D019 P107 | Registro Unico de Contratistas

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D019 P107 | Registro Unico de Contratistas

Senado de la República

PROYECTO DE LEY

“por la cual se adopta el Registro Unico de Constructores y Consultores de Obras Públicas y el Registro Público de Propiedad de la Maquinaria pesada de construcción, y se autoriza una asociación”.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo Primero. Adóptese el Registro Unico de Constructores el de Consultores para los contratos de Obras Públicas y de Consultoría de la Nación y sus entidades descentralizadas, en los que, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, sea obligatoria la inscripción, calificación y clasificación en el registro por parte de los proponentes.

Parágrafo Primero: Para los efectos de esta Ley, se tendrán como contratos de obras públicas y de consultoría los definidos en el Artículo 81 y en el Artículo 115 del Decreto 222/83, respectivamente, 0 en las normas que sustituyan tales disposiciones.

Parágrafo Segundo: A los departamentos, intendencias y comisarías, municipios, Distrito Especial de Bogotá, y a las entidades descentralizadas de esos niveles, no se aplica lo previsto en esta ley.

Artículo Segundo. El Registro Unico de Constructores y Consultores se organizará por especialidades en la forma como lo disponga el reglamento.

Artículo Tercero. Adóptase el Registro Público de Propiedad de la Maquinaria pesada de Construcción.

Parágrafo: Para los efectos de esta Ley, se entiende por Maquinária Pesada de Construcción la que por su tamaño y capacidad se utiliza en la ejecución de obras tales como: el movimiento de tierra, la explotación, cargue, transporte, procesamiento, colocación y aplicación de materiales, dragado, fundaciones, edificaciones y en el montaje de estructuras. Esta maquinaria va acompañada del equipo liviano auxiliar que complementa su operación.

Artículo Cuarto. Una vez organizado el Registro Público de Propiedad de la Maquinaria Pesada de Construcción, el dominio de tales bienes sólo podrá acreditarse con los certificados expedidos por la entidad que se cree en desarrollo de esta Ley, ante la cual deberá protocolizarse el documento que confiere o transmite la propiedad.

Artículo Quinto. La inscripción, calificación y clasificación en el Registro Unico de Consultores serán responsabilidad del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo —FONADE—, entidad que deberá cumplir las funciones afines y complementarias a la citada actividad.

Artículo Sexto. Autorízase a la Nación, representada por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y al Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo —FONADE—, para asociarse entre sí, con otras entidades públicas y/o con personas jurídicas de carácter gremial sin ánimo de lucro, a efectos de crear una entidad descentralizada de segundo grado cuyo objeto social será el de inscribir, calificar y clasificar en el Registro Unico a los constructores, en armonía con lo establecido en el Artículo Primero de esta Ley, y registrar los actos y contratos que confieren la propiedad de la maq uinaria pesada de construcción.

Esta entidad estará bajo la tutela del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Parágrafo Primero: La entidad que se autoriza por este artículo podrá ser producto de la asociación entre la Nación y el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo —FONADE—, siendo facultativo para éstas asociarse con otras personas jurídicas de derecho público y/o de derecho privado. En ningún caso el aporte privado podrá ser superior al treinta por ciento (30%) del capital social total de la sociedad.

Parágrafo Segundo. Dentro de lo posible, el Estado procurará que en la sociedad autorizada haya aporte privado en el capital social, preferencialmente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Artículo Séptimo. El capital total inicial de la sociedad no podrá ser superior al equivalente a doscientos (200) salarios mínimos mensuales en la fecha de constitución de la misma.

Artículo Octavo. Son funciones de la persona jurídica cuya creación se autoriza por esta ley:

a. Organizar y poner en funcionamiento el Registro Unico de Constructores;

b. Inscribir, calificar y clasificar en el Registro Unico a las personas que lo soliciten y cumplan las condiciones exigidas por las normas respectivas;

c. Registrar el grado de cumplimiento contractual de los inscritos en el Registro Unico de Constructores las sanciones que se les imponga y las inhabilidades e incompatibilidades conocidas;

d. Dar noticia en sus boletines y órganos de publicidad de las inscripciones efectuadas en el Registro Unico de Constructores y de sus modificaciones, cancelaciones o alteraciones, así como del incumplimiento contractual de los inscritos;

e. Organizar y poner en funcionamiento el Registro Público de la Propiedad de la Maquinaria Pesada de la Construcción;

f. Anotar en el Registro Público de la Propiedad de la Maquinaria Pesada sus enajenaciones, gravámenes, limitaciones, embargos y demás actos relacionados con la propiedad;

g. Expedir certificaciones sobre los actos y hechos que se consigne en los Registros;

h. Suministrar información estadística, elaborar índices relacionados con la contratación administrativa de obras públicas y consultoría, con la maquinaria pesada y, en general, realizar estudios estadísticos sobre su actividad;

i. Las demás que le atribuyan las leyes.

Parágrafo. La Sociedad que se autoriza podrá crear Seccionales en las regiones que lo demande el interés público.

Artículo Noveno. Autorízase al Gobierno para hacer los traslados presupuestales necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en esta ley, y para pagar el aporte de la Nación, si así lo decidiera el Gobierno, total o parcialmente con el otorgamiento a la nueva persona de ventajas financieras o fiscales, suscripción de bonos o auxilios especiales.

Artículo Décimo. El quórum deliberativo del órgano de dirección será el señalado en sus estatutos, pero no podrá tomar decisiones válidamente si no se encuentra presente el 70% del aporte estatal. En las decisiones sobre temas directamente relacionados con la función administrativa a su cargo se requerirá el voto favorable del Ministro de Obras Públicas y Transporte o su delegado, así como para la elección del representante legal de la sociedad autorizada.

Artículo Décimo-primero. El patrimonio de la sociedad que se autoriza estará constituido por:

a.Los recaudos por el cobro de los servicios que preste.

b. Los aportes que le hagan las entidades pÚblicas.

c. Las donaciones.

d. Los rendimientos financieros.

e. Los demás ingresos por cualquier concepto.

Parágrafo. La Sociedad podrá desarrollar ocasionalmente actividades no comprendidas dentro de su objeto social, valiéndose de su estructura y capacidad instalada, exclusivamente con el fin de colaborar con la gestión de las entidades públicas o con el objeto de procurarse sus propios recursos; pero en este último evento la actividad ocasional deberá estar relacionada con los fines de la sociedad.

Artículo Décimo-segundo. En las certificaciones que expida la entidad se harán constar las situaciones de inhabilidad conocidas, la identificación de los directivos y de los socios (nombre y documento de identidad) de las personas jurídicas y sancionadas, así como las inhabilidades y sanciones de las naturales inscritas, las sanciones contractuales impuestas por cualquier causa y las declaraciones unilaterales de incumplimiento que afecten a los inscritos, producidas durante los últimos cinco (5) años. A tal efecto, todas las entidades públicas deberán remitir a la Sociedad copia auténtica de las respectivas providencias inmediatamente hayan quedado ejecutoriadas, so pena de incurrir en falta disciplinaria.

Igualmente, se harán constar en las certificaciones los compromisos con tractuales vigentes del proponente.

Artículo décimo-tercero: Las entidades a las que se aplica la presente ley remitirán a la Sociedad, inmediatamente después de perfeccionados, los contratos de obras públicas y de consultoría vinculados a la ejecución de obras públicas, principales y adicionales que celebren, incluidas las cesiones que se autoricen, en copias auténticas. Una vez finalizados, cualquiera fuera la causa, enviarán una relación de los valores básicos y ajustes pagados, plazo inicial y plazo final.

Artículo Décimo-cuarto: Los actos que la sociedad desarrolle en ejercicio de la función administrativa a su cargo son actos administrativos gobernados por las disposiciones del Decreto 01 de 1984.

Artículo Décimo-quinto. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la sanción de esta ley la sociedad autorizada ya deberá estar organizada y funcionar como persona jurídica, y dentro de los seis (6) meses subsiguientes deberá entrar a operar tanto el Registro Unico de Constructores como el de la propiedad de la Maquinaria Pesada de Construcción.

Para efectos del funcionamiento de estos registros, la sociedad deberá fijar previamente la fecha de su iniciación, la cual comunicará a través de la publicación, en periódicos de acreditada circulación nacional, de un mínimo de dos (2) avisos, el primero de los cuales deberá publicarse con antelación no inferior a tres (3) meses a la fecha fijada como de iniciación de los registros. A partir de esta fecha de operación de los registros, las entidades a las que se aplica la presente ley no podrán abrirse nuevos registros de Constructores de Obras Públicas y de Consultores vinculados a la ejecucicón de obras públicas, y remitirán a la sociedad autorizada la documentación que ésta señale, debiendo conservar en sus archivos copias auténticas de la misma durante el lapso de doce (12) meses.

Parágrafo. Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transporte vigilar y disponer lo necesario para el cumplimiento de estos plazos, los que podrán prorrogarse por un término igual al inicial, mediante Resolución del citado Ministerio.

Artículo Décimo-sexto. Las inscripciones, calificaciones y clasificaciones de las personas naturales o jurídicas que actualmente figuran en los registros respectivos de las entidades públicas a las que se aplica lo dispuesto en esta ley, mantendrán su vigencia por un período máximo de doce (12) meses contados a partir de la fecha definida para entrar en funcionamiento el Registro Unico de Constructores o de la fecha de prórroga, si la hubiere.

La vigencia de tales registros podrá reducirse o prorrogarse mediante Resolución del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Artículo Décimo-séptimo. Las sobre inscripción, calificación y clasificación en el Registro de Proponentes, contenidas en el estatuto contractual, no sufren modificación por lo dispuesto en esta ley.

La obligación de inscripción en tipos de contratos diferentes a los señalados aquí, se regirá por las disposiciones respectivas.

Artículo Décimo-octavo. El Gobierno creará una comisión integrada con representantes del Gobierno, de las Comisiones Sexta del Senado y de la Cámara, y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y Sociedad Colombiana de Arquitectos, para estudiar y elaborar el proyecto de estatuto social de la sociedad autorizada.

Artículo Décimo-noveno. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

del Proyecto de Ley “por la cual se adopta el

Registro Unico de Constructores y Consultores de Obras Públicas y Registro Público de la

Propiedad de Maquinaria de Construcción, y se autoriza una asociación”.

Por medio de este proyecto se pretende establecer un registro público central que tiene por objeto principal unificar los criterios que en desarrollo del estatuto de contratación administrativa y en materia de obra pública y consultoría de obra pública, han adoptado diversas entidades oficiales para clasificar y calificar a sus proponentes; centralizar y dar publicidad a la información sobre el cumplimiento y desarrollo de los contratos de obra pública y consultoría por parte de los contratistas; y finalmente, llevar la estadística y suministrar datos sobre la propiedad y disponibilidad de maquinaria pesada para construcción, de propiedad de los particulares.

Este sistema de centralización de información ha de convertirse en una herramienta de vital importancia para la contratación de obras públicas, habida consideración de que permite evaluar con objetividad y de manera uniforme a los proponentes basándose en datos que recopilan la experiencia de todas las entidades contratantes a nivel nacional.

Con certificaciones que expida esta entidad las instituciones oficiales podrán conocer las experiencias negativas de obras con contratistas a quienes en virtud del incumplimiento de las obligaciones contraídas se les haya multado, demandado o declarado una caducidad, protegiéndose de esta manera, seria y mente, los dineros públicos y, por ende, la real ejecución de las obras públicas con beneficio de los asociados.

Como contrapartida, habrá un mayor celo de los constructores en cuidar su buen nombre si tienen la certeza de que con el Registro Unico de Constructores tendrán una carta de presentación o una de descalificación.

Igualmente, con mayor margen de seguridad, podrá hacerse efectiva la inhabilidad de los proponentes sancionados anteriormente con la declaratoria de caducidad, lo que actualmente es letra sin posibilidad de mayor aplicación.

Y como en el registro aparecerá no sólo el nombre de los proponentes sancionados y el de sus socios, la costumbre actual de constituir las mismas personas naturales varias sociedades carecerá de efecto jurídico, pues el sólo hecho de aparecer el nombre de esas personas (directivos y socios) le producirá a la persona jurídica, idéntica en esencia a la sancionada pero diferente desde el punto de vista formal, repercusiones frente a las entidades públicas que conducirán a su descalificación.

En fin, se logrará un gran avance en cuanto a la precalificación de los aspirantes a ser contratistas del sector público, además de que a ellos se les facilita su tarea. Se elimina por completo el desconcierto que produce que una misma situación genere efectos diferentes en las variadas entidades públicas que de todas maneras conforman un solo ente como es la Rama Ejecutiva del poder Público.

Y, además, se autoriza, inclusive se induce, a que en la nueva entidad que surja se le dé cabida a entidades sin ánimo de lucro, tan serias, eficientes y profesionales como la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Colombiana de Arquitectos.

Finalmente, debe advertirse que el proyecto legisla únicamente sobre los contratos de obra pública y consultoría vinculados a la ejecución de Obra pública, con el ánimo de que esta reforma logre los serios objetivos propuestos y en los que el Gobierno, el Honorable Congreso y las sociedades antes citadas, hemos puesto nuestros esfuerzos sin limitación alguna.