D038 P100 | El Camino hacia la Paz

Documentos Nuevo Liberalismo | Luis Carlos Galán

D038 P100 | El Camino hacia la Paz

INTERVENCION DEL DR. LUIS CARLOS GALAN ANTE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS Y DE LA CAMARA DE COMERCIO COLOMBO-AMERICANA

 

Bogotá D.E., 11 de julio de 1989

Señores presidentes de la Sociedad Económica de Amigos del País, capítulo de Cali y de la Cámara de Comercio Combo-Americana de Cali, Señor Dr. Ernesto Edima, señoras y señores, amigos.

Hace pocos días acepté en Bogotá la inscripción de la precandidatura en el partido Liberal, y ésta es en verdad mi primera salida a algunas de las más importantes ciudades del país. Comienza en cierta forma una campaña durante la cual la Nación debe hacer escrutinio de todos sus problemas, el inventario de sus recursos, de sus posibilidades, la interpretación de su destino y a partir de ello vendrán las determinaciones fundamentales del pueblo colombiano el año próximo.

Escoger un tema para tratar ante los amigos de Cali y del Valle del Cauca no es fácil, porque la lista de materias que merecen examen es casi infinita y el riesgo de dejar pendientes muchas consideraciones es obvio. Como yo confío que en los próximos ocho meses en muchas oportunidades voy a venir a Cali para analizar éste y otros temas de la vida nacional los que ustedes deseen que escrutemos, en ésta asamblea comienzo a hacer algunas consideraciones sobre el problema de violencia en Colombia. No para presentar mi propuesta de paz, sino para hacer unas reflexiones sobre los factores que debemos considerar los colombianos en búsqueda de una paz que hasta ahora nuestra sociedad prácticamente nunca ha tenido desde la misma iniciación de la vida republicana con muy breves paréntesis de estabilidad y de tranquilidad.

 

ORDEN CON DEMOCRACIA

Pienso que dadas las responsabilidades constitucionales que tiene un jefe del Estado en éste momento, la primera consideración de todos los colombianos debe ser la de prestarle nuestra cooperación a quien hoy dirige el Estado, para que con los instrumentos a su alcance de orden jurídico o de distinta naturaleza, incluida la fuerza pública y los otros recursos que están en manos del presidente de la República, el Jefe del Estado conduzca una política que nos permita restablecer el orden público. No quiero ni sustituir funciones que son del presidente de la República ni debilitarlo en una tarea tan compleja como la que él tiene que acometer, simplemente entiendo que va a haber dos etapas. Una, la que se dará hasta cuando termine el mandato del presidente Barco y otra la que podrá comenzar una vez su sucesor tome posesión del cargo del Presidente de la República y naturalmente las acciones y los criterios que adelante el sucesor del presidente Barco, pues van a depender de las circunstancias concretas en que se encuentren los problemas de orden público de nuestro país el 7 de agosto del año próximo.

 

RESPONSABILIDAD DE TODOS

Con el concurso de los empresarios, de los trabajadores, de los partidos, de los medios de comunicación, a todos nos incumbe cooperar para que las autoridades puedan hacerle frente a los múltiples problemas de violencia que afectan al país. Mi aporte ésta tarde pretende ser el de invitar a que miremos el problema en su integridad. Si bien son importantes los factores que normalmente se mencionan como los diálogos que se adelantan con los grupos alzados en armas, como el fortalecimiento de los instrumentos del Estado para actuar en el manejo del problema, hay muchos aspectos que no siempre se mencionan, que si no se consideran debidamente no nos van a permitir la superación de los conflictos y las causas estructurales de violencia que tiene el país.

Yo quiero proponer éstas reflexiones: una, la realidad que existe en Colombia aún en cuanto a la relación Estado Territorio. Otra, la realidad que existe en la relación Estado y Nación. Un tercer aspecto, las vías de fortalecimiento de la Democracia y un cuarto aspecto, ciertos elementos demográficos y culturales que están influyendo en la violencia colombiana.

Indudablemente hay un caldo de cultivo propicio para el desconocimiento de las autoridades, para el uso de la violencia, el uso de la fuerza de nuestro país, que tiene que ver con las mismas dificultades del Estado para obrar en la totalidad del pueblo colombiano, por problemas de densidad, por problemas de índole histórico de nuestro desarrollo vinculado a las cordilleras y la ausencia del Estado en zonas importantes del territorio, pues naturalmente serán circunstancias propicias para la violencia, independientemente de otras medidas y estrategias que deban tomarse.

 

CONTROL DEL TERRITORIO, BASE PARA SU FUNCIONAMIENTO

Los franceses al estudiar su propia historia nos aportan un dato interesante, y es que ellos reconocen que tan sólo después de más de ocho siglos, a la altura de las guerras napoleónicas al terminar el régimen napoleónico, se pudo decir en Francia que el Estado francés dominaba el territorio, porque dominar el territorio significaba ejercer sobre él tres jurisdicciones simultáneas. Una jurisdicción administrativa, de modo que el Estado en verdad desde el punto de vista administrativo estuviera en la totalidad de su territorio. Otra, una jurisdicción judicial de modo que en todo rincón de Francia, apenas a la altura de 1814 o 1815 se pudo decir que existía una administración de justicia capaz de obrar eficazmente; y en tercer lugar, el dominio policial del territorio, o sea la existencia de una fuerza capaz de garantizar la vigencia de la Ley. Esto lo logra Francia cuando tiene medio millón de kilómetros cuadrados y en ése momento treinta millones de habitantes, una cifra muy semejante a la que acabamos de alcanzar los colombianos en cuanto al número de habitantes. Lo logra en un territorio cuya topografía es mucho más propicia para que el Estado ejerza en ella el dominio territorial. No lo digo como disculpa, como excusa, sino como explicación, “nosotros estamos apenas dominando nuestro territorio y en la medida en que uno recorre el país, aprecia más en forma objetiva las dificultades concretas que aún existen para que la autoridad del Estado con sus funciones enunciadas, administrativa, judicial y policial, se ejerza a cabalidad”. Hay centenares de municipios colombianos, por ejemplo, que no tienen ni un sólo agente de policía, y hay miles de corregimientos o inspecciones de policía que tampoco tienen ningún agente.

 

NUEVAS POSIBILIDADES DE PRESENCIA TERRITORIAL

Hay otros medios. Hay nuevos medios de comunicación, hay nuevas posibilidades de transporte y de orden técnico que pueden permitir al Estado una presencia mayor dentro del mismo territorio, a pesar de tratarse de un territorio dos veces más extenso del francés. No es por eso una coincidencia que nuestra violencia tenga una geografía muy caracterizada desde ese primer punto de vista con relación a las zonas de reciente colonización. Colombia comienza su vida independiente con un poco más de dos millones de habitantes, termina el siglo pasado con 5 millones y estamos llegando a 35 millones. En todo el siglo pasado la colonización más importante que se da y que debió cumplirse también con el estímulo y el impulso de las guerras civiles de la época fue la colonización antioqueña. En este siglo se han dado las colonizaciones que todavía no han logrado una presencia segura y clara del Estado en las zonas afectadas por el problema de violencia como ocurre en Urabá, en el Magdalena Medio, en Arauca, en el Meta, especialmente en la zona del Ariari, en el Caquetá y en el Putumayo. Son zonas donde la formación de la comunidad es aún débil.

 

INVERSION PUBLICA EQUITATIVA

En la mayor parte de éstos sitios se encuentra población que llegó allí como consecuencia de la biosfera que vivimos los colombianos en la violencia de los años cincuenta y están acumulados en muchos de estos sitios, problemas, resentimientos que vienen desde entonces, secuelas de esa misma violencia, de la década de los cincuenta. De esto se habla con frecuencia y está ligado a otro tema. En los últimos treinta años, el hecho de que el país se hubiera urbanizado, dio lugar a que la mayor parte de la inversión pública se hubiese ido hacia las zonas urbanas, en un 95% de la inversión pública según estudios del Ministerio de Agricultura de 1955, el 85% se aplicó a las zonas urbanas, lo cual no correspondía a la distribución espacial de la población ni a otras necesidades sociales y económicas de la población.

La respuesta desde éste primer punto de vista tiene que ser no sólo el Plan Nacional de Rehabilitación que debe ser apoyado y sostenido en cuanto que representa una orientación seria de la inversión pública en áreas rurales, en vías, en acueductos, en servicios sociales, en la infraestructura de varios centenares de municipios colombianos que se encontraban en un inmenso atraso y sin acceso a los centros de decisión del País y por lo tanto a participación en el presupuesto. Además se hace necesario, una política adicional de atención de la inversión pública en zonas rurales, inclusive zonas que no están hoy en el Plan Nacional de Rehabilitación.

 

INDICADORES SOCIALES CRITICOS

“En los estudios que hay sobre las zonas más atrasadas del país, independientemente de que sean zonas con violencia o sin violencia, está demostrado que los problemas más serios están en las dos costas, la Pacífica y en la Atlántica, en donde están los indicadores sociales críticos de más alta mortalidad, de mayor analfabetismo, de mayores problemas de desintegración social, de mayores tasas de desempleo”. Necesita el país, una definición sobre este punto, sobre la urgencia y la prioridad de la inversión pública aplicada a zonas rurales en donde hay carencia de infraestructura de ésta naturaleza, porque ello tiene que ver esencialmente con la paz y tiene que ver con la integración del país. Pero hay otra cara del problema y es que el Estado no sólo no está ausente en el territorio con relación a la distribución espacial de la población en términos que acabo de comentar sino que también tiene problemas de presencia institucional en los más grandes centros urbanos; allí ya no se trata de un problema de debilidad institucional, especialmente de debilidad del aparato de la justicia. Esto tiene que ver con las cifras que aparecen en Cali, en Medellín y en Bogotá, para hablar de los tres casos más significativos del país sobre criminalidad y sobre violencia, una violencia que desde el punto de vista estadístico, apenas en una baja proporción relativa, tiene que ver con las que normalmente se mencionan como las causas críticas de la violencia en Colombia de orden político o de actividad de delincuencia organizada.

 

MAYOR DINAMISMO A LA JUSTICIA

Hay una violencia mayoritaria en sus volúmenes, en sus cantidades, que se da en las zonas urbanas y que no tiene que ver con violencia política directamente o con violencia organizada. Tiene que ver con el atraso de la justicia, con problemas como los que se encuentran en algunos juzgados de Bogotá, en donde por fallas de las normas sobre régimen territorial de la administración de justicia se pueden dar en cabeza de un sólo juez de imprimir 25.000 procesos al año.

Esta violencia, la violencia urbana, la violencia que no tiene que ver con causas políticas y la violencia que no tiene que ver con problemas ideológicos, es una violencia no negociable, es una violencia cuya superación sólo podrá darse sobre la base de cambios estructurales en la administración de justicia, en la modernización del Estado y en la respuesta a algunos de los temas que voy a comentar. La violencia que pudiéramos llamar negociable, tiene cada vez espacios más reducidos en el total de la violencia colombiana, es la violencia que tiene que ver, esa sí, con modernización de las instituciones políticas, con cambios en la representatividad del sistema político o con elementos directamente ideológicos. En ese sentido de la violencia política hay una lista de elementos para considerar.

 

SISTEMA ELECTORAL OBSOLETO

En primer lugar sigue siendo fundamental en nuestro país, un tema que se volvió lugar común pero que no ha sido superado y sobre el cual no existe la sensibilidad que merece el tema. Me refiero al problema del sistema electoral que sigue siendo un sistema atrasado, ineficiente, un sistema que compromete la verdadera expresión, libre y auténtica de la voluntad popular. Me han llamado la atención dos elecciones realizadas este año en sitios totalmente distintos del mundo. El uno es en Chile, en un gobierno totalitario de derecha, y el otro Polonia, con un gobierno totalitario de izquierda. Sin embargo, éstos dos países realizaron procesos electorales en los cuales el voto fue secreto y libre. Con consecuencias, claro, profundas en la medida que el voto fue secreto y libre. En ambos lugares se votó con Tarjeta Electoral. El ciudadano tenía derecho de ir a un recinto reservado en donde él señalaba su preferencia sin ningún condicionamiento, sin ninguna interferencia.

En Colombia se logró el año pasado, por ley, que por primera vez la elección presidencial del año próximo se haga con tarjeta electoral, todavía no la parlamentaria, ni la de corporaciones públicas, ya la presidencial. Yo tengo la esperanza de que ésta experiencia que el país va a vivir el año próximo, le implicará el interés creciente porque el sistema se extienda a todas las corporaciones públicas, a la elección de alcaldes como garantía verdadera del voto secreto, del voto libre.

 

AFIANZAR CREDIBILDIDAD EN EL SISTEMA ELECTORAL

En segundo lugar para consolidar los fundamentos políticos del sistema democrático, hay una tarea muy vasta por cumplir todavía en materia de lucha contra la abstención que tiene que ver con el tema original, con la credibilidad del sistema electoral, con la confianza que pueda tener el ciudadano en que a través del voto, él va a crear hechos significativos en su comunidad y el sistema electoral si va a permitir expresión de fuerzas diversas. Yo pienso que en ese fortalecimiento de las instituciones la circunscripción nacional tiene mucha importancia y por lo que he visto no siempre ha sido muy aclarado cuál es el alcance de la circunscripción nacional.

La circunscripción nacional se inspira en procedimientos similares que existen en varios países que buscan compensar a grupos minoritarios sus dificultades de acceso a las corporaciones públicas por las vías normales. Son mecanismos compensatorios. Nosotros propusimos en Colombia esto en 1983 y 84, presentamos un proyecto de reforma constitucional en 1986, el proyecto virtualmente fue acogido en todos sus elementos por el actual gobierno y también presentó un proyecto de acto legislativo en el 86, prácticamente idéntico al que nosotros habíamos presentado. Luego, el proyecto de reforma constitucional en el año anterior en los acuerdos de unión liberal se convino en incluir la circunscripción nacional como una herramienta que enriquece la representatividad del sistema.

Se trata de lo siguiente; Los partidos políticos que estén representados o reconocidos por el Consejo Nacional Electoral y que no logren ninguna curul en el Congreso, ni en el Senado ni en la Cámara a través de las circunscripciones ordinarias que conocemos, tienen derecho a que sus votos en todo el país se acumulen y al sumarlos si ésa votación iguala o excede, claro está, lo que pudiéramos llamar un cociente de Cámara o un cociente de Senado, entonces deben adjudicarse dos curules de Senado y cuatro de Cámara a éstos grupos minoritarios.

Tan sólo se podrá adjudicar una sola curul a cada grupo, ningún grupo podrá tener más de uno; eventualmente ningún grupo si nadie reúne los requisitos señalados podrá tener acceso al Congreso a través de la circunscripción nacional en una determinada elección. Si éste sistema hubiera existido en 1986 el cociente nacional de Senado fue del orden de 60.000 votos y el cociente nacional de Cámara de 35.000. Un grupo minoritario que sumara votación en el Cauca, en el Chocó, en el Magdalena, en Cundinamarca, en Antioquia, tendría entonces derecho, de lograr más de 35.000 a una curul de Cámara o, de lograr más de 65.000, a una curul de Senado. Esto significa en la práctica que hasta seis grupos políticos minoritarios llegarían hasta el Congreso y que normalmente una votación del orden de 300 mil a 400 mil votos en el total nacional tendría acceso al Senado y a la Cámara, lo cual ampliaría la representatividad del parlamento.

Ahora éste tema como otros ya forma parte de las propuestas que hace el M-19, pero el M-19 la presenta no como una idea suya, sino como una de las ideas que para ellos debería incluirse en una reforma política que implique un cambio importante y una ampliación de las oportunidades de representación del sistema político.

Se plantea también la doble vuelta. En el fondo ya existe por la vía de la Consulta popular, lo que va a hacer el Partido Liberal con las elecciones de marzo y de mayo. Es hacer en su interior una primera vuelta para presentar luego un candidato único a la elección presidencial de mayo; y lo que podrían hacer los demás partidos es exactamente lo mismo. O sea, que no se requiere tampoco una reforma constitucional para que en la práctica tengamos una doble vuelta por la vía de las primarias.

Otro tema importante en las reformas institucionales, es el 121. Todos sabemos que esa norma que existe desde el nacimiento de la República, se ha desvirtuado en sus alcances y su eficacia. Se necesita una revisión de esa norma para prever con claridad cómo el legislador colombiano, siguiendo el ejemplo de los legisladores europeos en el manejo de los problemas de terrorismo, puede identificar el tipo de condiciones en las cuales un gobierno puede manejar, por una especie de estatuto de alta policía, o de estatuto para luchar frente al terrorismo, las circunstancias especiales planteadas por problemas extremos de orden público.

 

NO AL CAMBIO POR VIAS VIOLENTAS

Todo ésto tiene un contexto del cual vamos a ver sus más importantes consecuencias, ahora y en los próximos años. Es el hecho de que el cuestionamiento ideológico que influyó especialmente en los últimos diez años en los problemas de violencia en nuestro país, está evolucionando, está cambiando en la medida en que la alternativa ideológica planteada se ha desvirtuado en el resto del mundo; en la medida en que se ha hecho cada vez más claro que el cambio social más profundo y eficaz que se puede dar en un país, no se da por vías violentas sino se da por las vías de la urbanización. Se da por las vías de la internacionalización de una sociedad en donde se producen transformaciones estructurales mucho más decisivas en las condiciones de vida de la población de lo que pueda derivarse de un presunto cambio social determinado por vías violentas. La vía violenta se reclamaba y se proclamaba como válida cuando el cambio en las estructuras del poder de una sociedad estaba primordialmente vinculado al control de la tierra y al control del capital. Pero la evolución científica, tecnológica, “las realidades del mundo contemporáneo, han señalado que el poder de nuestros tiempos, y cada vez más, será un poder determinado por el conocimiento, por el acceso al conocimiento y eso no se va a lograr simplemente mediante la fuerza, sino que las transformaciones estructurales se van a desprender de cambios de otro orden inducidos por procesos de modernización como los que determina la urbanización o la internacionalización”.

 

FALTA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Un punto clave en la modernización institucional del país está en la reorganización de la justicia. En verdad hemos llegado a un grado de postración dramático. Seguramente todos ustedes tienen presente las cifras que sobre el tema divulgó Planeación Nacional hace algún tiempo, según las cuales de cada 100 asesinatos y homicidios que tiene lugar en el país, tan sólo 12 terminaron con sentencia y de cada 100 expedientes de justicia comercial, civil o administrativa, 13 llegan a tener una providencia defmitiva. En esas condiciones no hay administración de justicia y la posibilidad desestabilizadora que se produce en toda la organización social va más allá de cualquier otra estrategia para luchar frente a la violencia, frente a los problemas de orden público. El tema de la justicia reclama estrategias jurídicas de modernización de la legislación, estrategias institucionales de transformación de los elementos administrativos y logísticos que rodeen a la administración de juáticia y estrategias humanas relacionadas con la dignificación del juez, con la transformación de las facultades de derecho, con la protección física de los jueces, con el desarrollo de un sistema de seguridad social para la administración de justicia y con el impulso de todas las formas de asistencia legal subsidiadas y apoyadas por el Estado.

Tenemos otro tema para mencionar en el cuadro general de los problemas de violencia del país, independientemente del problema del dominio territorial por parte del Estado, independientemente del problema de la representatividad de las instituciones políticas, o independientes del funcionamiento de la administración de justicia. Yo he dicho y he hecho énfasis en un tema en que por cierto la primera vez que lo planteé lo hice aquí en la Universidad Javeriana de Cali, hace algunos meses, y es la convicción de que un ingrediente crítico de nuestros problemas son los jóvenes entre 16 y 24 años. Si se hace una comparación de los censos de 1938, 51, 64 y 85, sobre éste tema se encuentra que normalmente ésta franja de la población entre los 16 y 29 años presentó una proporción que oscilaba entre el 24 y el 27% de la población.

 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

En este momento según el censo del 85 sin la revisión de las últimas Cifras que acentuaría seguramente el problema, según el censo, la población de 16 a 29 años de edad representa el 33% del total de la población colombiana. Naturalmente esto desbordó la capacidad del sistema educativo, desbordó la capacidad de la sociedad misma para integrar a toda ésta población, desbordó las posibilidades de empleo. No es una coincidencia que casi el 70% de la población desempleada de Colombia tiene menos de 25 años de edad. Y si agregamos los de 25 a 29, estaremos con seguridad en torno de que el 80% de los desempleados del país son de esta edad y esto indica otra cara de los problemas de violencia, otro combustible explosivo de inmensas implicaciones que reclama en mi opinión, una política de emergencia para atender las circunstancias en que se encuentra esa población. No porque se subestimen los problemas de otras franjas de edades pero sí porque hay unas circunstancias especiales que deben ser interpretadas por las políticas de fomento del empleo, por las políticas de educación y por otros elementos de integración social como es el caso del deporte.

 

CRISIS DE LA FAMILIA

Otro elemento que no se menciona en las inestabilidades de nuestra sociedad y en las causas estructurales de la violencia es la crisis de la familia. El hecho de que haya aparecido en múltiples investigaciones de los últimos años, que en los centros urbanos del país un porcentaje muy alto de la población vive en hogares cuyos jefes de hogar son mujeres solas. Más de la tercera parte de los hogares de los centros urbanos de clases medias bajas y de clases populares en los estratos más bajos de la organización social se encuentra en esa situación. Dicho en otras palabras, la sociedad está desestabilizada desde su origen, desde el núcleo familiar.

 

EVITAR CONFUSIONES DE FUERZA

Yo he querido enfatizar éstos temas porque creo que vamos a tener un debate muy importante en los próximos ocho meses, los colombianos y primordialmente los liberales. Y es cómo vamos a hacer fuerte nuestra democracia. Si la fortaleza de nuestra democracia dependerá de medidas simplemente represivas o si por el contrario tenemos que reconocer la necesidad de una estrategia integral que incluya todos los elementos estructurales que influyen en los problemas de violencia del país; porque de lo contrario, cualquier esfuerzo en una política simplemente orientada al incremento del número de soldados, de la calidad y las características de su armamento, será una política precaria, una política insuficiente y frustradora. Seguramente bien intencionada, seguramente explicable en las circunstancias que vive el país, en la indignación y la impaciencia que generan las múltiples manifestaciones de violencia y terrorismo y nadie puede desconocer la importancia de esos temas, pero nadie puede limitarse a entender el problema de la violencia del país exclusivamente desde esa perspectiva.

 

FUERZAS ARMADAS

En relación a las Fuerzas Armadas, Colombia necesita un fortalecimiento que incluya por lo menos cuatro aspectos: En primer lugar defender su autoridad moral. Cuidarlas de un riesgo muy grande, el riesgo de la corrupción determinada por el narcotráfico, o el riesgo del envilecimiento de su comportamiento originado de la desesperación frente a la naturaleza de los problemas de orden público que induce a algunos a creer que cualquier cosa se justifica con tal de dar una respuesta a los grupos violentos, sin comprender que una respuesta producida de cualquier manera resulta siempre, sin excepción, contraproducente y los aparentes beneficios iniciales de una respuesta drástica simplemente represiva, si no tiene unos parámetros morales y jurídicos, termina causándole mucho más daño a la sociedad de los supuestos beneficios pretendidos.

En segundo lugar, muy vinculado al anterior, creo que se necesita atender los elementos de motivación de las Fuerzas Armadas, la sociedad colombiana, los dirigentes políticos, los dirigentes empresariales del país, no podemos creer que las Fuerzas Armadas estarán siempre ahí, listas a responder por la defensa de un sistema, si ése sistema de suyo no evoluciona en su fortaleza moral, democrático y en su capacidad de dar respuesta a los problemas y las necesidades de la sociedad. Porque la mejor fortaleza de un sistema democrático es la que se desprende de la solidaridad del pueblo con él, de la confianza de una Nación en la validez y la eficiencia de ese sistema para representarla y para interpretarla, y las Fuerzas Armadas deberán estar bien seguras de que el sistema político es un sistema limpio, respetable, auténticamente democrático. De lo Contrario, puede que no ocurra en tres años, en cinco, sino a lo largo de un cierto número de años, se va produciendo un debilitamiento de la identificación de las Fuerzas Armadas con el sistema, y por eso la urgencia de buscar que ese sistema se renueve, se transforme, se realice de modo sincero, de modo verdadero en tal forma que su mayor solidez, su mayor consistencia, su mayor fortaleza corresponda a la identificación del pueblo con ése sistema y a la confianza del pueblo en que a través de él puede manejar de modo imparcial sus decisiones fundamentales.

Al lado de ésto que tiene que ver con elementos morales que son fundamentales en cualquier cuerpo armado en una democracia, nuestras Fuerzas Armadas necesitan perfeccionar sus condiciones profesionales, su competencia técnica. Ese es un tema que nunca se agota, que siempre reclama atención y consideración. Lo que ya se ha dicho y debe orientar la mayor inversión pública en la próxima década, o mejor dicho en los próximos años de las Fuerzas Armadas, se necesita un gran esfuerzo en medios de transporte y de comunicación, para que en cierta forma la misma cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas con equipos más adecuados puedan tener un desempeño más eficiente en la totalidad del territorio del país. Y naturalmente hay otro elemento, y es el perfeccionamiento de los servicios de inteligencia, para que la labor preventiva ocupe la prioridad que merece en las herramientas, en los instrumentos y en las posibilidades de acción de las Fuerzas Armadas.

Yo creo que éste cuadro está dirigido, esa ha sido mi intención, a que miremos el cuadro de la violencia colombiana, de la manera más objetiva, que se prevenga un riesgo inminente, un Nación golpeada por el terrorismo, pues fácilmente puede caer en la trampa de esa misma palabra. El terrorismo es esencialmente el uso del terror como arma política. Quien usa el terror como arma política lo hace calculando unas consecuencias; o de intimidación o de respuesta brutal y ciega, a la espera de que lo uno o lo otro favorezca sus intereses. Y quienes pensamos que la salida del país tiene que ser una salida democrática y que los riesgos del país están planteados por fuerza de extrema izquierda y extrema derecha, tenemos que ir muy cuidadosamente en éste proceso considerando los límites de una acción del Estado para no cifrarnos exclusivamente en la respuesta de fuerza, que siendo necesaria la fuerza para defender un Estado democrático, no será suficiente si no se articula con todos los demás factores estructurales que han influido en la violencia colombiana, que siguen influyendo en ella y que condicionarán la evolución del país si no les damos tratamiento completo y eficaz en la agenda que he mencionado.

Muchas Gracias.