D019 P085 | Derechos del Trabajador Temporal

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D019 P085 | Derechos del Trabajador Temporal

Cámara de Representantes

PROYECTO DE LEY

”por la cual se fijan políticas en materia de colocación e intermediación de empleo”.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El proceso de colocación e intermediación de empleo es un servicio público que debe ser prestado por el Estado en forma gratuita, racionalizada y eficaz en todo el territorio nacional.

Artículo 2°. El Servicio Nacional de Empleo estará a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” y su cobertura se extenderá a todo el territorio de la República de Colombia.

Artículo 3°. Toda relación que se rija por contrato de trabajo será directa entre el empleador y el trabajador. Queda por tanto prohibido en el territorio nacional el funcionamiento de empresas retribuidas de colocación e intermediación de empleo.

Artículo 4°. Mientras se establece el Servicio Nacional de Empleo en todo el territorio nacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá conceder excepciones en lo previsto en los artículos primero (1) y tercero (3) de la presente ley y sólo en aquellos lugares donde no se encuentra establecido y mientras se establece, otorgando autorización para que personas jurídicas sin ánimo de lucro u otras entidades realicen el proceso de colocación e intermediación de empleo, siempre en forma gratuita; caso en el cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reglamentará todo lo relacionado con la autorización, control y vigilancia de las entidades con respecto a la prestación de este servicio.

Artículo 5°. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ejercerá la inspección y vigilancia de las bolsas de empleo privadas y de las empresas de servicios temporales existentes o que en virtud de la excepción prevista en el artículo anterior llegaren a existir, para lo cual queda facultado para cancelar las licencias de funcionamiento o sancionar con multas equivalentes entre cien (100) y trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales, en favor del Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”.

Artículo 6°. Todas las entidades de la administración pública en los diversos niveles territoriales, deberán notificar al Servicio Nacional de Empleo, sobre todos los cargos vacantes o por proveer con información acerca del salario y demás características del empleo, de manera que su provisión se haga en forma pública.

Artículo 7°. Esta ley rige desde su sanción y promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICION DE MOTIVOS

del Proyecto de Ley “por la cual se fijan políticas en materia de colocación e intermediación de empleo”

Razones de carácter constitucional, de Derecho Internacional y de conveniencia pública y social, llevan al Nuevo Liberalismo a presentar a consideración del Congreso el Proyecto de Ley por el cual “se fijan políticas en materia de colocación e intermediación de empleo”.

Constitucionalmente, el Artículo 17 de la Carta expresa que: “El trabajo es una obligación social y gozará de la especial protección del Estado”. Y agrega el Artículo 32 de la Carta: “Se garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada dentro de los limites del bien común, pero la dirección general de la asesoría estará a cargo del Estado.

Intercederá también el Estado, por mandato de la ley, para dar pleno empleo a los recursos humanos y naturales, dentro de una política de ingresos y salarios, conforme a la cual del desarrollo económico tenga como objetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad, y de las clases proletarias en particular.

De los anteriores textos constitucionales se desprende que rige con el bien común, todo aquello que afecte a los miembros de una nación y que corresponde al Estado, por medio de la ley, tutelar el derecho al trabajo y brindarles garantías a las clases más débiles.

Si el trabajo es una obligación social, resulta un operativo, brindarle a los desempleados la oportunidad de encontrar una ocupación sin intermediarios y en forma gratuita, aunque naturalmente toda relación laboral es onerosa, por cuanto se cambia la capacidad física e intelectual por una remuneración o salario.

Desde el punto de vista del derecho internacional resulta oportuno señalar, que desde el momento mismo en que la Organización Internacional del Trabajo O.I.T., inició sus funciones en 1919, se ocupó del tema de la colocación de la mano de obra y del papel que corresponde a los Estados, enfatizando en la necesidad de que cada relación laboral sea directa entre la empresa empleadora y el trabajador y que si excepcionalmente se presenta interadicción de mano de obra, para hacer coincidir la oferta con la demanda, dicha intermediación no puede ser onerosa, por cuanto que “la colocación de un trabajador no puede ser objeto de comercio ejercido con fines lucrativos”.

El convenio número dos (2) de 1919, adoptado por la O.I.T., y ratificado por el Congreso de Colombia, dispone en el artículo segundo: “todo miembro que ratifique el presente convenio deberá establecer un sistema de agencias públicas no retribuidas de colocación…”. En 1920 se aprobó el convenio número 9, también ratificado por nuestro Congreso, en cuyo Artículo Primero (1°.) se establece: “La colocación de la gente de mar no podrá ser objeto de un comercio ejercido con fines lucrativos por una persona, sociedad o empresa”. El convenio 34 de 1934, dispone. “que las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos deberán suprimirse dentro de un plazo de tres años”, lo cual se reitera en el convenio 96 de 1949.

Finalmente, el convenio 45 de 1948, ratificado por Colombia, mediante la Ley 37 de 1967, dispone que: “todo miembro de la Organización del Trabajo que haya ratificado el convenio deberá mantener o garantizar el mantenimiento de un servicio público y gratuito de empleo, y la recomendación número 1 de 1919 de la tantas veces citada organización prevé que “cada miembro de la Organización Internacional del Trabajo adopte medidas para prohibir la creación de agencias retribuidas de colocación o de empresas comerciales de colocación”.

Hasta aquí, las citas transcritas serían suficiente para justificar el articulado del proyecto puesto en consideración.

Sin embargo, resulta útil señalar, que la forma de colocación e intermediación de mano de obra, es principio de hecho y a partir de 1971 y 1982 con autorización del gobierno, lamentablemente de espaldas al espíritu constitucional y a la propia doctrina internacional ya vista, ha conllevado a que hoy sean los particulares, unos legalizados y otros al margen de la ley, quienes cumplen con la función típica del Estado, pero buscando el lucro.

No puede concebirse que mientras se hacen esfuerzos por acreditar al Servicio Nacional de Empleo “SENALDE”, mediante el oxígeno económico que le proporciona el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, el mismo Estado permita que se desvertebre la sana política de calificar la mano de obra y lograr la correspondencia entre la oferta y la demanda.

El Nuevo Liberalismo cree que es altamente conveniente que la labor de calificación de la mano de obra se complemente con la de colocación en forma armónica. De ahí resulta provechoso que se integre “SENALDE” al “SENA”. Lograr este objetivo, es darle vida propia a la función de la colocación de la mano de obra, resolver el problema financiero y aprovechar toda la infraestructura existente en el territorio, establecida por el “SENA”.

De otra parte, encajar las relaciones laborales creando el vínculo directo entre los empleadores y los trabajadores, es volver por los fueros de la productividad, hoy disminuida, por la excesiva rotación de personal, originada en los contratos temporales, celebrados por los intermediarios y buscados o permitidos por los beneficiarios de las obras o servicios, como forma de disminuir o burlar las obligaciones emanadas de los contratos de trabajo.

Conscientes de que todavía el SENA – SENALDE no cubre la totalidad del territorio, el proyecto prevé que el Ministerio de Trabajo puede excepcionar y autorizar la intermediación por los particulares, siempre que se haga en forma gratuita, mientras el organismo oficial sustituye plenamente la intermediación y colocación de la mano de obra, pero entre tanto, el mismo Ministerio ejercerá la vigilancia y control sobre esos entes particulares con facultades sancionatorias mucho más amplias de las que hoy le otorga el Código Sustantivo del Trabajo.

De continuar en forma incontrolada el sistema de contratación de la mano de obra o la intermediación en forma de comercio, no sólo se opone al bien común, sino que se convierte en látigo de las organizaciones sindicales y en burla del derecho de la contratación colectiva y consecuencialmente en medio de explotación de la fuerza de trabajo.

Pero como el Estado, en su conjunto, esto es, los distintos niveles territoriales, ya en su administración centralizada o descentralizada, también es empleador, siguiendo el criterio del actual gobierno, de no hacer de la administración un botín burocrático, resulta útil, que los vacantes por proveer o los nuevos cargos que se creen, se anuncien a través del Servicio de Empleo, para que todo ciudadano, sin distinción de afiliación política, sexo o religión, puedan acceder al servicio público, sin el padrinazgo a que hoy están sometidos.

Con justa razón los trabajadores colombianos han venido reclamando que se le dé plena vigencia a los cánones constitucionales y a los internacionales, que ahora recogemos en el presente proyecto, con el cual se había comprometido el gobierno anterior, por concertación con las centrales obreras U.T.C., C.T.C. y C.G.T., pero que inexplicablemente no tramitó ante las Cámaras legislativas.