D019 P117 | Jueces de Paz

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D019 P117 | Jueces de Paz

Senado de la República

PROYECTO DE LEY

“por la cual se establece la función pública de promotores de paz y justicia o jueces de paz”.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Establécese en todo el territorio de la República la función pública de los promotores de paz y justicia, o jueces de paz, la cual será ejercida por Ciudadanos elegidos para períodos de dos (2) años por las comunidades en el número de uno (1) por cada fracción o zona municipal urbana o rural donde existe junta de acción comunal.

Artículo 2°. Los promotores de paz y justicia ejercerán la función pública de amigables componedores en toda clase de que sean susceptibles de transacción, con excepción de de mayor cuantía y las originadas en hechos punibles, así como las de promover la intervención de lasautoridades en cuestiones de interés social y humanitario.

Artículo 3°. El sometimiento de la controversia al conocimiento de los Promotores de Paz y Justicia es voluntaria y a ella pueden acudir las personas capaces, que tengan residencia o intereses en la respectiva fracción municipal. El Promotor oirá a las partes y examinará sus pruebas en audiencia pública, proporcionará mediaciones, testimoniará sobre el acuerdo o el fracaso de la conciliación y expedirá a los interesados su declaración escrita, la cual tendrá el valor de contrato auténtico entre las partes.

Artículo 4°. La declaración del promotor podrá ser presentada para su revisión al respectivo Juez Civil Municipal en el término de treinta (30) días, quien resolverá conforme al numeral 15 del Artículo 442 del Código de Procedimiento Civil, en proceso verbal de única instancia.

Artículo 5°. Para ser elegido Promotor de Paz y Justicia requiere ær ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado en material penal, ser persona de reconocida solvencia moral, y estar residenciado en el respectivo municipio.

Artículo 6°. La Función de Promotor de Paz y Justicia es incompatible con el desempeño de empleo alguno en el sector privado o en el sector público, salvo cuando implique el ejercicio de autoridad judicial o policial pero quien lo ejerza se comprometa a destinar un mínimo de cuatro (4) horas semanales para efectuar las audiencias en un lugar accesible a los miembros de la comunidad. El promotor podrá ser recusable y deberá declararse impedido por las mismas causales que los árbitros.

Artículo 7°. El cumplimiento de la Función Pública de Promotor de Paz y Justicia es ad honorem y no confiere carácter de empleado a quien la ejerza, pero se tendrá en cuenta para obtener la pensión de jubilación en el sector público. Para el cómputo necesario, un año de desempeño como Promotor, equivale a seis (6) meses de servicios en el último empleo, hasta el límite máximo de cuatro (4) años de ejercicio de la función de Promotor, equivalente a dos (2) años de empleado público en cualquier nivel.

Artículo 8°. El Ministerio de Justicia ejercerá vigilancia sobre los Promotores de Paz y Justicia y llevará el registro de los datos pertinentes de su posesión, su identificación, Currículum Vitae, tiempo de servicio y la testificación de su elección. Exigirá informes bi-mensuales sobre las labores desempeñadas.

Artículo 9°. La elección de Promotor de Paz y Justicia se efectuaó simultáneamente con los de la Junta de Acción Comunal de la fracción municipal correspondiente, y se hará por simple mayoría entre los candidatos que se inscriban previamente y demuestren que reúnen los requisitos legales. El acto será testificado por el mismo funcionario que lo haga para la Junta de Acción Comunal y mediante el mismo procedimiento, quien dará posesión al Promotor, y, en el término de dos (2) días, remitirá su testificación el Ministerio de Justicia, con los datos pertinentes y la hoja de vida del posesionado.

Artículo 10. El Ministerio de Justicia dirigirá la capacitación de los Promotores de Paz y Justicia con la colaboración del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, con el fin de obtener un mejor cumplimiento de sus funciones.

Artículo 11. El Promotor de Paz y Justicia ejercerá en su jurisdicción el control y vigilancia para el cumplimiento de las normas sobre protección de los recursos naturales y del medio ambiente, y, en tal virtud, promoverá la organización y funcionamiento de asociaciones de defensa ambiental y colaborará permanentemente con las autoridades en las medidas destinadas a contener, prevenir o reprimir cualquier atentado o violación del patrimonio ambiental.

Artículo 12. Los vacíos de esta Ley se llenarán con las normas que regulan el arbitramento en el Código de Procedimiento Civil y las que sean análogas.

Artículo 13. Esta Ley regirá desde su sanción y deroga cualquier disposición que le sea contraria.

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

del Proyecto de Ley “por la cual se establece la función pública de promotores de paz y justicia o jueces de paz”.

Este proyecto fue inicialmente presentado por el H. R. Víctor Reyes Morris en la Legiutura de 1984, pero en razón de la prioridad de lasurgentes reformas Políticas sometidas al Congreso de esa Legislatura no fue posible darle el trámite respectivo. Un grupo de parlamentarios han considerado conveniente promover de nuevo iniciativa para someterla a consideración de los Honorables Congresistas.

…El Proyecto tiende a satisfacer uña apremiante necesidad de la sociedad colombiana: la descongestión de juzgados y tribunales donde difícilmente se abren paso numerosos procesos que se hubieran podido evitar con un mecanismo de arreglo prejudicial, mediante la intervención de un amigable componedor o árbitro popular que, en su leal saber y entender y mediante un procedimiento sencillo, hubiese propuesto fórmulas satisfactorias tan necesarias en muchos casos que se presentan sobre todo entre gentes de escasos recursos que ven cómo sus pleitos se prolongan por un tiempo diez veces más largo que el señalado por los Códigos de Procedimiento.

La conciliación previa que la Ley exige en los conflictos laborales y algunos agrarios, es un método que conduce a una mayor agilización y a una efectiva descentralización de la justicia, pues la vinculación a ella de ciudadanos honestos y experimentados reconocidos por sus sabias y justas decisiones, así sea como simples amigables componedores, hará más factible la realización del ideal de los convencionistas, de la Revolución Francesa, de la elección popular de jueces del pueblo, auténticos pilares de la administración de la justicia, como actualmente lo son en algunos países donde son escogidos entre las personas más responsables y experimentadas, a diferencia a lo que sucede entre nosotros donde por hacer la Ley Obligatoria la judicatura rural a los jóvenes recién salidos de nuestras Escuelas de Derecho, cuando aún carecen de práctica y de un criterio bien formado, son ubicados en un medio desconocido al cual no logran vincularse, ya porque sólo llegan con el propósito de satisfacer un pre-requisito para optar a su título de abogado, o porque al cabo de un (1) año son reemplazados por otros que llegan en las mismas precarias condiciones, apoyados en la ayuda que les pueda prestar un secretario que se convierte en el eje del juzgado. La inestabilidad de tales jueces, su dependencia de empíricos y sus desaciertos, son las principales fallas que acusa la justicia municipal en las áreas marginadas. Víctimas son los campesinos y provincianos, que terminan entregados a tinterillos que los comprometen en pleitos onerosos e interminables.

El Proyecto, con el loable propósito de buscarle una salida nacional y democrática a tal situación, propone la creación de unos funcionarios ad honorem escogidos entre las personas experimentadas y reconocidas por sus virtudes y sabiduría, varones justos y probos, como lo que en la Antigua Roma y en la Grecia Clásica dirimían los conflictos entre ciudadanos. Los Promotores de Paz y Justicia, por ser apenas el primer paso en el camino de la descentralización y socialización de la justicia, no tienen carácter de jueces sino de amigables componedores o conciliadores, propiciando un acuerdo que solamente viene a culminar un contrato entre las partes, que puede ser revisable por el juez municipal, para que haga los retoques jurídicos y la adecuación a la Ley, que le hayan escapado al promotor.

Estos funcionarios, desde el punto de vista de la pacificación, son una contribución importante porque permiten una solución fácil, directa y gratuita de los problemas o conflictos de quienes no están en condiciones de acudir a la justicia ordinaria, y, por ésta vía corta, restablecen la convivencia. Están llamados a convertirse en los centros de referencia social de veredas y barrios, cuyas comunidades sufren la desintegración que conlleva la transhumancia social. En cierto modo, cumplen el papel que en nuestras aldeas le estaba atribuido al párroco o al patriarca y, en muchos casos al mismo juez cuando era escogido más por sus méritos personales que por sus estudios universitarios.

Hoy en día, uno de los factores de mayor estancamiento y de desarmonía social son los pleitos entrabados y prolongados, que se convierten en el primer eslabón de una cadena sin fin, con repercusiones de enemistades y odios profundos, que muchas veces desatan la violencia.

Una simple disputa por linderos, los desacuerdos en la formación de las hijuelas, las liquidaciones de los trabajadores del campo, tantas otras situaciones que pudieran areglarse con la intervención de un árbitro imparcial terminan en crímenes que hunden todo esfuerzo por mantener la coexistencia pacífica. Por todo ello, es un acierto al establecer los promotores de paz y justicia, que, mediante un procedimiento conciliador y preventivo, propongan fórmulas equitativas que cancelen las diferencias en sus propias fuentes.