D019 P100 | La Responsabilidad en la Colonización

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D019 P100 | La Responsabilidad en la Colonización

Cámara de Representantes

PROYECTO DE LEY

“por la cual se adicionan normas de la Ley 135 de 1961, se crea la ‘denuncia de colonización’ y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Las personas naturales o jurídicas, que inicien una actividad de colonización de bienes fiscales nacionales, calificados de baldíos, con destino a su adjudicación, deberán denunciarlas. Dicha denuncia consiste en la información de la actividad que se pretende desarrollar con indicación del nombre del colono e identificación o localización del lugar donde establecerá su colonización.

Artículo 2°. La información a que se refiere el artículo anterior, puede ser suministrada a la autoridad policiva del lugar más cercano a la zona del asentamiento que se realiza, y ésta debe expedir una constancia de la información o “denuncia de colonización” recibida. La autoridad mencionada de oficio, cuando no se presente denunciante, deberá visitar el lugar donde tenga conocimiento de que ha comenzado un asiento de colonización, para obtener la información, de que trata el Artículo Primero de la presente ley y expedir la constancia correspondiente.

Artículo 3°. La autoridad administrativa o policiva correspondiente, so pena de sanción administrativa, deberá transmitir la información de la denuncia de colonización a las autoridades del INCORA, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Artículo 4°. La persona natural o jurídica que inicie o realice una actividad de colonización, deberá cumplir las condiciones mínimas de preservación y conservación de recursos naturales renovables que contemple la ley.

El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria en colaboración con el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, elaborará las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 5°. A partir de la vigencia de la presente ley el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, no aceptará solicitudes de adjudicaciones de baldíos a las personas naturales o jurídicas que omitan la “denuncia de colonización” a que se refiere el Artículo Primero.

Parágrafo. La simple denuncia de colonización no produce ningún efecto en relación con la tenencia y propiedad del área denunciada.

Artículo 6°. Al procederse a la tramitación de la solicitud de adjudicación de baldíos, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria verificará el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo Cuarto de la presente ley por parte del solicitante.

Artículo 7°. ”Las denuncias de colonización” serán condición para que el denunciante tenga derecho a asistencia técnica por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria para la adecuada explotación económica del predio; así como para obtener créditos por parte de las entidades o privadas que presten tal servicio.

Artículo 8°. Quien a partir de la presente ley, inicie una actividad de colonización con omisión de la “denuncia” a que se refiere el Artículo Primero, se entenderá que incurre en ocupación indebida de tierras baldías, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 38 bis de la Ley 135 de 1961.

Artículo 9°. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, deberá adelantar estudios de efecto ambiental que comprenda las zonas de influencia y las cuencas  correspondientes a las regiones de alta densidad de colonización, con el fin de evitar la degradación ambiental de dichas zonas o minimizar sus efectos.

Artículo 10. El inciso segundo del Artículo 43 de la Ley 135 de 1961 quedará así: Dichas colonizaciones estarán precedidas de un estudio de efecto ambiental, de condiciones de clima, suelos, aguas, topografía y accesibilidad de la zona, a objeto de establecer que ésta es apta para una explotación económica y la orientación que a dicha explotación debe dársele. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, realizará tal estudio gratuitamente, en un plazo no mayor de tres meses después de la “denuncia de colonización”.

Artículo 11. “El inciso segundo del Artículo 14 de la Ley Cuarta de 1974 quedará así: “El peticionario deberá presentar la constancia de la denuncia de colonización, hecho ante el cual el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adquiere la obligación de comprobar, de oficio y gratuitamente, si se han cumplido las condiciones mínimas de conservación de recursos naturales.

Parágrafo: El Incora junto con el Inderena o la Corporación Autónoma Regional bajo cuya jurisdicción el predio objeto de la colonización se encuentre, deberá en forma gratuita proporcionar asesoría técnica, tanto para el manejo de bosques naturales y plantaciones forestales, como para el desarrollo económico del predio en cuestión.

Artículo 12. La explotación económica a que se  refiere el Artículo 11 así como las demás disposiciones sobre la materia de que trata la Ley 135 de 1961 y leyes complementarias, comprenderá además de las actividades  o ganaderas las que se realicen para la conservación y mejora de los recursos naturales renovables.

Se entenderá también como explotación económica, el manejo de bosques naturales y las plantaciones forestales.

Artículo 13. Las personas naturales o jurídicas que además de las actividades agrícolas o ganaderas en el predio que soliciten en adjudicación, demuestren la realización de actividades de conservación y mejoras de recursos naturales renovables o el cultivo de bosques con el carácter de persistentes, les será reducido en un año el término legal para la adjudicación de baldíos.

Las actividades descritas se demostrarán mediante prueba pericial.

Artículo 14. Para los efectos de los numerales uno y dos del Artículo 24 de la Ley 135 de 1961, los peritos deberán además examinar si se han cumplido las condiciones mínimas de conservación y preservación de recursos naturales, así como la obtención de los permisos correspondientes para adelantar rocerías y quemas, al tenor de la ley.

Artículo 15. Toda desecación de cuerpos de agua en colonizaciones espontáneas orientadas o dirigidas, se deberá realizar con previa autorización del Instituto Nacional de Recursos Naturales y del Ambiente, quien al otorgarlo verificará el efecto ambiental correspondiente.

Artículo 16. Para la celebración de contratos a que se refieren los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 135 de 1961, se requerirá el previo estudio de efecto ambiental en la zona objeto del contrato.

En los contratos que se celebren con cooperativas de trabajadores o con trabajadores individuales de reconocida pobreza, los costos serán asumidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. En los demás casos los costos serán asumidos por quien solicite la contratación.

Artículo 17. Los procuradores agrarios a que se refieren los Artículos 12 y 13 de la Ley 135 de 1961 y disposiciones complementarias, tendrán a su cargo además las de velar por el correcto cumplimiento de la presente ley.

Artículo 18. Esta ley regirá desde su sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICION DE MOTIVOS

del Proyecto de Ley “por la cual se adicionan normas de la Ley 135 de 1961, se crea la ‘denuncia de colonización’ y se dictan otras disposiciones”.

Este proyecto tiene como fin crear una armonía legislativa entre los fines perseguidos por la Ley 135 de 1961 sobre Reforma Agraria y colonizaciones en el país y el Decreto Ley 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Este proyecto está enmarcado dentro del criterio ecológico, de allí que se pueda decir que su objetivo principal consiste en establecer, para fines prácticos de política agraria, un necesario empalme entre las normas que regulan el Instituto Nacional de Reforma Agraria, Incora, y el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente.

El propósito central del proyecto consiste en asegurar a la nación que en adelante las tareas colonizadoras sean realizadas con respeto a los intereses ecológicos de la comunidad, sin el carácter depredatorio que hasta ahora han constituido.

Cuando se presenta desarmonía legislativa, contradicciones normativas o vacios que permitan descoordinación de los fines para los cuales se han constituido las normas jurídicas, se da pie para que la ejecución de leyes contradictorias, permita destruir los objetivos para los cuales fueron hechas y empiece a desquiciarse el sistema legal general.

En el caso que nos ocupa se presentan tales contradicciones entre la “Reforma Agraria” y sus disposiciones complementarias y reglamentarias que cumplen fines sociales y económicos, al dotar de tierras a quienes hayan de conducir directamente su explotación y fomentar la adecuada explotación de tierras incultas o deficientemente utilizadas y el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, cumple fines sociales y económicos también pero que involucra el concepto de “Ecodesarrollo”. Es decir, un modelo de desarrollo en el cual el progreso de la sociedad en su conjunto y el bienestar de la población se trazan mediante una utilización adecuada de los Recursos Naturales Renovables manteniendo la calidad del Medio Ambiente y su potencial productivo.

Tales conceptos, en forma general, son enunciados especialmente en el título preliminar y en la parte segunda de dicho código y concretamente en el Artículo 9 de la misma obra.

En la ley de “Reforma Agraria” establece que sobre las tierras de propiedad de la Nación cuya administración está bajo el Instituto de Reforma Agraria INCORA, puede verificarse una explotación eccnómica que conduce a su posterior adjudicación a personas naturales o jurídicas. Para proceder a la adjudicación, según esta ley, se consideran dos tipos de colonizaciones: unas dirigidas, que son organizadas por el Incora y otras que realizan directamente las personas naturales o jurídicas (colonización espontánea). Para cualquiera de las fomas de adjudicación, se requiere la acreditación de la explotación económica al menos de los 2 tercios de la extensión que se solicitá en adjudicación. Pero a excepción de las colonizaciones organizadas, para las cuales existe una serie de reglamentaciones que atañen a la preservación de los Recursos Naturales Renovables y a su racional utilización, todas las demás se efectúan sin ningún control al respecto.

El trámite de adjudicación lo realiza el interesado al cabo de cinco años durante los cuales debe haber empezado la “explotación económica” y acreditarla en los 2 tercios de extensión del predio del que va a solicitar adjudicación.

La tarifa probatoria consistente en inspecciones oculares y peritazgos que constata entre otras “el estado del terreno especificando si la vegetación original espontánea ha sido objeto de desmonte o destronques”, sin ninguna pauta ambiental que guíen dichos peritazgos a inspecciones.

Más aún el numeral 5°. del Artículo 56 de la Ley 135 de 1961 (ahora modificado por el Artículo 21 de la Ley 4a. de 1973 y éste reglamentado por el Decreto 1449 de 1977), exige el cumplimiento de normas de conservación de recursos naturales, para demostrar que los predios de propiedad privada mantienen la explotación económicamente adecuada, en cuanto a aguas, bosques, fauna, suelos, etc. En lo referente a la colonización no se exigen los requisitos de Conservación de Recursos Naturales anteriormente enunciados para demostrar la adecuada explotación económica. Se crea así un vacio que trae como congecuencia que al cabo de cinco años de explotación, muchas veces se han cumplido sobre los predios efectos ambientales nocivos, que pueden llegar en algunos. casos a producir desequilibrios irreversibles sobre los ecosistemas del país.

COLONIZACION ESPONTANEA

El problema de la colonización espontánea asume en el momento caracteres críticos, toda vez que viene creciendo en forma incontrolada e invadiendo inclusive zonas reservadas, que requieren manejo especial desde el punto de vista ecológico, tales como reservas forestales, parques nacionales naturales, etc., sin que exista realmente un control por parte del Estado. Por el contrario creo que se viene saliendo cada vez más de las propias manos del Gobierno el control a dicha situación.

El proyecto de ley en cuestión tiene no solamente el propósito de establecer el equilibrio de disposiciones legales, sino también el de crear mecanismos de control a la colonización espontánea dando facilidades y tratamiento especial al colono, para que pueda realizar completamente la explotación económica del predio.

 

DENUNCIA DÉ COLONIZACION

En el proyecto de ley se crea la “denuncia de colonización” que se asimila a las denuncias que se hacen sobre los Recursos Naturales no Renovables explotables económicamente, como es el caso de las minas, en que cuando una persona natural o jurídica encuentra el recurso minero debe comunicar su existencia a las autoridades.

Asimismo debe proceder quien hallando una porción de tierra con recursos naturales renovables desee explotarla económicamente.

Lo que en el proyecto se denomina “denuncia de colonización” pretende ser un instrumento útil para asegurar que la labranza se realice conjugando el interés particular del colono y el interés colectivo de la Nación, tanto en el orden puramente económico como en el de la conservación del medio ambiente.

Me parece viable la modalidad de la “denuncia de colonización” por considerar los baldíos adjudicables como bienes fiscales del Estado y la preservación y manejo de los recursos naturales, de utilidad pública e interés social; con responsabilidad del Estado y de los particulares; según las últimas disposiciones legales.

 

EL COLONO

Ordinariamente, el colono ha sido un héroe individual al que su propia y personal necesidad impulsa a derribar bosques y a abrir parcelas. En esas condiciones, su misieria y sus urgencias vitales no le permiten vislumbrar un problema tan complejo corno es la necesidad de subordinarse en su acción a las exigencias colectivas de la preservación del ambiente. Lejos de recibir apoyo y orientación del Estado, tiene que padecer la acción persecutoria de éste con uno u otro pretexto. La organización republicana no ha tenido tiempo y voluntad sino para defender absurdas titulaciones contra la vocación trabajadora del pueblo, y por eso no ha podido descubrir y hallar un criterio de ayuda económica y científica al colono.

Desde hace mucho tiempo debiera tener Colombia un programa claro de colonización. Pero un programa que implique también una actividad y una colaboración estatal. Un programa que signifique una cabal precisión de las posibilidades económicas de nuestra geografía, que fije exactamente las reservas forestales, que determine con sentido social el uso y la defensa de las aguas, que establezca gratuitamente la asesoría técnico-científica de las especialidades, que estatuya formas de créditos que permitan al colono algo más que los cultivos precaristas y la destrucción de la fauna y flora silvestres.

No resulta justo, en una sana política de colonización, que el Estado se despreócupe de los costos que esa labor implica, como ha ocurrido en la práctica hasta hoy. Su concurso financiero debería ser precisamente el indicador de su interés como personero de la sociedad en su conjunto. De esa manera su actividad de orientador y controlador sería más racional y recibida con mejor voluntad por los colonizadores.

OBJETIVOS DE LA DENUNCIA DE COLONIZACION

La denuncia de colonización cumple los siguientes objetivos:

  1. Identificar las personas naturales o jurídicas que inician la colonización, desde el instante mismo en que empieza la actividad.
  2. Determinar las zonas donde se efectúan actividades de colonización y su ubicación dentro del territorio nacional.
  3. Obtener información sobre el tipo de actividad de colonización que se pretende (agrícola, ganadera, explotación de especies maderables, de bosques naturales no reservados, mixta, etc.)
  4. Suministrar por parte del Estado a través del Incora e Inderena, guías, instrucciones a los colonos en los aspectos que le permitan el correcto manejo de los recursos naturales de fauna, flora, etc., el cumplimiento de las instrucciones por parte del colono, será verificado en el momento de la iniciación de los trámites para obtener la adjudicación.
  5. Habilitar a las instituciones que tienen a su cargo tanto la administración de baldíos —INCORA— como la preservación y adecuada utilización de los recursos naturales —INDERENA— para la planificación, estudio y organización del cumplimiento de los fines de ecodesarrollo, en el aspecto de colonización.
  6. Constituye factor indispensable para organizar una verdadera asistencia técnica, en el manejo de las áreas de colonización, por parte de los futuros propietarios, así como también la obtención de créditos encaminados a la producción de dichos sectores, con miras a beneficiar desde todo punto de vista, tanto al colono, como a la tierra, asegurando una mayor productividad y un correcto uso del mismo.

Se resalta en el proyecto de ley la adición a la tarifa prolatoria de las leyes agrarias en el sentido de exigir para la adjudicación, por una parte, la constancia de “denuncia de colonización” presentada a tiempo ante las autoridades competentes y por otra, la comprobación por medio de los peritos del INCORA, que se han cumplido en la explotación económica las condiciones de conservación de que trata el Decreto 1449 de 1977.

Para afianzar el cumplimiento de las normas del proyecto de ley, se establece que las entidades crediticias del país antes de proceder a aprobar los créditos a los colonos, deberán comprobar el cumplimiento de las normas sobre preservación y adecuada explotación de los recursos naturaes renovables contemplados en el Decreto 1449 de 1977.

 

DECLARACION DE EFECTO AMBIENTAL

El Código de Recursos Naturales Renovables y de protección al Medio Ambiente (Decreto-ley 2811 de 1974) en su título 60. reglamenta lo concerniente al efecto ambiental en el sentido de que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que proyectan realizar o realicen obras susceptibles de producir deterioro en el Medio Ambiente están obligadas a declarar el peligro presumible de su acción.

Ordena por otra parte, el estudio ecológico ambiental previo y la obtención de licencias para el establecimiento industrial o el desarrollo de cualquier actividad que pueda producir deterioro grave a los Recursos Naturales Reovables o del ambiente o introducir modificaciones considerables al paisaje.

Reglamenta que los estudios ecológicos, además de los factores físicos, se estudien los de orden económico y social para determinar la incidencia que la ejecución de las obras puedan tener sobre la región.

Creo que el concepto de efecto ambiental es perfectamente válido en la actividad de colonización y especialmente en las zonas donde existe alta densidad de la misma en que se aprecian los efectos graves e irreversibles que se pueda causar; es el caso, por ejemplo, de regiones como la Sierra de La Macarena y otros sitios, en donde prácticamente la densidad poblacional de los colonos ha causado efectos graves en sectores cuyos ecosistemas han sido especialmente lesionados por esta actividad sin ningún control.

El proyecto de ley faculta al Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA, para adelantar los estudios de efecto ambiental que comprendan las zonas de influencias de estas colonizaciones; así como también, los efectos en la cuenca hidrográfica correspondiente con el fin de evitar la degradación ambiental o minimizar los efectos en dichas regiones.

El proyecto de ley, prevé también que se involucre a las colonizaciones de tierras baldías, que adelante el Incora, el estudio de efecto ambiental, además del que se hace sobre las condiciones de climas, suelos, aguas, topografía y accesibilidad de la zona de que ordena el Artículo 43 de la Ley 135 de 1961.

Como es natural, en mucho servirá como base de los estudios de efecto ambiental la información y localización de colonización que prevé las “denuncias de colonización” que realizan de aquí en adelante, cuando se ponga en vigencia este proyecto de ley.

El estudio de efecto ambiental se establece en el nuevo proyecto de ley en los casos tratados por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 135 de 1961 que comprenden las adjudicaciones a favor de sociedades colectivas o limitadas; la explotación agrícola o pecuaria en terrenos baldíos no cobijados por las reservas para colonizaciones dirigidas mediante contntos que el Incora celebrará con las personas natutales o sociedades de cualquier índole, y los contratos celebrados por el Incora con cooperativas de trabajadores respectivamente.

El estudio de impacto ambiental lo hace extensivo el presente proyecto de ley a la desecación de cuerpos de aguas en las colonizaciones, toda vez que esta actividad puede destruir importantes ecosistemas en las regiones a colonizar, tales como destrucciones de nichos ictiológicos y otras  para la cual se hace necesario establecer una previa autorización.


COSTO DE LOS ESTUDIOS

El proyecto de ley, reglamenta los costos de los estudios de impacto ambiental en colonizaciones; en el sentido de colonos o cooperativas de trabajadores; pero en los demás casos los costos serán asumidos por la persona natural o jurídica que solicita la adjudicación.

En efecto, tratándose de colonos, gente de pocos recursos económicos, no se les puede exigir participaciones pecuniarias ni siquiera cuando se asocian en cooperativas de trabajadores con el ánimo de celebrar los contratos que contemplan las leyes agrarias; tambien se prevé que las guías, instrucciones, estudios, deben ser costeados por quienes tienen la responsabilidad de la administración de los Recursos Naturales y de quienes tienen el cuidado de los mismos. Por tal razón, la carga de los costos se coloca en cabeza de las entidades públicas. Tratándose de sociedades comerciales o personas naturales interesadas a que se refiere el Artículo 33 y concordantes, al igual que el Artículo 32 de la Ley 135 de 1961, se presume tencialidad económica para realizar la actividad de colonización el estudio previo de efecto ambiental, debe ser costeado por tales entidades o personas.

EXPLOTACION ECONOMICA

El concepto moderno de Ecodesarrollo cambia el concepto de planeación económica, de beneficios inmediatos, de rendimiento, beneficio costo a corto plazo, por el de beneficios a la población en general, con desarrollo autosostenido, que exige la conservación y utilización integral de los Recursos Naturales Renovables: en otros términos: se adopta una planeación a largo plazo, con criterios compatibles con la naturaleza de los recursos que se desea proteger y desarrollar.

Esta estrategia de racionalidad en el uso de los recursos ha sido adoptada en nuestro medio por Decreto-ley 2311 de 1974 (Código de Recursos Naturales Renovables y de protección al Medio Ambiente, normas reglamentarias y complementarias).

En el proyecto de ley se tomaron integralmente estos nuevos conceptos de Ecodesarrollo y se aplicaron a la explotación económica de que trata la Ley 135 de 1961 y complementarias, para que además de las actividades agrícolas o ganaderas descritas allí estén en la igualdad de condiciones las actividades encaminadas a la conservación y mejora de los Recursos Naturales Renovables, entendiéndose además, como parte de la misma, el cultivo de bosques y su manejo con el carácter de persistente.

El proyecto de ley, crea un notable estímulo para las personas naturales o jurídicas que además de las actividades tradicionales, ganaderas y agrícolas, etc., de que trata la Ley 135 de 1961, demuestre las actividades conservacionistas de mejora de Recursos Naturales Renovables o del cultivo de bosques con el carácter de persistentes, reduciendo en un año el término legal para la adquisición del terreno.

Creo, que no solamente se puede inducir el trabajo ambiental en estas materias a base de medidas de prevención sino, además, a base de estímulos económicos que a la postre producen una mayor ventaja para el colono y el país en general.

PROCURADORES AGRICOLAS

El proyecto de ley contempla la posibilidad de adicionar a los procuradores agrarios el encargo de vigilar el cumplimiento de las normas establecidas por el proyecto de ley desde el punto de vista del manejo de los Recursos Naturales Renovables y del ambiente.

Considero importantísima esta adición, toda vez que en la actualidad los procuradores agrarios cumplen funciones en los términos prescritos por la Ley 135 de 1961, por la Ley 200 de 1936, por el Código Sustantivo del Trabajo y por las normas generales del Código Civil y no para el cumplimiento de las normas especializadas de que trata la moderna legislación ambiental de Colombia, para lo cual se debe tener una preparación concreta.

El proyecto, como se observa, integra y armoniza los propósitos de las leyes agrarias con los del Código de Recursos Naturales Renovables. Pero además, establece mecanismos viables de implementación y convierte a la colonización en prototipo de lo que debe ser ei ecodesarrollo, para un país que planea su futuro.

PRESENTACION DEL PROYECTO

No obstante la importancia del tema, el Nuevo Liberalismo sostiene que la colonización debe normarse y desarrollarse de manera concatenada, coherente con la totalidad de la política agraria del país.

Por lo tanto la colonización debe insertarse en un contexto integral de desarrollo y Reforma Agraria a efecto de lo cual el Nuevo Liberalismo fijará sus criterios sobre el particular cuando el Congreso aboque la discusión y estudio de los proyectos respectivos.