D036 P030 | Desarrollo Petrolero en Colombia

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D036 P030 | Desarrollo Petrolero en Colombia

Elementos para una Estrategia

Por Francisco Chona

 

1. HACIA UNA POLÍTICA PETROLERA

El petróleo colombiano adquiere cada vez más un papel preponderante en la economía nacional, como factor de desarrollo del propio sector energético, como fuente importante de divisas para alimentar la balanza cambiaria, como sector que transfiere importantes recursos internos tanto en el campo fiscal como hacia otros renglones de la industria.

Todo esto resumido se traduce, sin duda alguna, en factor de bienestar para la sociedad colombiana.

Teniendo en cuenta esa importancia múltiple del petróleo para la economía nacional, es indispensable que un gobierno le trace unos derroteros claros para su crecimiento y le elimine todas las interferencias que puedan estar limitando su desarrollo.

Descontadas estas premisas, es necesario igualmente fortalecer el ente estatal encargado de desarrollar la política establecida para tal efecto y lograr ser una contraparte seria y eficaz, para poder canalizar, de la mejor forma, la inversión extranjera que normalmente se ha requerido en este campo.

 

2. LOS BENEFICIOS DEL PETROLEO

Son claros los beneficios del petróleo en una sociedad como la nuestra. En el momento, las exportaciones de petróleo y derivados representan el segundo renglón de ingresos de divisas para el país: En 1988, no obstante la depresión que sufrieron los precios en el mercado internacional, este rubro representó más de novecientos millones de dólares (US$900), siendo el segundo en importancia después del café.

En materia de transferencias, considerando los impuestos pagados, generados y recaudados por Ecopetrol en la vigencia correspondiente al año de 1988, adicionados con las regalías petroleras y transferencias a la nación, se obtiene una suma de ciento setenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro millones de pesos ($172.354). Si relacionamos esta suma con el total de los ingresos operacionales de la Empresa en el mismo período ($534.613 millones), se obtiene que el tributo de Ecopetrol con base en sus ingresos brutos fue del 32.2%. Este es un parámetro que se debe mirar con mucha atención, por parte del gobierno, en una empresa cuyo balance arroja una pérdida no operacional de ochenta y siete mil ciento cuarenta y dos millones de pesos ($87.142) para la vigencia del año 1988.

La discriminación de los tributos exigidos se detalla de la siguiente manera:

* Valor pagado por concepto de Retención y Anticipos.

 

3. BASES PARA UNA POLÍTICA SANA Y EFICAZ

Reconociendo la serie de beneficios que aporta el sector petrolero a la nación, es indispensable establecer claros y precisos derroteros para la administración de este sector por parte del Estado.

En primer lugar, la dirección de la política de este recurso de tanta trascendencia política, económica y social —ya que constituye sin duda uno de los puntos claves para el manejo de la política de paz y de la subversión—, …debe tener un fuero de carácter presidencial.

En segundo lugar, el Estado deberá tener una participación progresiva en los diferentes aspectos de la explotación de los hidrocarburos, teniendo en cuenta que de dicho sector provienen recursos de gran significación para el financiamiento de las políticas de otros sectores económicos y especialmente de los programas de acción social, que deben ser la prioridad del gobierno.

En tercer lugar, el petróleo, y más amplio aún, el sector enérgetico, debe estar plasmado como uno de los sectores líderes del desarrollo nacional y, por lo tanto, debe ser parte estratégica en la concepción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo que se pretenda seguir hacia el futuro.

En cuarto lugar, deben eliminarse las interferencias que sobre los recursos de este sector se presentan a diario, por parte de diferentes entes estatales, lo cual hace difícil y prácticamente imposible la planeación del sector petrolero a mediano y largo plazo.

En este sentido, debe definírsele una contribución única —por grande que sea— de tal manera que el sector no se vea asediado por las diferentes agencias del Estado, con crónica escasez de recursos.

En este aspecto, el gobierno central debe fijar una política unificada en materia de tributación o de transferencias de recursos, como es el caso de la diversidad de destinos que se le dan al precio de la gasolina y que ponen en serio peligro, tanto la estabilidad del ente estatal rector de la política, como a las mismas entidades que aspiran a recibir beneficios directos del petróleo. La planificación que se haga a través de la compañía estatal del sector petrolero, tiene que ser independiente del sector gubernamental, puesto que al no existir reglas claras, los recursos de Ecopetrol siempre se transferirán en desorden al gobierno, con grave perjuicio para la industria cuya planeación trasciende los cuatro años de la duración constitucional de nuestros gobernantes.

Alrededor de esta gestión desordenada del gasto de los recursos petroleros, se han dado todas las distorsiones que pueda imaginar un equipo económico de gobierno. Es lo que le sucede a la Empresa Colombiana de Petróleos, dedicada hoy día a numerosas inversiones que nada tienen que ver con sus objetivos; desde puestos de salud, acueductos, escuelas, carreteras, campaña libertadora, etc., hasta la rehabilitación nacional.

Por lo tanto, y como se señaló, es necesario que el gobierno nacional perciba todos los recursos que considere convenientes a través del petróleo, y que por medio del CONPES o por el organismo que estime adecuado, haga una asignación eficiente y ágil de dichas transferencias y en esta forma se exonere a Ecopetrol de esa desviación de objetivos para los cuales no fue creada ni está organizada.

Con este mismo criterio deberían manejarse las regalías del petróleo, haciendo una asignación y redistribución de ese recurso a nivel nacional, con el fin de no seguir fomentando la inequidad entre unas regiones y otras, que pueda provocar en el futuro fuertes diferencias entre regiones ricas y pobres, cuando el petróleo debe ser un recurso al servicio de la nación entera.

Como se pudo apreciar anteriormente y de acuerdo con datos actualizados, las transferencias de recursos de Ecopetrol por distintas vías, representaron el año pasado el 32,2% del total de sus ingresos, creándole a la empresa estatal toda serie de conflictos con diversos organismos del Estado. No es aceptable que muchos entes estatales, por carecer de una planeación seria, vivan de ese presupuesto ” informal”. Si dicho porcentaje pasara automáticamente a un ente designado por el gobierno, para que éste a su vez reasigne ese gasto a nivel nacional, sería enorme la racionalidad que se lograría en beneficio de todo el Estado. Esta sería una forma sana y equitativa de Planeación y Ecopetrol podría dedicar con toda intensidad el resto de sus recursos económicos y su potencial humano al cumplimiento de sus objetivos.

 

4. REFORMA LEGISLATIVA

A todas aquellas propuestas mencionadas en el punto anterior, debe responderse con los ajustes que sean necesarios en la legislación vigente.

Es indispensable que el gobierno tenga claridad en las políticas que se ejecutan en el sector petrolero y los resultados económicos que las mismas producen. Dichos resultados deben ser claros tanto desde el punto de vista de la política de la empresa Estatal, en forma directa, como en sus logros en la actividad que ejerce en asocio con las compañías extranjeras.

 

5. OTROS VACÍOS Y LIMITANTES

A continuación se enunciarán otros limitantes y vacíos, de la política petrolera:

—La falta de una estrategia en materia de refinación, que defina en forma precisa su acción hacia el futuro ya sea para que la adelante el Estado, la empresa privada nacional o extranjera, o en forma mixta con capital mayoritario estatal. A estas al turas, después de quince (15) años de haberse colombianizado la refinación en Colombia con la compra de la Refinería de Cartagena, hay intepretaciones de juristas e industriales que aseguran que la actividad refinadora de petróleo es libre.

—La carencia de una política de transporte de crudos por oleoductos. Este vacío impide saber de una vez por todas, quién tiene el manejo y la administración de estos oleoductos; cómo debe ser la inversión para la construcción de nuevas líneas; si es factible o no, tal como está ocurriendo en la actualidad, que el Estado tenga que pagar por el transporte de su propio crudo como lo pretende hoy día la Occidental al querer cobrarle a la nación el transporte del petróleo que le corresponde a Colombia como regalía. Que exista una definición sobre los oleoductos que se construyan bajo el sistema de Asociación. La figura jurídica bajo la cual se creó y construyó el oleducto Caño Limón-Coveñas está plagada de indefiniciones.

—Determinar claramente el desarrollo de la petroquímica, ligada íntimamente a la política de refinación y a las nuevas refinerías que se puedan establecer más adelante en el país. Igualmente el desarrollo de toda la industria paralela a este sector (plásticos, fertilizantes, etc.). El sector petroquímico avanzó en Colombia hasta cuando el gobierno del Presidente López Michelsen se lo asignó al IFI. Se han perdido quince (15) años como consecuencia de una política regresiva en el sector petroquímico.

—Fijar los usos del gas asociado al petróleo, cuando éste sale de explotaciones en concesión o bajo contratos de asociación. Se continúa quemando gas en Huila y Casanare por falta de una política clara en esta materia.

—Definición de la política de precios de combustibles. Es el mismo gobierno el que maneja en forma anárquica estos precios. Unas veces los precios internos responden a los precios internacionales y otras veces no, causando un enorme desequilibrio en el presupuesto de Ecopetrol y por ende del Estado. El equipo económico debería tener pautas claras y permanentes para determinar los ajustes, teniendo en cuenta sus serias implicaciones inflacionarias, aunque el incremento mismo del precio de la gasolina no tenga una gran incidencia en los costos generales del transporte.

Es clara la trascendencia de estos reajustes en la economía general del país y su repercusión en materia social. También son conocidos los efectos de estos reajustes, en las negociaciones anuales del salario mínimo y en general de la política laboral.

—Establecer la participación del petróleo en el Programa Nacional de Desarrollo que permita la ejecución armoniosa de prioridades definidas frente a las demás fuentes energéticas que quiera desarrollar el país en el futuro.

—Definir la participación de los recursos petroleros en otros sectores de la economía, ya sean afines o no.

6. FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA ESTATAL

Previo el cumplimiento del requisito básico de dotar al país de una política clara para el desarrollo de sus hidrocarburos, se puede determinar el camino de Ecopetrol y de su radio de acción en el concierto nacional e internacional.

Teniendo en cuenta todas las recomendaciones de política anteriormente anotadas, se hace necesario precisar las tareas que puede desarrollar la empresa estatal petrolera , como:

—Exploración y explotación de hidrocarburos, investigación, acopio y desarrollo de nuevas tecnologías tanto de su área productiva como de su factor humano.

—Refinación, transporte y distribución de los mismos.

—Aprovechamiento del gas natural para el consumo doméstico, industrial y del parque automotor.

—Desarrollo petroquímico paralelo con la actividad refinadora,

—Incursión exploratoria en otros países con igual o menor desarrollo petrolero relativo.

 

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y FACTOR HUMANO

En esta materia y con el objeto de garantizar el éxito exploratorio al país, la empresa estatal debe emprender una ambiciosa política de capacitación de personal y de asimilación de tecnologías extranjeras. Tal actividad debe desarrollarla a través del Instituto Colombiano del Petróleo, entidad creada en buena hora, precisamente para cumplir con dicho objetivo, el cual se ha enrarecido por los últimos acontecimientos que se han registrado en el sector.

Contando con el personal idóneo y con todo el cúmulo de conocimientos que se ventilan en la industria petrolera mundial, Ecopetrol puede desarrollar con excelente resultado su misión de explorar en las áreas con mayor potencial en el país. Así, los recursos de inversión que previamente debe haberle garantizado el Estado, pueden ser productivos y el país puede continuar aumentando sus reservas en forma significativa a través de su empresa estatal.
De esta manera y en un tiempo razonable, Ecopetrol podrá estar administrando en forma directa una serie importante de campos nuevos, y adoptando su propio modelo tecnológico como lo han hecho otras naciones que ingresaron a la lista de países petroleros muy especialmente en América Latina: México, Venezuela, Brasil.

 

REFINACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

Con una meta de autoabastecimiento de hidrocarburos ya alcanzada, es apenas lógico, lograr un abastecimiento adecuado y suficiente de derivados para el mercado interno.

No es razonable, en la época contemporánea, tener un país con petróleo pero sin gasolina suficiente, como actualmente sucede en Colombia. Las importaciones de gasolina motor en los últimos cinco años (1984 – 1988) alcanzaron la suma de ochocientos seis millones de dólares (US$806′) cifra que se duplicará en los próximos cuatro años (1989 – 1992) y se tornará aún más crítica durante toda la década del noventa, si continúa retrasándose la decisión de construir una nueva refinería. De ahí que la expansión de la refinación constituya un paso indispensable e impostergable para el país. Colombia debe tener la garantía de un abastecimiento seguro para su transporte de pasajeros, carga, y la misma aviación o flota naviera, ya sea civil o militar. Es una cuestión de pura soberanía nacional, que no puede estar supeditada en un momento dado a las crisis de los mercados internacionales o a los conflictos políticos, como ha sucedido ya en otras naciones. Las importaciones de gasolina pasaron de cuatro millones setecientos mil barriles (4.7′) en 1987 a ocho millones doscientos mil barriles (8.2′) en 1988 con un costo que varió de noventa millones de dólares (US$90′) en 1987, a ciento cincuenta y tres millones cien mil dólares (US$153.l en 1988.

Es tan importante el suministro suficiente y eficiente de los combustibles, como la dotación de una red segura y permanente de transporte ya sean oleoductos, poliductos, plantas de abasto o estaciones de gasolina, punto final al consumidor. Dentro de esa concepción, es apenas aconsejable la presencia de la empresa estatal en toda su infraestructura de transporte y también en sus canales de distribución. En este último aspecto, es clara la necesidad de fortalecer la empresa Terpel, a fin de tener un colchón de seguridad en momentos en que puedan surgir conflictos con empresas que tradicionalmente han efectuado este servicio en el mercado nacional. La política expresada en la primera parte del actual gobierno, consistente en la obtención del 50% del mercado de productos terminados a través de los Terpeles se debe mantener y fortalecer.

 

APROVECHAMIENTO DEL GAS NATURAL

Las reservas de gas en el país son de 4.658 miles de millones de pies cúbicos equivalentes a una tercera parte del total de las reservas petrolíferas, actualmente cuantificadas en 2.196 millones de barriles.

Esta riqueza, significativa por cierto, debe igualmente ponerse al servicio de la sociedad colombiana.

De un lado, en el consumo doméstico, a fin de aminorar el alto costo que está teniendo la energía eléctrica en la canasta familiar de los colombianos. De otra parte, en el transporte de servicio público (carga y pasajeros) y en esta forma reducir los costos al transportador y aprovechar su efecto anticontaminante en las grandes ciudades.

Por otro lado, el gas debe servir al desarrollo industrial, mediante su aprovechamiento en la producción de fertilizantes (Amoníaco Urea). Este último, sin duda, puede tener inmensas repercusiones en la población colombiana, dados sus numerosos beneficios. En efecto, la fabricación intensiva de fertilizantes en el país puede constituir un factor indiscutible en el desarrollo de la agricultura con beneficios tanto para el productor rural, que podrá disminuir así sus costos, como para el consumidor en las ciudades, que puede recibir alimentos a precios más moderados de los que se pudieran registrar si seguimos dependiendo de las costosas importaciones de fertilizantes.

En este campo son factibles diferentes proyectos de plantas que puedan hacer un suministro adecuado de fertilizantes a la agricultura nacional. En las provincias gasíferas de Guajira y Valle Medio del Magdalena existen suficientes reservas para construir plantas de Amoníaco – Urea. Las importaciones de este elemento ascendieron el año pasado a cantidades cercanas a las trescientas mil (300.000) toneladas métricas con un costo aproximado a los cincuenta millones de dólares (US$50).

Esta fuga de divisas se puede evitar mediante la construcción de tres plantas de ciento cincuenta mil toneladas (150.000) localizadas en la Costa Atlántica, Valle Medio del Magdalena, Huila o Casanare. En estas dos últimas provincias, una vez se inicie la explotación petrolera, quedarán remanentes de gas asociado que en otras épocas se quemó. Es mejor subsidiar o valorar en cero (0) este subproducto e irrigarlo al sector agrícola abaratando este insumo.

De otra parte, mediante la ejecución de proyectos desde hace tiempo identificados, el gas natural podrá servir masivamente en las cocinas de los barrios populares, cada vez más numerosos en las principales ciudades del país.
Adicionalmente al consumo del gas natural, podrá esperarse una racionalización de la generación y del consumo de energía eléctrica, que tantos sobrecostos y problemas de deuda externa le está causando al país.

En este campo el protagonismo del Estado es esencial. Por ejemplo, la posibilidad de aprovechar el gas asociado al petróleo mismo, en las diferentes regiones petroleras del país, mediante la definición de una política que impida la quema de éste y facilite su aprovechamiento en la producción de fertilizantes a precios por debajo o iguales a la competencia externa. No es claro que la misma pudiera ser ejecutada por el sector privado, dados los subsidios implícitos y las regulaciones de precios apenas obvias, por tratarse de un producto indispensable para la agricultura.

 

DESARROLLO PETROQUÍMICO

La actividad de refinación de petróleo es la abanderada del desarrollo petroquímico del país. Sin ella no hubieran podido crearse numerosas empresas que aprovechan en el país derivados y otras materias primas provenientes de los procesos del petróleo y del gas.

Es asimismo, una actividad que le ha permitido al país generar importantes volúmenes de divisas, aún en épocas de crisis y de faltantes de petróleo en el mercado interno.

Gracias a las exportaciones de petroquímicos y combustóleo o fuel-oil (sub-producto de los actuales procesos de refinación), el país pudo pagar buena parte de las importaciones de crudo que se debieron realizar durante más de diez años (1975 – 1985). De ahí la importancia de esta actividad y del papel regulador del Estado a fin de que las materias primas requeridas por la industria nacional, no se vean afectadas en el tiempo, por factores perturbadores como el de los precios.

Son claros en otros sectores, los efectos negativos de los costos crecientes de materias primas producidas bajo una organización monopólica, de carácter privado.

Es por esto, que en la parte de la política, se requiere un manejo prudencial por parte del Estado, de tal manera que garantice el desarrollo de muchas industrias paralelas del sector petroquímico.

 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Con la creación de Ecopetrol Internacional, se buscaba entrar en el mundo petrolero exterior, para apropiar mayores utilidades a una empresa cuyo volumen de ventas en el mercado internacional va en aumento y que llegará en la década del noventa a niveles por encima de los dos mil millones de dólares (US$2.000.) por año. Se hace necesaria la preparación de un equipo de trabajo que con idoneidad, conocimientos y cultura comercial, intervenga en este difícil mercado del petróleo. Ecopetrol no puede seguir nogociando su petróleo y sus derivados con los mismos intermediarios con que ha venido haciéndolo en sus treinta y siete (37) años de existencia. Se requiere de un cambio radical en un comercio desbordado por la magnitud de las cifras que en breve lapso se estarán manejando.

En el aspecto del avance técnico, es también importante el contacto con el mundo exterior.

Las innovaciones y adelantos tecnológicos en el mundo petrolero, no llegarán en forma espontánea. Se require de expertos inteligentemente preparados para asimilar ese adelanto, en donde la gran mayoría de las veces, asimilar significa comprar. Esta debería ser una tarea muy clara y definida del “Instituto Colombiano del Petróleo”. De otra parte, al parecer, se le han hecho ofertas al país para formar asociaciones que permitan explorar en naciones de igual o menor avance tecnológico que el nuestro, como es el caso del Perú en donde por intermedio de la que en su momento se denominó “Ecopetrol Internacional”, se pueda hacer presencia con un sentido muy claro de la integración tantas veces fallida del Pacto Andino.

Es cuestión de definir políticas y de romper el hielo de la timidez y, ante todo, superar la pequeñez de pensamiento y proyección que ha sido tradicional en la mentalidad de nuestra dirigencia colombiana.

 

7. LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR PETROLERO

El componente de la inversión extranjera en el sector de los hidrocarburos, ha sido un factor predominante en el país. En una larga etapa, de más de setenta (70) años, dicha inversión llegó al país mediante el sistema de concesión, sustituido en 1969 y abolido en 1974 por el sistema de contratos de asociación.

En el primer caso, la contribución al país se hizo efectiva a través del pago de regalías, cuyo monto varió según los casos alcanzando un nivel máximo del 14.5%.

En el caso de la asociación, dicha regalía se incrementó a un 20%. Las otras participaciones para el Estado, especialmente aquellas que se cuantifican teóricamente, como es el caso de impuestos, no son perfectamente claras.

Para lograr una mayor claridad en este punto fundamental de nuestra política petrolera, es conveniente revisar la filosofía actual del contrato de asociación, en el cual la compañía asociada paga una regalía del 20% a la nación y las inversiones de desarrollo y los gastos de producción se comparten en un 50% entre Ecopetrol y la asociada, repartiéndose a sí mismas el restante 80% en partes iguales, o sea que Ecopetrol recibe un 40% y la asociada el otro 40%.

A pesar de lo que sostienen algunos estudiosos en relación con lo anterior, que la participación real del Estado colombiano es del 83% (distribuidos así: 20% de regalías a la nación más 40% que recibe Ecopetrol, más un 23% que se dice pagan las asociadas por impuestos) es muy fácil desmontar este argumento, ya que debido a la maraña tributaria, se hace difícil la comprobación del pago de estos impuestos. Además, Ecopetrol debe asumir el 50% de los costos e inversiones que implican el desarrollo y la explotación de los campos asociados, lo cual permite demostrar en forma sencilla, que aun el 60% que recibe el Estado no es más que una participación teórica.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, sería muy prudente simplificar la contribución de una compañía privada (nacional o extranjera) asociada, determinando una participación concreta en especie, a fin de no tener que hacer muchos cálculos contables y facilitar así el control de la misma. Dicha participación debería traducirse, de una manera clara, por ejemplo mediante un incremento de la regalía o mediante una sustitución de la carga tributaria e inversiones de desarrollo del ente estatal, por crudo en especie, que podría ser de un 30%, además de las regalías.

A fin de no provocar ninguna erosión de impuestos en las arcas de la nación, el equivalente de la carga impositiva —que se asegura pagan las compañías asociadas— debería imponerse a la empresa estatal Ecopetrol, que es la que en últimas iría a percibir la participación adicional del crudo en especie.

La nueva fórmula, más fácil, sería, como se ve, muy favorable para ambas partes.

Por otra parte, es igualmente necesario simplificar las cuentas referentes al capital externo que se registra en el país como inversión extranjera en petróleo. En ese sentido, la Oficina de Cambios del Banco de la República podría evaluar permanentemente el efecto neto de dicho “capital de petróleo” en la balanza cambiaria del país.

En otro aspecto, de carácter jurídico y a fin de preservar la soberanía nacional sobre su riqueza del subsuelo, es indispensable corregir las normas vigentes mediante las cuales se permite que las compañías extranjeras realicen operaciones entre sí, en el exterior, en donde están en juego las reservas nacionales, las cuales, aunque hayan sido descubiertas bajo el desarrollo de los contratos de Asociación, forman parte del patrimonio nacional. Tal es el caso ya conocido, de las operaciones Occidental-Shell-Repsol (Hispanoil) sobre las reservas de Caño Limón; de Shell-Hocol, sobre las reservas en el Huila o posibles casos que se estén presentando entre particulares colombianos revendiendo áreas sedimentarias con presuntos derechos de propiedad del subsuelo a compañías transnacionales, sin conocimiento previo del gobierno.

No se puede perder de vista, que todas las riquezas del subsuelo colombiano, por mandato constitucional, pertenecen a la Nación. El contrato de asociación se aplica a partir del momento en que el petróleo llega a los tanques en superficie, sin que esto implique dominio sobre las reservas aún no producidas. Así las cosas, se lograría una percepción positiva de la opinión pública nacional, sobre las actuaciones del gobierno, frente a las compañías extranjeras asociadas, lo cual podría ser un factor importante en el proceso de aclimatar la paz nacional.

 

8. LA PRIVATIZACIÓN

Se puso de moda el concepto de “privatización” y tomará mayor auge en la próxima década por efectos de la apertura ya iniciada por los países del bloque socialista y la irrigación de inversiones de los países ricos del mundo capitalista. La privatización de la industria petrolera calificada como estratégica, en un país en vía de desarrollo, se debe analizar con mucho cuidado.

En el concepto de privatización va implícita la búsqueda de la eficiencia cuando de ella se carece por la influencia burocrática del Estado.

Colombia, desde principios de siglo, inició con una industria petrolera privatizada y sus efectos no se sintieron a nivel social debido a su bajo desarrollo y, por ende, al bajo consumo y demanda de combustibles. Sin embargo, antes de 1950 no obstante ser un país exportador de petróleo, fue importador de derivados y estos se pagaron a precios por encima de los índices del mercado de Nueva York.

* Ecopetrol con su explotación directa participa del 22% de la producción nacional. La distribución 41% – 59% involucra su participación en la explotación asociada.

Con la creación de la “Empresa Colombiana de Petróleos” en agosto de 1951, se inició una nueva era y un nuevo concepto de la estatización de una parte del sector energético. Transcurridos 37 años de insurgencia estatista y actuación de Ecopetrol, el sector petrolero se encuentra en las siguientes condiciones en lo que respecta a estatización y privatización: (ver cuadro anterior).

Se percibe una excelente ponderación en cuanto a la participación de los sectores privado y estatal en las inversiones de la industria petrolera en Colombia. El sector privado colombiano debe incursionar más en el sector petroquímico bajo el esquema de Empresa de Economía Mixta y viceversa, la distribución de combustibles debe tender hacia la búsqueda de una mayor participación del Estado a través de la empresa Terpel. Colombia como país en vía de desarrollo, se encuentra aún muy lejos de poder comprometerse en una privatización, por ejemplo, de la actividad refinadora. Se requiere la oferta de un combustible subsidiado como una forma de distribución de riqueza o, dicho de otra manera, como un medio para cooperar en la eliminación paulatina de la pobreza. Cuando esta sociedad tenga cómo pagar lo que hoy tiene que subsidiar el Estado, o cuando la oferta de los combustibles se haga a precios superiores a los del mercado externo, por la ineficiencia del ente estatal, la recomendación obligada sería la privatización.

 

COMENTARIO FINAL

Los planteamientos aquí expuestos van dirigidos a proyectar un nuevo horizonte petrolero para el país, de tal forma que los colombianos puedan recibir con creces una sólida y permanente contribución del petróleo a su desarrollo económico y social.

En ese mismo sentido el petróleo, sobre la base de un manejo futuro planificado y transparente, puede aportar una parte muy significativa de lo que se quiere para conquistar y consolidar la paz de Colombia.