D038 P075 | El Personero Municipal: Garante de la Democracia

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D038 P075 | El Personero Municipal: Garante de la Democracia

INTERVENCION DEL SENADOR LUIS CARLOS GALAN EN EL FORO NACIONAL DE PERSONEROS

 

Neiva, junio 1 de 1989

Hace algún tiempo Jean Francois Revel formuló la siguiente pregunta a Octavio Paz: “Qué les ha sucedido a los latinoamericanos? Al terminar la Segunda Guerra Mundial en Europa todos creíamos que el futuro les pertenecía a ustedes. No hicieron la guerra y por lo tanto se salvaron de la destrucción que afectó a la mayoría de los países involucrados. Poseen grandes recursos naturales y un gigantesco Continente por conquistar. Hablan el mismo idioma y tienen unidad cultural. A la luz de estos factores todo les favorecía. Sin embargo, transcurridos cuarenta años ustedes se hallan en una crisis profunda, están agobiados por la deuda externa, fraccionados en pequeños y débiles países que no logran coordinar una acción conjunta, divididos internamente por el contraste entre las clases opulentas y las comunidades que viven en la miseria, amenazados a toda hora por el riesgo de ser gobernados en forma autoritaria, condicionados por el narcotráfico y sometidos por la corrupción, la demagogia y el populismo. ¿Qué les pasó?”.

La respuesta de Paz fue muy sencilla: “Los latinoamericanos no nos hemos desarrollado políticamente”.

No es la primera vez que alguien plantea esta tesis en América Latina. Lo interesante es el momento en que el tema del atraso político de nuestros países vuelve a adquirir tanta importancia cuando lo habitual es hablar del subdesarrollo económico y social.

 

DESARROLLO POLITICO

El desarrollo político de una Nación se refleja en muchas cosas. En su capacidad para construir la voluntad colectiva; en su facilidad para identificar sus propósitos nacionales y en la existencia de instituciones eficaces para realizarlos. Nada de esto ha sido posible en América Latina, sin embargo, la misma crisis en que nos hallamos debe ser la ocasión propicia para profundizar en el conocimiento de nuestros problemas fundamentales y buscar un nuevo grado de madurez tanto en nuestras relaciones sociales como en nuestro comportamiento político, de modo que podamos examinar con una nueva perspectiva las instituciones del Estado e imponernos el trabajo de reorganizarlas con un verdadero sentido de nuestras realidades.

Con este criterio de realismo y esperanza debemos examinar los colombianos la extensa agenda de reformas políticas que ha sido planteada por los gobiernos y los partidos a lo largo del decenio que termina y cuyas concepción y realización nos demandarán, todavía, mucho tiempo. No se trata tan sólo de hacer lo que algunos han llamado la “apertura democrática” como si ello bastara para lograr la evolución del sistema político sino de reconocer la existencia de una profunda distancia entre las instituciones que hemos querido construir en varias generaciones y el comportamiento de nuestro pueblo que aún no se siente interpretado por ellas, las ignora o las utiliza en forma precaria e irregular como si no las entendiera o no creyera que le pertenecen.

La abstención electoral, el escepticismo frente a la administración de justicia, el clientelismo, la violencia, el contrabando, la contratocracia, la compraventa de votos y la corrupción administrativa, son entre otras, algunas de las peores manifestaciones del abismo que existe entre nuestras instituciones formales y el comportamiento real de vastos sectores de la población.

 

RE CONSTRUCCION NACIONAL

Ante esta situación debemos convencernos de que la comunidad política en Colombia sólo puede ser reconstruida a través de un proceso que comience en los niveles básicos de la sociedad y gradualmente articule las relaciones políticas regionales y nacionales a través de principios, conductas, mecanismos e instituciones coherentes que sean auténticamente compartidos y respetados por la Nación entera. No es del caso caer en maximalismos ni en menospreciar todo lo que existe. La verdad, sin embargo, es que nuestra crisis es histórica y estructural, luego sólo podemos superarla con transformaciones verdaderas y cambios muy profundos en los valores políticos y en los fundamentos mismos de la sociedad colombiana.

La democracia local y el renacimiento de la vida municipal son factores fundamentales para este proceso. Sin ellos no es posible que la Comunidad comprenda que ella misma es el gestor de su propio desarrollo y de su propio bienestar. Sin ellos tampoco puede darse el sentido de pertenencia a la comunidad, ni es posible la madurez política de la población ni cabe pensar en elevar el grado de conciencia cívica y política en los ciudadanos.

Es en este escenario de la democracia local —y con las proyecciones que señalo en búsqueda del desarrollo político— donde puede entenderse el papel trascendental del personero municipal, un funcionario que al representar a la sociedad, velar por el cumplimiento de las normas legales y vigilar la conducta de los funcionarios y empleados locales, en el fondo lo que hace es defender la credibilidad de las instituciones políticas y trabajar porque operen realmente. En manos de los personeros está, en buena parte, la sinceridad en el cumplimiento de las reglas de juego del sistema de instituciones y por eso ellos representan el aliento democrático cotidiano del sistema, así muchas de sus acciones no tengan mayor publicidad.

 

EL PERSONERO MUNICIPAL

No voy a repetir ante ustedes las funciones que nuestra legislación le asigna al personero como agente del ministerio público, veedor ciudadano, defensor del pueblo, defensor de los derechos humanos y garante del derecho de petición, lo que quiero subrayar es que todas estas tareas conforman el espíritu mismo del sistema democrático y como tales su cumplimiento cabal es indispensable para que el sistema tenga raíces verdaderas en la conciencia pública.

Sin el cumplimiento de estas funciones del Personero es imposible tener vida municipal democrática y sin ellas tampoco cabe hablar de participación ciudadana en la toma de decisiones.

El fortalecimiento de la institución del Personero debe conseguirse, entonces, a través de varias acciones simultáneas, como las ya mencionadas en este foro al reclamar más recursos y el establecimiento de una estructura administrativa ágil y completa que le permita cumplir sus funciones. Sólo que esto no basta para que el Personero sea reconocido en su justa importancia. Lo fundamental es reivindicar al Personero como protagonista fundamental de nuestra vida institucional, de allí que sea indispensable buscar que los escogidos para este cargo tengan las más altas calidades profesionales y que en el ejercicio de sus funciones gocen de la mayor independencia quienes deben cumplir una misión tan importante en la evolución política del país.

La historia de la institución es prueba significativa de su trascendencia. Por ejemplo, es bueno recordar que los romanos tenían a los tribunos del pueblo y que las raíces de esta institución, entre nosotros, se remontan a la propia legislación española que los denominaba “síndicos personeros” y luego en el derecho Indiano los llamó “Síndicos personeros del común” o “Procuradores Generales de las ciudades” nombrados por los Cabildos para vigilar el fisco y llevar la vocería de la comunidad para conseguir la correcta aplicación de las leyes. En la época de la independencia se les denominó “Síndicos Procuradores Generales de carácter local” y el propio Libertador Simón Bolívar apoyó la institución dentro de lo que él llamara el poder moral que debía existir en el sistema de instituciones de la República.

 

EL FISCAL DEL MUNICIPIO

A partir de 1830 la historia legislativa de Colombia incluye muchas normas sobre la naturaleza de la Personería, aun cuando sus funciones han sido esencialmente las mismas desde hace más de un siglo. Lo interesante es observar que las novedades más significativas se han presentado en el curso del actual decenio, cuando la Ley 11 de 1986 y su Decreto reglamentario el 1333 de 1986 robustecieron la institución al atribuirle al Personero el carácter de defensor del pueblo o veedor ciudadano que además de velar por el cumplimiento de la Constitución, Leyes, Ordenanzas, Acuerdos y Ordenes superiores en el Municipio recibe las quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la administración, e interviene en los procesos de policía para perseguir las contravenciones, coadyuvar al mantenimiento del orden público y colaborar en la defensa de quienes carecen de recursos económicos para ello.

No es una coincidencia que estas nuevas dimensiones del papel del Personero surjan en un período de desarrollo político. En verdad todo esto corresponde al indispensable fortalecimiento de la institución, como sucede con la protección del derecho de petición, información, consulta y copia o las nuevas necesidades del control del derecho urbanístico y la protección del medio ambiente, así como la protección de los derechos civiles y humanos. Así debe ser: en la medida en que aumenten los factores necesarios para proteger la dignidad humana amenazada por nuevos y diversos riesgos, también tienen que ampliarse las perspectivas de la institución del Personero y esto debe reflejarse en la legislación orientada a facilitarle los instrumentos adecuados para atender tales responsabilidades.

El criterio del legislador al desarrollar las nuevas funciones de los Personeros ha sido fortalecer la normatividad básica para asegurar la vida pacífica de la comunidad y defender al ciudadano ante los riesgos del complejo engranaje administrativo que conforma el Estado moderno, dos tareas que plantean problemas nuevos, en forma también cotidiana, como lo enseña la experiencia de la personerías en las principales ciudades que se han ocupado de la vigilancia de las tarifas de los servicios públicos y de las entidades descentralizadas y como sucederá con las nuevas perspectivas del derecho urbano y los procesos de expropiación, así como en la defensa del espacio público.

 

FORTALECER AL PERSONERO

La tarea de vigilar con criterios nuevos el ejercicio de la autoridad no culmina nunca y por eso el examen de los proyectos de legislación encaminados a fortalecer la Personería debe ser un tema de especial importancia en las próximas sesiones del Congreso. En particular es interesante precisar y ampliar las funciones de los Personeros para proteger los Derechos Humanos, vigilar la eficacia y continuidad de los servicios públicos, impulsar la organización popular y gremial para la congestión del desarrollo municipal, así como vigilar el correcto funcionamiento y la pulcritud de la participación ciudadana en los procesos de consulta popular creados en el Acto Legislativo No. 1 de 1986. Salta a la vista que se debe ampliar el período de los personeros a dos años para consolidar la institución y que tienen razón quienes han propuesto la elección popular del Personero dentro del propósito de proteger su independencia y enaltecer su naturaleza democrática. El Personero debe ser un líder muy especial que no sólo represente a la comunidad sino que la debe educar, como lo contempla el proyecto de ley que estudia el Congreso, al encomendarle el impulso de programas de educación y concientización sobre los derechos del Hombre.

Celebro por todo lo expuesto la realización de este Foro Nacional de Personeros. Un certamen de esta naturaleza permite destacar ante la opinión la importancia de una institución democrática de servicio a la dignidad humana que tiene especial significado en el proceso de búsqueda de la convivencia y la paz, lo cual constituye la principal responsabilidad de todos los colombianos en este período complejo y tormentoso de la vida nacional.