO

En forma activa participamos en la discusión de la Ley 14 de 1983 y en la elaboración de la respectiva ponencia en el Senado, teniendo siempre como objetivo el fortalecimiento de los fiscos departamentales y municipales.

En la ponencia del Proyecto de Ley número 23 de la Cámara y 172 del Senado de 1982, elaborado por el Senador Luis Carlos Galán, se diseñaron los mecanismos que posteriormente integraron la Ley 12 de 1986, a través de los cuales será posible a la gran mayoría de municipalidades obtener cuantiosos recursos y asumir responsabilidades, llevando a la práctica las permanentes y antiguas aspiraciones de descentralización administrativa y fiscal. En la referida ponencia del 17 de noviembre de 1983 para justificar el novedoso sistema de transferencias, se mostraba el panorama general de la vida municipal frente a las posibilidades de la descentralización fiscal en los siguientes términos:

“…El tema de la cesión del impuesto a las ventas ser examinado teniendo en cuenta tres cuestiones fundamentales: la distribución espacial de la población, la distribución de funciones entre la Nación, los departamentos y los municipios y la crisis del sistema de seguridad social.

El primer tema es muy importante si se recuerda que 260 municipios perdieron población en el período intercensal y que por lo menos 600 municipios no alcanzaron la tasa del 3,06 de incremento anual en su población que fue el promedio nacional en el período 1964-1973. Esto significa que centenares de municipios se hallan en decadencia o por lo menos se han estancado, lo cual, en términos generales coincicle con la baja calidad de la vida en esas poblaciones y la penuria de su infraestructura física y social. La Nación tiende a concentrarse en las cuatro principales ciudades y en otros cinco o seis centros urbanos importantes, el resto de municipios o crece a menor ritmo o definitivamente se halla en proceso de despoblamiento. Decir esto ya corresponde a la lista de lugares comunes en el país, sin embargo, no existe una política concreta para devolverles a los municipios su antigua vitalidad y su papel en una racional distribución espacial de la población…

…El municipio colombiano decae porque carece de funciones de recursos. El Constituyente de 1968 así lo comprendió cuando estableció que el Legislador podría redistribuir libremente los servicios y los recursos entre las distintas entidades territoriales y cuando creó el sistema de transferencia a partir del situado fiscal y otros mecanismos similares en la administración Lleras Restrepo.

…La mayor parte de las funciones municipales está hoy en manos de los institutos descentralizados. La existencia de estos institutos corresponde a una etapa del desarrollo administrativo nacional y varios de ellos han cumplido una labor importante para las regiones y municipios; sin embargo, la Nación ha cambiado y en muchas regiones donde hace algunas décadas no se contaba con recursos humanos suficientes para atender mayores responsabilidades administrativas hoy es posible conseguir tales recursos, por lo cual varios institutos descentralizados tienden a convertirse en intermediarios inútiles y contraproducentes que entorpecen la ejecución de los planes de desarrollo.

…El problema es lógicamente mayor para las zonas rurales de los municipos que para quienes viven en las cabeceras. Si los municipios son débiles, lo único relativamente fuerte en ellos es la cabecera donde se congregan los pocos servicios disponibles desde el mercado local hasta la Caja Agraria, el veterinario, el agrónomo, el médico, el sacerdote y el educador; la marginalidad extrema es la del campesino que lucha cuanto puede por conquistar para su vereda las migajas del presupuesto local o el auxilio del parlamentario con el cual se disimula la ineficiencia de un sistema administrativo obsoleto y antidemocrático.

En el cuadro general del destino de las participaciones en el impuesto de ventas es oportuno hacer una corta alusión a la crisis de la seguridad social en el país y al déficit de las Cajas seccionales de Previsión Social. Con muy contadas excepciones estas cajas se hallan al borde de la ruina y cada día resulta más difícil asegurar el pago puntual de las cesantías y jubilaciones de decenas de millares de empleados públicos y trabajadores oficiales. En la medida en que se acentúe el nuevo ciclo demográfico que inició el país desde cuando logró reducir las tasas de fecundidad, se incrementará en forma acelerada la población en edad de jubilación sin que existan los recursos necesarios para atender esos derechos fundamentales de los servidores del Estado. El problema afecta hoy a todos los niveles de la administración, pero en forma muy especial amenaza las administraciones departamentales como consecuencia de la Ley 43 de 1975 que al nacionalizar la educación secundaria creó falsas expectativas sobre el futuro de estas prestaciones. Es indispensable dentro de las delicadas circunstancias actuales y futuras, crear mecanismos para que los departamentos organicen sus reservas con el fin de cumplir esta obligación y que, simultáneamente, la Nación incremente en forma gradual las transferencias con esta destinación específica…

DEBATE NACIONAL, DOCUMENTO

Durante el primer semestre de 1985 en la serie de 10 foros regionales y uno en Venezuela, la Democracia Local apareció siempre como preocupación de los miembros del Nuevo Liberalismo y de tales escenarios se recibió un gran aporte para la definición de la Plataforma Nacional acordada en Paipa en el mes de julio del mismo año. En este documento expresamos el compromiso de avanzar con firmeza en la construcción de una nueva estructura municipal, para devolverle a la comunidad local sus posibilidades de desarollo, generadas en el deseo y la dinámica de sus propios habitantes.

Nuestra intervención fue decisiva en los debates del Acto Legislativo número 1 de 1986 y de las Leyes 3 y 11 del mismo año que establecieron las bases para la elección de alcaldes, la consulta popular municipal y los nuevos estatutos de los departamentos y las células locales. En los debates de las Primera del Senado y la Cámara contribuimos con aportes en variados aspectos de la legislación, reflejando las aspiraciones de multitud de simpatizantes de nuestra organización política que se expresaron en ponencias, foros y congresos, como los ya mencionados.

De la serie de documentos del Nuevo Liberalismo, que llega al número 16, se han dedicado tres (3) de ellos al tema, denominados: “Democracia Local”, “El Nuevo Municipio” y “Renovación Municipal”, correspondientes a los fascículos quinto, sexto y decimotercero.

LA ELECCION DE ALCALDES

La elección popular de alcaldes, materia de este proyecto de ley, constituye sin duda alguna una base fundamental en el proceso de reformas institucionales que hemos venido compartiendo e impulsando. Como lo hemos manifestado en intervenciones y constancias dejadas en el Parlamento y en diversos escenarios, la entendemos como una reforma idónea y eficaz en la medida en que sea acompañada por un régimen legal complementario y una sincera voluntad política en favor de la comunidad para darle medios de expresión libre e instrumentos adecuados de auto-determinación. Sería traumático y frustrante para el país que se impusieran la irresponsabilidad y el utilitarismo políticos, lo cual convertiría la elección de alcaldes en otro sofisticado método de manipulación de la voluntad popular y alejaría aún más a nuestras gentes de una real y auténtica democracia local.

En nuestro sentir, el Congreso debe acometer el estudio de esta reglamentación y adoptar el régimen que en su autonomía acuerde, durante el actual período de sesiones ordinarias, si queremos obrar en consecuencia con la voluntad expresa del Constituyente que definió para 1988 la primera elección de mandatarios locales. Aun cuando dispondríamos del próximo año y eventualmente de los primeros meses del siguiente para expedir la ley, sería altamente inconveniente dilatar el pronunciamiento del Congreso, por la incertidumbre que generaría y el reducido tiempo disponible para impulsar el proceso de educación y formación política indispensable en todas las comunidades, antes de dar ese paso esencial en la participación ciudadana.

Por ello, es nuestro propósito contribuir al análisis de los múltiples temas que hacen parte del estatuto, presentando el presente proyecto dividido en sesiones, sobre las cuales se hará a continuación una reseña.

Para comenzar, se establece en el primer artículo una previsión indispensable con el fin de facilitar la utilización de gran cantidad de normas que son perfectamente aplicables en el funcionamiento del régimen de alcaldes. Tal es el caso de las disposiciones electorales, del régimen disciplinario, entre otros. Por ello de como estos no se ocupa el estatuto.

I. CALIDADES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Varias alternativas fueron analizadas para llegar a la fórmula que contiene el proyecto, sobre calidades de los alcaldes.

La exigencia de niveles de formación, experiencia profesional o desempeño de determinados cargos, aun para municipios de alta densidad poblacional, fue descartada, al considerar que en estos procesos de elección popular debía contar ante todo la selección espontánea y el escrutinio directo de la ciudadanía.

Se trata, además, de crear confianza en el mecanismo, evitando lo que podría considerarse discriminatorio y excluyente. Por ello, se han simplificado al máximo las calidades, exigiendo sólo la de ser ciudadano en ejercicio y acreditar residencia en el área municipal que se aspira gobernar.

Para capitales de departamento, municipios integrantes de área metropolitana y ciudades con más de 100.000 habitantes, se exige la residencia al aspitante por un período mínimo de dos (2) años, anteriores a la fecha de inscripción. Para los demás, el requisito se reduce a un solo año. Como medio probatorio de la residencia se dispone la formalidad de dos declaraciones extrajuicio.

Un tratamiento especial se da a través del articulado a las áreas metropolitanas, pues respondiendo tales estructuras administrativas a realidades concretas, deben ser tenidas en cuenta al reglamentar la elección de alcaldes. Así, por ejemplo, la residencia de quien aspira a la alcaldía de un municipio integrante de un área pueda acreditarse con respecto a cualquiera de los municipios que la conforman.

Para las inhabilidades e incompatibilidades se han seguido los lineamientos establecidos en el nuevo Código de Régimen Municipal, así como también para consagrar las consecuencias que conllevan las actuaciones en contra de lo dispuesto, como la nulidad, la carencia de validez de contratos, indemnizaciones y la destitución de funcionarios que propicien violaciones a la norma.

La inhabilidad de desempeño de cargo público y la subsistencia de la incompatibilidad al final del mandato, no se aplicará a quienes ejerzan la alcaldía en interinidad o por encargo.

Se dispone expresamente la prohibición de ser elegido simultáneamente alcalde en más de un municipio.

II. INSCRIPCION. FECHA DE ELECCION Y POSESION

Para la inscripción, que se hará ante la respectiva autoridad electoral, se conserva el período usual del mes anterior a la jornada electoral.

La elección, según lo propuesto, deberá coincidir al menos con la de miembros de corporaciones públicas locales y regionales. En caso de tramitarse favorablemente la elección por mayoría absoluta y la unificación de elecciones parlamentarias con presidenciales —como se ha propuesto en proyecto que cursa en la Cámara de Representantes— se  lo previsto, en el sentido de hacer coincidir con la de corporaciones nacionales, regionales y locales la primera votación para alcaldes, cada cuatro años.

Como fecha de posesión, que debe hacerse ante juez, el Artículo 14 adopta el primero de julio siguiente a la fecha de elección, período suficiente con respecto a la jornada electoral y que permite, además, un lapso muy útil para el alcalde, antes de la iniciación de sesiones del Concejo.

A los alcaldes elegidos por el Concejo o designados por el Ejecutivo en los eventos previstos por la misma ley, se fija para la posesión un plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la elección o nombramiento.

III. FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES

Según lo dispone el Articulo 17, el Concejo Municipal deberá elegir el reemplazo del alcalde elegido popularmente, cuando se produzca la vacancia del cargo en los casos de falta absoluta, establecidos taxativamente.

En la práctica, una vez declarada la vacancia por el Presidente, gobernadores, intendentes o comisarios, estos funcionarios designarán en interinidad a quien deba ocupar el cargo, hasta tanto elija el Concejo. El proyecto fija un término de 15 días para que los Ediles cumplan esta nueva función de elegir alcalde, pasado el cual la provisión definitiva del cargo pasa nuevamente a manos de los mencionados funcionarios.

Hemos estimado sano el criterio de preservar la opinión ciudadana expresada en el Concejo, cuando se da la falta absoluta del elegido popularmente. La opción de convocar a nuevas elecciones fue evaluada, pero se descartó ante las dificultades logísticas de otros comicios en un período tan reducido, máxime si se han de realizar cuando concurran procesos electorales nuevos, como la integración de juntas administradoras, consultas populares, elección de representante de la comunidad en las juntas de empresas de servicios. La alternativa de facultar al Concejo como expresión de la voluntad popular, debió limitarse en el tiempo, para que la Corporación defina el reemplazo con prioridad sobre cualquier materia.

El alcalde en interinidad, el elegido o nombrado deberán ser de la misma filiación política de quien se reemplaza.

De las de falta absoluta, las más controvertibles y complejas de establecer son el abandono del cargo y la destitución.

En cuanto al abandono, Artículo 20, se configura con la falta al trabajo durante tres días y la no concurrencia hasta la posesión del sucesor, asignándose a la personería municipal el establecimiento de esos hechos. Con tales previsiones, que excluyen la justa causa, se garantiza al menos el cumplimiento formal de funciones, por parte de quien fuera elegido por la comunidad para ejercerlas cabalmente. Al atribuir al personero municipal la constatación de las circunstancias que dan lugar al abandono, se reafirma la función consagrada en el numeral 40. del Artículo 139 del Código de Régimen Municipal.

Como la destitución, según lo disponen las normas constitucionales, sólo puede darse en casos taxativos que defina la ley, se establecen en el Artículo 21 tres (3) eventos: la condena penal, la violación al régimen de incompatibilidades que se consagra en el mismo estatuto y la situación prevista en el Artículo 80. de la Ley 83 de 1936, convertido en el Artículo 303 del Código de Régimen Municipal, Decreto 1333 de 1986, que conduciría a la remoción del alcalde por causas que lo imposibiliten para el debido desempeño del cargo, tales como ineptitud o desidia. A excepción de la condena, que opera de manera directa y a partir de ella podrá y deberá decidirse la destitución por el competente, en los otros dos casos se procederá luego de investigación de la Procuraduría y decisión calificada del Concejo, en una modalidad de control político que consideramos conveniente para evitar arbitrariedades y facilitar el pronunciamiento ciudadano por conducto de los Ediles. A la Procuraduría y al Concejo se le fijan términos para actuar, buscando que no se dilate su intervención y pueda decidirse en forma absolutoria o condenatoria.

Las faltas temporales deben ser provistas por el mismo alcalde tratándose de comisión de servicio e incapacidad médica no mayores de 15 días. En los demás casos lo hará el Presidente, gobernador, intendente o comisario, según sus competencias, designando entre los funcionarios de la administración, al de mayor categoría, pero preservando la filiación del titular, según lo prevé el Artículo 25.

Como causales de suspensión consagra el Artículo 26, también en forma taxativa, el auto de proceder que recaiga sobre el alcalde, la orden de suspensión de juez competente y la falta disciplinaria que dé lugar a suspensión. En este último caso se exige calificación de la Procuraduría, previa a la decisión de los funcionarios competentes. La Procuraduría dispone a su vez de un término de 90 días para su actuación.

El Artículo 27 fija las consecuencias por la actuación indebida del Presidente, gobernadores, intendentes y comisarios en las funciones de suspender o destituir.

Establece el proyecto competencias específicas para el cumplimiento de las funciones a cargo de la Procuraduría, en tal forma que el Procurador General las cumple con relación al Alcalde de Bogotá, el Procurador delegado para la vigilancia administrativa lo hará frente a alcaldes de capitales de departamento, de municipios pertenecientes a áreas metropolitanas y los mayores de 100.000 habitantes. En las demás, la actuación, se atribuye a los procuradores regionales.

IV. REMUNERACION Y REGIMEN PRESTACIONAL

Para tratar el tema de la remuneración y las prestaciones que percibirán los alcaldes elegidos popularmente, se contemplaron de una parte la situación fiscal de los municipios y de otro lado, la condición de Jefe de la Administración local en contraste con la de agente de gobernador que tenía la primera autoridad municipal antes del Acto Legislativo No. 1 de 1986.

El costo de sueldo y los gastos de previsión social de los alcaldes actualmente a cargo de las administraciones departamentales estarían fuera del alcance de la mayor parte de municipios. Una carga adicional con esos propósitos, por modesta que fuese, vendría a erosionar los fondos del tesoro local y haría nugatorios los efectos de normas recientes expedidas para su fortalecimiento.

La propuesta dispone que las capitales de departamento, los municipios con más de 100.000 habitantes y los integrantes de áreas metropolitanas asuman el pago de salarios y prestaciones, así como la previsión social en cuanto dispongan de cajas o entidades que hagan sus veces. A los Concejos se les atribuye su función de establecer el monto de tales costos, limitándose como máximo a las asignaciones del Presidente y los gobernadores, según lo dispone el Artículo 30.

Los demás municipios recibirán con el mismo propósito transferencias anticipadas del departamento, intendencia o comisaría, según el caso y en cuantías establecidas por el Gobierno Nacional, en virtud de las facultades otorgadas por la ley.

Tratándose del alcalde elegido, jefe de la administración municipal, el proyecto de manera expresa, dispone que el mismo municipio debe cancelar los salarios a su primera autoridad, modificando el esquema vigente, según el cual es el tesoro departamental el encargado de efectuar los pagos. Se convierte entonces tal previsión en garantía de autonomía e independencia para los gobernantes elegidos popularmente.

V. PERSONEROS Y TESOREROS MUNICIPALES

Acorde con la orientación misma de la nonna constitucional que se reglamenta, el proyecto dispone el nombramiento de los tesoreros por el alcalde, incluido el Distrito Especial de Bogotá. En Efecto, el Artículo 5°. del Acto Legislativo No. 1 de 1986, al modificar el Artículo 197 de la Carta, numeral sexto, abolió como función constitucional de los Concejos la de elegir al tesorero. Quedaba la atribución legal del antiguo Código de Régimen Político y Municipal, convertida en el numeral 2°. del Artículo 93 del nuevo Código, que se está derogando por ser contraria al Artículo 33 del proyecto.

En cuanto a personeros, la iniciativa busca corregir una reciente disoosición de la Ley 11 de 1986, convertida en el Artículo 137 del Código de Régimen Municipal, que exige como calidad para ocupar el cargo la de ser abogado titulado o haber concluido estudios de Derecho. La aplicación de esta norma ha sido prácticamente imposible en la mayoría de municipios, pues no se cuenta con el recurso humano calificado o la exigua remuneración desestimula a los posibles designados.

Ya se están adoptando decisiones de los Concejos, eligiendo en interinidad por no reunir el candidato los requisitos, lo cual se traduce en una típica violación de la ley.

Prevé el proyecto la exigencia de idénticas calidades a las existentes para municipios con más de 20.000 habitantes. A los demás se les exigiría como mínimo el bachillerato. Tratando de anticiparse al desconocimiento de lo estipulado, se consagra la nulidad de la elección de quien no reúna las calidades así como la consecuencia de invalidez de sus actuaciones.

VI. FACULTADES

Como se estableció anteriormente, al Gobierno se le faculta para definir la remuneración que percibirán los alcaldes de municipios diferentes a capitales, integrantes de área metropolitana o ciudades con más de 100.000 habitantes.

El proyecto plantea una categorización para este solo efecto.

Para el ejercicio de las facultades dispone el Ejecutivo Nacional de 100 días, al término de los cuales tendrá 30 adicionales para informar al Congreso acerca del uso de tales facultades.

Finalmente, el Artículo 37 deroga las disposiciones contrarias a los previsto por el Estatuto.