D019 P074 | Derechos de los Indígenas

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D019 P074 | Derechos de los Indígenas

Cámara de Representantes

PROYECTO DE LEY

“por la cual se traslada una dependencia, se crean el Consejo Nacional de Política Indigenista y el Fondo de Desarrollo Indígena, se conceden unas facultades al Presidente de la República y se dictan otras disposiciones”

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. La definición de la Política Indigenista y la Administración de los Asuntos Indígenas en el territorio nacional, corresponden al Presidente de la República, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, a las demás normas legales vigentes y a las disposiciones que las desarrollen o reglamenten.

Artículo 2°. Como órgano asesor del Presidente de la República para el estudio, definición, adopción y ejecución de la política indigenista, créase el Consejo Nacional de Política Indigenista (CONPI), que estará conformado así:

a. El Presidente de la República o su Delegado personal, quien lo presidirá.

b. El Ministro de Gobierno o su suplente que será el Jefe del Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías —DAINCO—.

c. El Ministro de Salud o su Delegado que será el Viceministro de Salud o el Secretario General de ese Ministerio.

d. El Ministro de Educación o su Delegado que será el Viceministro de Educación o el Secretario General de ese Ministerio.

e. El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o su Delegado que será el Jefe de la Unidad de Desarrollo Social de ese Departamento.

f. El Gerente General del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria —INCORA— o su Delegado que será el Jefe de la Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas de ese Instituto.

g. El Director del Instituto Colombiano de Antropología ICAN o su Delegado.

h. Un representante con su respectivo suplente, de los Decanos de las Facultades de Antropología legalmente establecidas en el país.

i. Dos representantes con sus respectivos suplentes de la Organización Nacional Indígena de Colombia _ONIC_.

j. Un representante con su respectivo suplente de las asociaciones o fundaciones indigenistas legalmente reconocidas y establecidas en el país, designados por el Presidente de la República.

Parágrafo 1°. Los Miembros del Consejo Nacional de Política Indigenista de que tratan los literales h), i) y j), de este artículo, serán designados para períodos de dos (2) años en la forma en que el reglamento determine.

Parágrafo 2°. Actuará como Secretario del Consejo Nacional de Política Indigenista el Secretario de Asuntos Indígenas de la Presidencia de la República de que trata el Artículo 3°. de esta Ley.

Artículo 3°. El Consejo Nacional de Política Indigenista deberá ser oído previamente sobre todos aquellos proyectos que puedan afectar la Legislación Indígena vigente. El Consejo se reunirá por lo menos dos veces al año, previa convocatoria del Presidente de la República.

Artículo 4°. Trasládase la actual División de Asuntos Indígenas, adscrita a la Dirección de Integración y Desarrollo de la Comunidad del Ministerio de Gobierno, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con el carácter de Secretaría de Asuntos Indígenas.

Artículo 5°. A cargo de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Presidencia de la República estará la ejecución de las políticas que en materia indigenista adopten el Presidente de la República y el Gobierno Nacional, así como la administración de los Asuntos Indígenas en el territorio nacional.

Artículo 6°. Créase el Fondo de Desarrollo Indígena como establecimiento público del orden nacional, con Personería Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaria de Asuntos Indígenas de la Presidencia de la República.

Parágrafo. Los funcionarios del Fondo serán los mismos de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Presidencia de la República.

Artículo 7°. Destínase al Fondo de Indígena el cero punto cinco por ciento de los recursos que cada año se liquiden para el situado fiscal de que trata la Ley 12 de 1985. Estos recursos se destinarán exclusivamente para inversión en las áreas de salud, educación y desarrollo de las Comunidades Indígenas Colombianas, en programas previamente convenidos con estas comunidades.

Artículo 8°. De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del Artículo 76 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, para los siguientes fines:

a. Fijar la organización interna de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Presidencia (SAIP) para lo cual podrá crear, suprimir o fusionar dependencias, fijarles su nomenclatura y asignarles funciones.

b. Fijar la estructura, funciones, patrimonio, estatutos y recursos del Fondo de Desarrollo Indígena para lo cual podrá crear, suprimir o fusionar dependencias y fijarles su nomenclatura.

Artículo 9°. Para el ejercicio de las facultades extraordinarias el Gobierno se asesorará del Consejo Nacional de Política Indigenista y de un Senador y un Representante del Congreso de la República designados por las respectivas Mesas Directivas.

Artículo 10. La Presidencia de la República, en el plazo improrrogable de dos (2) años, procederá a través de su Secretaría de Asuntos Indígenas, a compilar y publicar, en forma ordenada y temática, las disposiciones vigentes en materia indigenista.

Artículo 11. El gobierno procederá a abrir los créditos y hacer los traslados presupuestales necesarios para dar cumplimiento a esta Ley.

Artículo 12. Esta Ley rige desde su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICION DE MOTIVOS

del Proyecto de Ley “por la cual se traslada una dependencia, se crean el Consejo Nacional de Política Indigenista y el Fondo de Desarrollo

Indígena,se conceden unas facultades al Presidente de la República y dictan otras disposiciones”.

Nadie ignora hoy en Colombia los graves problemas y conflictos de orden social, económico y político, que afectan a amplios sectores rurales del Territorio Nacional, especialmente en zonas geográficamente distantes de los centros urbanos y pobremente comunicados con éstos. Tales territorios constituyen, precisamente, el lugar de asentamiento de nuestras comunidades indígenas que han vivido allí como señores y dueños desde épocas inmemoriales o que han llegado a refugiarse en ellos, acosados por el desalojo forzado que les impone la colonización. Por fuerza, las comunidades indígenas han venido a ser un factor importante en la consecución de la paz o en el mantenimiento de la zozobra pública que afecta a tales territorios. Todo depende, a nuestro juicio, de la manera como el Estado colombiano responda a los elementales pero serios e impostergables requerimientos que han venido formulando, casi siempre de manera infructuosa, estos pueblos a todos los gobiernos del pasado y del presente siglo.

La población indígena en Colombia se estima en 450.000, es decir, apenas el 1.6%de la población total nacional. Aproximadamente el 62% tiene su asentamiento en la zona andina, en tierras vinculadas desde tiempos remotos a la explotación agropecuaria dentro de los marcos de la economía de mercado. Alrededor del 10% habita en la Península de la Guajira y otras regiones de la Costa Atlántica colombiana, y el 28% restante se encuentra dispersa en los territorios conocidos como Llanos Orientales, Amazonas, Costa Pacífica y otras regiones periféricas del país.

A pesar de su número, las comunidades indígenas constituyen tema esencial y objetivo prioritario de reivindicación social.

Los indígenas forman hoy en Colombia unas 300 agrupaciones que pertenecen a cerca de 70 pueblos perfectamente diferenciados étnica y culturalmente. La inmensa mayoría conservan sus lenguas y un rico conjunto de tradiciones religiosas, formas de organización económica y estructuras sociales propias.

En el sector rural, son las comunidades campesinas mejor organizadas y agremiadas. En ellas prevalece un profundo conocimiento de su hábitat, que les permite integrarse al medio y a su aprovechamiento a través de técnicas propias con muy reducido o nulo impacto en el equilibrio ecológico.

En líneas generales, se pueden distinguir tres grandes agrupaciones indígenas en Colombia: Los indígenas Andinos de altiplano y de vertiente, los indígenas de las regiones selváticas de la Amazonia y las comunidades del Llano o de Sabana, asentadas fundamentalmente en la Orinoquia y la Llanura Caribe.

Para el primer grupo, su organización de base es la de los Cabildos, régimen de representación y gobierno de las comunidades, adoptado legalmente desde 1890. A través de los cabildos, los indígenas poseen un instrumento eficaz para formular sus reclamos y defender sus derechos. Esta forma de organización se abre camino también entre los indígenas de selva y de sabana donde han aparecido en los últimos años más de 80 nuevas organizaciones de este tipo.

Pese a que el país dispone de prolija legislación encaminada a ia protección y promoción de las comunidades indígenas, en la práctica estas minorías han sido permanentemente asediadas y amenazadas sin que los instrumentos del Estado creados para protegerlas hayan mostrado eficacia siquiera mínima en el cumplimiento de sus responsabilidades legales.

De otro lado, las comunidades indígenas sufren constantemente el acoso y hostilidad de terratenientes y colonos sobre sus territorios. Pese a que la Ley 31 de 1967, reconoce el derecho de propiedad colectiva e individual de los indígenas sobre estos, los de despojo del Cauca, Putumayo, la Sierra Nevadá y el Guaviare, entre otros, son suficientemente conocidos por el país. El régimen de reservas y resguardos establecidos por la Ley para garantizar a los indígenas sus derechos sobre sus territorios ancestrales, es permanentemente burlado en la práctica. Además, es débil e incipiente la atención social en áreas tales como la promoción comunitaria, la salud, la educación, la protección cultural de las comunidades indígenas. Para respaldar estas aserciones, tal vez bastaría traer el dato consignado por el Departamento Nacional de Planeación en su diagnóstico de 1980, sobre la situación nacional indígena, según el cual en 1979, mientras el gasto público per cápita fue para la generalidad de los colombianos de $6.000, para los indígenas fue de $958.

Por último, a los problemas estructurales de las comunidades indígenas se suma el manejo jerárquicamente subalterno y tradicionalmente clientelista que por fuerza se da a los asuntos indígenas al asignar esta responsabilidad a una entidad de tercer nivel del Ministerio de Gobierno.

En orden de procedencia los más importantes problemas que afectan a los indígenas en Colombia, podrían enunciarse así: tierra, salud, educación. Sin duda los últimos gobiernos han realizado esfuerzos significativos en todos éstos campos, pero sin que las metas propuestas hayan tenido un cumplimiento satisfactorio por la incapacidad operativa de la instancia administrativa a cuyo cargo se encuentra la dirección general y la coordinación de toda la actividad indigenistas del país. En efecto, la División de Asuntos Indígenas dependiente de la Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad DIGIDEC del Ministerio de Gobierno, muestra un evidente desfase entre la importancia de la cuestión indígena y el rango menor dei organismo a cuyo cargo están tales asuntos.

Además de notables deficiencias físicas, presupuestales y humanas la ubicación de los asuntos indígenas dentro del Ministerio de la Política, hacen que el organismo sea altamente vulnerable a todo tipo de interferencias, especialmente de orden político y clientelista.

El tema indígena debe ser entonces jerarquizado de manera acorde con su importancia y precaverse al máximo grado posible de interferencias nocivas. Debe, por lo tanto, un organismo especializado y autónomo que bajo la directa orientación del Presidente de la República implemente y ejecute la política indigenista.

Reubicando y reasignando las plantas de personal existentes y los recursos presupuestales, es posible crear la nueva estructura sin que ello implique aumento burocrático alguno y, bien por el contrario, lograr metas de descentralización, racionalidad y cobertura sustancialmente mejores.

El proyecto puesto a consideración de los Honorables Senadores y Representantes ofrece una respuesta a la necesidad imperiosa de crear un aparato administrativo eficiente para la ejecución de la política que están reclamando los graves problemas por los cuales atraviesan los pueblos indígenas del país.

Para el correcto funcionamiento del nuevo organismo indigenista del Estado, que se crea como una Secretaría Especial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y dependiente de esta última, se hacen necesarios la existencia y funcionamiento de dos entidades de apoyo: El Consejo Nacional de Política Indigenista y el Fondo de Desarrollo Indígena.

El Consejo Nacional de Política Indigenista se concibe y se estructura como un organismo de la Presidencia de la República. Al incorporar como miembros de dicho Consejo a los representantes de las entidades oficiales que tienen actividades importantes en favor de los indígenas, a los representantes de la propia Organización Nacional Indígena —ONIC— e incluso de entidades privadas que impulsan trabajos en esta materia, se pretende que la nueva entidad ejecutora de la actividad indigenista cuente con un equipo bien informado y capaz que apoye al Presidente de la República en el diseño y dirección de una política coherente, y se pretende que en adelante los programas en este campo sean el fruto de la planificación y la adecuada unificación de recursos humanos y financieros.

El Fondo de Desarrollo Indígena, por su parte, crea como un establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría de Asuntos Indígenas. Con este Fondo se responde a la necesidad de que la nueva oficina indigenista tenga capacidad económica y agilidad para responder a sus compromisos con la tarea que le espera de los derechos de las minorías indígenas en Colombia y de promover sus condiciones de vida en armonía con las características de su organización comunitaria y de sus tradiciones culturales.

Por razones muy válidas, los pueblos indígenas colombianos han opuesto a los intentos de ver la expedición de un solo estatuto que englobe todos los asuntos relativos a la vida de estas comunidades. Entre estas razones, la más notable a nuestro juicio es el que se abra el debate legal en tomo a grandes conquistas logradas por las comúnidades indígenas, a lo largo de la historia, con el consecuente riesgo de que se puedan ver afectadas o disminuidas. Otra cosa es disponer, como lo propone el proyecto, que el Gobierno realice y publique compilación ordenada y temática de la legislación indigenista vigente, sin entrar a cuestionarla.

Existen normas como la Ley 89 de 1890, las disposiciones sobre tierras consagradas en el Estatuto Agrario, la Ley 31 de 1967 y otras muchas disposiciones que han demostrado su bondad y su eficacia en la solución de problemas muy sentidos por los indígenas. Sin embargo por su dispersión y complejidad no son de fácil conocimiento y consulta para los diferentes niveles de la autoridad, ni para los mismos indígenas, lo que implica que muchas de ellas no puedan ser aplicadas en beneficio de estos y que su existencia sea en la práctica inocua.