D031 P013 | Gestión de Rodrigo Lara Bonilla frente al Ministerio de Justicia

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D031 P013 | Gestión de Rodrigo Lara Bonilla frente al Ministerio de Justicia

Rodrigo Lara Bonilla

 

Por: Libardo Rodríguez

Aunque Rodrigo Lara le dedicó especial atención a la lucha contra el narcotráfico, otro interés fundamental como Ministro de Justicia fue el de reformar desde sus bases la justicia colombiana. Lara pasará a la historia por su tenacidad y su valor al enfrentar a los narcotraficantes. Pero también debe resaltarse la otra batalla a la que también dedicó largas horas y que dejó como resultado un plan de reformas que su sucesor, Enrique Parejo González, desarrolló posteriormente.

La gestión de Rodrigo Lara en el Ministerio de Justicia incluyó cinco frentes: la reforma integral de la Justicia Penal, la lucha contra el narcotráfico, la asistencia a la rama jurisdiccional, la administración penitenciaria y aspectos administrativos del Ministerio de Justicia.

 

LA REFORMA

La reforma Integral de la Justicia Penal que proyectó el Ministro Lara se basa en propósitos y principios claros y definidos. La dignificación de la administración de justicia, la capacidad de la justicia para disponer de sus propios recursos, la igualdad procesal y la celeridad de los trámites judiciales. Esto significa que debe trabajarse por mejorar el nivel profesional de los jueces y la presentación de los despachos para que la ciudadanía recupere su confianza hacia la actividad de juzgar; cada caso debe ser tratado en igualdad de condiciones, recibir la misma protección del Estado y tramitarse con la mayor rapidez posible, lo que no se logra reduciendo pasos sino agilizando, gracias a la tecnología, el obsoleto ritual que desde hace largo tiempo viene caracterizando a nuestra justicia. Para lograrlo se debe cambiar como primera medida el tradicional concepto del juzgado. Este debe dejar de ser un dueto integrado por juez y secretario con máquina de escribir para darle paso a un esquema de empresa en la que un equipo de personas le facilitan al juez todos los elementos necesarios para edificar un proceso y tomar una decisión justa en un tiempo razonable. Por otra parte, es necesario intentar alternativas punitivas diferentes al encarcelamiento. Las penas privativas de la libertad están lejos de cumplir a cabalidad su papel de readaptar individuos para que sean útiles a la sociedad. Para ello es indispensable, por un lado, descriminalizar algunas conductas y despenalizar otras y simultáneamente seleccionar algunas conductas punibles para que reciban un tratamiento en manos de autoridades de otra índole, que actúen más en el plano de la prevención y de la educación. La represión carcelaria debe ser un recurso extremo. Por último, deben reformarse varios aspectos de la estructura de la administración de la justicia en el campo del procedimiento penal, aunque estos no tienen sentido si no van acompañados de una reforma sustancial en el ejercicio de la abogacía, en los sistemas de selección y promoción de jueces y en la capacitación de los mismos.

 

JUSTICIA AGIL Y MODERNA

Los adelantos de tipo técnico que apoyarían la modernización de la administración de la justicia incluyen la creación de una oficina judicial, cuya misión sería la de sustraerle al juez tareas de coordinación e información interinstitucional (antecedentes, capturas, trámites carcelarios, etc.), y operaciones de carácter administrativo como manejo de personal, dotación de oficinas o manejo técnico del archivo; también se hace necesaria una unidad de microfilmación, una oficina de información y reparto que se encargue de eliminar el juzgado de reparto y que a la vez reciba las denuncias, los avisos de iniciación de sumarios y los despachos comisorios. Un computador se encargaría de repartir de manera aleatoria y equitativa los distintos procesos a la vez que se podría localizar oportunamente un determinado proceso y sería posible conocer el estado en el cual se encuentra. Por otra parte es necesario centralizar las bibliotecas que en forma separada se manejan en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Ministerio de Justicia. La tecnología de la informática es otra herramienta que permite agilizar los procesos judiciales gracias a las ventajas que ofrece el procesamiento automático de la información. También se requiere la organización de un sistema integrado de la instrucción criminal, bajo cuya dependencia queden Medicina Legal y la Policía Judicial. Esto permite que tales actividades sean orientadas por el juez y también que los despachos judiciales cuenten con los servicios auxiliares que requiere una investigación. Por último, el Ministro Lara propuso la reorganización de la Medicina Legal, no sólo a nivel técnico-administrativo sino aumentando el número de seccionales.

 

EL NARCOTRAFICO

La lucha contra el tráfico de estupefacientes se adelantó en diversos frentes. Por un lado, el Consejo Nacional de Estupefacientes desarrolló una serie de programas preventivos y de control. Entre los preventivos se destacan programas de tipo educativo, creación de centros asistenciales y otro tipo de medidas complementarias; entre los programas de control se incluyen la restricción a las importaciones de materias primas como éter, indispensable en la preparación de la cocaína, suspensión de permisos de operación de aeronaves comprometidas con el tráfico de drogas y fumigación de áreas cultivadas; esta última medida ha sido tal vez la más controvertida pues los herbicidas utilizados ponen por lo general en peligro los ecosistemas circundantes y la calidad de los productos agrícolas expuestos a los venenos. Sin embargo, es importante anotar que después de un estudio realizado por los organismos especializados en la materia, tanto en el Ministerio de Salud como en el de Justicia, se rechazó el uso del paraquat con fines de fumigación de plantas como la coca y la marihuana, por haberse comprobado sus graves consecuencias no sólo para el medio ambiente sino para el ser humano. La labor adelantada por el Consejo Nacional de Estupefacientes fue complementada posteriormente por el Estatuto de Estupefacientes con ley implantada por el Ministerio de Justicia. Medidas complementarias desarrolladas en coordinación con otras entidades como Impuestos Nacionales, la Superintendencia Bancaria y la Procuraduría permitieron desarrollar un proyecto de ley tendiente a la adopción de normas relativas a la investigación de dineros y capitales de sospechosa procedencia.

A nivel internacional, fueron puestos en marcha los convenios celebrados con los países vecinos y también se hizo posible que las Naciones Unidas patrocinaran un programa de sustitución de cultivos de coca y marihuana.

 

JUECES SOLVENTES

Otro plan bandera desarrollado por Rodrigo Lara Bonilla como Ministro de Justicia fue el de la asistencia de la rama jurisdiccional. Es indispensable contar con jueces solventes a nivel intelectual y moral, con una remuneración digna de su oficio. Para ello buscó la creación de la escuela judicial. Su objeto no es suplantar las facultades de derecho sino perfeccionar y especializar a los funcionarios. También se creó una comisión encargada de adelantar los estudios necesarios para poner en funcionamiento la Carrera Judicial. Este programa pretendió establecer un sistema a través del cual se seleccione, se garantice la estabilidad y se promueva a los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional. Otras medidas buscan mejorar las condiciones de vida de los servidores de la justicia mediante mejoras salariales y prestacionales, creación de un fondo de vivienda del poder judicial, afiliación a las cajas de compensación y sistematización del Registro Nacional de Abogados.

 

LAS CARCELES

La Administración Penitenciaria también fue objeto de un cuidadoso estudio por parte del Ministro Lara Bonilla. Para corregir el funcionamiento de las cárceles, se requiere un replanteamiento arquitectónico de los centros de reclusión, el mejoramiento del personal de guardia y la revitalización del sistema progresivo, encaminado a humanizar la situación de los reclusos y de paso ayudar a su resocialización. Los diferentes aspectos que deben mejorarse en esta materia son la seguridad carcelaria; la guardia carcelaria, que requiere incrementar el número de guardianes; la creación de brigadas jurídicas que apoyen a los jueces para resolver la situación de aquellos sindicados carentes de recursos económicos; es necesario adecuar frenocomios para recluir a los alienados mentales sindicados de algún crimen, donde reciban un tratamiento siquiátrico adecuado; es indispensable resolver el problema del hacinamiento y promiscuidad de las cárceles colombianas; el trabajo carcelario debe ser diversificado e incrementado a la vez que sus productos deben lograr salidas comerciales; otro frente que no ha sido desarrollado y que constituyó preocupación del Ministerio de Justicia es el de la asistencia a los postpenados; el servicio médico penitenciario es deplorable; las campañas de alfabetización en las cárceles han logrado grandes avances y este trabajo no debe descuidarse; el sistema progresivo, que consiste en aplicarle a los penados un régimen disciplinario que se atenúe a medida que pasa el tiempo de su condena, fue creado en 1965 pero se paralizó al poco tiempo; es indispensable legalizar la reforma carcelaria y descentralizar las prisiones.

Esta tarea es monumental y en menos de un año de gestión el Ministro Lara apenas logró esbozar la estructura del nuevo orden de prisiones y se iniciaron algunas tareas concretas que sus sucesores han continuado y promovido. Es posible pensar en un nuevo futuro para las prisiones colombianas, en las que se apliquen sistemas técnicos y científicos para que dejen de ser escuelas del vicio y antros de perdición. Por último, el Ministro Lara adelantó reformas administrativas dentro del Ministerio para agilizar su operatividad interna. En menos de un año logró sacar del marasmo administrativo al Ministerio de Justicia y adelantó una serie de proyectos que desde hace décadas habían sido aplazados inexplicablemente. El panorama actual de la Justicia deja todavía mucho que desear. Pero los delineamientos esbozados por Lara y que fueron desarrollados por Enrique Parejo y su equipo permiten esperar mejores tiempos. Lara no sólo se dedicó a combatir el tráfico de estupefacientes. También se ocupó de las reformas que requiere la justicia colombiana, aunque esta tarea la desarrolló en forma más callada, sin que la opinión pública tuviese suficiente conocimiento de ella.