D020 P053 | El Concordato: ¿Actualización o Derogatoria?

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D020 P053 | El Concordato: ¿Actualización o Derogatoria?

Por Aurelio Tobón Mejía

INTRODUCCION

El preámbulo del Concordato celebrado entre el Gobierno de Colombia y la Santa Sede el día 12 de julio de 1973 y cuyo canje de ratificaciones tuvo lugar el 2 de julio de 1975 (Cf. AA.SS., vol. LXVII (1975), pág 421, que es la Ley 20 de 18 de diciembre de 1974) es un desenvolvimiento del artículo 53, último párrafo del título IV de la Constitución Política de Colombia. Su vigencia reemplazó el anterior Convenio suscrito entre las mismas partes del día 31 de diciembre de 1887, tras un largo recorrido que se inició con el nacimiento de la República como Estado Soberano e independiente de la Corona Española. En ese primer convenio brilló la participación de próceres y patricios de los dos partidos tradicionales. Reemplazó igualmente el Concordato de 1975 la Convención Adicional de 20 de Julio de 1892 cuya materia (fuero eclesiástico y cementerios) se reglamentó en mejor forma y reemplazó además la nota No. 27.643 de la Secretaría de Estado de Su Santidad que dio origen a la Ley 54 de 1924 llamada Ley Concha, de 5 de diciembre del citado año a través de la cual se reglamentó la forma de acceso al matrimonio civil de los apóstatas (o los colombianos bautizados que se separaban de la Religión Católica).

Sabido es que la reforma concordataria del 22 de abril de 1942 que alcanzó a convertirse en Ley de la República (ley 50 de 1942) no entró en vigencia por no haberse efectuado luego el indispensable canje de ratificaciones.

Finalmente, el último convenio de 1975 se ocupó de dar nueva forma y contenido al Convenio sobre Misiones que el día 20 de enero de 1953 suscribieron en Bogotá el Nuncio Apostólico y el Ministro de Relaciones Exteriores, convenio que nunca fue sometido a la aprobación del Congreso de la República.

En los trámites y conversaciones que precedieron a la mayoría de los citados convenios intervinieron prestantes figuras de los dos partidos tradicionales. Como lo ha probado magistralmente el eminente jurista doctor Antonio Rocha, el Partido Liberal no ha sido en su historia un partido contrario al mantenimiento de una respetuosa relación entre el Estado y la Sede Apostólica. Desde el gobierno del doctor Olaya Herrera hasta hoy, los presidentes y cancilleres liberales han tenido brillantes actuaciones en el campo del Derecho Público Concordatario.

Ya con anterioridad a las posiciones fijadas por los conductores del Partido Liberal, había sido misión confiada por los ex presidentes Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos al doctor Darío Echandía la de buscar una actualización de las materias objeto del Concordato con la Santa Sede. Conocidas son las actuaciones de los en su momento Cancilleres Gabriel Turbay y Antonio Rocha. Posteriormente, bajo el gobierno liberal del doctor Carlos Lleras Restrepo y el entonces Ministro de Relaciones Exteriores doctor Alfonso López Michelsen, el Gobierno acudió de nuevo en búsqueda de la colaboración del ex presidente doctor Darío Echandía para volver sobre el mismo tema de la actualización concordataria.

Una memoria sobre los hechos anteriores fue escrita precisamente por el profesor doctor Antonio Rocha, por esos días embajador de Colombia ante la Santa Sede y uno de los comisionados por el Gobierno para adelantar las negociaciones que culminaron con el pacto suscrito en 1975. (ef. ROCHA ANTOMO, Matrimonio, Educación y Actualización Concordataria, Bogotá, 1975). En la obra citada nos es dado a leer lo siguiente:

“Estos (los partidos políticos), que han hecho fa historia, las constituciones y las Leyes, le han dado de común acuerdo un tratamiento excepcional a la Iglesia y reflejándolo en la Carta y en las leyes que regulan las materias mixtas. Más aún, hasta parece que el Partido Liberal, mientras más hegemónico su gobierno, más deferente ha sido con aquellas. Atrayendo al Partido Conservador y cortejando a la Iglesia (como en la redacción del plebiscito de 1957), registrando el hecho sociológico de la gran mayoría católica del pueblo colombiano, que de estas tres cosas hay mucho testimonio del liberalismo, lo cierto es que las grandes piezas constitucionales, las leyes y documentos administrativos, están influidos por esa preocupación. De tal manera que si el Partido Liberal quisiera establecer en Colombia la separación de las dos potestades, tendrá que empezar por modificar la política que la historia registra y adaptar aquellos papeles a la etapa de la nueva vida, aduciendo para el cambio alguna razón suficiente y convincente” (Cf. opus citatum., pág VI).

Y baste con lo hasta aquí escrito y citado para entender el fondo real de lo que ha sido y es política liberal unánimemente reiterada desde los Gobiernos, no obstante algunas voces en contra que no han faltado en el Parlamento o en los foros ideológicos. Pretender convertir este tema en una bandera política de oportunismo electoral, es grave error de personas que desconocen el fondo de las materias mixtas en un medio como el colombiano y el valor de los tratados públicos que las reglamentan. La materia concordataria, como toda materia que se refiere al derecho público colombiano, debe ser estudiada sin sectarismos, sin apasionamientos, teniendo en cuenta por sobre todo el bien común de la Patria y las circunstancias siempre cambiantes que el correr de los días impone en el mundo contemporáneo.

Hecha la anterior afirmación, se ha de atender, cuando de examinar el Concordato colombiano con la Santa Sede se trata, como base de cualquier consideración, la existencia de los principios reguladores o informadores de la relación Iglesia-Estado.

Así las cosas, se ha de entender como sustento de toda ley positiva la fundamentación en la Carta Constitucional que ha ordenado la libertad de conciencias (Cf. Artículo 53), la libertad religiosa o de cultos (Cf. art. citado) y de asociación (Cf. Artículos 44 y 47). Una ley que desconozca estos principios sería una norma inconstitucional. A los anteriores, se pueden y se deben añadir otros de no menor trascendencia, tales como el principio de cooperación entre los poderes públicos y las confesiones religiosas entre las que se cuenta en primer lugar la Iglesia Católica, por el número de fieles que ella tiene en Colombia y por la marcada, definitiva e innegable influencia que ella ha tenido en la formación cultural y religiosa de nuestro pueblo, desde los orígenes de nuestra vida como colonia de España y luego en el correr de toda la vida republicana hasta el presente. El principio de no confesionalidad del Estado es otro punto básico que se ha aplicado recientemente en los convenios suscritos entre la Santa Sede y el Gobierno de España y el Gobierno de Italia y su enunciado es el siguiente: “que ninguna confesión tenga carácter estatal”. La aplicación de este novísimo postulado tiene fundamento importante en el número 6 de la Declaración del Concilio Vaticano II denominada ”Dignitatis Humanae”.

Siguiendo el análisis de este principio de la confesionalidad del Estado, entiende la doctrina que un Poder Civil rectamente constituido no puede ni debe ser confesional. Si entendemos esa confesionalidad en un sentido formal, nos hallamos ante el reconocimiento expreso de una determinada confesión por parte de un Estado; en sentido material tendríamos el compromiso por parte de un Estado acoger dentro de su ordenamiento jurídico el contenido de una determinada doctrina a confesión religiosa; si lo consideramos en un sentido sociológico tendremos la pura y simple comprobación de hechos reales sobre las mayorías y minorías de unas determinadas confesiones religiosas dentro del territorio de un Estado determinado. Y esta es la fundamentación de donde ha de emanar como de fuente propia, el principio de cooperación entre las potestades, que se ha de reglamentar adecuadamente Cf. FORNES Juan, El Nuevo Sistema Concordatario, Pamplona, 1980, pág. 37).

Otro aspecto importante que a menudo es descuidado o confundido por comentaristas de las relaciones Iglesia: Estado es el señalar que un Convenio entre un determinado Gobierno y la Autoridad Religiosa denominada Santa Sede (con personería innegable en el campo del Derecho Internacional Público) difiere sustancial y radicalmente de un Convenio celebrado entre un detenninado Estado y el Estado Ciudad del Vaticano. Colombia no ha requerido jamás ni parece que requerirá en el futuro este segundo tipo de tratado, como sí lo requieren a diario el Gobierno de Italia y el de Suiza. Por ello, es indispensable entender “a limine” que los Convenios que ha celebrado el Gobierno de Colombia los ha celebrado es con la Santa Sede, con el Romano Pontífice como Jefe de Supremo de la Iglesia Católica cuyo gobierno central universal es la Santa Sede. Del entendimiento de este punto se desprenden consecuencias importantes: ante todo, el sentido de universalidad de la Iglesia que por lo mismo se denomina “Católica”, operante por doquier; la jurisdicción única del Romano Pontífice ejercida a través de los obispos en todo el orbe; el carácter de las sentencias y decretos de los Tribunales de la Iglesia y de las Congregaciones de la Curia Romana, que no pueden predicarse como de jueces o funcionarios “extranjeros” para reconocerles el correspondiente valor jurídico o administrativo dentro de la jurisdicción de un Estado con régimen concordatario.

Temas como este y otros han sido magistralmente expuestos por la Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia en innumerables fallos; la sentencia de 5 de mayo de 1954 cuyo ponente fue el entonces magistrado doctor Darío Echandía (Cf. G. J. , tomo LXXVII, pág. 581) se refirió a la recepción formal de la legislación canónica dentro del ordenamiento del del Estado, en los casos y materias que fueron concordados; en sentencia de 5 de abril de 1956 (Cf. G. J. , tom. LXXXII, pág. 564) se admite el sentido universal de la Iglesia Católica para entender que ella no tiene jueces “extranjeros”; en sentencia de 8 de septiembre de 1962 de la que fue ponente el magistrado doctor José Hernández Arbeláez (Cf. G.J., tom. C, pág. 40 y segts). Se reconocen efectos civiles en Colombia o un rescripto pontificio que disolv1Ó un vínculo natural válido por la potestad vicaria del Sumo Pontífice.

La recepción formal de las normas canónicas dentro de la legislación del Estado, el reconocimiento de fallos judiciales proferidos por un Tribunal Eclesiástico de cualquier sitio o territorio, el valor que se da a un rescripto ponitificio dentro de la ley del Estado, son aspectos que merecen especial atención en el campo del Derecho Público. Agréguese a esto que las designaciones hechas por el Romano Pontífice para proveer cargos eclesiásticos tampoco pueden tener el carácter de “extranjeras”, dada la jurisdicción universal de la Iglesia, que es Católica.

Al carácter de tratado público que tiene el Concordato y al reconocimiento de la personería en el campo internacional que compete a la Iglesia, se opuso en el Senado de Colombia el doctor Germán Zea Hernández (Cf. ZEA Germán, El Concordato ante el Senado, Bogotá, 1974, pág. 41) no obstante haber sido él mismo uno de los redactores del texto del plebiscito de 1957, en el que se reconoció personería y valor al elemento religioso católico del pueblo colombiano.

Tras estas elementales consideraciones a guisa de preámbulo, es del caso ocuparnos concretamente de todos y cada uno de los temas que hacen necesario el régimen concordatario en los tiempos actuales, no sin dejar de indicar antes que esos temas que hasta hace poco se conocieron con el nombre de “materias mixtas” también evolucionado, y que a ellos se otros, impuestos por las necesidades contemporáneas.

Mas surge aquí la necesidad de hacer otras consideraciones fácticas antes de proseguir con el tema singular de la materia concordataria, que en el momento presente son indispensables para la recta intelección de los temas que pueden y deben ser concordados.

La vigencia del actual Concordato suscrito entre el Gobierno de Colombia y la Santa Sede venció el 2 de julio de 1985. No obstante el conocimiento que de esta fecha han tenido las altas partes contratantes, no se constituyó con la suficiente anticipación una comisión para que asumiera el estudio de las relaciones Iglesias-Estado y determinara dentro de una clara política internacional, que era lo conveniente ante la inminente caducidad del instrumento.

Al vencimiento de un plazo estipulado en un tratado público procede o la denuncia del mismo por una de las partes, o la derogatoria o la continuación del pacto solemne de modo expreso o tácito. En el caso de nuestro Concordato, las partes optaron por la última fórmula, con algunos leves y oportunos —aunque tímidos— retoques.

Es evidente que ante la actual situación social que vive Colombia, ante el cúmulo de problemas por resolver qu se encuentran en el temario del Gobierno a un año escaso de su iniciación y ante el recargo de proyectos de ley que cursa en las Cámaras Legislativas, el simple canje de notas realizado en julio 2 de 1985 con las tímidas modificaciones anotadas, era un sistema prudente para mentener vigente el Concordato de 1975. Será función del Gobierno buscar una modernización del actual sistema Concordatario con la Santa Sede.

Porque sin lugar a dudas, hay razones de fondo que hacen indispensable una revisión concordataria, partiendo de la base de que el sentimiento religioso de los colombianos y la posición de la Iglesia Católica y su desenvolvimiento y presencia en Colombia exigen una sana relación entre ambos poderes. A esa revisión deben mirar igualmente las experiencias concordatarias recientes de otros paises que han celebrado acuerdos con la Santa Sede.

Veamos las materias objeto de trato concordatario en detalle.

 

I . EL MATRIMONIO

El país exige con urgencia un replanteamiento legislativo en materia matrimonial. Bien puede pensarse en el llamado “matrimonio civil obligatorio’ — cuya “obligatoriedad” ya es algo que hiere la ideología liberal—, el llamado “matrimonio facultativo”, vale decir, civil para quienes lo deseen y religioso para quienes opten por esa forma, con efectos civiles ambos naturalmente o el llamado “reconocimiento de efectos civiles a un matrimonio religioso”.

El sistema del matrimonio civil obligatorio sería la solución que uniformaría la legislación civil colombima con la de la inmensa mayoría de los países del mundo contemporáneo. Sería además el remedio definitivo para terminar con los innumerables fraudes a la ley civil colombiana que se cometen con divorcios y matrimonios en el exterior sin que medie la solución a la problemática legal en Colombia. Terminaría además con la burla de que viene siendo objeto el matrimonio canónico no disuelto, sujeto en el exterior a sentencias de divorcio civil que autorizan nuevos matrimonios. Terminaría además el caos que se ha creado en la doctrina con las teorías de nulidad e inexistencia de los matrimonios civiles de colombianos en el exterior. Unificaría la validez de los matrimonios conforme al principio de “locus regit actum” y aclararía de una vez por todas igualmente la validez o nulidad de los divorcios en el exterior, conforme al citado principio.

Si el Estado colombiano impone como única forma válida de celebración de matrimonio civil —dejando a voluntad y conciencia de las partes el contraer inmediatamente después del vínculo religioso que a bien tengan— compete igualmente al Estado determinar en mejor forma las causales de nulidad del matrimonio civil y las del divorcio vincular y establecer simultáneamente los procedimientos legales para el ejercicio de las acciones inherentes. En este evento las sentencias civiles de nulidad del matrimonio o de divorcio serán las únicas válidas ante el ordenamiento legal colombiano, dejando también en esta materia al campo de la conciencia de los cónyuges el valor de las sentencias de nulidad proferidas, verbi gracia, por los Tribunales Eclesiásticos.

El matrimonio facultativo existe actualmente en Colombia, al dejar el legislador a voluntad de los contrayentes la escogencia de la forma de celebración del contrato matrimonial, que bien pueden realizar ante el juez civil municipal competente o ante el ministro eclesiástico competente: en esta segunda situación, por virtud del Concordato, el matrimonio canónico surte efectos civiles por el hecho de su sola celebración.

Dentro de esta forma de celebración facultativa del matrimonio, el sistema vigente en los Estados Unidos de América y en Panamá consagra un amplio margen en la escogencia del ministro y de la forma, pero restringe sabiamente en favor del poder civil la capacidad de conceder la licencia para la celebración de cada matrimonio; obtenida por los contrayentes esa licencia en la Corte Civil competente, las partes celebran su matrimonio ante un Notario Público, ante un Juez de Paz o ante un Ministro Religioso de su agrado; en este último evento, el ministro religioso hace las veces de notario o de Juez de paz; para los católicos, tal ministro es el competente de acuerdo con la respectiva legislación. En el momento de ser preciso un divorcio o una declaratoria de nulidad matrimonial, es únicamente competente el Juez Civil. Los fallos de los tribunales religiosos deben ser posteriores a esa decisión civil y carecen de efectos ante el Estado, quedando su validez únicamente en el campo de la conciencia.

Ya hemos indicado que el sistema de reconocimiento de efectos civiles al matrimonio canónico es el pactado en los concordatos de 1887 y 1975 y que por ende, ha sido el régimen vigente en Colombia, con la doble excepción que nació de la corta vigencia de la Ley de 20 de junio de 1853 promulgada bajo el gobierno del general Obando, que fue derogada por la Ley de 8 de abril de 1856, puesta en vigor durante el gobierno de don Mariano Ospina Rodríguez. Con la promulgación de la Constitución de Rionegro en 1863 bajo Mosquera, cada Estado Soberano reglamentaba todo lo referente al derecho privado en forma autónoma y así lo relativo al matrimonio se volvió tema de cada Estado Federal. En el de Cundinamarca se equiparó el matrimonio civil al matrimonio canónico. Afirman que en el de Antioquia era válido solamente el canónico (el celebrado de conformidad con las disposiciones del Concilio de Trento); en los demás Estados sólo se reconoció valor al matrimonio civil; en unos imperó el divorcio civil, en otros se mantuvo en vigencia el principio de la indisolubilidad como propiedad esencial del vínculo. Esa disparidad de legislaciones tocó fin cuando Núñez declaró muerta la Constitución de 1863, tras la derrota del radicalismo en la Humareda, La Ley 57 de 1887 adoptó como ordenamiento civil de la Nación el que regía en los territorios nacionales desde el 26 de mayo de 1873, vaie decir, en aquellos territortos que no formaban parte de ninguno de los Estados Soberanos. En tal Código se reconocía solamente con valor legal al matrimonio civil. Y esta circunstancia hizo necesario el Artículo 12 que reconoció validez “para todos los pfectos civiles y políticos” a los matrimonios “que se celebren conforme al rito católico”. Pero como tal artículo creaba al mismo tiempo dudas de carácter legal frente a otros matrimonios celebrados con anterioridad, vino el Artículo 50 de la Ley 157 del mismo año de 1887 a disponer: “los matrimonios celebrados en la República en cualquier tiempo conforme al rito católico, se reputan legítimos y surten, desde que se administró el sacramento, los efectos civiles y políticos que la ley señala al matrimonio, en cuanto este beneficio no afecte derechos adquiridos por actos o contratos realizados por ambos cónyuges, o por uno de ellos con terceros, con arreglo a las leyes civiles que rigieron en el respectivo Estado o Territorio antes del 15 de abril de 1887”.

Surge aquí un aspecto digno de ser subrayado y es cómo el Estado colombiano a través de su rama legislativa da valor jurídico al matrimonio católico, sin que fuera precisa norma concordataria alguna. Esto hacer ver que el régimen matrimonial del año de 1887 era bueno. Ello, sin señalar que los radicales de entonces, mientras impugnaban el matrimonio católico eran los primeros en acudir a su forma, porque —como dice la fórmula popular antioqueña, “para conservadores, los liberales de Rionegro”.

Debemos referirnos aquí al Sistema Procesal Matrimonial.

Es oridente que si se estudia una modificacion de la ley sustantiva, se requerirá simultáneamente una modificación de la ley procesal o adjetiva.

Si se establece el régimen del matrimonio civil obligatorio —con la consabida libertad para que los contrayentes celebren inmediatamente después el matrimonio por la forma religiosa que deseen— será indispensable reformar y actualizar el sistema matrimonial en los Códigos Civiles para revisar y modernizar el contenido y forma de las causales de nulidad matrimonial y de divorcio vincular; dentro de los actuales esquemas legales es difícil, si no imposible en muchos caos, lograr una declaratoria de nulidad o de divorcio vincular.

Naturalmente, la anterior materia no es objeto de concordancia, pero valorarla y ponderarla parece indispensable en un estudio y en una revisión del sistema matrimonial en Colombia.

El Artículo IX del Concordato vigente había roto el sistema de acceso a la Corte Suprema de Justicia al consagrar ia vía de apelación en la tramitación de las causas de separación conyugal en segunda instancia. Sabido es que a la Corte se llega por la vía de la casación, no por la apelación. La primera instancia competía para las mismas causas de separación conyugal a las Salas Civiles de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial. Era urgente e indispensable revisar esa situacion —como de hecho se revisó en la reciente nota de canje el 2 de julio de 1985— para atribuir la competencia en tales procesos a los jueces civiles del circuito y la segunda instancia a las Salas Civiles de los Tribunales Superiores; llevar a la Corte estas causas por vía de apelación había roto nuestro sistema procesal. Llevarlas a los Tribuanles Superiores en primera instancia, creó en ellos enorme dificultad para su tramitación por el enorme recargo que crearon. Ponerlas en la primera instancia en manos de los jueces del circuito en lo civil, es darle mayores facilidades a los cónyuges para tramitar sus procesos: pero al cabo de un año y medio de la tímida reforma, este protocolo adicional al Concordato vigente no ha sido sometido a los Cuerpos Colegiados y el sistema de competencia sigue como se pactó en 1975.

Además, no se ha uniformado el sistema procesal vigente para los matrimonios civiles con el vigente hoy para los matrimonios canónicos; la discrepancia en el trato no es justa ni equitativa.

Acerca de estos hechos se había llamado oportunamente la atención de la Cancillería colombiana ya desde el lejano año de 1974 cuando el suscrito, en su carácter de consejero de la Embajada de Colombia ante la Santa Sede conoció el proyecto de Concordato; pero en esa fecha, la observación no fue atendida. De tales observaciones hay constancia en la Cancillería colombiana y en la Embajada de Colombia ante la Santa Sede.

En 1984 la Corte se pronunció contra el tratamiento procesal que se estaba dando a las causas de separación conyugal, según se refiriesen a matrimonios civiles o canónicos y finalmente, el anterior gobierno dio instrucciones a su embajador ante la Santa Sede, para que enderezara el error.

En este tema de la competencia y del reconocimiento de efectos civiles es importante volver los ojos al texto concordatario suscrito ante el gobierno de Portugal y la Santa Sede el día 23 de abril de 1975, a escasos tres meses del canje de notas entre Colombia y la Santa Sede. El gobierno Portugués quiso asumir el conocimiento de procesos de divorcio de sus súbditos casados bajo la forma canónica; mas no podía hacerlo sin violar el Artículo 24 del Concordato suscrito entre él y la Santa Sede el 7 de mayo de 1940. Sin haber perdido vigencia este instrumento, la reforma del citado Artículo 24 hizo posible la nueva posición del gobierno de Portugal; dice así la nueva norma concordataria:

“El Artículo XXIV del Concordato de 7 de mayo de 1940 se ha modificado así:

Celebrado el matrimonio católico, los cónyuges asumen por el mismo hecho la obligación de atender a las normas canónicas que lo rigen, y en particular, la de respetar las propiedades esenciales”. “La Santa Sede, a la vez que reafirma la doctrina de la Iglesia Católica acerca de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, recuerda a los cónyuges que han celebrado el matrimonio canónico el grave deber que les incumbe de no valerse de la facultad civil para pedir el divorcio”. A.A.S., vol. LXVII (1975), págs. 435-436).

Fue este un antecedente en materia de Derecho Público Concordatario que lamentablemente e inexplicablemente no se tuvo en cuenta para haber buscado fórmulas pactadas antes del canje de notas, para haber abierto el cauce a muchas soluciones jurídicas dentro de nuestro ordenamiento legal.

Mal puede decirse que la aceptación de un principio semejante al Concordato con Portugal es ofensivo para el Sentimiento católico; hay que establecer qué bautizados practican la religión católica y qué bautizados son apenas católicos de nombre. También para estos últimos se ha de legislar y han de tener puerta abierta dentro de los marcos legales para solucionar sus problemas en la forma que les plazca. Función propia de la Iglesia Católica es mantener la firmeza de su doctrina y la fidelidad de sus miembros a la misma dentro de su finalidad suprema, la “salus animarum suprema lex esto”; del mismo modo que en función del Estado velar por el bien común de todos sus miembros dentro del análogo y cardinal principio ‘ ‘salus populi suprema lex esto”.

En Italia, la Ley de Io. de diciembre de 1970 No. 898 autoriza a los jueces para que pronuncien sentencia de disolución de matrimonios civiles y se pronuncien sobre la cesación de efectos civiles de los matrimonios canónicos debidamente registrados; es la Ley conocida con los nombres de sus actores y ponentes Fortuna Baslini. El Artículo 2 de tal ley ha suscitado honda polémica y la Corte Italiana en sentencia de 5 de julio de 1971 declaró constitucional la citada norma diciendo que no infiere modificación al Concordato de 1929 porque en este no se estipuló la indisolubilidad del matrimonio. En el plebiscito del 19 de mayo de 1970 el legislador primario había ratificado la Ley de divorcio en Italia. Es del caso anotar finalmente que la Santa Sede en documentos distinguidos con los números 5.902 de 1966, 1.180 de 1967 y 735 de 1970 (los dos primeros de la Secretaría de Estado de su Santidad y el último del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia) manifestó —particularmente en el último— que la ley Fortuna – Baslini era una interpretación unilateral del Artículo XXXIV del citado Concordato de 1929 (Cf. TOBON MEJIA Aurelio, la Legislación Colombiana sobre el Divorcio en el Hecho Religioso en la Nueva Constitución Española, pág. 238 nota 15, Salamanca, 1979).

Cuando la ley italiana fue un hecho, no se ha conocido protesta formal ni reclamación por parte de la Santa Sede. Los artículos pertinentes de la citada Ley mandan:

“1°. El Juez pronuncia la disolución del matrimonio según et Código Civil, cuando realizado inútilmente el intento de conciliación, confronta que la comunidad espiritual y material entre los cónyuges no puede ser mantenida o construida por la existencia de una de las causas previstas en el Artículo 3°.”.

“2°. En los casos en que el matrimonio haya sido celebrado por el rito religioso y regularmente registrado, el Juez, esperada inútilmente la tentativa de conciliación prevista en el Artículo 4°. , se cerciora de que la comunidad espiritual y material entre los cónyuges no puede ser mantenida ni reconstruida por la existencia de una de las causales del Artículo 3°., y pronuncia la cesación de los efectos civiles consiguientes a la transcripción del matrimonio”.

Uno solución: La Rama Jurisdiccional de Familia. Si bien es cierto que en el campo de la justicia civil colombiana pueden existir fallas en cuanto a la preparación de jueces y de personal subalterno y si admitimos con igual evidencia que aun en la misma legislación hay materias susceptibles de modernización en el renglón del derecho de familia, para superar tales dificultades debemos admitir la urgencia y necesidad de implantar en Colombia una rama jurisdiccional especializada y ágil; su ausencia viene imponiendo entre nosotros la necesidad de acudir en búsqueda de solución para muchos conflictos, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que tiene funciones importantes pero netamente administrativas; para la solución de otras situaciones conflictivas, es preciso acudir a la justicia de menores cuyas funciones son, como su nombre lo indica, eminentemente judiciales.

Una recta estructuración de la rama jurisdiccional de familia que ampare por igual dentro de su competencia todo el régimen matrimonial y el de menores, será la solución ideal para que la justicia se administre pronta y cumplidamente conforme al imperio constitucional, en un campo en el que esa prontitud y cumplimiento tienen mayor validez, por cuanto a menudo están de por medio situaciones afectivas, sentimentales y jurídicas que exigen inmediata atención.

Bien oportunamente debería solicitar el gobierno colombiano en nuevas conversaciones con la Santa Sede, la idónea preparación de los jueces eclesiásticos que juzgan hoy en día en materia de nulidad matrimonial, toda vez que no todos ellos —con honrosísimas excepciones— tienen la indispensable preparación académica y la experiencia para el recto cumplimiento de sus funciones. Fácil será comprender que a ninguna autoridad le es dado excusarse en este aspecto de la administración de la justicia.

 

II. ENSEÑANZA Y ASUNTOS CULTURALES

La presencia en Colombia de una mayoría católica hizo que aquí surgieran universidades pontificias católicas y muchos centros de educación a todos los niveles, manejados por entidades eclesiásticas; ello impone la necesidad de mantener un trato concordado sobre el tema educativo, v.gr., para el reconocimiento de títulos académicos: para la adaptación de programas, exigencias de idoneidad en el cuerpo docente y para los asuntos que de aquí emanan. Muchos Estados europeos y americanos tienen suscritos convenios con la Santa Sede para reglamentar esta materia.

Cabe dentro de este mismo título lo inherente al patrimonio artístico y cultural que reposa en el territorio nacional y cuya conservación, preservación y aprovechamiento debe estipularse jurídicamente en tratado o concordato. Sabido es —sin perjuicio del régimen canónico aplicable a los bienes eclesiásticos— que hay un inmenso patrimonio artístico y cultural que reposa en templos, casas religiosas y museos y sabida es la ayuda del Estado para esa conservación, mantenimiento y exposición de valores que dicen relación a nuestra cultura.

Por otra parte, en esto de la educación cabe igualmente revocar al principio de la libertad religiosa. Colombia ha celebrado pactos internacionales a través de la O.N.U. y de la O.E.A. y ha suscrito declaraciones en los mismos foros para reconocer el derecho que asiste a los padres de familia para escoger la forma de instrucción religiosa que han de recibir sus hijos. Por ello, es indispensable en casos concretos respetar esa libertad de conciencia y religiosa. El Estado está en la obligación de facilitar la educación religiosa, nunca ha de imponerla.

Otro aspecto fundamental en materia educacional es el referente a los territorios misionales, en donde la instrucción pública se mantiene a través de contratos con los respectivos jefes eclesiásticos de esos territorios, en donde la contratación de profesorado, la adqusición de material de enseñanza y la misma facilitación de locales para los estudiantes no son asuntos simples. Tales jefes eclesiásticos son los vicarios y los prefectos apostólicos, que dependen del Romano Pontífice. En el Concordato vigente se habla con demasiada impropiedad de “zonas marginadas” para designar a tales territorios de misión; esta es una terminología genérica: zonas marginadas puede haber a pocos metros de la plaza principal de las grandes ciudades y en los territorios de misión podríamos hallar igualmente “zonas no marginadas”; deberíase precisar el concepto jurídicamente.

El tema de la educación en los territorios de misianes presenta aristas difíciles, según los puntos de vista desde donde se le considere. Mala es para muchos la “occidentalización” de las tribus primitivas sometidas según ellos a “lavados de cerebro”. Buena es para otros la oportunidad de que se dé a la juventud de los territorios misionales la oportunidad de tener profesorado idóneo en los centros docentes manejados por la Iglesia Católica. Hay una tendencia, particularmente en los países de América Latina, a preservar y a rescatar los valores indígenas de nuestro medio, la cual debe manejarse con particular cuidado para no herir tales valores y para a la vez facilitar los avances de la vida moderna a las comunidades autóctonas de cada región.

Exagera el doctor Germán Zea Hernández (Cf. op. cit. pág 87) al afirmar que “son 900.000 kilómetros cuadrados de territorio colombiano con más de 3 millones de habitantes los que hoy están sometidos al régimen misional”. Basta con mirar un mapa geográfico colombiano para detectar en esa inmensa extensión, zonas inhabitadas e inhóspitas sobre las cuales cualquier jurisdicción en materia educativa será inútil. Un régimen y un sistema de educación tienen validez cuando se establecen sobre personas, no sobre territorios; están cobijados todos los territorios ciertamente por la noción de la soberanía.

 

III. CEMENTERIOS

Lugar común y clásico en el marco de las materias mixtas fue en el pasado el régimen aplicable a los cementerios. Hoy en día, dentro del concepto de libertad religiosa, se ha de garantizar a cada culto el libre ejercicio de sus funciones litúrgicas en la inhumación de los cadáveres.

El actual ordenamiento y posesión de tumbas o sepulcros en campos privados que ni son de la Iglesia ni son del Estado, es susceptible de una reglamentación especial, ajena por completo a la que se conoce para los cementerios que son de propiedad eclesiástica o civil. Es apenas natural que en todo cementerio se mantenga el reconocimiento de los derechos adquiridos legítimamente, tales como en los de Bogotá, Cartagena y Mompós que son estatales. Compete igualmente al Estado la vigilancia sanitaria en todos los cementerios del territorio nacional, cualquiera que sea su pertenencia.

Se va volviendo inusual este régimen, hasta el punto de poder afirmar sin peligro grave de equivocación, que bien podría suprimirse en futuras conversaciones concordatarias.

Pero hay otros que han sido tradicionalmente objeto de concordato, no solamente con Colombia sino con muchos otros Estados. Veámoslos en detalle.

 

IV. NOMBRAMIENTO DE OBISPOS Y CIRCUNSCRIPCIONES ECLESIASTICAS

Fue este un tema candente y molesto cuando la pasión política dominaba el escenario nacional y cuando la jerarquía y la guerra así llamada de los setecientos púlpitos tenían como verdad segura que el Partido Liberal era anticlerical y que estaba fuera de toda salvación. Hoy en día, superados estos tiempos en que la jerarquía del Partido Conservador se confundía con la Jerarquía Eclesiástica en muchos territorios, este aspecto del nombramiento de obispos y arzobispos y demás dignidades eclesiásticas es algo que no ofrece ninguna dificultad; ni el Estado tiene interés en exigir juramentos de fidelidad como otrora, ni en intervenir en la elección de los jerarcas, la que se entiende potestativa del Romano Pontífice. Sí hay una limitación de soberanía y consiste en que los obispos residenciales y ojalá todos los demás, sean ciudadanos colombianos.

Por lo demás, en la práctica que se viene repitiendo hace unos años, a la provisión de sedes vacantes atiende la Autoridad Eclesiástica mediante la designación de obispos auxiliares, nombrados anteriormente como tales y, por Io mismo, no sujetos a la prenotificación oficiosa que se exigía en concordatos anteriores.

La delimitación de las circunscripciones eclesiásticas seguía de un modo relativamente constante los límites civiles del territorio; este sistema no se mantiene y es frecuente ver que una diócesis tiene territorio en varios departamentos. Se habló de la necesidad de buscar una adecuada armonía en esos límites, pero a la postre nada se ha concretado.

Como se señaló anteriormente, una extensa región de nuestra geografía aparece cobijada por la denominación de tierras de misión; gran parte de esos territorios goza en lo civil del régimen departamental y no se compadece por ello esa “capitis deminutio” en lo eclesiástico. Bien valdría la pena que territorios como la Guajira, el Chocó, Buenaventura en el Valle para citar varios de idéntica condición, fueran promovidos al régimen diocesano. La reciente elevación de algunos territorios a la categoría diocesana (Florencia y Arauca) fue una parcial y leve modificación al extenso dominio de nuestros territorios nacionales.

 

V. MATERIAS ECONOMICAS

También este tema perdió la beligerancia y el interés que tuvo en otras épocas, cuando se debatía la desamortización de bienes de manos muertas. Actualmente las formas de ayuda mutua entre las dos potestades se prestan en el campo educativo, de conservación de obras de arte, en ayuda para el desenvolvimiento de labores sanitarias y hospitalarias en tierras de misión, etc.

Sí cabe aquí dejar sentado —como consecuencia de los dos numerales anteriores— que cuando se suscribió el Concordato de 1975 se acordó la creación de una comisión mixta compuesta por representantes del gobierno y de la Conferencia Episcopal como representantes delegados de la Santa Sede para que determinara muchos puntos que genéricamente fueron concordados; que se tenga conocimiento, tal comisión, si acaso se constituyó no se ha reunido y si se ha reunido no se conocen sus conclusiones. Tuvo tal comisión la misma lamentable suerte de todas las que en los últimos años se crearon en Colombia. Sea lo que fuere, es lo cierto que el tratamiento que se dé por las altas partes contratantes a esta colaboración en lo económico es un tema de mucha importancia que incluye, entre otros, lo relativo a la buena marcha de la educación en las tierras de misiones.

 

VI. DEROGACION DE PRIVILEGIOS

Conforme a la doctrina del Concilio Vaticano II, la Iglesia no hace hoy en día valer los privilegios que antaño eran intocables. Por lo demás, el privilegio del fuero no parece necesario en estos tiempos: en efecto, ni los Obispos ni demás dignidades eclesiásticas son personas dadas a la comisión de delitos, sino que son personas intachables y de elevadas dotes morales; además, la Santa Sede tiene en sug manos los medios necesarios para restablecer en un momento dado el orden jurídico alterado o lesionado por una persona que le esté sujeta directamente; si algún obispo —por gracia de ejemplo— se desmanda imprudentemente en su conducta o es adicto a formas de comportamiento ajenas a la ley o es dado a emitir imprudentes declaraciones o comentarios o juicios lesivos para los demás, es la misma Autoridad Eclesiástica la primera en restablecer el orden jurídico lesionado o en poner coto a imprudentes comportamientos. Sobra por ende en la vida moderna el privilegio del fuero.

En cuanto al ejercicio de cargos públicos por eclesiásticos, es el Artículo 54 de la Constitución Nacional coto suficiente para evitar que fuera de la instrucción pública o de la beneficiencia sea mezclado el ejercicio de las funciones sacerdotales con aspiraciones políticas o burocráticas.

Diremos en el numeral siguiente cómo se pueden concordar formas sustitutivas a la prestación del servicio militar por parte de los eclesiásticos; con ellas, se lograría una mayor colaboración y eficiencia en el campo de la educación en los territorios misionales. Hay diócesis y arquidiócesis que deberían facilitar a los territorios de misión a los sacerdotes recién ordenados, para que por un lapso a convenir entre las dos potestades, presten sus servicios en las zonas escasas de personal culto y preparado.

El privilegio relativo a la no confiscación de los bienes necesarios para que un clérigo pueda subsistir decorosamente ya no es tal porque las legislaciones de la mayoría de los países ha vuelto principio general lo que antes era beneficio de pocos.

Y para rematar este tema, vale la pena recordar que en libro II, Cap. II del Código de Derecho Canónico, cánones 273-289 se reglamentan modernamente las obligaciones y derechos de los clérigos (este ordenamiento canónico fue promulgado en 1983, ef. A.A.S., vol. LXXV (1983) pars. 11), sin utilizar el término de “privilegios” que sí se usó en los cánones 613—625 del anterior ordenamiento canónico.

VII. EL CLERO CASTRENSE

En otras épocas, cada comandante de cuartel o de brigada designaba libremente el Capellán para sus tropas. Hoy en día se ha venido organizando esta atención pastoral y la Santa Sede ha creado dentro de su organización a nivel mundial, una Comisión Pontificia que la vigile, asesore y actualice en cada país. La Constitución apostólica “Spirituali Militum curae” del 21 de abril de 1986 ha equiparado a la categoría de diócesis en todo el mundo a los anteriormente llamados “Ordinariatos” castrenses. Ya el 25 de marzo de 1985 un decreto de la Congregación de Obispos había separado el cargo de Vicario Castrense del Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia; este decreto de la fecha indicada se conoce con la arenga “Magno Studio”.

Atender religiosamente a la tropa por parte de un capellán castrense no es lo mismo que obligar a la tropa a que sea necesariamente atendida por ese capellán católico; se ha de entender a la base de este acuerdo la libertad religiosa de los soldados, oficiales y familiares de ambos, para acudir o no a este servicio no obligatorio, no lesivo de la libertad religiosa. Darle a este tema otro alcance, es ir más allá de la realidad.

Si los miembros de las Fuerzas Armadas solicitan asistencia religiosa, les ha de ser brindada conforme a sus pretensiones y principios. Tan importante es esta materia, que muchos países concuerdan la prestación de esta asistencia con la Santa Sede: España en 1950, con revisión y actualización en el actual Concordato: Bolivia en 1961; el Salvador en 1968 y para no abundar demasiado, en Perú en fecha reciente.

Hay modos y maneras para encuadrar dentro de este tema, la prestación equivalente del servicio militar para los eclesiásticos, lo mismo que en el tema de la educación, en los territorios de misión, sin que en ninguno de ellos vean menoscabada la dignidad eclesiástica, sino que por el contrario, se acerquen a los reales problemas del país en zonas que requieren mayor atención que otras.

 

CONCLUSIONES

Qué decir del Concordato de 1975:

Este instrumento que fue levemente retocado pero que continúa en vigencia, fue y es un Concordato que pasará a la historia diplomática colombiana, como cumplidor de una misión que en su momento fue necesaria y que no se limitó solamente a poner fin al vetusto Concordato de 1887. El principal mérito del sistema radica en haber puesto fin al odioso sistema concordado en 1924 y que pasó a conocerse con el nombre de “Ley Concha”. Puso fin igualmente este nuevo Concordato al criticado convenio de Misiones suscrito en el año de 1953. No superó en cambio muchas de las posiciones que ya se habían concordado en el año de 1942, sin que con ello se quiera significar que el de 1975 haya sido reproducción de aquel.

Empero, con los tiempos que corren y conociéndose como se conoce la evolución del derecho concordatario y al examinarse el contenido y la forma de los nuevos y recientes convenios (el de España de 28 de julio de 1976 y de 3 de enero de 1979; el de Austria de 9 de enero de 1976; el de Suiza de 2 de mayo de 1978; el de Baviera de 27 de septiembre de 1979; el de Mónaco de 30 de julio de 1981; el de Italia de 1984), se ve que es indispensable y urgente la reforma y actualización de nuestro sistema Concordatario Colombiano.

 

CONSIDERACIONES FINALES

Teniendo en cuenta los factores conocidos en el medio colombiano y dada la tradición de mutuo respeto y deferencia entre las potestades eclesiástica y civil, es aconsejable mantener un régimen concordatario moderno acorde a las necesidades del momento que vive Colombia.

Una actualización de los textos concordatarios, basada en la experiencia que se ha tenido en otros países de condiciones similares o análogas a nosotros, hará indispensable la aplicación de mayor técnica jurídica para evitar artículos tautológicos o de importancia menor, comprendidos sus principios en otros generales: la verdad es que sobra demasiado articulado en el actual texto concordatario.

Otro punto adjetivo: ¿por qué la Santa Sede ha abandonado la lengua latina en los últimos convenios con varios países? Si sigue siendo el latín el idioma oficial de la Santa Sede, es preciso utilizarlo a la par con la lengua oficial del país con el que se pacta. La lengua italiana no es la lengua oficial de la Santa Sede.

Y para rematar estas ideas, considero del caso transcribir como voz autorizada la del profesor doctor Antonio Rocha en su citada obra “Matrimonio, Educación y Actualidad Concordataria” en cuya página 82 y siguientes podemos leer:

“Vuelvo ahora a tocar el tema de la política liberal concordataria en Colombia para ver si su sistematización como tendencia, algo más, como común consenso, puede tenerse por demostrada, en oposición al sistema más radical de que las relaciones Iglesia-Estado no se regulen por las dos potestades sino que se dejen flotar dentro de la mutua libertad de ambas.

No me refiero desde luego a la política conservadora porque para esta la opción es el Concordato.

De esa política liberal concordataria vengo ocupándome en esta nota desde la primera vez cuando traté ordenadamente de la actitud del partido alrededor del presidente López Pumarejo en la campaña que precedió a su elección en 1934 y en su programa como presidente electo en mensajes al Congreso de la Nación. Antes de él no fue posible el tema durante la concentración nacional del Presidente Olaya Herrera”.

Y prosigue el distinguido autor citado:

“Razonada y documentalmente he recorrido pues el tema hasta la fecha. He pasado por Alfonso López, Eduardo Santos, Darío Echandía, Jorge Soto del Corral, López de Mesa, Gabriel Turbay, Carlos Lozano y Lozano y varios Congresos de la República. Aun la gran prensa liberal como “El Tiempo” y “El Espectador

No he visto aflorar ni menos asentarse como opinión pública la política contraria de la separación de la Iglesia y del Estado, estilo Cavour. De este panorama no hay otra excepción aunque respetabilísima en sí misma, que el gran pensador y científico Luis Zea Uribe. Las mismas brillantes y progresistas administraciones de los liberales integérrimos, Carlos y Alberto Lleras, no pensaron y no quisieron tocar siquiera el tema concordatario, menos aún la política de la Iglesia libre en el Estado libre. Hay que tener, pues, cierto, como afirmacion sociológica que él partido liberal ha preferido gobernar con otras preocupaciones más urgentes y que el enfrentamiento con la Iglesia queda ya como un desafortunado ensayo político del siglo XIX”

Hasta aquí la voz autorizada del exministro y exrector del Colegio Mayor del Rosario y exembajador ante la Santa Sede. Agrega él en su tratado cómo en el plebiscito de 1957, los jefes liberales suscribieron la necesidad de la buena relación Estado-lglesia, al hacer confesión de catolicismo, y cómo la clásica cláusula del Derecho Internacional Público “rebus sic stantibus” basada en el hecho de la catolicidad del pueblo colombiano, no ha cambiado. No se conocen hechos nuevos en este campo.

De allí que no es fácil digestión para la ideología liberal colombiana, por contraria a toda tradición en este siglo, la tesis de dar por terminada toda relación entre el gobierno de Colombia y la Santa Sede, según programa político conocido y aprobado por la última Convención del Partido Liberal en 1986. La misma en que advertimos cómo para sus asistentes resultó de mayor importancia la tristemente célebre táctica de mecánica política, que el plan doctrinario del partido.

El Nuevo Liberalismo a contrario sensu, ha proclamado reiteradamente en cuanta ocasión se le ha presentado, la necesidad y conveniencia de mantener sanas las relaciones con la Santa Sede a través de un instrumento moderno ajustado a las exigencias del país y ceñido a la técnica Jurídica. Esta sí es una tesis del partido liberal.