D022 P012 | Tarea de Todos los Colombianos

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D022 P012 | Tarea de Todos los Colombianos

Conferencia del Dr. Luis Carlos Galán ante el Congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia, noviembre de 1985

Quiero presentar un saludo muy cordial a todos los asistentes a este Congreso. Estoy consciente de que se trata del auditorio más representativo del sector agropecuario del país, en cuanto que aquí no hay tan sólo un gremio sino una buena cantidad de gremios vinculados por distintas razones, perspectivas, intereses y posibilidades al porvenir del sector rural del país. Sé igualmente que estos gremios, como todos los gremios del país, están en evolución tanto en cantidad como en las formas de asociación y en las características de las personas que los integran. Estoy consciente de que aquí hay propietarios, empresarios, técnicos, asalariados y personas igualmente relacionadas con organizaciones campesinas para las cuales tiene significado especial el proceso del mundo campesino del país. Igualmente, porque lo he podido apreciar en las reuniones gremiales de los últimos tres meses, estoy consciente que en Colombia hay una modernización del liderazgo público y privado, hay más capacidad técnica, más información, hay perspectivas de análisis más amplias, ya no sólo referidas a procesos sectoriales sino a realidades nacionales e inclusive, como debe ser también, internacionales.

Hace pocos días me encontraba en otra reunión en la que comenté muchos de los temas que voy a plantear ahora; fue en Campoalegre, Huila, con dirigentes campesinos de los más diversos sectores de ese departamento y con las más diversas experiencias. Estaban allí personas que fueron beneficiadas por la Ley 200 de 1936, personas que vivieron los procesos de transformación agraria de los años 50 y 60, para bien o para mal, con experiencias diferentes. Me llamó la atención, y quiero subrayarlo, la edad de los asistentes; esperaba campesinos más jóvenes y lo que encontré en buena parte fue un promedio de edad bastante superior al promedio del país. Espero que las reflexiones que allí hice y las que voy a hacer hoy contribuyan a la identificación de criterios que podamos compartir todos los colombianos en el sector agropecuario.

Creo que lo importante no es halagar a un sector ni minimizar a otro, lo importante es construir una voluntad colectiva en medio de la compleja y contradictoria trama de intereses económicos, sociales y políticos que tiene nuestro país. Un proceso democrático debe ser esencialmente la formación de la voluntad colectiva frente a los problemas colectivos. Pienso que le hablo no únicamente a agricultores sino primero que todo a ciudadanos, a personas que se sienten responsables del proceso general de la Nación y que no limitan sus consideraciones al sector específico de sus intereses inmediatos o particulares.

Antes de comentar los dos grandes temas planteados por la Sociedad de Agricultores a los candidatos, la política agropecuaria y las perpectivas del proceso de paz, me parece importante proponer un contexto básico de reflexión desde el punto de vista del sector rural. ¿Qué le ha pasado a Colombia en estos años? ¿Qué serie de procesos económicos, sociales y políticos se han acumulado significando progreso para el país, pero al mismo tiempo poniendo en evidencia desigualdades y contradicciones?

Al sector rural también le ha correspondido vivir el influjo del proceso demográfico nacional de los últimos lustros. La población rural de Colombia no ha disminuido; ha disminuido en términos relativos sí pero no en términos absolutos. En las zonas rurales hoy, hay más habitantes de los que había hace 12 a 21 años en los censos anteriores. De todos modos, así no haya una vinculación muy clara aún de la población joven a los sectores rurales, allí también está el influjo de uno de los factores críticos del país en este momento. Para mí el centro de la crisis. Jamás hubo en Colombia tanta gente joven, entre 14 y 25 años de edad, por lo tanto jamás fue tan difícil integrar a una nueva generación en sus oportunidades y perspectivas económicas, sociales y políticas.

La inmensa mayoría de los desempleados del país, y eso vale para las zonas rurales, son jóvenes. Casi la totalidad de los guerrilleros son muy jóvenes; lo que refieren los secuestrados al volver a la libertad es que les sorprendió encontrarse generalmente con guerrilleros entre 16, 21 y 22 años de edad, los más viejos se aproximan a los 30 años. El narcotráfico, la producción, la distribución y el consumo de droga, uno de los elementos fundamentales de la interpretación de la Colombia moderna y de sus problemas actuales, está estrechamente vinculado a la juventud; y quien va a las cárceles del país encuentra que el promedio de edad de los presos oscila en torno de los 21 o los 22 años.

Para un observador de Colombia desde el punto de vista del sector rural, estos años traen también cosas positivas, interesantes, complejas. Hemos avanzado en la conquista del territorio y ahí está también parte de la crisis. Urabá, el Magdalena Medio, Caquetá, Putumayo, Arauca y Meta son nuevas fronteras ele la sociedad colombiana en donde aún no se ha consolidado esa sociedad, ni está definida, ni es eficiente, ni seria la presencia del Estado, pero son zonas que se han incorporado a la economía colombiana de todos modos en forma muy significativa especialmente para el sector agrícola. Estos han sido lustros de desarrollo de cultivos nuevos que no se introducen en poco tiempo, no los introduce un gobierno, generalmente tienen que ser el fruto de sucesivas administraciones. El arroz, el sorgo, la soya, la palma africana, el azúcar, la propia transformación del café demuestran cómo ha habido cambios importantes en el sector rural del país. Me encontré unas estadísticas sobre el área cosechada en Colombia que me parecieron significativas; estiman que hacia la década de los 50 el total de hectáreas incorporadas a la agricultura colombiana era de dos millones 700 mil, en los 60 fue de más de 3 millones 200 mil, en los 70 llegó a 3.8 millones de hectáreas, hoy estamos en 3.9, después de que hubo un fugaz momento en el cual logramos pasar de cuatro millones de hectáreas.

La urbanización le ha planteado perspectivas y posibilidades a los sectores rurales, les cambió las dimensiones del mercado, cambió la demanda interna y también significó una competencia para el sector rural sobre dos tipos de recursos, los recursos del Estado y los recursos de la economía en general. Al sector rural también le han llegado las consecuencias de las transformaciones y el crecimiento del Estado en sus funciones, en sus recursos. Un Estado cada vez más indispensable como referencia y protagonista en los procesos económicos y sociales empezó a influir en el proceso de tenencia de tierra, es decisorio en los procesos de financiación, cuenta de manera creciente en los de comercialización, decide la suerte en materia de servicios públicos y sociales e influye en materia tecnológica. Algunos dicen que hay que reducirlo, achicarlo, como si hubiese la esperanza de volver al Estado testigo, impotente e impasible de los procesos sociales. Otros quisieran más intervención del Estado, mayores recursos. Yo no creo ni lo uno ni lo otro, pienso que el reto que tenemos frente al Estado, y en consideración de todos los sectores no únicamente el agropecuario, es el de aprender a manejarlo, el de entender cuáles son sus posibilidades y perspectivas, porque sí ha crecido muy rápido pero su presencia es imprescindible y es ingenuo pensar que pueda ser reversible ese proceso.

Al mundo rural colombiano también le llegaron las consecuencias de la internacionalización de la vida de los colombianos. Cada vez más en la mente de un agricultor tiene que estar la consideración de lo que puedan ser las importaciones del país en productos agrícolas, el influjo de los excedentes agrícolas existentes en el resto del mundo y lo que eso significa en los precios en el mercado. Cada vez más para un agricultor, para un ganadero, es importante considerar el mercado externo, bien para equilibrar circunstancias del interno o para buscar nuevas pérspectivas, nuevas demandas; y cada vez más también influyen los factores tecnológicos generados esencialmente por un proceso internacional, planetario en materia de insumos y de consideraciones científicas.

Cualquier tema de la vida colombiana que uno analice, agropecuario, industrial, social, político, le lleva a reflexiones similares sobre las grandes transformaciones ocurridas en esta sociedad en los últimos 25 a 30 años. Quizá desde la época de la independencia no hubo un período más intenso en transformaciones, y esas transformaciones naturalmente han cuestionado las instituciones, las han transformado en parte, y han cuestionado al instrumento que tiene la sociedad para comunicarse con las instituciones; me refiero especialmente a los partidos políticos, que no han tenido un cambio similar comparable al que se ha dado tanto en la sociedad como en el Estado, en perjuicio de todos los sectores y de las perspectivas generales del país.

Dentro de ese marco general, ¿qué sucede con la política agropecuaria? ¿Qué significa la agricultura frente al desarrollo del país? ¿Cuáles deben ser los objetivos fundamentales? y ¿Cuál puede ser el manejo de los instrumentos?

Los objetivos siempre se mencionan y es preciso volver a ellos para encontrarle una lógica a los esfuerzos del país en la materia. Lo primero que espera la Nación de su sector agropecuario, no en términos absolutos pero sí en principio, es que le proporcione los alimentos necesarios en cantidad y calidad para toda la población; en segundo lugar se supone que el sector agropecuario debe proporcionar unas materias primas indispensables para el proceso industrial; en tercer lugar se supone que el sector agropecuario debe generar excedentes para las exportaciones y en cuarto lugar se pretende, y es indispensable no olvidarlo, el sector agropecuario debe tener un desarrollo y una organización de tal naturaleza que le garantice la calidad de la vida a la población rural del país, tanto en oportunidades de trabajo como en servicios de infraestructura física o servicios sociales. Cada uno de estos cuatro objetivos presenta hoy balances discutibles: no existe seguridad alimentaria en el país, no existe autosuficiencia, probablemente no se justifique en todos los casos y en todos los productos, pero es indispensable tenerla en mente en los consumos fundamentales.

Pienso que un gobierno que tenga en mente este objetivo debe buscar una atención a la producción de los artículos básicos de la canasta familar. En el primer semestre de este año tuvimos una lección elocuente con el caso de la papa como elemento fundamental de la canasta familiar y factor decisorio en la tasa de inflación en 1985. Naturalmente una estrategia de esta naturaleza tiene que distinguir por regiones; hay hábitos de consumo distintos en el país y hay factores naturales que condicionan las preferencias por unos y otros alimentos. El país necesita educación nutricional para completar la racionalidad de estos esfuerzos, de estas tareas. Se deben sustituir las importaciones, probablemente no todas pero sí hay algunas en las cuales Colombia tiene la posibilidad de intentarlo y lograrlo. Las importaciones de sorgo, maíz, fríjol, leche y buena parte de las oleaginosas con la palma africana, la soya y el ajonjolí; no hay razón insuperable para que el país no busque sustituir esas importaciones. No es el caso, claro está, del trigo ni de la cebada, pero la lista que señalo ya sería muy significativa en la defensa de la seguridad alimentaria del país y en el mejoramiento de su balanza de pagos en lo que se refiere a importaciones de alimentos.

El país puede exportar más, no es fácil hacerlo en un mundo en el cual aparecen cifras impresionantes en materia de excedentes, porque el esfuerzo de buscar la soberanía alimentaria es un esfuerzo universal, tal parece que tan sólo la Unión Soviética y unos pocos países más tienen dificultades insuperables para buscar la soberanía alimentaria, pero en Asia con la China a la cabeza, en América Latina con Brasil, Argentina, y ni hablar de Europa, ha habido grandes esfuerzos para conseguir la soberanía alimentaria. Y hay excedentes, así haya la paradoja de un mundo con zonas muy considerables desnutridas y con hambre. Competir en un mercado mundial de alimento, con esas características, naturalmente no es fácil y nadie lo está haciendo en términos completamente leales de mercado de competencia perfecta, ni siquiera los Estados Unidos; hay subsidios y mecanismos diversos de crédito o de otra naturaleza para ayudarles a los agricultores a defender la presencia en los mercados internacionales.

¿Qué podemos nosotros hacer en un contexto de esta naturaleza? En primer lugar aprovechar las ventajas comparativas de nuestra condición tropical, eso ya nos da un área propia para, por ejemplo, los cítricos, frutales, las hortalizas. En segundo lugar hay otro tipo de exportaciones en las cuales es posible que la rentabilidad inmediata no sea muy clara para el conjunto de la economía, pero se necesita defender el abastecimiento interno con una participación en mercados externos, es lo que ocurre con el azúcar, lo que pasa con el arroz e inclusive con el algodón, en donde sí es preciso subsidiar la presencia en mercados externos.

Naturalmente todo esto tiene un contexto general de defensa de las ventajas comparativas donde existan y de consideración en las políticas gubernamentales de aquellos factores que hoy pueden decidir si se es o no competitivo en los mercados internacionales.

Siempre se creyó que lo único, lo fundamental, era la productividad, pero cada vez más está demostrado que si no hay un buen sistema de transporte, un buen sistema de comercialización, la productividad no es suficiente. Aquí lo saben los arroceros, por ejemplo, y otros sectores que han progresado notablemente en materia de productividad, pero por no contar con un sistema de transporte interno y además con unas posibilidades de transporte hacia mercados internacionales eficientes y rápidas, pues pierden competitividad.

Se han hecho comparaciones entre determinados productos de los Estados Unidos con competidores de América Latina, como Argentina y Brasil, o competidores europeos en los que resulta mayor la productividad de los países que compiten con Estados Unidos, pero dada la eficiencia del sistema de transporte y de comercialización norteamericana, ellos logran compensar esa desventaja y superar en mercados internacionales la producción de países que tienen mayores rendimientos por hectárea y otras cualidades desde el punto de vista de productividad.

Todos sabemos que nuestro sistema de transporte y comercialización presenta fallas graves, críticas; no hemos tenido una noción de sistema de transporte en Colombia se ha desarrollado bajo sus propias reglas de juego, muy discutibles por cierto, y no ha habido una interrelación entre ellos para asegurar la movilización más rápida y eficiente de carga dentro del país y del país hacia el exterior.

En materia de calidad de la vida del campesino aparece una agenda muy importante que tiene que ver con la inversión pública, tanto en infraestructura física como social. No voy a hacer aquí diagnósticos ya conocidos, prefiero detenerme en algunas prioridades y en algunas respuestas concretas. El sector rural tiene un flujo precario en el presupuesto nacional, eso se sabe. Paradójicamente esto ocurre con un Parlamento en donde buena parte de sus integrantes están vinculados al sector rural, son propietarios de tierras, son ganaderos, en fin, tienen intereses en el sector pero no poseen una buena visión global de éste y sobre todo tienen muy poca influencia en el presupuesto nacional; excepto los llamados auxilios parlamentarios, que si bien son excesivos desde un punto de vista, son muy modestos en lo que se refiere a la totalidad del presupuesto, y el Congreso que hace todo lo imaginable por garantizar 6.500 millones de pesos que suman los auxilios parlamentarios, no se pronuncia en forma seria y completa sobre otros 600 mil millones de pesos del presupuesto de los institutos descentralizados. Entonces, el presupuesto del poder político del sector rural no se traduce en nada desde el punto de vista de la orientación del gasto público o de las políticas generales del presupuesto del Estado.

Tenemos un Estado centralista en el cual las regiones y municipios tienen muy pocos instrumentos de injerencia en el gasto público. Tampoco es nuevo ese diagnóstico, pero sí puede ser una nueva solución por la cual estamos trabajando, curiosamente unidos, todos los senadores de la Comisión Tercera, oficialistas, conservadores, alvaristas, pastranistas y el Nuevo Liberalismo. Se trata de la reforma del régimen de transferencias de la Nación a los municipios, que nosotros pensamos definitiva para fortalecer la capacidad negociadora del campesino, por algunos aspectos de esa iniciativa que ya comentaré, y para mejorar la participación de los municipios en el total del gasto público del país.

Desde 1967 en Colombia una parte del impuesto a las ventas se transfiere a los municipios, exactamente el 25%; ese es el impuesto más dinámico de todos, ya que creció casi cinco veces más que los demás ingresos corrientes del Estado a lo largo de los últimos 20 años a precios constantes. La propuesta es de duplicar la transferencia a los municipios para que estos manejen directamente la inversión que hoy ha estado en manos de instituciones descentralizadas, que pudieron justificar en otra época el desarrollo del Estado colombiano pero que hoy se han convertido en un lastre para la asignación adecuada de recursos y la eficacia del Estado en todas las regiones del país.

En ese proyecto de ley que fue aprobado ayer por la Comisión Tercera del Senado y con el visto bueno del Ministro de Hacienda, lo cual nos da esperanzas de que sea ley de la República antes de que termine este año, se dispone además una estrategia especial para los municipios de menos de mil habitantes con el objeto de que las transferencias sean mayores en esas localidades, hoy en desventaja en el acceso del presupuesto de la administración central y de los institutos descentralizados; y se dispone, que en los
municipios en donde más del 50% de la población sea campesina se encuentre en zona rural, la asignación de recursos debe respetar ese porcentaje.

La mitad del presupuesto proveniente de la transferencia del impuesto a las ventas debe asignarse a zonas rurales. ¿Cuánto es esto? Para dar una idea, este año la Nación le destina a los municipios por transferencia de impuesto a las ventas un poco más de 30 mil millones de pesos. Si se aplican las reglas propuestas en esta ley, naturalmente dentro de un crecimiento progresivo de las transferencias para no crear problemas fiscales mayores a la Nación, se pretende llegar a precios de hoy a 50 mil millones por año, la mayor parte de estos dineros para los municipios de menos de 100 mil habitantes.

Es fundamental la atención del sector educativo y del sector social en el campo; hay varias experiencias; por un lado la escuela unitaria, las concentraciones de desarrollo rural, los núcleos escolares rurales, las escuelas hogares juveniles campesinos; modelos de ese estilo son imprescindibles para lograr una unidad educativa en las zonas rurales, que hoy no existe. Hay una injusticia profunda en las oportunidades de acceso a los servicios sociales en el sector rural. Es fundamental tener en mente la situación de la mujer campesina, probablemente el sector rural colombiano más atrasado, oprimido e injustamente discriminado, sobre ellas se acumulan prácticamente todas las demás discriminaciones existentes en la sociedad. Es fundamental desarrollar la organización campesina, la transformación social y económica del campesino colombiano y convertir a las asociaciones existentes en entidades maduras, desarrolladas, completas, integrales.

Durante estos 20 años la mayor parte de las preocupaciones de esa organización campesina han estado relacionadas con el acceso a la tierra, con la tenencia de tierra, lo cual es explicable pero no suficiente. Hoy, con la experiencia de todos estos años, es fundamental que la organización campesina tenga una orientación global que incluya la preocupación por la tierra, la preocupación por los procesos productivos y por el desarrollo social.

¿Qué instrumentos especiales deben ser considerados en una política agropecuaria que trate de responder a todos estos objetivos de soberanía, seguridad alimentaria, incremento de las exportaciones, abastecimiento adecuado de materias primas nacionales y de desarrollo social en las zonas rurales? El primero es el de los recursos naturales, empezando por el hombre. No hemos definido los colombianos ninguna hipótesis siquiera sobre cuál debería ser la proporción de la población rural en el total de la población del país. ¿Continuamos con la idea de que el proceso debe desarrollarse en forma espontánea e improvisada o debe haber algún criterio en las políticas agropecuarias, deben vivir en el agro colombiano, en las zonas rurales, el 30% de los colombianos o el 25% o el 20% o el 15%?

Europa lleva más de un decenio especialmente preocupada por reducir al 5% la población rural de los países de la Comunidad Económica Europea, por diversas consideraciones sobre calidad de la vida, productividad y conceptos generales de desarrollo. Nosotros tenemos que aproximarnos a ese problema para darle racionalidad también a muchas decisiones, teniendo en cuenta además que no hemos conquistado aún nuestro territorio y que pueden ser los campesinos de hoy pocos todavía para el territorio nacional, o muchos en algunos sectores para la estructura de tenencia de tierra en determinadas regiones, o la naturaleza de las organizaciones económicas y sociales existentes en ciertas zonas del país.

Se necesita buscar la multiplicación, el desarrollo y la consolidación de lo que pudiéramos llamar clases medias campesinas. En Colombia no hay un campesino, eso es arbitrario, ese concepto es muy simple, hablar de un solo campesino; una cosa es el campesi-no de la costa, otra el llanero, otra el del altiplano, otra el de las zonas cafeteras y otra el de las zonas de colonización, y las diferencias son de toda índole: en su situación económica, nivel de ingreso, rasgos culturales, mentalidad, valores e intereses.

La Colombia humana rural no ha sido interpretada cabalmente y hay múltiples simplificaciones y generalizaciones que influyen en las políticas del Estado, como influyeron en estrategias de reforma agraria y en otros procesos de las últimas décadas. No basta una legislación o unos determinados criterios de gasto público si no se tiene en cuenta cuál es el ser humano que existe en concreto y cómo va a responder a esos criterios, cuáles sus motivaciones, sus intereses, sus costumbres, sus actitudes, sus valores. Después del ser humano, la tierra; de todos modos no se puede ignorar la tierra. Sería muy fácil ante un auditorio como el de hoy atacar procesos de redistribución de propiedad de la tierra, pero sería un engaño decirle eso a un auditorio como el de hoy o decírselo a los colombianos en las circunstancias actuales.

Se necesitan reformas en la tenencia de la tierra en nuestro país, lo cual ya no debe causar espanto a personas que se acerquen objetivamente al problema agrario del país, lo cual significa sobre todo un reto a la madurez de los colombianos para conciliar intereses y equilibrar oportunidades. No se trata de crear una incertidumbre general e irresponsable sobre la propiedad de la tierra, pero sí de movilizar al país para reformar la tenencia de la tierra, allí en donde existen presiones sociales y económicas que así lo indican, entendiendo ademas que la propiedad de la tierra ya no debe considerarse con los criterios tradicionales, hay nuevas formas de propiedad y debe haberlas porque, como bien se ha dicho, el significado de la tierra también ha evolucionado.

Hay entre ustedes gremios que señalan con razón que muchas veces vale más el cultivo que la tierra misma donde se encuentra el cultivo, por lo tanto la tierra como elemento en el proceso ha cambiado su peso específico, su significado, sus repercusiones; pero para algunos sectores la tierra sí es fundamental, por ejemplo lo es para los indígenas, su cultura e identidad está totalmente relacionada con la tierra; otros sectores de la población por razones culturales pueden desplazarse a zonas urbanas y eso sólo les significa adaptaciones a otras realidades sociales, pero para el indígena la tierra es la misma razón de ser de la vida, es el elemento fundamental de su propia identidad y a eso no le hemos dado respuesta por diversos intereses, por diversos errores en la interpretación de los derechos y oportunidades de esa población.

Las reformas agrarias no son ni buenas ni malas en sí mismas, todo depende de cómo se hagan, de la madurez de una sociedad, de una nación, para entenderlas, concebirlas y ajustarlas en el proceso de su realización. El doctor Lleras Restrepo, al dirigir una misión de la FAO que examinó una buena cantidad de procesos de reforma agraria en los más diversos puntos del planeta, encontró que en todos esos procesos hubo dos clases de países, los países que vivieron un primer proceso de reforma agraria que prácticamente siempre fracasó porque había errores, injusticias, improvisación, porque no había experiencia ni conocimiento. Pero hubo otros países que después de esa primera etapa hicieron una evaluación objetiva, desprevenida, sin radicalismos ni de uno ni de otro lado, que gracias a la reflexión de la segunda etapa para ellos, decía Lleras en su informe de la FAO, la reforma agraria trajo beneficios reales significativos para todos los sectores: los antiguos propietarios de tierra, los nuevos propietarios de tierra, el conjunto de la economía, el desarrollo económico y social de tales países.

Los colombianos en buena parte nos quedamos en la primera etapa, con los errores, las improvisaciones, las injusticias, las frustraciones, y no quisimos pasar a la segunda. Otros países pasaron a la segunda a la brava y cuando lo hicieron la reforma agraria no les resolvió los demás problemas sociales y políticos; ahí está el caso de El Salvador que se resisitió a hacer reformas agrarias y cuando las hizo no fueron eficaces para las pretensiones y necesidades de tipo político. Yo sugiero un criterio abierto y desprevenido en el tema, sin dogmatismo, sin prejuicios, o de lo contrario los colombianos nos exponemos a que continúen contradicciones fundamentales que no van a permitir ni la paz ni la organización social, económica y política del país.

Pero además de la tierra está el agua. No sé si sea cierto, pero alguien le atribuye a Laureano Gómez haber dicho en alguna oportunidad que el problema agrario de Colombia era más de agua que de tierra. Creo que la observación es muy interesante en cuanto a los problemas que presentan distintas zonas del país por sequías e inundaciones que no permiten el aprovechamiento del patrimonio agrario. Se necesita una política sobre el agua que supone preservar en proyectos de distritos de riego o en procesos de adecuación que naturalmente deben tener consecuencias económicas y sociales, para que no se formen nuevos privilegios y para que las oportunidades que se deriven de ese esfuerzo estatal, de ese esfuerzo colectivo nacional, se repartan entre la mayor cantidad posible de colombianos.

En materia de insumos algunos gremios resumen la situación de una forma bastante elocuente, dicen que en Colombia es más barato importar un alimento que comprar los insumos para producirlo en nuestro país. Creo que en materia de insumos hay ciertas prioridades, una la de los fertilizantes; no podemos llegar a la autosuficiencia pero sí podemos progresar en cierto grado razonable de autosuficiencia. No podemos producir potasio, necesariamente lo tenemos que importar; pero sí podemos producir roca fosfórica y eso sigue pendiente en los esquemas nacionales, y podemos producir nitrógeno, urea; existe un interés de soberanía nacional, un interés estratégico en que esto sea considerado en una verdadera política agropecuaria. Los fertilizantes se han encarecido por la inflación, la devaluación y además por los costos de transporte. Se necesita un esfuerzo en materia de dotación de maquinaria para el país. Es necesario estimular la inversión en maquinaria; hubo normas fiscales que en los últimos años crearon desaliento en ese sentido y eso debe ser objeto de una revisión.

Se necesita impulsar un proyecto que el sector político al que pertenezco ha promovido en el Congreso, es el de una tarifa especial para el servicio de energía eléctrica en el sector agropecuario; el gobierno objetó por inconveniente este proyecto pero tanto en la Cámara como en el Senado se han rechazado las objeciones del gobierno, y pienso que en el curso de las próximas semanas esto será ley.

El consumo eléctrico del sector agropecuario es muy bajo, no llega al 1% del total de la energía consumida en el país, luego una tarifa diferencial para ese sector no debe causar ningún problema fundamental y significativo en el problema global de financiamiento del sector eléctrico. En cambio, como seguramente lo han vivido muchas de las personas de este auditorio, los esfuerzos realizados para conseguir la electrificación del sector rural, y a través de ello unas determinadas posibilidades de transforrinción agroindustrial o esfuerzos en materia de riego, o sistemas de extracción de agua, etc., han sido gravemente afectados por tales tarifas, que pesan mucho para los cultivadores de arroz en algunos sitios del país, para los lecheros, y pesan mucho no sólo para sectores específicos productores actuales sino para las perspectivas de modernización del sector rural.

Tenemos el tema tecnológico en donde la propuesta fundamental es la de coordinar lo existente, reconociendo la posibilidad de un sistema nacional de investigación con muchos protagonistas complementarios; por un lado los entes estatales; el ICA, que se vino a menos por culpa de la politiquería, por problemas de gestión, por problemas presupuestales; los gremios que transfieren tecnología; ciertos centros privados que están realizando investigaciones muy importantes en café, azúcar, banano, palma africana; las universidades y organismos de origen internacional como el CIAT que también tiene un aporte fundamental en materia de investigación tecnológica.

La situación fianciera de los agricultores del país es difícil, como es difícil la situación general del sistema financiero nacional. El sector tiene que concurrir a ese proceso a buscar la defensa de sus oportunidades, pero debe estar consciente de que todos los sectores productivos están compitiendo por esas oportunidades de financiación. Lo importante está, entonces, en la definición de prioridades y en la distribución justa de oportunidades para todos los sectores productivos, reconociéndole al campo, al sector rural, naturalmente una parte fundamental de tales oportunidades.

Ya mencioné la importancia del problema de comercialización; quiero subrayar que la propia Biblia nos enseñó que existen las vacas gordas y las vacas flacas, que existen los ciclos para todos los sectores productivos, y que para afrontarlo se necesita tener sentido de previsión y mecanismos que permitan regular los procesos y equilibrar las contingencias.

La Federación de Cafeteros sigue siendo el gran modelo para tener en cuenta en el proceso de organización de los distintos sectores productivos, para poder crear sistemas de financiación de las existencias reguladoras y para poder dar garantías en la compra de las cosechas y en el manejo general de los sectores, no únicamente desde ese punto de vista sino de todo el proceso productivo y tecnológico, como ocurre en el café.

Si bien los gremios del país han progresado, como lo dije al comienzo y es evidente para todos, uno de los escenarios interesantes de progreso para estas organizaciones colombianas es el desarrollo de una mayor influencia de los mismos en el proceso de comercialización, en la comercialización externa y en general en los procesos productivos, con todos los demás temas siempre mencionados de centros de acopio, red de frío, cooperativas, agroindustria. Como bien señalan algunos, en esencia la agroindustria es un desarrollo agrícola integrado con mercados nacionales y extranjeros. Existe agroindustria en donde hay mayor noción del mercado interno y externo para poder racionalizar procesos productivos y ganar valor agregado. Al sector privado le corresponde un papel fun-damental en todo esto.

Es un sistema de economía mixta como es el colombiano, y debe seguirlo siendo para defender la libertad de los colombianos y el equilibrio de nuestro desarrollo, al Estado le corresponden ciertas obligaciones que conviene también subrayar en este examen panorámico; en primer lugar seriedad en el Ministerio de Agricultura; no puede continuar la inestabilidad de ese ministerio, no puede haber política agropecuaria, no pueden haber planes de desarrollo agropecuario si los ministros no alcanzan a durar un año como lo indican los promedios de varios lustros, casi que de varias décadas en el manejo del país, con fracaso y frustración para todos, porque el gobierno pasado, por ejemplo, nombró ministros políticos y los cambiaba todos los años, y naturalmente su balance fue muy discutible, muy precario y el gobierno actual ha nombrado ministros provenientes de los sectores gremiales y su balance tampoco ha sido ni puede ser satisfactorio dentro de esa inestabilidad.

Cada ministro llega a su despacho con un equipo nuevo y mientras ese equipo asimila los elementos de trabajo, la información, las perspectivas no alcanzan a trazar una verdadera política agropecuaria; improvisa, responde con mentalidad de bombero a las coyunturas y circunstancias, y naturalmente el descrédito del Estado en la orientación de la política agropecuaria es cada día mayor. En esa forma no hay planes verdaderos, ni puede haber política agropecuaria en esas condiciones, y no puede haber poder en el Ministerio de Agricultura.

Hasta la administración del doctor Lleras Restrepo el Ministerio de Agricultura fue una especie de minis-terio comodín en la conformación de los gabinetes, después mejoró el peso específico de ese ministerio pero me temo que en algunas oportunidades se ha debilitado en perjuicio en general de todo el sector rural, porque ese ministerio tiene que ir a la Junta Monetaria, al diálogo y a la negociación con otros ministerios y no lo puede hacer en forma acertada dentro de ese contexto de improvisación y de desorden.

Es importante que en el Ministerio de Agricultura tengan influencia todos los sectores vinculados globalmente a la política agropecuaria. Los gremios tienen una cierta influencia en el Ministerio de Agricultura que depende muchas veces de la personalidad de sus líderes gremiales o de la contingencia que esté viviendo el respectivo gremio. Se necesita, lo digo objetivamente, una mayor influencia de los campesinos, cuya participación en las orientaciones de la política agropecuaria es mínima, por no decir que nula.

Quiero hacer unos comentarios finales sobre el tema de la paz, que todos sabemos daría para muchas reflexiones y evaluaciones, pero buscando un énfasis en los puntos prioritarios quiero aludir a lo siguiente:

En primer lugar el Plan Nacional de Rehabilitación que, según lo que se aprecia en la mayor parte de las regiones del país, no ha pasado de ser otra frustración. Lo que encontramos en un foro en el Caquetá al hacer el análisis de lo que pretendía el Plan de Rehabilitación en ese departamento fue una nueva clasificación del mismo gasto público de siempre. Llamaron aporte del Caquetá al Plan de Rehabilitación los 900 millones del presupuesto departamental, nada adicional ni en cantidad ni en orientación de ese mismo gasto público, y lo propio ocurrió con las demás instituciones del sector público. No hubo ni ha habido recursos nuevos en forma significativa, claro que eso es explicable por la crisis fiscal pero de todos modos no hubo claridad por lo menos ante el país para manifestarle que el Plan de Rehabilitación tenía que corresponder a otras posibilidades, o tenía esos condicionamientos y no se podían exagerar las expectativas. Sin embargo, sí ha habido estudios y análisis y hay una información valiosa, muy importante que no se pierda, al menos desde el punto de vista mío —si es voluntad del pueblo colombiano que el año entrante conduzca el Estado— recogeré esa información, la consideraré y la aprovecharé para darle la aplicación máxima posible en los planes de desarrollo que se tracen.

Pienso que el proceso de paz no puede ser visto únicamente desde el ángulo de las manifestaciones patológicas que todos conocemos, y naturalmente repudiamos, como el secuestro, la extorsión, el boleteo; todas esas son manifestaciones de una profunda y grave crisis social y política. Personalmente creo que la clave para lograr la paz en Colombia es tener en nuestro país sencillamente una verdadera democracia; no la tenemos. Es una democracia restringida, incompleta, parcial, llena de fallas y carencias. No hemos modernizado la política en Colombia ni en el sector rural ni en el urbano. No hay educación política en el país.

La inmensa mayoría de los colombianos no conocen sus instituciones, y es válida la frase aguda y sabia del maestro Echandía hace poco cuando dijo que: nuestra democracia era un orangután con sacoleva. En verdad no nos hemos preocupado por darle a esa democracia su contenido real, y pienso que eso es responsabilidad de todos pero en primer lugar de los partidos políticos, porque es una de sus tareas esenciales construir el contexto cultural de comportamiento, valores y actitudes sin los cuales no existe la democracia.

La democracia es fundamentalmente un problema de conciencia colectiva. Una sociedad que en verdad quiera gobernarse por un sistema democrático tiene que conseguir la construcción de esa infraestructura cultural de la democracia, que no se ha dado en nuestro país, para que esas instituciones puedan ser representativas y eficaces; hoy lo son para una buena parte de la población pero no podemos decir que lo sean para todos los colombianos. No podemos ser indiferentes a la baja participación política de los colombianos y a la precaria calidad de esa participación. Todos proclamamos que lo fundamental es la vigencia del orden jurídico, claro que sí, pero ese orden jurídico debe tener una legitimidad política garantizada por una participación verdadera del pueblo en la elaboración de las leyes y en la conformación de tal orden jurídico.

La inmensa mayoría de los campesinos del país participan en las elecciones pero no lo hacen con conciencia verdadera sobre sus derechos y deberes, ni con información adecuada sobre el tipo de decisiones que se producen en el proceso político. El proceso de la burocratización, del clientelismo, ha deformado la democracia colombiana, nos creó otro tipo de estructura política que nos ha sustituido la voluntad popular, y cuando está sustituida la voluntad popular en el origen de las instituciones, en el origen jurídico, lo que aparece es la fuerza de un modo u otro como elemento que origina o determina la autoridad y le permite su supervivencia.

Hay un problema básico político de desarrollo de la democracia colombiana que no puede ser disimulado ni soslayado si en verdad queremos afrontar el problema. Como punto de partida para afrontar los problemas sociales y económicos, creo que en una democracia política verdadera llegan necesariamente las reformas sociales y económicas para complementar el proceso de transformación de esa sociedad. Pienso que ese problema de la democracia política se ha subestimado en el país, con expectativas de corto plazo o por la sustitución que en el poder político han determinado los partidos en su comportamiento y en sus características. Ahora tenemos muchos riesgos, entre ellos hay uno muy delicado y es que perdamos la serenidad y la objetividad para responder a los retos de hoy.

Los terroristas, lo enseñan las lecciones de muchos países del mundo que han vivido experiencias similares, buscan varios objetivos con su metodología; buscan amedrentar al Estado para denunciar su supuesta impotencia frente a sus retos o llevarlo a la trampa de la respuesta bárbara y ciega, y eso es peligroso; la respuesta tiene que ser inteligente, no puede ser ciega, la respuesta ciega es fácil, cómoda e inmediatista pero no funciona, sobre todo cuando se quiere defender una democracia, cuando se quieren preservar unos valores, unos principios que le dan legitimidad moral, ética a esas instituciones. Todos los demócratas, cualesquiera que sean nuestras preferencias políticas, tenemos que tener en mente siempre esos valores éticos y esos principios que le marcan un límite al uso de la fuerza. La respuesta de la fuerza, repito, funciona en el corto plazo (aparentemente) pero no funciona en el mediano y en el largo plazo; ahí está la experiencia de Argentina y de los países del cono sur, del gobierno de Chile hoy repudiado por la misma sociedad que hubiera encontrado justificaciones y explicaciones a su desempeño o a su surgimiento hace doce años, y hoy no lo respeta, no lo puede respetar. Por eso la perspectiva no puede ser la inmediatista, la perspectiva debe ser la de todo el proceso.

Debemos entender además que el proceso no es sólo de Colombia, el proceso es de América Latina. El continente está en convulsión y lo estará inexorablemente durante los próximos quince años, y los que prometan soluciones de corto plazo o están mal informados o le están faltando a la verdad a las sociedades al tratar de interpretarlas. La deuda externa de América Latina, el desempleo, las desigualdades económicas, sociales y políticas plantean contradicciones que no se resuelven fácilmente. Quienes queremos y creemos en la democracia tenemos una responsabilidad mayor en el proceso para preservarla, defenderla, desarrollarla y demostrar su eficacia. Se cayeron las dictaduras militares de la mayor parte de los paises de América Latina no por éxito del desarrollo de la conciencia democrática de Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, sino por la situación económica externa que arrodilló esas dictaduras. Entonces estas democracias han heredado una crisis económica, la más grave de la historia de América Latina. Nosotros de un modo u otro estamos en el mismo contexto así hayamos definido, como por fortuna lo hemos hecho, ese cierto patrimonio democrático que con todos sus defectos tiene el país, en ese proceso está Colombia.

El incendio puede estar en algunas zonas del territorio nacional, está en Centroamérica, ahí están las llamas más visibles pero el combustible está regado por todo el territorio de Colombia y por toda América Latina. Pienso que la respuesta debe ser la de los demócratas, esencialmente la de defender unos valores, unos principios, la de crear una conciencia nueva frente a los retos políticos y las responsabilidades sociales.

Creo que fue muy lógica y explicable la reunión de expresidentes que convocó el presidente Betancur. Hay ciertamente una autoridad histórica y una autoridad política en estos protagonistas, pero no nos hagamos ilusiones de creer que la salida de Colombia estará por acuerdos en el vértice ni de las más altas personalidades del país ni de las maquinarias y las organizaciones políticas. El reto es político y en el reto político la respuesta la tiene que dar la Nación entera, y es necesario convocarla, organizarla, informarla y movilizarla para que ella fundamentalmente sea la que el año próximo, en marzo y mayo, exprese su voluntad, cualesquiera que sean sus preferencias.

La única manera de equilibrar el proceso político nacional es una expresión masiva, consciente, directa del pueblo, y eso es tarea no simplemente de quienes hemos asumido unas responsabilidades de unas candidaturas o unos proyectos políticos, sino que es tarea y responsabilidad de la totalidad de los colombianos. Eso pienso yo. Son algunos de los retos que nos esperan, son las principales responsabilidades, y por haber recorrido a Colombia, como lo he hecho en estos años, en forma muy intensa, pienso que en medio de las dificultades, las íncógnítas e interroiantes de todos modos hay una gran fuerza nacional, que si sabe obrar con inteligencia, equilibrio y lealtad a unos valores humanos, a unos principios democráticos, lograremos sortear esta crisis, que tenemos que afrontarla y creo que somos capaces los colombianos de superarla.